La política migratoria de Trump pone en peligro a los cuidadores de mayores: "Tiene miedo de que la deporten"

• Un 32% de los cuidadores en EE.UU. son inmigrantes, sin contar los más de cinco millones que trabajan en negro
• El sector mueve más de 500.000 millones de dólares al año

Las deportaciones masivas de Trump afectan a sectores como el del cuidado de mayores

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa su campaña de deportaciones masivas. Este martes, un nuevo vuelo con 199 venezolanos expulsados de EE.UU. ha llegado a Caracas después de haber sido enviados inicialmente a Honduras. Esta política tiene consecuencias en el país que gobierna, donde los trabajadores migrantes son una pieza clave en determinados sectores, como el cuidado de los mayores.

Aunque Carlos nació en España, lleva 60 años viviendo en Estados Unidos y, tres veces por semana, recibe la ayuda de una mujer jamaicana que le acompaña a todo. Ella deja que las cámaras de TVE la graben, aunque sin mostrar su rostro, y prefiere no hablar. "Ella viene a mi casa, se va a su casa. No habla con nadie. Se mete en el metro. Tiene miedo a que la deporten", explica Carlos.

Más de un 32% de los cuidadores son migrantes

Un 32% de los cuidadores que prestan servicio en EE.UU. son inmigrantes, y en algunas zonas del país este porcentaje es mucho mayor. Además, son solamente las cifras oficiales, de las que escapan la mayoría de los cinco millones de cuidadores que trabajan en negro, con bajos sueldos y sin derechos.

De hecho, las ONG ya alertan de que las deportaciones masivas realizadas por la Administración del presidente Donald Trump van a sacudir el cuidado de los mayores en este país, un sector que mueve más de 500.000 millones de dólares al año.

Asimismo, los inmigrantes son empleados clave también en sectores como la agricultura o la ganadería. John es el dueño de una granja situada en Wisconsin donde el 90% de los trabajadores son personas migrantes y reconoce que, sin ellos, no habría negocio. "A un estadounidense se le tendría que pagar mucho más", explica este hombre.

"El transporte por carretera se detendría", asegura Prab, dueña de una flota de camiones cisterna. Ella y su familia llegaron a EE.UU. huyendo de la India; también fueron migrantes, al igual que Carlos. Por eso, rechazan lo que está pasando. "La política de Trump es horrible", lamenta Carlos. Contraria al país de migrantes que, aseguran, siempre ha sido Estados Unidos.

Cuarto vuelo a Venezuela

Un grupo de 199 migrantes venezolanos ha sido deportado la madrugada de este lunes en un avión procedente de Honduras, a donde habían llegado desde Estados Unidos. Así lo ha informado el titular de Interior, Diosdado Cabello, en la cadena estatal Venezolana de Televisión.

El avión de la aerolínea estatal Conviasa viene "con 199 compatriotas, 199 compañeros venezolanos que regresan a su patria", ha afirmado Cabello desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía —que sirve a Caracas—, en el estado costero de La Guaira (norte), durante una transmisión de la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El avión, de la aerolínea Conviasa, ha llegado a Venezuela después de Washington enviara a más de 200 migrantes venezolanos a El Salvador tras ser detenidos por su presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño.

La de este lunes es la primera operación de deportación desde que la Administración de Nicolás Maduro anunciara la reanudación de vuelos desde Estados Unidos, luego de haber denunciado un supuesto bloqueo por parte del Departamento de Estado. El número dos del chavismo ha señalado que se trata del "cuarto vuelo" que reciben con connacionales desde suelo estadounidense y ha indicado que los viajes han tenido "poca regularidad, no por culpa de Venezuela".

La polémica campaña de deportaciones de Trump comenzó el pasado 15 de marzo, cuando envió a más de 200 personas, la mayoría venezolanos, a El Salvador, donde se encuentran detenidas en la enorme prisión antiterrorista del país, en virtud de un acuerdo en el que Washington paga 6 millones de dólares al gobierno del presidente Nayib Bukele. Además, los vuelos de deportación desde Estados Unidos a Venezuela han sido inconsistentes debido a las tensas relaciones diplomáticas entre ambos países.

Los migrantes venezolanos están en la mira de la administración Trump para su deportación bajo una ley del siglo XVIII, poco utilizada. Un juez ha dictaminado este lunes que estos migrantes deben tener derecho a impugnar la decisión de expulsarlos, al rechazar la solicitud del gobierno de anular la prohibición temporal de tales deportaciones decidida la semana pasada.

Ley del siglo XVIII

El presidente republicano Donald Trump invocó a principios de este mes la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua sin órdenes definitivas de expulsión de jueces de inmigración. En una orden emitida este lunes, el juez federal de distrito James Boasberg, con sede en Washington, ha afirmado que las personas que la administración Trump busca deportar bajo la ley deben tener la oportunidad de impugnar la afirmación del gobierno de que efectivamente son miembros del Tren de Aragua. Sin embargo, los abogados y familiares de muchos de los migrantes niegan los presuntos vínculos con pandillas.

El juez también ha rechazado la solicitud de la administración Trump de anular la prohibición de dos semanas a las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros que impuso el 15 de marzo, lo que significa que la prohibición sigue vigente. La prohibición llevó a Trump a solicitar el juicio político de Boasberg, un proceso que podría llevar a su deportación. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, emitió una inusual declaración reprendiendo a Trump y afirmando que las apelaciones, y no el juicio político, son la respuesta adecuada a los desacuerdos con las decisiones judiciales.

El caso se ha convertido en una prueba crucial para la amplia aplicación del poder ejecutivo por parte de Trump. Con los republicanos con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y, en gran medida, alineándose con la agenda del presidente, los jueces federales a menudo se han convertido en el único obstáculo a la oleada de acciones ejecutivas de Trump. El mandatario estadounidense ha argumentado que es el poder judicial, no su administración, el que se está extralimitando, mientras que Boasberg está evaluando si la administración Trump violó su orden al no devolver los vuelos de deportación después de que se emitiera.

En el fallo del lunes, el juez ha escrito que la administración parecía haber "obligado a la gente a subir a esos aviones" después de que inicialmente emitiera una orden más restrictiva que impedía la deportación de cinco demandantes venezolanos anónimos en respuesta a una solicitud de abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Posteriormente, amplió la orden para que se aplique a cualquier migrante venezolano afectado por la Ley de Enemigos Extranjeros.