¿Qué cambia con el acuerdo para delegar competencias en migración a Cataluña?
- Los Mossos gestionarán la seguridad de puertos y aeropuertos y controlarán la frontera aumentando a 26.800 en 2032
- La gestión del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca de Barcelona quedará en manos de la Generalitat
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El pacto alcanzado por el PSOE y Junts para transferir las competencias en migración a Cataluña ha quedado registrado este martes en el Congreso como proposición de ley. La seguridad en puertos, aeropuertos y "zonas críticas", las devoluciones de extranjeros, el control de la frontera y la gestión del centro de internamiento de Barcelona son algunos aspectos que podrían cambiar. A la iniciativa, reclamada por la formación de Carles Puigdemont desde hace más de un año, todavía le queda un largo camino parlamentario, y requerirá de mayoría absoluta para su aprobación.
La delegación de competencias a la Generalitat de Cataluña se aplica "con la Constitución española en la mano", ha garantizado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Mientras, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha valorado tras el acuerdo que Cataluña podrá gestionar la inmigración de forma "integral" y pasará a disponer de "una competencia que solo ejercen los Estados".
Estos son los principales cambios que la proposición de ley orgánica registrada por el PSOE y Junts contempla sobre asuntos como extranjería, contratos de trabajo, control e integración a lo largo de 13 artículos y tres disposiciones adicionales:
Más efectivos en los Mossos con facultades en puertos y aeropuertos
Los Mossos tendrán las facultades de garantizar la protección de los derechos y libertades, el mantenimiento del orden, la seguridad ciudadana, la prevención e investigación de actos delictivos y en general, el ejercicio de todas las funciones en puertos y aeropuertos, en los que la policía autonómica también velaría por la protección de las infraestructuras críticas existentes.
Estas nuevas facultades de los Mossos se extenderían a las zonas de tierra y de aire de los aeropuertos, las aguas interiores marítimas del puerto —delimitadas conforme a lo establecido en la normativa sectorial vigente—, así como los buques y aeronaves atracados, fondeados o estacionados en los mismos.
La Junta de Seguridad de Cataluña, regulada por el artículo 164.4 de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía, será el "órgano bilateral de coordinación y cooperación de las facultades en materia de inmigración" que ejerzan las fuerzas y cuerpos de seguridad de ambas administraciones.
Para cumplir con estas nuevas facultades los Mossos procederían a incrementar progresivamente su número en 1.800 efectivos con el objetivo de tener 26.800 agentes en el cuerpo de policía autonómica para el año 2032.
Control de la frontera y devoluciones de extranjeros
Mediante el acuerdo para la delegación de competencias alcanzado entre el PSOE y Junts, se delegarían en Cataluña las facultades de control de la frontera relativas a la devolución de personas extranjeras que están en su territorio.
Las devoluciones de extranjeros serían gestionadas por Cataluña en los casos en que haya prohibición de entrada y por lo tanto no requieran de expediente de expulsión. En este caso, la Generalitat ejecutará la normativa del Estado.
En cuanto al resto de procedimientos de expulsión que requiriesen expediente, se delegaría en Cataluña la ejecución de la normativa estatal en materia de incoación, instrucción y propuesta de resolución de dichos procedimientos sancionadores por actuaciones de personas físicas residentes en esta comunidad autónoma. Para la resolución definitiva se valorarían los criterios de la Junta de Seguridad, especialmente cuando afectaran a la Seguridad Nacional.
Centro de internamiento de extranjeros
Cataluña se encargará, según la proposición de ley orgánica registrada, de gestionar integralmente el Centro de Internamiento de Extranjeros —CIE— de la Zona Franca de Barcelona, lo que incluye la dirección, coordinación, gestión e inspección de los centros.
También en lo que se refiere al traslado de internos dentro de su territorio, Cataluña tendría las competencias.
Además la administración catalana establecería mecanismos de control e inspección del centro de internamiento, de acuerdo con el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros en el capítulo II del título V —relativo a los mecanismos de control e inspección—.
