La Audiencia de Sevilla cree que el amparo del Constitucional a los condenados de los ERE vulnera el derecho de la UE

• La Audiencia provincial da diez días a las partes para que se pronuncien antes de presentar una cuestión prejudicial
• El TC anuló la pena de prisión de José Antonio Griñán y rebajó la pena de Manuel Chaves

Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio por el caso ERE EFE/Raúl Caro

La Audiencia de Sevilla ha cuestionado que el amparo que el Tribunal Constitucional concedió a condenados del caso ERE, entre ellos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sea del todo "compatible" con el derecho de la Unión Europea. Además, ha pedido opinión a las partes sobre si el TC se "extralimitó" e "invadió" ámbitos reservados a los jueces.

Así se ha pronunciado este miércoles la Sección Primera del tribunal provincial en una providencia. En ella, ha planteado dudas sobre la compatibilidad con el derecho de la Unión Europea de la resolución del Tribunal Constitucional, que anuló la pena de prisión al socialista José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y rebajó la pena de Manuel Chaves, también expresidente andaluz por el PSOE.

Por ello, la Audiencia de Sevilla ha dado audiencia a las partes para que aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo ha hecho después de que el Partido Popular, que ejerce como acusación popular en la macrocausa, haya presentado también una cuestión perjudicial relacionada con este asunto.

En su resolución, el tribunal sevillano ha recordado que el Constitucional estimó parcialmente los recursos de amparo de condenados por el caso ERE para restablecer el derecho fundamental a la legalidad penal que consideró vulnerado.

Con esto, la corte de garantías declaró la nulidad parcial de las sentencias condenatorias tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo. A raíz de esto, ordenó al órgano provincial que dictara un nuevo pronunciamiento "respetuoso con el derecho fundamental que se entiende vulnerado".

Incompatibilidades con el derecho de la UE

Ahora, ante la necesidad de realizar este nuevo pronunciamiento, la Audiencia ha apostillado que no puede "dejar de lado" la posibilidad de que las valoraciones realizadas por el Constitucional en esas sentencias "no sean del todo compatibles con el derecho de la Unión Europea", como indica la providencia.

En este sentido, hace referencia a artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la Ley Orgánica de Poder Judicial y da audiencia a las partes para que aleguen sobre el posible planteamiento de una cuestión prejudicial de interpretación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con un plazo de 10 días para hacerlo.

En concreto, la Audiencia de Sevilla ha pedido la opinión de las partes sobre si consideran que el TC se ha "extralimitado" en la función de control que le corresponde, "invadiendo ámbitos reservados a la jurisdicción de los jueces y tribunales" al revisar lo planteado tanto por la propia Audiencia de Sevilla como por el Tribunal Supremo.

También plantea si la interpretación del Constitucional sobre las leyes de presupuesto de Andalucía de los años 2002 a 2009 "se opone" a la normativa y jurisprudencia comunitaria al dejar "al margen de todo control" aquello que tenga que ver con la actividad presupuestaria, desde la fase inicial de elaboración de los presupuestos a la fase final de su ejecución.

"Merma del correcto funcionamiento" del Estado

La Audiencia de Sevilla también ha explicado en su providencia que "esto podría generar una situación de desprotección del patrimonio público y una merma del correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado, de la confianza de la sociedad en el manejo honesto de fondos públicos y de los deberes de fidelidad y transparencia que tienen los funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentran los bienes de la administración pública".

Junto a esto, ha expuesto la posibilidad de que la doctrina del Constitucional incumpla las exigencias internacionales de la lucha contra la corrupción y lo ha considerado "incompatible" con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la lucha contra el fraude y contra la actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

Además, ha planteado la posibilidad de que los tribunales ordinarios no apliquen las sentencias del Tribunal Constitucional que sean "interpretativas" de las normas legales autonómicas, que "conducen a entender como lícitas las conductas de los acusados cuando, según los tribunales ordinarios nacionales, dichas normas no excluyen la tipicidad penal".

Contra esta providencia de la Audiencia de Sevilla no cabe recurso, dado que la finalidad de la resolución es decidir si procede o no el posterior planteamiento de una cuestión prejudicial.

El PP califica al TC como "túnel de lavado"

Tras conocer la providencia de la Audiencia de Sevilla, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo ha acusado al Gobierno de utilizar el TC como "túnel de lavado" del caso ERE. Lo ha hecho durante la sesión de control del Congreso de los Diputados en una pregunta a la vicepresidenta y líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero.

"La Audiencia provincial de Sevilla acaba de pronunciarse diciendo que las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE son contrarias al derecho y a la lucha contra la corrupción. Eso les pasa por forzar el Tribunal Constitucional y usarlo como túnel de lavado de los ERE", ha resaltado Bendodo.

Por su parte, Montero ha criticado el "poco respeto" del diputado del PP con el Tribunal Constitucional y le ha pedido que tanto él como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, den explicaciones sobre el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud.