Claves de la imputación a Salomé Pradas y otros cargos políticos por la dana: ¿por qué la jueza rechaza citar a Mazón?

• La magistrada trata de dirimir las responsabilidades penales de las muertes y desapariciones por el temporal
• Esta semana, ha emitido un auto con las dos primeras imputaciones de la causa

El 'president' Carlos Mazón en el pleno de Les Corts José Cuéllar - CORTS

El Juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana que asoló Valencia ha dado esta semana un nuevo paso con las dos primeras imputaciones: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico Emilio Argüeso. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha dejado fuera de la investigación, sin embargo, al president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, pese a las peticiones de las acusaciones populares y particulares personadas en la causa.

Desde el pasado 31 de enero, cuando asumió las diligencias de las denuncias presentadas en los juzgados de los municipios afectados por las inundaciones, la magistrada trata de dirimir las responsabilidades penales de las 225 muertes y las tres desapariciones que, en fase de instrucción, determinó que eran "evitables". En concreto, busca dilucidar si se comunicó el riesgo existente y la evolución de las circunstancias meteorológicas a la población.

Para ello, se ha centrado en recabar, por un lado, los datos y las denuncias de las víctimas y, por otro, toda la información técnica relativa al 29 y 30 de octubre. Entre otras acciones, ha solicitado informes al Ministerio de Transición Ecológica –entonces dirigido por la exvicepresidenta segunda Teresa Ribera–, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

Tras estas primeras indagaciones, la jueza Ruiz Tobarra emitió el lunes un auto de diez páginas en el que acordaba imputar a Pradas y Argüeso al considerarlos "partícipes en el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población". El documento exponía, entre otros motivos, que la consellera era, por su relevancia orgánica, la "máxima responsable de Emergencias" y la encargada de presidir la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias valenciano (Cecopi).

Una posible imputación, en manos del TSJCV

Aquella reunión, que se ha convertido ya en una de las claves de la cronología de los hechos, arrancó a las 17 horas, pero Mazón no llegó hasta las 20.28. Más de 15 minutos después del envío de la alerta, como indicó un informe de la Generalitat.

La tardía llegada del presidente valenciano y las incógnitas sobre qué estaba haciendo en las horas previas han sido, precisamente, el foco de las críticas hacia su gestión de la dana y uno de los puntos de fricción entre el Govern y el Gobierno central y los partidos de la oposición valenciana.

Podemos, de hecho, decidió presentar un escrito en el que pedía que se investigara la ausencia de Mazón en el Cecopi y en la toma de decisiones, y en el que requería información sobre su localización desde las 8 horas hasta las 24 horas del día de a tragedia. Una petición que fue denegada poco después.

"Este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Catarroja carece de jurisdicción al objeto de acordar dicha prueba", respondió en un segundo auto la jueza instructora, aludiendo a la condición de aforado que ostenta Mazón.

Como establece el artículo 23 del Estatuto de Autonomía valenciano, Mazón es presidente de la Generalitat y diputado de Les Corts, lo que le confiere inviolabilidad. Solo podrá decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

No obstante, Ruiz Tobarra abrió la puerta a que declarara voluntariamente amparándose en el artículo 118 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, una opción que ya ha sido descartada por el Gobierno valenciano. "Desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación", afirmó el martes.

Recientemente, el TSJCV ya desestimó dos recursos de súplica de Iustitia Europa y Fetap-CGT que pedían solicitaban la apertura de una investigación. Tanto la Sala del tribunal como la Fiscalía expusieron que los indicios aportados hasta entonces resultaban “a todas luces insuficientes e infundadas” para imputárselos a una persona aforada. "No solo no permiten otorgar a los datos ofrecidos la consideración de indicios decisivos, sino que además nos aproximan a una investigación sumamente compleja en orden a deslindar conductas (...) y hallar elementos indiciarios", expuso el tribunal.

Nuevas peticiones para que declare

A pesar de todo, no se descarta la posibilidad de que en el futuro pueda producirse una citación. Podemos ha vuelto a recurrir al cauce judicial, esta vez para denunciar ante la Fiscalía provincial de Valencia un supuesto delito de falsedad por una supuesta manipulación de la imagen en la que se ve a Mazón entrar al complejo de Emergencias el día de la dana. Una información que ya ha salido a desmentir la propia Generalitat, asegurando que es "rotundamente falsa".

Por su parte, la asociación SOS Desaparecidos, en representación de 70 víctimas mortales, ha anunciado que presentará el lunes una nueva querella en Catarroja y Letur (Albacete) contra todas aquellas personas físicas que, en el ejercicio de su cargo público, hayan podido incurrir en las responsabilidades que han derivado en "los homicidios imprudentes" de la dana.

Entre otras medidas, pedirán la declaración en calidad de testigo de Mazón, ya que consideran que fue "la máxima responsabilidad civil y política, al menos durante las primeras 48 horas", y que la ley de emergencias le atribuye al president la capacidad para declarar una situación de emergencia catastrófica y "la asunción del mando único".

