La juez que investiga la gestión de la dana asegura que las muertes eran evitables

• Un auto de la magistrada de Catarroja señala que los daños materiales "no se podían evitar", pero "las muertes sí"
• También quiere saber si "alguna otra autoridad" se unió al Cecopi antes del envío de la alerta a la población

La juez que investiga la gestión de la dana asegura que las muertes eran evitables

Los daños materiales provocados por la dana "no se podían evitar", pero "las muertes sí". Así lo asegura la juez de Catarroja que investiga la gestión de la riada de Valencia del pasado 29 de octubre en un auto difundido el lunes a las partes y al que ha tenido acceso RTVE.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha pedido a la Conselleria de Interior y Emergencias que le informe de si se unió al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) "alguna otra autoridad" distinta de las que integraban ese órgano el día de la dana antes de enviar el mensaje de alerta a la población.

La juez quiere saber si alguna autoridad distinta de las veintinueve personas y organismos que ya formaban parte del Cecopi el día 29 de octubre de 2024 entre su convocatoria, a las 17 horas, y hasta las 20.11, cuando se remitió el mensaje de alerta a la población a través del sistema Es-Alert, acudió a la reunión.

La magistrada ha tomado esta decisión tras recibir respuesta de la Generalitat al requerimiento que le envió sobre la decisión del envío de esa alerta, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ahora, la instructora ha dado tres días hábiles de plazo a la Administración para que conteste a este nuevo requerimiento.

El juzgado notifica cuatro resoluciones

Al mismo tiempo, el juzgado ha dictado y notificado otras cuatro resoluciones sobre distintos aspectos del procedimiento, la primera de ellas para requerir a la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud para que identifique, de forma previa a la admisión a trámite de su querella, las personas de entre sus miembros que resultaron lesionadas, así como para que informe de qué tipo de lesiones sufrieron, la forma en que se produjeron y el tratamiento médico ulterior que recibieron tras una primera asistencia facultativa.

Respecto a esta querella, la juez inadmite lo relativo a los daños por imprudencia grave que en ella se detallaban porque entiende que esos daños “no se podían evitar”, pero “las muertes sí”.

Alude en este sentido a lo establecido por un auto anterior del propio juzgado, de fecha 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa. “Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento”, precisa.

Por esta misma razón, en otro auto, la magistrada ha rechazado la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes, como vehículos o inmuebles, como consecuencia de las inundaciones.

Acepta la personación en la causa de la asociación Liberum

Sí acepta la personación en esa condición de acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal de la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular.

Finalmente, y en contestación a la solicitud de diligencias de otra de las acusaciones populares, Podemos, la magistrada pide a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias aquel 29 de octubre.

Igualmente, pide al teléfono de emergencias 112 que le informe a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la dana y de qué poblaciones procedían.

Finalmente, en una providencia, el juzgado ha requerido de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que le aporte la información requerida en el último auto sobre los caudales del barranco del Poyo en un plazo improrrogable de tres días, pues el contenido del CD que remitió hace unos días no se corresponde con lo solicitado.

Mazón afirma que hay que "respetar los procesos judiciales"

Preguntado este martes por los requerimientos de la juez, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado este martes que hay que "respetar los procesos judiciales". Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado que la "realidad" es que el mensaje de alerta ES-Alert se envió a la población horas después de que llegara Mazón al Cecopi.

"Son realidades, son hechos que pasaron y todo lo demás se podrá decir en sede judicial, que es donde corresponde y donde le corresponde a todas las personas que de una manera u otra participamos del Cecopi, y todos iremos y lo haremos. Ahí no se puede recortar, no se puede manipular y no se puede hacer una reescritura de algo que es una realidad", ha manifestado a los periodistas.

Este mismo martes Compromís ha solicitado que comparezcan en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado representantes autonómicos y estatales como el presidente valenciano, las dos exconselleras que dejaron su puesto tras la catástrofe, Salomé Pradas y Nuria Montes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la entonces responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.