La Anfac propone un decálogo de medidas para acelerar el despliegue de puntos de recarga de coches eléctricos
- Complementa su propuesta para acelerar el despliegue de los puntos de recarga de acceso público en el transporte por carretera
- Entre las diez recomendaciones está que las entidades locales cuenten con un órgano de gobernanza
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha lanzado este miércoles una propuesta para acelerar el despliegue de infraestructura de puntos de recarga de vehículos eléctricos en España que incluye un decálogo de diez medidas para las Administraciones Públicas.
En su nuevo informe, con propuestas para favorecer el despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público y privado en los entornos urbanos, la patronal establece tanto un decálogo de recomendaciones para agilizar y facilitar el despliegue de esta red de forma general, como una metodología para el cálculo de la potencia instalada que podría aplicarse a cualquier municipio de forma particular.
Así, Anfac pretende facilitar una nueva herramienta para ayudar a las instituciones públicas, tanto a la Administración General del Estado como a las entidades locales, a desarrollar los planes de movilidad urbana sostenible en cada una de las ciudades del país.
Además, con este informe la patronal afirma que complementa su propuesta para acelerar el despliegue de los puntos de recarga de acceso público en todos los segmentos del transporte por carretera, presentada en 2021 y actualizada en 2023, para cumplir con los nuevos objetivos de descarbonización del 'Fit for 55' para vehículos ligeros y pesados hasta 2035.
10 recomendaciones para favorecer el despliegue de infraestructura
Entre las diez recomendaciones está que las entidades locales cuenten con un órgano de gobernanza.
Este órgano debería de coordinar las políticas de movilidad y urbanísticas a través de las distintas áreas de la administración afectadas (Vivienda y Urbanismo, Movilidad y Transportes, Medio Ambiente, etc.), sobre la base de una planificación a largo plazo y procedimiento de seguimiento definido.
En segundo lugar, Anfac recomienda el desarrollo de formación y procedimientos específicos para el personal municipal, así como el dimensionamiento de este, para favorecer y agilizar la tramitación de las autorizaciones, licencias y permisos para la instalación de puntos de recarga.
Además, señala que se debe de desarrollar un marco regulatorio que permita conocer, de manera pública, la capacidad disponible en los puntos de acceso de las redes de transporte y distribución de electricidad en la ciudad. La correcta planificación del despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos depende de la capacidad disponible en cada punto del municipio.
También señala que las entidades locales deben enfocar bien las licitaciones de suelo público para la instalación y gestión de puntos de recarga por parte de empresas privadas, garantizando la máxima eficiencia y viabilidad de estos procesos.
Por último, en la renovación de las concesiones de estaciones de servicio en suelo municipal, las entidades locales introduzcan nuevos requerimientos para incluir el despliegue de la infraestructura de recarga transformando así las estaciones de servicio en "estaciones multienergía".
Aumentar compromisos de reducción de emisiones
Entre las otras cinco medidas que propone la asociación está que las entidades públicas deban de analizar, planificar y favorecer la instalación de infraestructura de recarga en los aparcamientos públicos para residentes y aparcamientos mixtos.
Estos aparcamientos pueden configurarse como grandes 'hubs' de recarga ante la necesidad de hacer un uso racional de la vía pública y el bajo porcentaje de viviendas con garaje en España.
Para lograrlo, deben eliminarse, en la medida de lo posible, las barreras para desplegar infraestructura de recarga en estos espacios, que son de índole normativa y económica fundamentalmente.
También que las entidades locales modifiquen sus ordenanzas fiscales para poder hacer uso del marco de flexibilidad que ofrece el Real Decreto-ley 29/2021, que establece la posibilidad de que las entidades locales puedan desarrollar medidas en el ámbito fiscal para contribuir al despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos.
En este caso, implicaría incrementar los objetivos de vehículos limpios de contratación pública en 2030 hasta el 100% para turismos, vehículos comerciales ligeros y autobuses urbanos y hasta el 50% para camiones.
Esta recomendación se extiende también a lo referente a los puntos de recarga en los aparcamientos, aconsejando que la exigencia se extienda a los aparcamientos adscritos a edificios de cualquier Administración Pública, llegando hasta el 50% de las plazas de aparcamiento con puntos de recarga a partir del 31 de diciembre de 2025 y el 100% en 2030.
Campañas institucionales
La patronal señala que es recomendable el desarrollo de campañas institucionales de concienciación ciudadana y empresas en torno a la electromovilidad, debiendo estas suponer un porcentaje mínimo obligatorio del presupuesto de Concienciación Ciudadana o de Medioambiente. Su fin sería asegurar campañas potentes con impacto duradero en gran parte de la población.
También recomienda trabajar con sectores estratégicos vinculados a los municipios (hoteles, centros comerciales, etc.) para favorecer, incentivar y potenciar el despliegue de infraestructura de recarga de acceso público en sus aparcamientos e ir más allá de lo obligatorio.