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El Gobierno indulta este martes al exconcejal del PP tras serle saldada la pena de cárcel. José Luis Peñas ha asegurado en Las Mañanas de RNE con Josep Cuní que había pedido este tipo de indulto porque quiere seguir "trabajando de funcionario". Peñas dice no arrepentirse de nada tras diecisiete años tras grabar en secreto a Francisco Correa, lo que permitió a la Policía desarticular la trama Gürtel: "No me arrepiento. Tenía mi verdad que siempre he mantenido", ha asegurado en RNE.

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha asegurado en su declaración ante la Audiencia Nacional en el juicio por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel, ha asegurado que no conoce a Francisco Correa, considerado uno de los cabecillas de la trama y le ha acusado de "mentir". "La primera vez en mi vida que tengo constancia de haber coincidido con el señor Correa fue fuera de esta sala, el día que vino a declarar [...] el otro día aquí, pido disculpas, pero me acerqué a él y le dije: no quiero ningún mal para ti ni para nadie, pero es que me parece increíble que por pactos con la Fiscalía estés mintiendo de esta manera porque tú y yo no nos conocemos de nada". 

Foto: El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps hace declaraciones a los medios a su llegada al juicio que se sigue en la Audiencia Nacional, por adjudicaciones presuntamente irregulares a la trama Gürtel en esa región. EFE/ Fernando Villar.

El empresario Álvaro Pérez, el Bigotes, considerado cabecilla de la trama Gürtel, ha declarado este lunes en el juicio a una rama del caso que tuvo una relación de amistad con el expresidente valenciano Francisco Camps, a quien acudió para tratar de conseguir contratos con la administración valenciana: "Yo le pedía a Paco Camps que me ayudara y él me ayudaba".

"Entiendo que ahora se quiera negar lo innegable, pero había mucha gente en Valencia que sabía cuál era mi relación con Camps", ha indicado el empresario, quien, como una decena de acusados, ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en este juicio de la Audiencia Nacional, en el que el expresidente autonómico se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y medio de cárcel por la presunta adjudicación irregular a la trama de un expositor de Fitur, en 2009.
 

Hoy ha empezado el juicio contra el expresidente valenciano, Francisco Camps. La Audiencia Nacional le juzga por una presunta adjudicación irregular a la trama Gürtel. La investigación estaba ya cerrada y él no figuraba entre los imputados, hasta que llegó el juicio de la primera época de la Gürtel.

Le señalaron los cabecillas de la trama y el exsecretario general del PP de Valencia. Francisco Camps dio supuestamente órdenes para que una de esas empresas, Orange Market, fuera la encargada de montar el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur en el año 2009.

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha denunciado este lunes una "persecución feroz" de la Fiscalía Anticorrupción y sus "pactos secretos y obscenos" con algunos de los principales acusados en el juicio en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en la adjudicación del montaje de un expositor en Fitur en 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama 'Gürtel'.

FOTO: Francisco Camps atiende a los medios a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/ Fernando Villar

El Gobierno se abre ahora también a reformar el delito de malversación. Este es el que más afecta a los condenados por corrupción, pero ¿qué castiga exactamente? En la actualidad, la malversación castiga a una autoridad o funcionario público que se apropia para sí o para un tercero de patrimonio público. Está castigado con penas de prisión de entre dos y seis años y de inhabilitación de entre seis a diez, pero cuando el desvío es de más de 50.000 euros, se pena con cuatro y ocho años de cárcel e inhabilitación de 10 a 20 años. Este delito ya fue modificado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, hasta ese momento se exigía que el dinero desviado fuera para la propia persona o para terceros, pero ese matiz se cambió y ahí estaría el meollo de esta reforma. El Código Penal o la Constitución obligan a trasladar a todos los condenados cualquier modificación y como consecuencia se tendría que revisar cientos de sentencias como el caso del ‘Procés’, el caso de los ERE, el caso Gürtel o el caso Nóos.

Informa Gema Alfaro