Se delegaría en Cataluña la competencia para designar los empleados públicos con funciones de dirección y seguridad en el centro de internamiento y para las actuaciones necesarias en lo que se refiere a los servicios de asistencia sanitaria, social, jurídica, cultural y lingüística.
Estancia de larga duración para actividades académicas
De salir adelante la proposición de ley, se delegaría en la Generalitat de Cataluña la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de las autorizaciones de estancias de larga duración a las personas extranjeras que vayan a permanecer en la comunidad autónoma para una actividad académica.
Cataluña tendrá también la competencia en la gestión de las prórrogas que soliciten los interesados y los recursos administrativos que planteen.
Residencia temporal y de larga duración
En cuanto a las autorizaciones de residencia temporal, la administración catalana tendría la competencia en todas las fases de su tramitación para aquellas personas extranjeras que vayan a residir o residir y trabajar en el territorio catalán. La Generalitat también tendría la facultad de renovar, extinguir dichas autorizaciones y gestionar los recursos.
Las competencias también se delegarían en lo que afecta a las autorizaciones de residencia de larga duración. Y al igual que con las temporales, tendrá potestad para decidir sobre su renovación y sobre los recursos administrativos de los solicitantes.
Contrataciones de extranjeros en origen
La Generalitat de Cataluña podría otorgar todos los permisos de trabajo y tendría la competencia para hacer las contrataciones en origen, fijando junto a las empresas y las organizaciones sindicales, los perfiles y el número de trabajadores y trabajadoras extranjeros.
Se delegaría en Cataluña la capacidad de establecer la previsión anual de ocupaciones y, en su caso, de cifras previstas de puestos de trabajo que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, de acuerdo con las necesidades de Cataluña.
Tarjetas de identificación de las personas extranjeras
A Cataluña también le correspondería la emisión de la documentación identificativa de las personas extranjeras autorizadas a residir, estudiar o trabajar en esta comunidad autónoma, que hasta ahora correspondía al Estado.
Esta tarjeta identificativa se emitirá a partir del registro del Número de Identidad Extranjero —NIE— del Estado español.
Lucha contra la trata y explotación de seres humanos
Los Mossos d' Esquadra ejercerían la competencia en las tareas de prevención, persecución, protección y asistencia a las víctimas de trata y explotación de seres humanos.
Traspaso de servicios a Cataluña
Con el objetivo de que Cataluña pueda ejercer las competencias que se le delegan, el Estado español traspasaría medios personales, patrimoniales y presupuestarios, que serían asumidos en el momento que tuviera efectividad el traspaso, en un plazo máximo de seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley orgánica.
En el marco de la Comisión Mixta de Transferencias se acordarían los "medios personales, presupuestarios y patrimoniales" que habrían de ponerse a disposición de Cataluña para el ejercicio de las facultades delegadas, "aprobándose dicho traspaso de servicios por Real Decreto".
Cooperación entre ambas administraciones
En lo que se refiere a la aplicación de estas delegaciones, otro de los artículos de la proposición de ley acordada por el PSOE y Junts establece que el ejercicio de estas funciones por parte de Cataluña se ajustará a los principios de coordinación, cooperación y colaboración con la Administración del Estado, sobre todo cuando repercuta fuera del ámbito territorial de aquélla.
La comunidad autónoma facilitará a la administración del Estado la información que ésta solicite sobre las facultades delegadas y Cataluña a su vez deberá disponer de la información necesaria para el ejercicio de estas.
En lo que se refiere al régimen sancionador, ambas administraciones se informarán mutuamente, en el plazo de 30 días, respecto a las actuaciones realizadas en dicho ámbito, y ambas se facilitarán el acceso a los respectivos ficheros en materia de inmigración, respetando siempre la normativa vigente en materia de tratamiento y protección de datos de carácter personal.
En cualquier caso, la ejecución de las facultades delegadas se hará respetando las competencias de las entidades locales que integran la Comunidad autónoma de Cataluña.
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