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Las familias destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler en casi el 24%de los barrios del país, con estos datos y teniendo algo de contacto con la realidad, la problemática es evidente. Hoy dedicamos el Por tres razones a intentar entender lo que propone la Ley de Vivienda y a mirar realmente qué le falta al parque inmobiliario de España. 

Para empezar, conocemos a varios inquilinos de diferentes perfiles que nos hablan del esfuerzo que les supone pagar su alquiler mensualmente en Madrid. Hablamos con Eli, de 42 años, y Ana, de 30, que comparten piso en La Latina. Quedamos en el poco tiempo libre que tienen entre trabajos Pili, de 31 años, y Eduardo, que viven en un piso de cuatro habitaciones por el que pagan 985 euros. Visitamos una de las zonas tensionadas de la capital, Usera, y hablamos con David, de 32 años. Por último, nos reciben Antonio y Mari Carmen, una pareja de 85 años que pagan más del 60% de lo que reciben de pensión por un piso de protección oficial que ahora forma parte de la cartera de un fondo buitre. Gente como Pili y Antonio se organizan en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, desde el que la portavoz Valeria Racu nos cuenta qué es lo más necesario y urgente respecto a la vivienda.

Álvaro Ardura, arquitecto y planificador urbanístico, coescribió hace unos años el libro First We Take Manhattan, de la editorial Catarata. Hoy, nos habla de esa destrucción creativa de las ciudades, cómo la gentrificación y la ordenación territorial afecta a nuestro día a día con precios abusivos y vulnerabilizando a diversos sectores poblacionales.

Conocemos la Asociación Provivienda, que trabajan desde 1989 para que todas las personas disfruten del derecho a la vivienda en igualdad de condiciones. Gema Gallardo, la directora general de Provivienda, nos explica las acciones y organizaciones que hacen para facilitar el acceso a una vivienda digna de las personas que llegan a estos servicios.

Ante la falta de vivienda social suficiente en la mayoría del país, hablamos con dos ayuntamientos de las ciudades donde más vivienda pública hay. Eider Bilbao es la Directora General de Viviendas Municipales de Bilbao. También hablamos con Felipe Castro, gerente de Emvisesa, empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Sevilla.

Fernando Cos-Gayón, director de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería en Edificación y de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia, lleva años observando cómo evoluciona la vivienda y cómo se desarrollará la situación en los próximos años, aunque ve insostenible una situación en la que "los caseros hacen casting para alquilar las casas, dejando, de nuevo, a los más vulnerables fuera.

Según el último estudio, que fue publicado en 2020, en España habría cerca de 26 millones de viviendas, de las cuales tan solo un 2,5% serían de carácter social, unas 650.000. De estas, el parque social de alquiler suma apenas 290.000 inmuebles, principalmente habitados por migrantes, pero tan solo el 5% cuentan con un precio por debajo del valor de mercado. 

Informa Blanca Pascual.

Según los últimos datos de 2019, España contaría actualmente con unas 290.000 viviendas de alquiler social, una cantidad "insuficiente" para cubrir las necesidades de vivienda asequible, según apuntan los expertos.

En este contexto, el Gobierno aprueba este martes un plan que promete movilizar 50.000 viviendas para alquiler social. Serían viviendas de la SAREB, del llamado 'banco malo' con el que el Estado absorbió los inmuebles propiedad de las cajas de ahorros que fueron rescatadas en 2008. Muchas de esas viviendas no han encontrado salida y el Gobierno quiere que se destinen a quienes no pueden pagar los precios del mercado.

Foto: GETTY

El domingo Pedro Sánchez anunció que llevaría al Consejo de Ministros del martes la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb, algo que como ha indicado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en Las Mañanas de RNE, no se les había comunicado, pero “responde perfectamente a lo que llevamos reclamando varios años”. Belarra celebra que “por fin” haya una ley de vivienda y dice estar “satisfecha” de que haya salido adelante “la ley más difícil de la legislatura”.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha acusado al Partido Socialista de haber “incumplido el acuerdo de gobierno”, y les acusa de apartarse de “la mayoría progresista y feminista”. Asimismo, carga en los socialistas la responsabilidad de responder sobre si querrán una continuidad del Gobierno de coalición y asegura tener la mano tendida para Yolanda Díaz y para poder llegar a un acuerdo "en cualquier momento". 

A la espera de conocer los datos del INE sobre las ejecuciones hipotecarias, nuestra compañera Minerva Oso ha hablado con algunas personas afectadas por la hipoteca y que le han relatado el acoso efectuado por los bancos para recibir los pagos. “Te quitan la autoestima, las ganas de vivir”, indican quienes no pueden hacer frente a estos cobros y subrayan que esta situación les impide tener un proyecto de vida.

“Toda la crisis que tuvimos la década anterior es porque los bancos no fueron responsables", subraya Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), quien culpa a los bancos de garantizar hipotecas a personas que, saben, no serán capaces de afrontar los pagos. Asimismo, hace un llamamiento a la vicepresidenta Nadia Calviño, para que revise con la banca la situación actual para poder ampliar las medidas que ayudan a hacer frente a los pagos de las hipotecas, y reclama que las entidades, en contra del Código de Buenas Prácticas Bancarias, desarrollen un acoso sistemático a los afectados.

El Congreso también debe convalidar el decreto que permitirá al Gobierno hacerse con el control de la SAREB, más conocida como 'banco malo'. Esta sociedad, que absorbió el ladrillo tóxico de los bancos, no ha cumplido sus objetivos. Pagó demasiado y ha recuperado poco. A día de hoy tiene una deuda de 35.000 millones de euros y el problema es que Bruselas se la atribuye por completo al Estado, porque el Tesoro actúa de avalista. El agujero de 7.000 millones de patrimonio neto debe computar también como déficit del estado.

Informa Daniel Hernández.

La recapitalización se hará mediante el Fondo de Resolución, entidad privada, que aportará directamente 500 millones de euros y que recibirá del Estado luso un préstamo por valor de 4.400 millones de euros restantes. Con la recapitalización, BES pasará a llamarse Novo Banco, que contará con los activos de buena calidad del anterior a cargo del cual estará el economista Víctor Bento. Mientras que sus activos tóxicos serán aislados en un banco malo.