Greenpeace deberá pagar más de 660 millones de dólares a una petrolera por incitar unas protestas contra un oleoducto

• La petrolera Energy Transfer atravesó la reserva india de la tribu sioux en EE.UU. para extraer petróleo
• Greenpeace ha alertado que la cifra que debe pagar pondría en amenaza su propia existencia

Una activista con la chaqueta de Greenpeace. Foto de archivo Getty

Un jurado popular ha dictado este miércoles que la organización ecologista Greenpeace debe pagar una suma récord de más de 660 millones de dólares en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo en 2016.

La empresa energética, con sede en Dallas (EE.UU.), atravesó los campos de petróleo del oeste de Dakota del Norte, EE.UU., hasta el sur del estado de Illinois. Cientos de personas pertenecientes a la tribu sioux de la reserva india de Standing Rock se manifestaron en contra de la construcción.

El jurado ha declarado a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Según el jurado, dichas manifestaciones retrasaron el proyecto y elevaron los costes.

La ONG ha asegurado que apelará la decisión y ha declarado que la cifra a pagar pondría en amenaza su propia existencia. "No se puede llevar a la quiebra un movimiento", ha señalado Sushma Raman, de Greenpeace Estados Unidos. En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund.

Energy Transfer: los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa"

El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que ha durado casi un mes.

El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.

Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.

Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren -uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario, Donald Trump- ha asegurado en un vídeo proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon "una narrativa totalmente falsa".

Asimismo, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, ha afirmado durante el juicio que "Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta".

Greenpeace: "No retrocederemos, no nos silenciarán"

Por su parte, y tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, ha expresado en un comunicado que la lucha contra las petroleras "no termina aquí".

"Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos (a la empresa) en los tribunales este mes de julio en Ámsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán", ha aseverado.

En un mensaje en la red social X, la ONG ha asegurado que "no se puede demandar a un arcoíris". "La industria de los combustibles fósiles está desesperada por silenciarnos y dividirnos, pero siempre defenderemos el derecho a la protesta pacífica", ha dicho.

"Y seguiremos haciendo lo que siempre hemos hecho: defender el planeta, la justicia y las generaciones futuras", ha añadido.