Las inspectoras de Hacienda que detectaron el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso se ratifican ante el juez
- Los dos inspectores participaron en un informe sobre Maxwell Cremona que desembocó en la apertura de la causa
- Alberto González Amador está investigado por presunto fraude fiscal y un entramado de facturas falsas
Las dos inspectoras de Hacienda que detectaron el presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han ratificado ante la juez sus informes. Según han declarado este viernes, entienden que suponen fraude fiscal y han confirmado la información en la que se basaron.
La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha tomado declaración a la persona que realizó la inspección y a una inspectora de la Unidad de Delitos de la Agencia Tributaria, que luego hizo un segundo informe ratificando el primero, según han detallado fuentes jurídicas.
La primera inspectora ha declarado durante más de dos horas y media ratificando el informe que elaboró a finales de 2023 tras una inspección que comenzó en mayo de 2022, en el que reflejó irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021.
La testigo ha expuesto su informe, que consta de unos 200 folios, y ha contestado a preguntas de todas las partes, sobre todo de la defensa, que ha ido exponiendo las discrepancias técnicas que detectaba, han informado fuentes presentes en la declaración.
Fuentes de la defensa de Alberto González Amador han adelantado que valorarán si presentan un informe pericial para argumentar esas discrepancias.
La segunda inspectora ha declarado durante unos minutos en los que ha ratificado el informe que hizo sobre la investigación de su compañera, que validó.
Ambas, según otras fuentes presentes en las testificales, han afirmado que desconocían que Alberto González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando abrieron la inspección y presentaron la denuncia a la Fiscalía por fraude fiscal y falsedad documental.
De acuerdo con esas fuentes, las peritos también han indicado que el fiscalista al que recurrió González Amador, Javier Gómez Fidalgo, -quien le representó en las reuniones con Hacienda durante la inspección- conocía los métodos utilizados por su cliente en los presuntos fraudes.
La magistrada Inmaculada Iglesias citó a estas dos testigos el pasado 24 de febrero, después de que González Amador se acogiese a su derecho a no declarar como investigado en la causa, abierta hace casi un año y que nació de una denuncia de la Fiscalía basada en estos informes de la Agencia Tributaria sobre la empresa Maxwell Cremona, administrada por el novio de Ayuso.
Fraude fiscal y facturas falsas
En este procedimiento principal, Alberto González Amador está investigado por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas en la que habrían intervenido presuntamente los otros cuatro investigados en la causa.
La pareja de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.
La filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos
Pieza separada
La magistrada que investiga a González Amador abrió el pasado mes de octubre una pieza separada para indagar si pudo incurrir en "otros delitos distintos", como corrupción en los negocios o administración desleal, mediante el uso de una sociedad pantalla en el marco de sus negocios con la empresa Quirón Prevención.
Precisamente este jueves trascendió que la jueza le ha citado para que declare como investigado el próximo 10 de abril en el marco de esta pieza separada, después de que la Audiencia Provincial avalara la apertura de la misma.
Hace unas semanas, la audiencia madrileña respaldó la necesidad de investigar en una pieza separada la posible utilización de una sociedad pantalla para "ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados" por Maxwell Cremona y en el presunto pago de 499.836,92 euros a la mujer del presidente de Quirón Prevención por la adquisición de una empresa en 2020, una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta".
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