Aprobada la ley de desperdicio alimentario: derecho a llevarse las 'sobras' y obligación de donar excedentes

• La ley exige a toda la cadena alimentaria implementar planes de prevención de desperdicio
• Las administraciones públicas deberán promover hábitos de consumo responsable

Fotografía de algunos alimentos desperdiciados, pese a encontrarse en buen estado GETTY

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, tras el debate y votación de las enmiendas aprobadas por el Senado. La iniciativa legislativa busca lograr una reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el ámbito de la venta minorista y el consumo, así como una bajada del 20% de las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro para el año 2030.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de comida, lo que supone en torno al 30% de los alimentos que se producen. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, España desperdició en 2023 casi 1,3 millones de toneladas.

El PP y la Presidencia del Congreso se enzarzan por el veto a las enmiendas a la ley de desperdicio alimentario

Obligaciones para la cadena alimentaria

Uno de los pilares de la norma es la exigencia de que todos los agentes de la cadena alimentaria dispongan de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, en el que se establezca cómo aplicarán la jerarquía de prioridades para evitar el desperdicio. Este orden dicta que los alimentos deben destinarse, en primer lugar, al consumo humano sin transformaciones adicionales. Si esto no es posible, podrán aprovecharse en la fabricación de otros productos todavía adecuados para el consumo humano, como mermeladas o zumos.

Si, pese a cumplir con lo anterior, se han generado excedentes, estos se destinarán a la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para el consumo humano. En última instancia, los alimentos podrán emplearse en alimentación animal, compostaje o producción de biogás.

El sector de la distribución tendrá la obligación de donar los excedentes de alimentos a entidades sociales y bancos de alimentos, salvo que se justifique su inviabilidad. En este sentido, los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados deberán firmar convenios de colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro para garantizar el aprovechamiento de los productos en buen estado.

Para los consumidores, la norma introduce el derecho a llevarse las sobras de los restaurantes en envases adecuados, sin coste adicional, con excepción de los bufés libres o formatos similares. Los establecimientos deberán informar claramente de esta posibilidad en sus menús o cartas y los envases utilizados deberán ser reutilizables, reciclables o cumplir con la normativa vigente para reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Impulso a la innovación y sensibilización

La ley establece que las administraciones públicas deberán jugar un papel clave en la lucha contra el desperdicio alimentario. Entre sus obligaciones, destaca la promoción de campañas de sensibilización sobre hábitos de consumo responsable y el desarrollo de soluciones innovadoras para minimizar el desperdicio. Además, se incentivará la creación de nuevos modelos de negocio enfocados en la reutilización de excedentes alimentarios y la investigación para prolongar la vida útil de los productos.

Uno de los aspectos más señalados es la racionalización de las fechas de consumo preferente. Se incentivará a las empresas para que ajusten estas fechas al máximo posible dentro de los márgenes de seguridad alimentaria, con el objetivo de reducir el descarte prematuro de alimentos que aún son aptos para el consumo.

Del mismo modo, las administraciones públicas deberán fomentar que los establecimientos de comercio al por menor dispongan de líneas de venta de alimentos "feos", "imperfectos" o "poco estéticos", siempre y cuando cumplan la normativa europea. También se promoverá el consumo de productos de temporada, de proximidad y ecológicos.

Para garantizar su cumplimiento, la ley establece un régimen sancionador con infracciones cuya cuantía abarca de los 1.000 euros para las leves hasta los 100.000 para las graves.

Tramitación polémica

El texto ha generado un intenso debate parlamentario, especialmente debido a las enmiendas introducidas en el Senado. Una de las más controvertidas es la eliminación de la protección del lobo ibérico, una medida impulsada por el Partido Popular dentro del paquete de modificaciones y que finalmente ha logrado los votos suficientes para su aprobación. La votación también ha sacado adelante la modificación de la representatividad agraria, en contra del Senado.

Al comienzo del pleno, ha tenido lugar una bronca protagonizada por el portavoz del PP en la Cámara, Miguel Tellado, y el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, motivada por la negativa de la Mesa de reincorporar las enmiendas del Senado a la ley de desperdicio. La oposición considera que se han vetado "ilegalmente".

En pleno cruce de reproches, los diputados del PP se han levantado y han empezado a golpear sus escaños y a lanzar recriminaciones al vicepresidente primero del Congreso. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha aprovechado su intervención para pedir "perdón" a la ciudadanía por el "lamentable espectáculo".

Se aprueba finalmente la ley que el Gobierno presentó por primera vez la pasada legislatura, pero no avanzó por las elecciones generales de 2023.