El Defensor del Pueblo denuncia las "dificultades" ciudadanas en sanidad, vivienda y educación y pide una gestión "eficaz"
- La institución tramitó 34.402 quejas en 2024 e inició 185 actuaciones de oficio ante las administraciones
- Aumentan las reclamaciones por insuficientes recursos para atender problemas de salud mental
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha denunciado la "preocupación social" y las "dificultades" de los ciudadanos, sobre todo en materia de acceso a la vivienda, educación, atención sanitaria y medio ambiente, y ha pedido a las administraciones una "gestión eficaz" en su Informe sobre la actividad realizada por su institución a lo largo de 2024.
Los ciudadanos reclaman una Administración "más ágil y eficaz", señala el Defensor del Pueblo en el informe de su actividad de 2024 que por la tarde llevará también al Senado. A través de las quejas que les hacen llegar, se identifican las "dificultades" que han de afrontar los ciudadanos y que tienen que ver con "condiciones de vida difíciles".
La institución tramitó 34.629 expedientes en 2024, tras recibir 34.402 quejas y 42 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Además, la institución inició 185 actuaciones de oficio ante las administraciones y atendió personalmente a 35.733 ciudadanos —34.115 mediante llamadas telefónicas y 1.618 de forma presencial—.
El mayor número de quejas llegó una vez más de las comunidades autónomas más pobladas, entre ellas, la Comunidad de Madrid (8.031), la de Andalucía (4.155), la de Cataluña (3.441) y la Comunidad Valenciana (3.231).
La institución reclama "respuestas" a las diferentes administraciones "en el cumplimiento de sus responsabilidades para con la ciudadanía, a la largo de sus vidas, mediante la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos".
Problemas en la atención primaria y listas de espera
En materia de Sanidad, la institución ha recibido quejas sobre el funcionamiento de los centros de Atención Primaria. En concreto, los problemas de recibir atención de forma rotativa por distintos profesionales.
El Defensor del Pueblo pide que se analicen los factores que provocan "disparidades de cobertura" entre los distintos centros y que se apliquen medidas para resolver la situación de pacientes sin profesional asignado.
En los casos de pacientes "más vulnerables", la institución ha pedido a las administraciones que especifiquen si está prevista la reasignación de profesional de referencia cuando se prevé una ausencia "prolongada" del titular de ese puesto. Las comunidades de Navarra, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria respondieron que incluyen criterios diferenciados para los pacientes más vulnerables, mientras que Galicia informó de un proyecto para la reasignación inmediata de profesional en estos casos.
También ha emprendido actuaciones relativas a las respuestas que se dan a las reclamaciones de los pacientes, sobre las dificultades para establecer contacto telefónico con los centros de Atención Primaria y los procedimientos telemáticos establecidos para la obtención de cita.
Sobre las listas de espera, que siguen generando preocupación entre los pacientes, tanto en consultas externas como en pruebas diagnósticas y en listas de espera quirúrgicas, las administraciones trasladaron al Defensor del Pueblo algunas medidas que vienen adoptando para reducir estas incidencias, como atender y operar por las tardes y en fines de semana.
El Defensor del Pueblo señala que cada vez reciben más quejas sobre la insuficiencia de recursos específicos de media estancia para la atención de menores y jóvenes adultos que padecen problemas de salud mental provocados por una discapacidad intelectual o adicciones. En este sentido, la institución también ve "imprescindible incrementar el número de profesionales y recursos terapéuticos especializados" para que las familias, ante los primeros síntomas, puedan acudir con prontitud a un especialista sin esperas prolongadas de citas.
La dificultad en el acceso a la vivienda
La dificultad en el acceso a la vivienda, advierte la institución, afecta de manera especial a los jóvenes y a su emancipación, y los recursos destinados a este colectivo parecen no ser suficientes para cubrir las necesidades, como demuestra la cantidad de solicitudes que, según señala, cumpliendo los requisitos, quedan fuera de las convocatorias por "agotamiento del crédito disponible".
En relación con el bono alquiler joven señala que el "notable" retraso, de más de un año, en la resolución de estas ayudas dio lugar a la formulación de recordatorios de "deberes legales" a las consejerías competentes de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia, para que dictasen y notificasen en tiempo y forma la resolución expresa y motivada en el procedimiento de concesión de la ayuda al Bono alquiler joven y para que acomodasen su actuación administrativa a los principios de eficacia, economía y celeridad.
El Defensor del Pueblo insistió en 2024 en la necesidad de "mantener y mejorar" las ayudas al pago del alquiler ante el incremento sostenido de los precios e instó a las administraciones a utilizar las herramientas de la Ley de Vivienda 12/2023, según recoge el informe.
