Puigdemont pide al Supremo que le aplique "sin más demora" la amnistía tras aceptarla el Tribunal de Cuentas

• El Tribunal de Cuentas la ha aceptado este mismo miércoles para él y otros 34 ex altos cargos
• ERC celebra la decisión del Tribunal de Cuentas y pide la aplicación integral de la amnistía

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en Waterloo. Belga Belga / Europa Press

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha solicitado al Tribunal Supremo que le aplique la amnistía "sin más demora" después de que este mismo miércoles el Tribunal de Cuentas haya decidido aplicar la ley al de Junts y a otros 34 ex altos cargos de su Govern encausados ante este organismo por los gastos del procés, tres meses después de que la justicia europea avalara la aplicación de la ley al delito de malversación.

En un escrito, al que ha tenido acceso RTVE, Puigdemont subraya que la ley de amnistía "persigue la normalización institucional, política y social en Cataluña, finalidad cuya legitimidad ha reconocido el Tribunal Constitucional" y añade que "su aplicación serena y sin dilaciones a quien presidió la Generalitat sirve también a ese fin".

Por ello, solicita al juez instructor, Pablo Llarena, que inicie "sin más demora" los trámites para aplicarle la ley, es decir, que dicte un auto en el que declare que los hechos entran en el ámbito de la amnistía y dicte el fin del sumario.

Después, Llarena debería remitir la causa a la Sala de lo Penal, que enjuició a los líderes del 'procés' que no huyeron, para que sea esta quien "decrete la extinción" de la responsabilidad penal de Puigdemont y, con ello, el sobreseimiento libre de la causa.

La defensa de Puigdemont también solicita "el alzamiento definitivo de las órdenes nacionales de detención e ingreso en prisión dejadas provisionalmente sin efecto por auto de 6 de octubre de 2026" y "cualesquiera otras medidas cautelares" acordadas.

Previamente, el Tribunal de Cuentas, en una sentencia de 69 páginas, a la que ha tenido acceso RTVE, el Tribunal ha absuelto a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana por el presunto desvío de fondos para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la promoción acción exterior de la Generalitat en relación con el procés.

El órgano fiscalizador rechaza los argumentos de Sociedad Civil Catalana y señala que "no ha resultado acreditado" que esos gastos del proceso independentista catalán se realizaran con fondos públicos provenientes del presupuesto de la Unión Europea. Más aún después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea negase que hubiera dinero comunitario comprometido. El caso fue impulsado tras demandas de la Fiscalía y la mencionada organización, que estimaban los gastos presuntamente no justificados en entre tres y cinco millones de euros, aunque el Ministerio Público abogó por aplicar la amnistía una vez aprobada la ley

Por ello, el fallo que firma la consejera Elena Hernáez, declara que procede aplicar la medida de gracia y absolver a todos los encausados, a la vez que ordena levantar las medidas cautelares adoptadas en la fase de actuaciones previas, que suman casi casi ocho millones y medio de euros. Además, ha declarado extinguidas las responsabilidades contables.

Junto a Carles Puigdemont, estaban encausados ante el Tribunal de Cuentas el también expresidente Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y exconsejeros como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, entre otros.

Sociedad Civil Catalana ha anunciado que presentará un recurso contra esta decisión, que llega tras el aval del Tribunal de Justicia de la UE a la ley y cuando todavía el Tribunal Supremo todavía no ha decidido si aplica la amnistía. El Alto Tribunal pidió a las partes que se pronunciasen tras el fallo del Tribunal Constitucional, que avala perdonar el delito de malversación que pesa sobre Puigdemont y otros dirigentes.

Según el fallo, "los gastos se financiaron con recursos propios de la Generalitat"

Para aplicar la amnistía, la consejera se basa en los certificados de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya aportados por varios demandados. Según esos documentos, los gastos reclamados "se financiaron con recursos propios de la Generalitat de Catalunya" y, por tanto, "sin que tengan registrado un código de financiación finalista que determine que son fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea".

Frente a esos documentos oficiales, Hernáez reprocha a Sociedad Civil Catalana, que era acusación en el procedimiento, que "no ha impugnado la autenticidad de los certificados, ni tampoco ha aportado algún hecho, indicio o dato objetivo que pudiera conducir a cuestionar de manera concreta todos o alguno de los extremos certificados". Por ello rechaza las diligencias que pedía la asociación para revisar la documentación de base.

La sentencia explica que los presupuestos de la Generalitat incluyen cada año ingresos por "Transferencias de la Unión Europea", que alcanzaron 415,64 millones de euros en 2017. Antes de la amnistía "era absolutamente irrelevante determinar el origen de la financiación", pero la ley otorgó a esa cuestión una "relevancia sobrevenida", según la consejera.

La sentencia no impone costas a Sociedad Civil Catalana al apreciar "serias dudas de hecho o de derecho", y recuerda que la cuestión prejudicial la planteó la consejera "de oficio y no a instancia de SCC".

ERC celebra la decisión y pide la aplicación integral de la amnistía

A través de un comunicado, ERC ha celebrado este fallo como "una buena noticia, esperada desde hace demasiado tiempo, para las 35 personas aún afectadas por esta causa, entre las cuales hay personas vinculadas a ERC como Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, entre otros".

Según los republicanos, esta causa ha durado muchos años y ha conllevado "una amenaza sobre el patrimonio de los encausados y sus familias y un sufrimiento que, por sí mismo, ya ha supuesto una condena anticipada". Además de agradecer el apoyo y la solidaridad recibida, destacan que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "no había justificación para seguir posponiendo" la aplicación de la amnistía.

Tras insistir en que la amnistía debe aplicarse al resto de causas abiertas, puntualizan que siguen pendientes de que se resuelva la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, y el exsecretario de Hacienda, Lluís Salvadó, por la organización del 1-O. "No puede quedar nadie fuera de la amnistía. Hay que acabar con la represión, restituir todos los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados", subrayan.

Para los republicanos, la aplicación de la amnistía "ya no es sólo una cuestión antirrepresiva, es también una prueba para la calidad de la democracia española". "Los tribunales, una vez ya se ha pronunciado el máximo órgano, el Tribunal Constitucional, no pueden dilatar la anomalía democrática que ha sido esta represión sin límites. La amnistía se debe aplicar. A todo el mundo. Y sin más dilaciones", zanjan.