La exconsejera Pradas y su número dos son citados a declarar como investigados por la dana el 11 de abril
- La jueza llama además como testigo a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé y al presidente de la Diputación de Valencia
- La magistrada rechaza la petición de requerir datos sobre el vehículo oficial de Mazón el 29 de octubre


El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la dana, ha citado a declarar como investigada a Salomé Pradas, exconsejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, el próximo 11 de abril. Junto a ella también ha sido llamado Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias.
Así lo ha notificado la magistrada este lunes en una providencia, en la que ha citado como testigos a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y al presidente de la Diputación del Valencia, el popular Vicent Mompó, el día 14 de abril. Además, el 29 de ese mismo mes deberán testificar dos técnicos.
Rechaza la petición sobre vehículos oficiales
Por otro lado, la instructora ha dictado un auto mediante el que deniega la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos sobre los vehículos oficiales, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Pedían información sobre los coches utilizados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y por sus escoltas entre las 8 horas del 29 de octubre y las 8 horas del día siguiente.
La magistrada ha justificado esta negativa en la condición de aforado de Mazón, por lo que el juzgado de instrucción no puede ordenar la práctica de "diligencias de investigación sobre su actuación” respecto de esta causa.
Del mismo modo, la instructora ha denegado la misma solicitud de diligencias respecto de la entonces consejera de Justicia e Interior y de su secretario autonómico, pues “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”. Ha tomado la misma decisión respecto del director y el subdirector general de Emergencias, porque estos dos últimos cargos “no ostentan la condición de investigados”.
Aportación "voluntaria" de los audios del Cecopi
En relación a las posibles grabaciones de audio por parte de integrantes de la reunión del Cecopi de aquel 29 de octubre, considera que deben ser estos quienes manifiesten su poseen ese material y si "voluntariamente prestan su conformidad" para aportarlas al proceso "una vez se les reciba declaración".
Tanto la providencia como el auto notificados este lunes no son firmes y contra ellos cabe la interposición de recursos, como han informado desde el tribunal valenciano.
SOS Desaparecidos formaliza su personación
La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha formalizado este lunes su personación como acusación particular en el procedimiento donde se investiga la gestión de la dana en un juzgado de Catarroja (Valencia), en representación de familiares de las inundaciones.
Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, ha expresado que se persona como acusación particular en representación directa de más de 70 afectados. De este modo, no se les requiere fianza, como ocurre con las acusaciones populares, entre las cuales se encuentran la Asociación de Damnificados por la dana Horta Sud, el PSPV, Podemos, Vox o Acció Cultural del País Valencià. El pasado viernes, Amills anunció en Madrid la intención de su entidad de emprender acciones judiciales por los casos de Valencia y de Letur (Albacete).
SOS Desaparecidos denuncia un presunto delito de "homicidio imprudente por culpa in vigilando" que atribuyen a una "serie de negligencias", dejación de funciones, "desidia" y "errores" de distintas administraciones.
Según el informe pericial —elaborado pese a la "omertá" que, según expresaron el pasado viernes, han detectado en las administraciones—, la asociación pedirá que declare como testigo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por ser, a su juicio, el responsable último del mando en la catástrofe.
El perito encargado del informe, Chema Gil, ha explicado que según la ley 3/2020 de la Generalitat Valenciana, y el apartado 4 del artículo 12, en caso de peligro y daños de especial extensión o intensidad "el presidente de la Generalitat podrá declarar la situación de emergencia catastrófica". Esto supondrá "la asunción por el presidente del mando único y la dirección de todas las actividades de la emergencia". Por eso, consideran que la "obligación" del presidente era estar en el Cecopi y pedirán que la jueza de Catarroja, cuya instrucción han elogiado, llame a Mazón como testigo.