Sánchez y Abascal se enzarzan por el reparto de menores y el PP cuestiona el acuerdo "progresista" con Junts

• El PSOE ve "tremendo" que haya comunidades que se nieguen a cumplir con la distribución
• ERC ve "prioritario" resolver el problema y Junts habla de "desigualdad estructural"

Abascal carga contra el reparto de migrantes y Sánchez afirma que la "verdadera amenaza" es "la internacional ultraderechista"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, se han enzarzado este miércoles en la sesión de control en el Congreso por el acuerdo sobre migración con Junts, que Abascal ha tildado de reparto de "ruina e inseguridad". "La verdadera amenaza es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro", le ha respondido el jefe del Ejecutivo, que le ha reprochado "el odio que destila" Vox contra la población extranjera.

El mismo día que el real decreto ley para modificar la ley de extranjería ha sido publicado en el BOE, ambos han protagonizado uno de los principales rifirrafes del pleno del Congreso. En su turno de pregunta, Abascal ha recriminado a Sánchez la distribución de menores migrantes no acompañados por considerarlo un reparto de "ruina e inseguridad" y le ha acusado de "estar dispuesto a todo para que le aplaudan".

"Lo ha demostrado pactando con sus socios chantajistas el reparto de la inmigración ilegal de los 'menas', es decir, de la inseguridad y de la ruina por toda España, salvo en Cataluña y en País Vasco", ha dicho Abascal, que ha defendido medidas como las devoluciones a los países de origen o la protección de fronteras.

Ante esto, el presidente del Gobierno le ha replicado que la "verdadera amenaza" para Europa es "la internacional ultraderechista" que "trabaja desde fuera para destruir Europa desde dentro" y "los aranceles al campo y a la industria ante los que usted calla".

Bendodo arremete contra el pacto con Junts

Aunque el PP ha estado más centrado en otros asuntos, como el supuesto uso de Telefónica en favor del Gobierno, el diputado 'popular' Elías Bendodo ha aprovechado su intervención para cuestionar el acuerdo que el PSOE alcanzó este martes con Junts sobre la distribución de menores.

Dirgiéndose a la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Bendodo le ha echado en cara que el Gobierno diga que el pacto presupuestario que el PP ha sellado con Vox para que la Comunidad Valenciana -en el que se rechaza la acogida de migrantes- es "xenófobo", cuando, desde su punto de vista, el PSOE ha pactado lo mismo con Junts. "¿Por qué el acuerdo de Valencia de cero 'menas' es xenófobo y el de Cataluña es progresista?", se ha preguntado Bendodo.

"¿Van a incumplir con el respeto a la dignidad de los niños que recogen todos los tratados internacionales? ¿Van a seguir negándose a que podamos distribuir niños en una comunidad donde ustedes gobiernan y en la que están poniéndose en contra de todos esos menores que tienen que salir por solidaridad al resto del territorio, van a seguir negando los derechos de los niños?", ha planteado Montero.

ERC ve "prioritario" resolver el problema y Junts habla de "desigualdad"

Mientras, en los pasillos de la Cámara, los partidos han continuado marcando posiciones respecto al acuerdo. El PSOE ha enmarcado las críticas del PP y sus comunidades en un intento de los de Alberto Núñez Feijóo de "repartir odio" cuando lo que hay que hacer es "ser solidarios", a la vez que inciden en que las cifras del reparto están ponderadas de manera "razonable".

El portavoz del PSOE, Patxi López, ha asegurado que el PP "en lugar de acoger a los niños prefiere devolverlos a la guerra, al hambre y a la miseria", al tiempo que ha asegurado que el porcentaje para que unas regiones reciban más menores que otras "se pondera" en población, servicios y "sobre quién ya ha recogido más". "Entonces se hace una oferta, una propuesta razonable en función de todas estas medidas", ha defendido.

