Torres advierte a las comunidades del PP que "no hay margen" para no cumplir el reparto de menores migrantes

- Las comunidades autónomas tienen hasta el 31 de marzo para presentar un certificado del número de menores que acogen
- Para la derivación a otras comunidades hay un plazo de doce meses una vez se convalide el decreto ley en el Congreso
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que "no hay margen" para no cumplir con la distribución de los menores migrantes no acompañados que se les adjudique en función del pacto alcanzado por el Gobierno y Junts para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. No obstante, ha matizado que si creen que "invade competencias autonómicas", tienen derecho a acudir al Tribunal Constitucional.
"Tienen que ejecutar lo que la ley traslada. Los certificados (sobre cuántos menores acogen en la actualidad) deben llegar antes del 31 de marzo, y sino, estaremos en situación de bloqueo", ha subrayado en La Hora de La 1. Una vez se haya aprobado el decreto ley en el Congreso "deben producirse las derivaciones y los traslados", ha dicho el ministro antes de insistir en que tiende la mano al PP "para que reflexione y recapacite".
Clavijo cree que es "absolutamente de justicia" que el Gobierno de España "responda ante una competencia autonómica que son los menores extranjeros no acompañados", algo que"se lleva reclamando 40 años por los territorios frontera", como las Islas Canarias y Ceuta.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el real decreto ley aprobado por el Gobierno para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería tras pactar con Junts el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, permitiendo que se establezca un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de España. El decreto entrará en vigor este jueves, 20 de marzo, aunque deberá ir ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
Recuerda a las comunidades que tienen que enviar un certificado
Torres ha explicado que una vez se haya convalidado el decreto ley en el Congreso hay un plazo de 12 meses para la sobreocupación de Canarias y Ceuta. "Aquellos que lleguen a los 15 días y tengan ya todos sus papeles estructurados serán también derivados", ha señalado.
"Lo más importante es la disposición adicional undécima del decreto ley" sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ha dicho, porque hay "muchas comunidades" que dicen que están "saturadas" de menores extranjeros no acompañados.
Torres ha explicado que los gobiernos autonómicos tienen de plazo hasta el 31 de marzo para demostrar esa situación de saturación de la que hablan y que para ello tienen que enviar "un certificado firmado por funcionarios públicos que diga cuántos menores hay en esa comunidad".
Cuando se tengan esos datos, se cogerá toda la población de España se dividirá entre los menores no acompañados que hay en el conjunto del país, de ahí saldrá un número, y después, según ha detallado, se cogerá la población de cada comunidad, se dividirá entre ese número y así sale la "capacidad ordinaria" de "cualquier comunidad".
Al hacer este cálculo habrá comunidades que tengan una "capacidad ordinaria" de 1.000 menores no acompañados y en estos momentos acogen 2.000 y otras que acogen 20. Por eso, considera que es "una propuesta de justicia", para que la respuesta a la migración sea "compartida" entre todas las comunidades y ciudades autónomas.
"¿Qué respuesta humanitaria es esa?"
"¿Qué respuesta humanitaria es esa de hacer que los niños los apartes según el color de su piel?", ha cuestionado en un mensaje a Vox, la formación de Santiago Abascal, después de preguntar "qué diferencia hay entre un niño o una niña de diez años que viene de Mali huyendo de la guerra o un niño que viene huyendo de la guerra en Ucrania".
Al ser preguntado por si Junts ha reclamado que el número de menores migrantes fuera pequeño para Cataluña, ha explicado que desde el verano pasado la formación de Carles Puigdemont ya había trasladado que ante el "esfuerzo histórico" que había hecho la comunidad, "cosa que es verdad" y ahí están los números, que "ningún menor con respecto a la proposición de ley de entonces fuera a Cataluña y aquello jurídicamente no tenía cabida, hemos seguido negociando, el PP se desmarcó, a quien intentamos siempre traer a la mesa".
Por otra parte, Torres ha confiado en que el real decreto pactado con el partido de Carles Puigdemont cuente con el aval del resto de socios parlamentarios, ya que "la base" es el "texto que se llevó al Congreso" el año pasado y ya contó con el visto bueno de esas formaciones.
Torres ha asegurado que, al margen del rechazo del PP, el decreto ley que inicia su recorrido parlamentario cuenta ya con el respaldo de otras formaciones, como ERC y Sumar, porque la base de la reforma es el texto que se llevó el verano pasado al Congreso que ya apoyaron, "con algunas modificaciones".