Ayuso llevará al Constitucional el reparto de los menores migrantes pactado por el Gobierno con Junts

• La Comunidad de Madrid denuncia que no va a seguir "tolerando" este reparto "discrecional" acordado con Junts
• El Gobierno pactó con los nacionalistas catalanes un decreto para repartir entre comunidades a 4.400 menores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso A. Pérez Meca / Europa Press

La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el decreto para el reparto de menores migrantes, acordado la pasada semana entre el Gobierno y Junts. Con esta medida, a través de una modificación de la ley de extranjería, se establecieron criterios de derivación de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas.

El Consejo de Gobierno de la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso ha dado la instrucción a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para recurrir el decreto que obliga a reubicar 4.400 menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta, y limita a una treintena los que acogerá Cataluña.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha denunciado que la Comunidad de Madrid no va a seguir "tolerando" este reparto "discrecional" acordado con Junts, que tiene "el único propósito de conseguir los siete votos para mantenerse en la Moncloa".

Denuncian que el sistema en Madrid está "sobresaturado"

A la Comunidad de Madrid le corresponderían entre 700 y 800 menores según el modelo de reparto, pero, ha advertido el portavoz regional, los centros de la región están "sobresaturados por encima del 150 % de su capacidad", por lo que "habrá que buscar espacios", entre ellos el centro de acogida de La Cantueña, en Fuenlabrada.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe ante un decreto que considera "inconstitucional" al infringir varios preceptos de la Carta Magna de 1978, e invadir las competencias "exclusivas" del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un migrante menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores.

Además, subraya que el decreto "es contrario al principio de solidaridad y lealtad entre administraciones", ya que la aplicación de los criterios de reparto "carece de justificación y se ha realizado sin contar con las comunidades autónomas".

Critican que se vulneran los derechos de los menores

La Comunidad de Madrid considera que se vulneran los derechos fundamentales de los menores, "desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia", así como el principio constitucional de autonomía financiera de las regiones, puesto que el Ejecutivo central no garantiza la aportación económica necesaria para atender con garantías a los menores desplazados.

Asimismo, argumenta que la modificación debería haberse realizado mediante ley orgánica, en lugar de utilizar la figura del Real Decreto ley, al afectar a los derechos y deberes de los ciudadanos (artículos 81.1 y 86.1 de la Constitución Española), además de que exige "la extraordinaria y urgente necesidad de tomar medidas", cuando el propio decreto reconoce que el problema existe desde hace al menos ocho años.

Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, la Comunidad de Madrid ha atendido desde 2019 a 10.618 menores de edad extranjeros no acompañados y a un total de 937 en 2025.

El PSOE critica el discurso de Ayuso, que tiene "tintes racistas"

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha criticado en declaraciones remitidas a los periodistas que la presidenta madrileña -quien el pasado pleno aseguró que "cumpliría la ley"- que haya "descolgado" de sus declaraciones.

"Ayuso no tiene palabra y el tono de sus declaraciones cada vez tienen más tintes racistas", ha agregado la socialista, quien ha remarcado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, no tuvo "ningún problema en acoger a ucranianos".

Canarias se personará en el recurso

Mientras, el Gobierno de Canarias, que comparten Coalición Canaria y el PP, ha anunciado que se personará en el recurso porque, ha dicho el presidente Fernando Clavijo, está firmemente convencido de la legalidad de la norma.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente canario ha subrayado que ya en su momento sostuvo, tras la aprobación del real decreto ley en cuestión por el Consejo de Ministros, que está suficientemente garantizada la protección jurídica como para no tener miedo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

Si alguna comunidad autónoma considera que se lesionan sus intereses, puede acudir a los tribunales, como hizo Canarias en el caso de los menores susceptibles de solicitar asilo y protección en lo que le ha dado la razón el Tribunal Supremo, ha continuado Clavijo.