Los juzgados declaran como fallecidos a dos de los tres desaparecidos en la dana de Valencia
- La decisión eleva a 227 el cómputo total de fallecimientos durante la tragedia
- El expediente de jurisdicción voluntaria de la tercera desaparecida se encuentra en trámite
Los juzgados han declarado como fallecidas a dos de las tres personas desaparecidas en la provincia de Valencia durante las inundaciones por la dana del pasado 29 de octubre. Esta decisión eleva a 227 el cómputo total de fallecimientos provocados por la catástrofe. No obstante, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado en declaraciones a medios que seguirán buscando a los desaparecidos.
Según han confirmado a EFE desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se trata de dos hombres: Francisco R., de 64 años, desaparecido en Montserrat tras poner a salvo a sus dos nietos de 5 y 10 años en el techo de su coche; y José J. V., de 56, quien conducía por Pedralba junto a su hija (cuyo cuerpo se halló a más de 60 kilómetros).
Los Letrados de la Administración de Justicia de dos juzgados —el de Primera Instancia e Instrucción 3 de Picassent y el de Primera Instancia 2 de València— han emitido este mes sendos decretos en los que declaran los fallecimientos legales de ambos hombres.
Por otro lado, el expediente de jurisdicción voluntaria relativo a la tercera persona desaparecida, una mujer (Elisabeth G., de 37 años y madre de dos niños), se presentó por sus familiares con posterioridad a los anteriores y se encuentra en trámite en un juzgado de Requena.
Continuará la búsqueda de los desaparecidos
No obstante, la Guardia Civil mantendrá activa la búsqueda de los tres desaparecidos. Así lo ha confirmado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, este martes en declaraciones a medios. "Es durísimo para las familias, que necesitan enterrar a sus familiares. Ojalá los podamos encontrar cuanto antes, no vamos a dejar de buscarles", ha asegurado.
Preguntada por el recurso presentado por la exconsellera Salomé Pradas contra su imputación en la causa judicial que investiga la gestión de esta emergencia y por la atribución de responsabilidades a la delegada del Gobierno, Bernabé ha respondido: "Toda España supo que (Pradas) no conocía algo tan básico como el Es-Alert, y por lo visto tampoco su propio plan de emergencia. Pero no me corresponde a mí valorar ese recurso, que tiene que ver con el ámbito judicial".
También ha subrayado que "el vicepresidente de la Generalitat -en referencia a Francisco José Gan Pampols- se lo ha recordado varias veces, solo hay que leerse los planes de emergencia y la ley, ya sabría cuál es su obligación. La tenía desde el 24 de octubre, cuando se activó el plan contra inundaciones. La máxima responsable era la Generalitat, que ha de explicar qué se hizo desde el día 24 hasta la convocatoria del Cecopi el día 29 a las 17 horas".
La mayoría de víctimas murió antes de que sonara la alarma
El Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja continúa investigando la gestión de la dana por parte de la Generalitat. Según las diligencias, la gran mayoría de las víctimas mortales murió antes de que se emitiese la alerta a los móviles a las 20.12 horas. Un documento con más de mil páginas que recoge las denuncias de los familiares de las víctimas y que recogen testimonios de horror sobre los últimos momentos de algunos de los fallecidos.
Muchas fallecieron en los garajes al intentar sacar sus coches ante la llegada del agua. Salvar su vehículo les costó en muchas ocasiones la vida, precisamente porque quizás no estaban alertados de que esta corría peligro.
La jueza de Catarroja, que instruye la causa, ha citado a lo largo de esta semana como perjudicados a familiares y allegados de diecisiete víctimas mortales de las inundaciones, entre ellas una mujer embarazada de ocho meses. En concreto, a los de cinco de estas 17 víctimas les cita sucesivamente a partir de las 09.45 horas, en un caso concreto para ofrecerles las acciones legales que se pueden emprender por el fallecimiento de un hombre que era padre de un menor de edad. En otros para recibir declaración como testigos de familiares y allegados de un matrimonio, un hombre y una mujer embarazada de ocho meses.