El Gobierno aprueba la reforma de la ley de extranjería tras pactar con Junts el reparto de menores migrantes
- Da a las comunidades hasta el 31 de mazo para inscribir en el registro a los menores y basará el reparto en criterios de población
- Junts asegura que Cataluña acogerá entre 20 y 30 menores de los 4.000 que deben salir del archipiélago
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la reforma de la ley de extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias tras haber alcanzado un pacto con Junts en las últimas horas. Se trata, según el Ejecutivo, de una reforma "absolutamente necesaria y urgente" por la que la distribución de los menores se basará principalmente en criterios poblacionales y de presión migratoria. Con el apoyo de Junts, el Gobierno se asegura los votos necesarios para convalidar la reforma en el Congreso tras el fracaso del pasado mes de julio.
“Estamos ante un hito en defensa de los Derechos Humanos, en la defensa del interés superior del menor y ante un hito histórico, porque así lo llevan demandando los territorios frontera durante los últimos 30 o 40 años”, ha destacado el ministro de Política Territorial y Administración Pública y responsable de la comisión interministerial sobre inmigración del Gobierno, Ángel Víctor Torres, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ha subrayado que es “la primera vez” que se aprueba un decreto ley de estas características y ha destacado que se establece "una solidaridad equitativa" entre territorios.
En concreto, el Ejecutivo ha aprobado un decreto ley que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería y que establece los criterios para la derivación a otras autonomías de menores migrantes procedentes no solo de Canarias, sino de los territorios que estén tensionados (como Ceuta). Estos criterios, que se aplicarán en caso de que no se pacten previamente en una conferencia sectorial, se establecerán en parámetros de población (con un peso del 50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas en los centros de menores migrantes (10 %), esfuerzo previo de acogida (6%), ser ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2 %).
Torres ha explicado que cualquier autonomía que tenga una presencia de menores migrantes no acompañados que multiplique "por tres" su capacidad ordinaria podrá trasladar al Gobierno su situación de emergencia para solicitar que se activen los mecanismos de la ley.
Las CC.AA. tienen hasta el 31 de marzo para registrar a los menores
El reparto, ha incidido el ministro, se hará con criterios "objetivos y homogéneos". Las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para inscribir a los jóvenes migrantes en el Registro de Menores No Acompañados, "con todos sus derechos establecidos y preservados e interviniendo el fiscal del menor". Con ello, se obtendrá la cifra global de menores que hay en toda España y se podrá comprobar el nivel de saturación. Si las comunidades no dan cifra actualizada a finales de mes, se tendrán en cuenta las cifras de 31 de diciembre del 2023.
A partir de ahí, la Abogacía General del Estado será el órgano competente para formular la propuesta de traslado de un territorio en situación de emergencia a una comunidad o ciudad autónoma de destino, "cumpliendo todas las garantías". Este traslado debe resolverse en un plazo de 15 días naturales tras la inscripción de dicho registro.
"Se ha ido más allá de un reparto puntual, es una solución estructural y definitiva", ha aclarado el ministro, que ha explicado que, para los años posteriores, las comunidades tendrán de plazo hasta el 15 de enero para registrar a los menores que han acogido el año anterior.
El Gobierno establece además un fondo extraordinario para 2025 de 100 millones de euros. Torres ha añadido que todas las autonomías "tienen absoluta igualdad" a la hora de acoger migrantes dada la aplicación de "un criterio absoluto basado en la población".
Por otra parte, ha explicado el titular de Política Territorial, las comunidades mantendrán "plena autonomía y capacidad" para modificar los aspectos de este decreto en la conferencia sectorial de infancia y adolescencia, "donde están representadas todas las autonomías".
Insta al PP a apoyarlo y no estar “atado” a Vox
Torres ha llamado a PP y a Vox a apoyar este acuerdo. Ambos votaron en contra, al igual que Junts, de la anterior reforma de la ley de extranjería el pasado mes de julio. Ha sido muy crítico con el Partido Popular y con su líder, Alberto Núñez Feijóo, después del acuerdo presupuestario firmado entre los dos partidos de derecha en la Comunidad Valenciana y que rechaza el pacto migratorio. Torres ha reprochado al líder 'popular' que se "borre" de "una solución estructural y permanente", quizá "obligado por Vox".