Además, considera que hay que aumentar el número de viviendas públicas destinadas al alquiler para aproximarse a la media europea y que las viviendas públicas protegidas se destinen al alquiler, frente a la compra, y estén sujetas a un régimen de protección permanente.
También pide procedimientos de adjudicación de viviendas públicas "ágiles y transparentes" con un "baremo reglado y público para evitar la inseguridad jurídica y la desconfianza" de los solicitantes que deberían ser seleccionados de acuerdo con unas normas que atiendan a sus circunstancias materiales, "sin que las trabas burocráticas les priven de su participación".
En esta línea, el Defensor del Pueblo recibió quejas por "problemas y fallos" en el proceso de solicitudes al Plan Vive de la Comunidad de Madrid. La institución dirigió, al respecto, tres sugerencias a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que según la información recogida en la web del Defensor del Pueblo, todavía no han recibido respuesta.
La institución también ha observado "deficiencias" en la regulación y "defectos" en la redacción del Reglamento del Registro Permanente de Solicitantes de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que llevaron a una interpretación "restrictiva" de las normas que regulan la inscripción.
En cuanto a los desahucios, las actuaciones de la institución aumentaron, pasando de 60 en 2023 a 102 en 2024, según señala el informe. Las familias carecen de información sobre los recursos a los que pueden acudir, según asegura el informe. La escasez de vivienda pública para situaciones de emergencia social y los tiempos excesivos para adjudicar una vivienda en estas situaciones pueden suponer que los afectados deban solicitar a los ayuntamientos prórrogas de su estancia en los recursos residenciales temporales de urgencia.
Acoso escolar y actividades para alumnos con necesidades especiales
Uno de los aspectos que preocupa a la institución es el acoso escolar porque ha detectado, a través de las quejas recibidas, que los protocolos oficiales de actuación ante estas situaciones solo se aplican cuando se ha producido un caso concreto y en la mayoría de ellos a petición de las familias. Con carácter general además, no se aplican medidas reeducativas dirigidas a que el acosador modifique su conducta.
Las "elevadas tasas de acoso escolar" en España, señala el informe, hacen necesario mantener la revisión y la mejora de los planes de convivencia, realizar actualizaciones de los protocolos autonómicos, eliminando la innecesaria sobrecarga administrativa en su tramitación y avanzando hacia enfoques más proactivos que permitan una detección temprana y una intervención más eficaz.
También recuerda el Defensor del Pueblo que ha tramitado quejas relacionadas con las dificultades para la participación de los menores con necesidades educativas especiales en las actividades extraescolares, en los servicios de ampliación de horario escolar y en los campamentos o escuelas de verano.
En cuanto a los procesos de admisión en los niveles de Educación Infantil y Educación Secundaria Obligatoria, el Defensor continuó diversas actuaciones con las consejerías de Educación de Andalucía, Murcia y Madrid por la falta de creación de centros para absorber el aumento de población en edad escolar en algunas zonas.
Pide un protocolo para los fallecidos en su intento de llegar a España
En 2024 el Defensor del Pueblo, según recoge el informe, ha dedicado especial atención a las personas desaparecidas en su intento de llegar a las costas españolas y ha formulado recomendaciones a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia para que adopte un protocolo nacional específico de actuación médico forense y de la Policía Científica en la identificación de cadáveres y restos humanos.
También ha recomendado la publicación de una guía de actuación, el desarrollo de una herramienta o base de datos forense a escala nacional y el uso de una terminología común tras constatar que el tratamiento y registro de restos humanos sigue siendo desigual en las distintas comunidades autónomas.
Otra cuestión es la cremación o incineración de cuerpos no identificados, por las implicaciones que puede suponer para el ejercicio de la libertad religiosa y por su irreversibilidad, que impide cualquier posterior gestión identificatoria.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo mantiene abiertas actuaciones para mejorar la comunicación consular para facilitar la comunicación con los familiares de personas desaparecidas y su atención.
También reclama que el Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que fue debatido en 2024 tanto en Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo como en el Pleno del Congreso de los Diputados, sea objeto de deliberación en el Congreso de los Diputados para la adopción de "medidas concretas" que den la "respuesta necesaria que las víctimas esperan y demandan”.
En materia de medio ambiente, el Defensor del Pueblo siguió sus actuaciones sobre el retraso en el establecimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y trasladó recomendaciones a una treintena de ayuntamientos.
Otros asuntos que han provocado quejas de la ciudadanía han sido el funcionamiento de la Administración de Justicia, de la Función Pública, y el departamento de Interior.
A la Seguridad Social le ha pedido que adopte los mecanismos necesarios para corregir el impacto de las devoluciones de prestaciones —como el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas—, indebidamente percibidas, y plantea incluso que condone su reintegro al afectar "de manera desproporcionada a varios colectivos vulnerables".
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