Pradas, la alerta masiva y los datos meteorológicos

A diferencia de Mazón, Pradas no está aforada. Fue destituida de su cargo menos de un mes después de la dana durante la remodelación del Ejecutivo autonómico, y sobre ella ha recaído todo el peso del envío del SMS a las 20.11 horas del 29 de octubre, ya que la Generalitat Valenciana ha indicado que la decisión de mandar la alerta le correspondió a ella, si bien señalaron que en el Cecopi participaba también la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé.

Y es que la magistrada considera que esta alerta masiva Es-Alert, esencial para la investigación de la dana, fue "tardía y errónea" ante un fenómeno meteorológico que no era "imprevisto". “Su avance y desarrollo ya fue anunciado por la Aemet hasta el punto de que la Universitat de Valéncia acordó la suspensión completa de sus actividades”, recuerda en el auto.

A esta información de la agencia meteorológica se sumaron otras fuentes, como los medios de comunicación -la magistrada destaca especialmente la cobertura del canal autonómico en abierto Á Punt-, las 19.821 llamadas al 112 o el sistema de datos y los correos electrónicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"Correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de unas precipitaciones que desbordaron ríos y barrancos, pusieron al límite las presas, y que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos", expone la jueza de Catarroja.

Todo esto, junto a una "inactividad patente en la administración autonómica", habría constituido "la negligencia con relevancia penal, la imprudencia grave", según Ruiz Tobarra, quien incide en que el "problema residiría" en el hecho de que ante la "sobrada" información "o bien se ignorara la misma, o bien no se comprendiera su alcance (lo que resultaría igualmente grave)".

Bernabé o Polo: otras imputaciones descartadas

Pese a que en el Cecopi participaran otras autoridades e instituciones, por el momento la jueza ha descartado imputarlos. Es el caso de Pilar Bernabé, que participó por videoconferencia en representación del Gobierno. La reunión, según ha admitido la Generalitat, se interrumpió en un momento concreto y siguió solo con los presentes en la sala. En ese momento, se plantearon mandar la alerta, pero finalmente decidieron no hacerlo.

Con este contexto como telón de fondo, la asociación Hazte Oír solicitó que Bernabé fuera investigada por no haber instado al Ministerio del Interior la declaración de emergencia de interés nacional para ponerse a los mandos de la gestión. Sin embargo, la jueza consideró que esta querella carecía "de cualquier asidero legal" y recordó que las competencias en materia de protección civil son de la comunidad autónoma, por lo que "la inactividad se produjo en ese ámbito".

Asimismo, recordó que en un primer momento existió "consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de emergencia nacional" y que no era necesario que Pilar Bernabé trasladase la necesidad de tomar dicha actuación al Gobierno central.

Por otro lado, descartó imputar al presidente de la Confederación del Júcar, Miguel Polo, y a otros cuatro cargos, ante la "inexistencia de indicios" contra ellos. En el escrito, la jueza dilucidó que la atribución de homicidios imprudentes "no puede basarse exclusivamente" en el hecho de que se forme parte de una estructura administrativa ni "en el simple relato de hechos".

Las presiones para el cese de Mazón continúan

Mientras tanto, continúa la presión política sobre Carlos Mazón. Tanto en la calle y actos públicos como en los plenos de la Cámara autonómica sigue recibiendo constantes peticiones de dimisión y de que adelante las elecciones, como reclaman la ministra de Ciencia y líder del PSPV Diana Morant o el síndic de Compromís Joan Baldoví, entre otros.

Asimismo, por primera vez y en portada, el diario ABC ha pedido esta semana su dimisión en un duro editorial titulado 'Mazón debe irse ya', que concluía asegurando que mantenerlo en el poder "resulta un grave error y aboca a una profundización de la crisis con un líder débil".

Estas exigencias llegan también por parte de las asociaciones cívicas, sociales y sindicales, que desde octubre han convocado hasta cinco manifestaciones multitudinarias para pedir responsabilidades políticas bajo el lema 'Mazón Dimisión'. Además, familiares de víctimas de la dana han protestado este viernes a las puertas de la sede del PP de Madrid, donde han coreado cánticos como "No son números, son personas", "Feijóo, Mazón qué te contó" o "Feijóo, dónde estaba Mazón".

En estas protestas, también se dirigen al líder del PP para instarle a que obligue al presidente de la Generalitat a renunciar el cargo. Alberto Núñez Feijóo, que mantiene su respaldo a Mazón públicamente, ha dejado claro que no tomará ninguna decisión respecto a su futuro mientras no concluya la investigación. “Hay un auto, esperemos a ver el alcance y contenido de la investigación”, decía este viernes a los medios en una visita a unas bodegas en Serrada (Valladolid).

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El líder del PP sí que ha llegado a admitir en fechas recientes que Mazón estuvo "noqueado" tras la dana o que considera que ni la Generalitat ni el Gobierno de Sánchez habían "estado a la altura" de las circunstancias. Desde el partido además inciden en que también deberá dilucidarse la "responsabilidad" del Gobierno central por la falta de obras hidráulicas "o algunas otras cuestiones".