La Abogacía del Estado impugna la investigación a García Ortiz y otra fiscal apoyándose en el testimonio de periodistas

• El juez ordenó prorrogar la investigación por revelación de secretos sobre la pareja de Ayuso
• Los periodistas declararon que conocieron la información antes de que la recabara el fiscal general

Álvaro García Ortiz comparece en calidad de investigado en el Tribunal Supremo EFE

La Abogacía General del Estado ha impugnado ante el Tribunal Supremo el auto del Juez Ángel Hurtado en el que prorroga la investigación al general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez, por supuesta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, pareja Isabel Díaz Ayuso, relativos a un presunto fraude fiscal. La abogada general reprocha al instructor que haya descartado de forma “tajante” y “sin motivación” el testimonio de varios periodistas que acreditaban haber tenido la información antes de que la recabara la Fiscalía General.

El recurso de impugnación, presentado ante la sala de apelaciones en defensa de la fiscal provincial, alude a los testimonios de varios periodistas que aseguraron haber tenido acceso previo a un correo de la defensa de González Amador fechado el 2 de febrero de 2024, en el que admitía dos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, y proponía a la Fiscalía un acuerdo para rebajar la pena. Los medios empezaron a hacerse eco de dicho correo en la madrugada del 13 al 14 de marzo y fue precisamente el 14 de marzo cuando la Fiscalía de Madrid emitió una nota de prensa para aclarar lo ocurrido. Aquella nota fue la que desencadenó la causa contra los dos fiscales.

Los testimonios de los periodistas

En el escrito, la Abogacía del Estado alude al testimonio de José Precedo, periodista de Eldiario.es, que declaró ante el juez que contaba con la información relativa a González Amador desde el 6 de marzo del año pasado, y que ésta procedió de tres fuentes: la Agencia Tributaria, la denuncia presentada en un juzgado de Madrid contra González Amador por parte de la Fiscalía “y un correo electrónico que envía el abogado Carlos Neira, a un buzón genérico de la fiscalía, el 2 de febrero”. Este último correo es el del abogado de González Amador. En otra declaración, su compañero en el mismo medio Marcos Pinheiro corrobora lo narrado por Precedo.

Por otra parte, el recurso alude al momento en que el periodista de la Cadena Ser, Miguel Ángel Campos, reveló la información relativa al correo de la defensa de la pareja de Ayuso en este medio, y que resulta un “hito fundamental en la tesis incriminatoria” del juez Hurtado.

“En el caso del señor Campos reveló la información en la cadena SER, hito fundamental en la tesis incriminatoria, pero no a las 23:51, según se dice en el auto, cinco minutos después de “cerrarse el círculo” -en esa hora se publicó en la web-, pero en la radio ya había expuesto el contenido del correo a las 23:20, con el “círculo aún abierto”-. La Abogacía del Estado recuerda que este periodista había llamado al Fiscal General del Estado para contrastar la noticia a las 21:38, según declaró, sin obtener respuesta, lo que es coherente con el tráfico de llamadas adverado por la UCO". "Nada le podría confirmar por qué a esa hora el Fiscal General del Estado ni mi representada habían recibido la información, en caso de heberle atendido, que tampoco lo hizo, algo que no parece lógico con un fin de revelación-”, explica la Abogacía. Y añade: “Nos preguntamos qué sentido tiene en la tesis incriminatoria esa llamada, y cómo puede entenderse que quien dice tener esa información llame a quien se dice que la filtra antes de que este la tenga. Dato totalmente omitido en el auto bajo el genérico “no convence”.

La Abogacía del Estado reprocha también al juez que haya rechazado el testimonio de tres periodistas de El País que publicaron en este medio un artículo con la cronología de cómo conoció y difundió la información relativa a González Amador antes de que reclamara dicha información el fiscal general. La Abogacía del Estado sostiene que el artículo aporta “elementos objetivos que así lo acreditan”.

Con todo, lamenta que el juez no haya considerado en su auto “creíbles” a los periodistas y haya decidido “no valorar siquiera la credibilidad y publicaciones de otros dos medios de comunicación que dijeron disponer del correo de referencia, e informaron sobre su contenido”, antes que el fiscal general.

Además, el escrito recuerda que El Mundo “fue el primer medio de comunicación en publicar un posible pacto de conformidad entre el Ministerio Fiscal y Don Alberto González Amador”. Y aunque la noticia, publicada a las 21.29 horas del 13 de marzo, “no respetaba la realidad de lo acontecido, sí desvelaba que el ahora querellante había reconocido ante la Agencia Tributaria diversas irregularidades fiscales”.

Cabe recordar que el juez Hurtado citó como investigados (anteriormente imputados) la semana pasada a cuatro periodistas por publicar un informe de la Guardia Civil sobre el caso que afecta a García Ortiz.

Cree que González Amador renunció a la confidencialidad

En otro orden de cosas, la Abogacía del Estado alude a que el juez Hurtado señaló en su auto que las negociaciones entre el fiscal y el abogado defensor son “material sensible” que debe “pasar por criterios de confidencialidad”, ya que de lo contrario podría “entrañar una importante merma para el derecho de defensa”.

Pues bien, la Fiscalía considera que el propio González Amador "se ha colocado de manera deliberada en una situación de conocimiento público y de renuncia expresa a la reserva o no difusión de determinados datos”. Argumenta que éste remitió el correo de su defensa el 12 de marzo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Un correo que Rodríguez, subraya, “posteriormente difundió a través de mensajería instantánea a una pluralidad de periodistas”.

También recuerda que la pareja de Ayuso “reveló por sí o por terceros que existía una negociación, lo que se trasladó en una noticia de El Mundo y en un tweet del testigo D. Miguel Ángel Rodríguez”.

E igualmente señala que el propio abogado de González Amador remitió su correo el 2 de febrero no solo a la Fiscalía sino a un abogado del Estado, un hecho que “ahonda en el nulo valor confidencial o naturaleza reservada que se le otorga al contenido del correo de 2 de febrero incluso por el propio abogado del señor González Amador". Una idea, prosigue la nota, en la que insiste la Abogacía General del Estado "desde el principio, pues en esa fecha la Abogacía del Estado aún no podía ser parte de actuación alguna, ni ningún integrante de la misma podría ser formalmente responsable de expediente alguno, dado que no fue invitada a personarse sino después de todos los hechos controvertidos”.

Con todo, responde al juez Hurtado y concluye que la noticia adelantada por El Mundo ya “contenía elementos relativos a la existencia de una negociación de conformidad, incluidas las penas a pactar”. “Ese núcleo sensible que parece apreciarse al filtrarse el correo de 2 de febrero es la existencia de una negociación de conformidad. Toda negociación de conformidad supone la asunción por el investigado de su responsabilidad criminal, esto es, la comisión del delito por el que se le investiga. No hay negociación de conformidad sin esa premisa. Pues bien, la existencia de negociaciones de conformidad, ese núcleo inviolable, era pública antes de que el fiscal general supiese siquiera el contenido concreto de los correos controvertidos”.

Por último, Abogacía General del Estado sostiene que "no hay prueba alguna directa de revelación del correo de 2 de febrero" por parte de la Fiscalía "a pesar de dos entradas y registros inusitados" en los despachos de García Ortiz y de Rodríguez.