"Eso sí que es romper el país", ha reprochado, y ha echado en cara a Feijóo "que diga ahora lo contrario que decía hace meses" respecto a la inmigración: "Tiene que decidir quién es ahora, si el Feijóo que está atado por Vox o el que decidió que iba a acoger menores el verano pasado pese a las amenazas de Vox. Si ahora no los acoge, estas amenazas han surtido efecto".
Además, el ministro ha animado a quien tenga "dudas" sobre el reparto que visite un centro de menores de un territorio frontera, como Canarias, y "que vea que, en espacios donde caben 20, viven 300 jóvenes de 15, 10 o cinco años que no pueden ser escolarizados en las mínimas condiciones dignas". Y, después, que "reflexionen". Ha recordado que España pudo acoger a menores procedentes de la invasión de Ucrania, tras lo que ha recordado que ahora se trata de "los mismos menores", que tienen "las mismas edades" y que "lo único que les diferencia es el color de la piel". "Tengamos criterio de Estado", ha zanjado.
El PP, por su parte, ha avisado este martes al Gobierno de que sus comunidades no acogerán menores migrantes si el Gobierno no financia su acogida.
Junts asegura que recibirá entre 20 y 30 menores
Junts, que ha sido quien ha anunciado a primera hora de la mañana el acuerdo con el Gobierno, asegura que recibirá entre 20 y 30 menores migrantes del total de 4.000 migrantes que se deben distribuir por el conjunto de la península. Cree además que a Madrid le corresponderían 400. Torres no ha querido valorar estas cifras y ha emplazado a esperar al 31 de marzo para "saber la realidad numérica", aunque entiende que el partido de Carles Puigdemont puede haber hecho "los cálculos adecuados" respecto a los menores que irán a Cataluña.
"Si coges las cifras y haces números, es la cifra que sale", ha argumentado por su parte la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, que ha celebrado que este acuerdo con el Ejecutivo "corrige la desigualdad histórica" con Cataluña, que "siempre ha hecho un esfuerzo" en acogida de migrantes. De hecho, ha asegurado que la comunidad peninsular más saturada al respecto es Cataluña.
Por otra parte, Junts considera que la reforma aprobada este martes es "temporal" y no "definitiva", como afirma el Gobierno. "Si no se prorroga, decae y no habrá obligatoriedad", ha aseverado. Por ello, cree que dentro de un año habrá que negociar de nuevo el reparto.
Nogueras está convencida de que en el fondo extraordinario aprobado por el Ejecutivo habrá una compensación "adecuada" para Cataluña. El propio ministro ha admitido que Cataluña y País Vasco han sido "históricamente" de los territorios "más acogedores".
Canarias celebra que se cumpla una reivindicación histórica
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado tras el Consejo de Ministros que este es un día "importantísimo" y "feliz" para España y para las islas y ha considerado que la reforma de la ley constituye "un sistema de protección nacional" ante la crisis migratoria.
En rueda de prensa, ha asegurado que estas medidas garantizarán "tres cuestiones vitales" reclamadas por Canarias y Ceuta desde hace año y medio, cuando empezó su lucha para que las demás comunidades acogieran de forma solidaria a los menores. Así, ha puesto en valor la "inmediatez" de la puesta en marcha el decreto tras su publicación este miércoles en el BOE, que se establezca cuál es la "capacidad ordinaria" que deben tener las comunidades, para que cuando se exceda se establezca "un sistema de protección nacional"; y, por último, la financiación de los 100 millones para aplicar el decreto. El Ejecutivo canario ha informado además de que, actualmente, acoge a 5.810 menores migrantes.
Por su parte, Coalición Canaria también ha mostrado su satisfacción, aunque añaden que todavía no tienen el texto final del acuerdo. Aún así, celebran que esto es lo que pedían "desde el primer momento", un decreto.