Amnistía denuncia malos tratos y desprotección en los centros de acogida para menores migrantes de Canarias

• La organización urge a la "responsabilidad compartida" y a la solidaridad del resto de comunidades autónomas
• También habla de fallos al garantizar su documentación para no quedar en desamparo al cumplir la mayoría de edad

Centro de acogida para menores migrantes de Valverde, en El Hierro. EFE/Gelmert Finol

La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional ha documentado, en un nuevo informe sobre la situación de la infancia migrante en Canarias, que los menores no acompañados sufren malos tratos y desprotección en los centros de primera acogida, y que la descoordinación entre administraciones lastra sus perspectivas de futuro.

En el informe titulado A día de hoy no tengo nada, Amnistía denuncia que el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias está "saturado e infradotado", lo que repercute negativamente "en el bienestar, la adecuada protección, la atención y el respeto a los derechos de los niños y niñas", no solo mientras son menores, sino también en su transición a la vida adulta.

Entre las principales preocupaciones que expone la organización en el informe están las denuncias de extrabajadores y de los propios menores acogidos sobre supuestos malos tratos y la saturación en los centros de acogida, pero también fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo al cumplir la mayoría de edad, o en la identificación adecuada entre aquellos que tienen necesidades especiales.

Uno de los testimonios que Amnistía recoge en el informe es el de Seydou, que tiene 19 años, es maliense y llegó a Canarias en el año 2020. Cuando habló con Amnistía Internacional estaba viviendo en un piso para menores ex tutelados, aunque cuatro años después de su llegada seguía sin tener ningún tipo de documentación, y su situación seguí siendo la de un inmigrante en situación irregular.

Sus palabras dan título al informe de la organización: "Cuando me hicieron las pruebas de determinación de la edad, vieron que tenía solo 15 años y me llevaron a un centro de menores, estuve yendo al colegio pero tuve que dejarlo cuando estaba a punto de sacarme la ESO, por cumplir la mayoría de edad…No me imaginaba que iba a estar ahora mismo en esta situación, me dijeron que no me preocupara, pero a día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada…. Sin documentación no puedo hacer ningún curso, me están diciendo que van a intentar conseguirme documentación por arraigo…. Pero a nivel psicológico esto no me ayuda…”.

"No se garantiza" el interés superior del menor

Así, entiende Amnistía que la acogida de los menores se lleva a cabo en "macrocentros en los que no se garantiza el cumplimiento del principio del interés superior del menor" y que, además, no se lleva a cabo una "adecuada supervisión" por parte de las autoridades competentes.

Ello se suma a una descoordinación entre las administraciones que tienen las competencias para la atención de los menores migrantes no acompañados, lo que hace que no se esté "garantizando la diligencia debida en relación con la detección e identificación de los niños y niñas que llegan a Canarias para su inmediata protección, con los trámites para obtener documentación, o para garantizar que aquellos que necesitan protección internacional puedan acceder a ella".

"[Dije a la policía que era menor] pero no me hicieron caso, me metieron con el resto de los adultos, también lo he dicho aquí, me han apuntado en una lista, pero de momento sigo durmiendo en las carpas con los mayores, no he podido hablar aun con nadie, nadie me ha dado información”, ha relatado Cheikh, de Senegal, cuya experiencia en las Islas Canarias recoge el informe sobre su experiencia en el campamento de Las Raíces para adultos.

Amil, que llegó con 17 años a las Islas Canarias desde Marruecos a principios de 2023 fue llevado a su llegada a un centro de menores, pero tuvo que irse en octubre de ese mismo año, al ser decretada su mayoría de edad. Cuando Amnistía habló con él estaba en la calle. "Me han dicho que [mi permiso de residencia] ha sido denegado porque se solicitó fuera de plazo…no entiendo nada, cuando salí del centro de menores nadie me informó de nada, ni siquiera de que darían de baja mi empadronamiento y me retirarían la tarjeta sanitaria", relataba a Amnistía sobre su salida del centro, cuando solo le entregaron el pasaporte como documentación. Finalmente pudo quedarse unos meses en el campamento para migrantes Canarias 50, donde iniciaron los trámites para solicitarle el permiso de residencia.

Represalias y amenazas a los menores

Algunos testimonios recabados en el estudio de campo para este informe, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2024 en seis centros de acogida de El Hierro, Gran Canaria y Tenerife, denunciaban malos tratos, entre ellos castigos excesivos como aislamiento o retrasos a la hora de cumplimentar los trámites relativos a la documentación para su regularización o escolarización.

Varios de los menores tutelados o extutelados refirieron al equipo de Amnistía haber presenciado o haber sufrido represalias por parte del personal de sus centros de acogida, como privación de comida, retirada del abono transporte o confiscación de sus teléfonos móviles o del dinero de bolsillo del que gozan, pero también amenazas con traslados a recursos conocidos por sus peores condiciones de vida.

Represalias que, según el informe, también se han extendido a trabajadores que denunciaron estos actos de violencia o excesos, y que incluso fueron castigados con perder sus empleos.

Una trabajadora de un centro de menores de Las Palmas ha asegurado a Amnistía que llegan menores que llevan más de un año y "no se ha trabajado nada" con ellos, y que hay casos en que se les castiga "sin documentación" si se portan mal o que se encuentran sin ficha Mena ni un control médico adecuado. "Hay centros donde hacen lo mínimo, hemos tenido que llevar incluso a menores a completar la vacunación porque no se había hecho. También nos llegan menores pendientes de determinar la edad, aunque las pruebas óseas ya están hechas”, aseguraba en su testimonio, también recogido en el informe.

Amnistía urge a la "responsabilidad compartida" y la solidaridad

Por último, la ONG considera que parte de la solución a estos problemas "pasa por la asunción de una responsabilidad compartida y equitativa de la Administración central y el resto de las comunidades", pero mientras esto pase, llama a revisar y mejorar los procedimientos propios y la coordinación interinstitucional.

El informe añade que a esos "fallos" en el sistema de protección en Canarias que requiere de una asunción de responsabilidad compartida, se suma "la falta de solidaridad de las demás comunidades autónomas del Estado español".

Con base en estas conclusiones, Amnistía recomienda una serie de medidas a las distintas administraciones encargadas de la gestión de los menores migrantes, tales como dimensionar de forma adecuada los recursos para su atención; revisar la normativa y los criterios para la apertura de estos, o garantizar un sistema de inspección y control que sea adecuado, con mecanismos para canalizar las posibles denuncias de violencia contra los menores.

En el documento, Amnistía también pone el foco en el "fracaso" de la corresponsabilidad entre comunidades autónomas, afeando el "aumento de discursos por algunos representantes de partidos políticos que atacan directamente a la dignidad de los niños y niñas migrantes", con acusaciones sin fundamento o mensajes "que apelan a la xenofobia".

De hecho, ahonda en que ve "muy preocupante" que se utilice la estrategia política de verter mensajes antimigración o que atacan y criminalizan directamente a estos menores "para no asumir sus obligaciones".

Por ese motivo, insta a las autoridades y partidos políticos a "adoptar todas las medidas necesarias para combatir el racismo y la discriminación especialmente contra la infancia migrante".