La Unión Progresista de Fiscales denuncia en la ONU "irregularidades institucionales" en el juicio a García Ortiz
- Se lo ha comunicado a la relatora especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados
- Asegura que hubo "anomalías" que comprometen la "independencia judicial"
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha denunciado ante la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, lo que consideran una "sucesión de irregularidades institucionales" en el procedimiento penal en el Tribunal Supremo contra el dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de datos del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien tendrá que indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
"Hemos decidido dar este paso excepcional, que nunca antes había sido necesario en democracia, porque el caso presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado, sino al funcionamiento de la justicia en España y a la confianza pública que la sostiene", asegura la UPF en una nota de prensa.
Asimismo explican que acuden a la relatora de la ONU porque tiene el mandato de "supervisar, prevenir y denunciar situaciones que puedan suponer ataques —directos o indirectos— a la independencia de fiscales y jueces".
Dicen que hubo "anomalías" que comprometen la "independencia"
La UPF asegura que los hechos observados "no son meros desacuerdos jurídicos", sino "anomalías que comprometen la independencia judicial" y creen que puede generar "una aparente falta de imparcialidad".
Entre otras cosas, la asociación de fiscales indica que hubo una "acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados", como que la admisión de querellas, la valoración de indicios, la instrucción, la revisión de decisiones clave y el enjuiciamiento estuvo en manos de los mismos jueces.
También reprochan que el fallo se adelantara sin que se conozca la "motivación", pues todavía sigue sin haber sentencia redactada. "Ninguna justicia democrática admite que una persona sea declarada culpable sin conocer los fundamentos jurídicos que lo explican", sostienen. Para los fiscales, este hecho "afecta directamente al derecho de defensa, la transparencia y la confianza en las instituciones".
Se da la circunstancia de que el fallo fue adelantado solo una semana después de quedar visto para sentencia el juicio. A los pocos días, García Ortiz presentó su dimisión, y el Gobierno propuso para sustituirle a Teresa Peramato, quien ya ha recibido el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y quien se examinó ante el Congreso justo este jueves pasado.
Medidas "invasivas" en la instrucción y "comportamientos públicos impropios"
La UFP denuncia asimismo que en la instrucción se llevaron a cabo "medidas extremadamente invasivas", como la entrada y registro de la Fiscalía General del Estado, pues "incluyó el volcado masivo de datos personales del investigado durante casi ocho meses, pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas".
Además, critican que hubo "comportamientos públicos impropios" durante el juicio y la deliberación, en referencia a que tres magistrados del tribunal que juzgó a García Ortiz impartieron un curso en la sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), una de las acusaciones particulares en la causa contra el fiscal general, durante los días en los que tenían que deliberar sobre la sentencia.
Por todo ello, piden a la relatora que "analice los hechos y valore si comprometen la independencia judicial; "que inste al Estado español a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales; y "que considere una visita oficial a España, como prevé su mandato, para evaluar el impacto institucional de este caso".
La UPF es una asociación de la que García Ortiz fue presidente y es una de las que está siendo más crítica con el fallo del Supremo, cuya sentencia aún no se conoce.