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avanzado que su formación no impedirá la aprobación del decreto ley porque no hay alternativa y lo proritario es resolver el problema, si bien ha mostrado ciertos recelos al acuerdo. "Sabemos lo que es Junts y el tufillo que tiene", ha declarado a los medios en el Congreso.

"Al final, es el mejor peor acuerdo", ha valorado Rufián, que ha lamentado que haya más de 4.400 niños "hacinados" en Canarias. "A nosotros lo que nos gustaría es que cada cual acogiera en función de la población, de los recursos, de las capacidades que tiene y, sobre todo, que se dejara de tratar a los niños como si fueran paquetes", ha explicado.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha afirmado que era necesario "corregir esta insolidaridad histórica" y "desigualdad estructural" para "compensar a aquellas que siempre hemos estado por encima".

"Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Hay unas plazas estructurales asignadas a cada comunidad autónoma y estas plazas se asignan a través de unos criterios y Cataluña siempre ha estado muy por encima de estas plazas estructurales que tiene", ha manifestado en La Hora de la 1 desde el patio del Congreso.

Page ve "insultante" el acuerdo con Junts y afirma que el Gobierno "no tiene política migratoria" : "El que manda es Puigdemont"

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha afirmado que en su comunidad quieren ser solidarios con las regiones más afectadas por los flujos migratorios, pero ve “insultante” que el martes “amanezcamos con una ley aprobada y sin hablar nada con las comunidades autónomas”. "Solidarios, sí; tontos, no", ha declarado a los medios.

En opinión del dirigente socialista, el Gobierno "no tiene política sobre migración, son todo parches sobre la marcha" y ha lamentado que sea Puigdemont "el que manda". "Que las competencias migratorias se estén pactando con alguien supremacista e identitario no puede acabar bien", ha agregado.

Torres: la "intención del Gobierno" es realizar el reparto en 2025

El real decreto ley anunciado en el Consejo de Ministros ya ha sido publicado y entrará en vigor este jueves. En él, se indica que los criterios para declarar la situación de contingencia migratoria extraordinaria deberán aprobarse en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en un plazo máximo de tres meses, antes del 20 de junio.

La norma que, en todo caso, deberá ser convalidada por el Parlamento, establece además que se tendrán en cuenta los datos de población, renta per cápita, tasa de paro, el esfuerzo realizado anteriormente, el número de plazas para la acogida o la condición de ciudad fronteriza o de insularidad. Por otro lado, las reubicaciones deberán llevarse a cabo dentro del plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma, es decir, el 20 de marzo de 2026.

El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la "intención del Gobierno" es realizar el reparto en 2025 y, aunque ha reconocido la posibilidad de que las comunidades puedan recurrir al Tribunal Constitucional, les ha recordado que "tienen que ejecutar la ley". "Esto es una cuestión de Estado, por tanto, vamos a convalidar este real decreto ley y a partir de ahí ya podremos empezar", ha argumentado Torres en una entrevista en La Hora de la 1.

Preguntado por la posibilidad de que haya comunidades que no dispongan de infraestructuras mínimas para la acogida, el dirigente político ha aludido al mecanismo de contratación por emergencia previsto dentro del real decreto como "pedía el PP". En su opinión, "las comunidades tienen mecanismos, con la financiación del Estado, para poder tener centros y acoger, con las organizaciones pertinentes, a estos menores".

Fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado a RTVE que aún no se sabe cuántos menores van a recibir cada comunidad, a las que han solicitado la certificación de datos de acogida a 31 de marzo. De igual modo, han recordado que las cifras pueden varias de un día para otro porque los menores van cumpliendo años.

Preguntadas estas fuentes por la posición del PP, han señalado que creen que las comunidades gobernadas por los 'populares' van a hacer frente común y sostienen que si el partido no "ha querido participar" no pueden hacer exigencias. Así, consideran que los de Carles Puigdemont han tenido una postura mucho "más leal" a la hora de alcanzar el acuerdo.