El socio de Villarejo se desmarca de los encargos para Repsol y Caixabank y asegura que no tuvo "ninguna participación"

• La Fiscalía Anticorrupción pide más de 32 años de cárcel por varios delitos
• Redondo sostiene que no tenía conocimiento de que Villarejo fuera comisario mientras realizaba los encargos encomendados

El excomisario José Manuel Villarejo a su llegada a la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). EFE / Fernando Villar

El socio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Rafael Redondo, ha asegurado este jueves que no ha tenido "ninguna participación" en los trabajos que realizó Villarejo para Repsol y Caixabank. Ha incidido en que nunca se ha reunido con directivos de las empresas y que no recuerda "nada de ese caso".

La Fiscalía Anticorrupción pide para él 32 años y 6 meses de cárcel por delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.

Su declaración como acusado se enmarca en este juicio, en el que se pone el foco en los trabajos realizados por Villarejo para Repsol y Caixabank en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, calcula que el comisario habría recibido por esos encargos, a través de su empresa CENYT, 389.400 euros, cantidad abonada a partes iguales por la caja y por la petrolera. A esa cantidad suma 24.200 euros que Repsol habría añadido para que investigara a uno de sus consejeros.

Nada "ilegal o ilícito"

En su interrogatorio, Redondo ha explicado que su función en CENYT, empresa de la que Villarejo era "propietario y presidente", era reunirse "con los clientes en asuntos jurídicos".

Redondo, que ha dejado claro que no entendía que desde la empresa se hiciese "nada que fuese ilegal o ilícito", ha sostenido que no tenía conocimiento de que Villarejo fuera comisario en activo al tiempo de realizar los encargos que les encomendaban, y que se realizaban "hablando con personas, colaboradores, confidentes o empresarios".

Preguntado por su conocimiento sobre los trabajos para Repsol y Caixabank, Redondo ha sido tajante. "Lo sé ahora porque lo he conocido en este procedimiento, pero yo no sabía nada de ese caso. No le puedo decir con conocimiento exacto de lo que le digo, porque yo de este procedimiento no recuerdo nada", ha señalado.

El fiscal anticorrupción, César de Rivas, le ha mostrado numerosos correos y documentos que Redondo no ha reconocido, recordando que recibió "correos con informes relativos al 'proyecto Wine'". "Sí, para archivarlos señoría", le ha contestado el acusado.

Los otros acusados

Además, la Fiscalía solicita 40 años y medio de cárcel para Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y Caixabank.

En su escrito de acusación solicita una pena de 21 años para el que fuera subdirector de servicios de apoyo de la dirección de seguridad corporativa de Repsol, Rafael Girona, 28 años para el exresponsable de seguridad de Repsol, Rafael Araujo y 21 años para el exresponsable de seguridad de Caixabank, Miguel Ángel Fernández Rancaño.

A todos los encausados se les imputan delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.

Tal y como sostiene Anticorrupción, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, "los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas", y una fue recabar información, para lo que se sirvieron de su dirección de seguridad corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.