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El Gobierno ultima un decreto para mejorar las condiciones de empleados y menores del sistema de acogida

  • El borrador estará listo la próxima semana y su tramitación comenzará a principios de abril
  • El reglamento pretende ser uno de los primeros pasos para dejar de lado el modelo de macrocentros de menores no infractores

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La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una sesión en el Congreso de los Diputados
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una sesión en el Congreso de los Diputados GETTYIMAGES

El Ministerio de Juventud e Infancia está ultimando un real decreto no de ley que busca mejorar las condiciones de los trabajadores de centros del sistema de acogida, así como reforzar los derechos de los menores, según han confirmado fuentes del Ministerio a RTVE.es.

La nueva normativa establecerá estándares mínimos de calidad en aspectos clave como el emplazamiento, la estructura física y el equipamiento de los centros de protección de menores. También regulará la gestión, organización, inspección y las condiciones laborales del personal que desempeña su labor en estas instalaciones.

Uno de los principales objetivos del decreto es garantizar un marco sólido de derechos laborales para los empleados, asegurando su formación continua y evitando situaciones en las que los educadores trabajen en solitario. Estas medidas están diseñadas para mejorar las condiciones de trabajo del personal y, en consecuencia, la atención y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que residen en estos centros.

Además, el decreto empuja, según avanzan fuentes de Juventud e Infancia, hacia la estrategia de desinstitucionalización que se aprobó por parte de la de las comunidades autónomas en 2022 para dejar de lado el modelo de macrocentros de menores no infractores y caminar hacia un modelo residencial que se asemeje a una familia.

Centro de Acogida de Menores Jardín del Sauce de Cáceres

Centro de Acogida de Menores Jardín del Sauce de Cáceres EUROPA PRESS

El borrador, listo en una semana

Además, el decreto establece nuevos mecanismos de control sobre las inspecciones que llevan a cabo las Comunidades Autónomas. A partir de su entrada en vigor, estas administraciones deberán informar obligatoriamente al Ministerio de Juventud e Infancia sobre los resultados de las inspecciones realizadas. En caso de detectar incumplimientos, el Ministerio tendrá capacidad sancionadora.

El borrador de esta normativa estará listo previsiblemente la próxima semana y su proceso de tramitación comenzará a principios de abril.

La noticia llega tres días después de la "muerte violenta" de una educadora social presuntamente a manos de tres menores en un piso tutelado de cumplimiento de medidas judiciales en Badajoz.

Las mismas fuentes de Juventud e Infancia han explicado que este decreto también abre la puerta a que se puedan establecer unos estándares de condiciones mínimas en el sistema de reforma, al cual pertenecían los menores detenidos.