Descubre y compara los programas electorales de los partidos que se presentan a las elecciones en Andalucía el 19 de junio de 2022. En esta infografía puedes conocer las medidas más destacadas de los principales candidatos a presidir la comunidad autónoma, en una selección de 18 temas. Puedes consultar también las propuestas íntegras del PSOE, PP, Ciudadanos, Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía en pdf o accediendo a su sitio web.
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Programa electoral PSOE
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Programa electoral PP
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Programa electoral Cs
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Programa electoral Por Andalucía
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Programa electoral Vox
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Programa electoral Adelante Andalucía
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Compromiso de reducir a la mitad el paro en la próxima legislatura.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que movilice 10.889 millones de euros de fondos europeos para el mercado laboral.
Programa de Primera Oportunidad Laboral para la juventud, que movilizará 2.000 millones de euros.
Plan de Empleo Global con medidas para colectivos más desfavorecidos.
Reforma de las políticas activas de empleo y del Servicio Andaluz de Empleo.
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Programa de bonos-formación para desempleados ligados a la nueva economía y sectores pujantes.
Aumento de la dotación económica para cursos de formación.
Incentivación de contratos y emprendimiento para desempleados mayores de 45 años.
Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años.
Ayudas a los autónomos para la contratación del primer trabajador, con la cobertura del 50 % de la cotización durante los dos primeros años.
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Bonificaciones e incentivos para las ofertas de empleo estables para jóvenes en todos los sectores de la administración.
Remuneración de las prácticas en las administraciones públicas andaluzas.
Incremento de las ayudas para creación de empresas de jóvenes agricultores y ganaderos.
Mejora de las infraestructuras de servicios y tecnológicas de asociaciones empresariales y sindicales, clústers e infraestructuras tecnológicas.
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Plan de choque con más de 1.500 millones de euros para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años.
Complemento autonómico para los ERTES a trabajadores con salarios más bajos.
Plan de empleo a través de los ayuntamientos, con 400 millones de euros en 2023 y 300 millones en 2024.
Incentivos directos a pymes y autónomos para la contratación de personas desempleadas con obligación de mantenimiento del empleo al menos durante dos años.
Reconocer profesionalmente la experiencia de las personas que cuidan a dependientes.
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Rebaja de impuestos autonómicos.
Derogación de normas y regulaciones "que perjudican el empleo".
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Plan especial de empleo, en colaboración con la administración central.
Plan integral de empleo juvenil, con incentivos para la contratación de jóvenes talentos.
Reforzar la Inspección de Trabajo para combatir el fraude en contratación y jornadas de trabajo.
Medidas fiscales y líneas de crédito para los autónomos.
Consolidación del empleo temporal en la administración, con una convocatoria extraordinaria de todas las vacantes para acceso a fijo.
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Aumentar los beneficios en el IRPF para las rentas más bajas (menos de 30.000€/40.000€ al año según sean declaraciones individuales/conjuntas); mantenerlos para las rentas medias (entre 30.000€-50.000€ para individuales o 40.000€-60.000€ para conjuntas) y eliminarlos para el resto de rentas.
Incentivos y cheques fiscales destinados a rentas bajas o medias.
Revertir la reforma del PP en sucesiones y donaciones pero con exención de las donaciones en vida a familiares para compra de primera vivienda o participación en una empresa.
Impuesto de transmisiones por compra de inmuebles: mantener el tipo general variable en el 10% para valores superiores a un millón de euros, reducción del tipo general al 5%.
Revertir las rebajas fiscales al juego.
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IRPF: reducción en los primeros tres tramos de renta e incremento de las cantidades exentas en el mínimo personal y familiar.
Patrimonio: incremento del mínimo exento y rebaja de la tarifa, hasta su eliminación total.
Sucesiones y donaciones: bonificación en cuota para reducir el impuesto en la transmisión entre hermanos, tíos y sobrinos.
Deducción en el IRPF por inversiones en compra de acciones en entidades tecnológicas.
Bonificación en el impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos para compra de inmuebles para actividad económica.
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Reducir más los impuestos "en la medida que permitan las circunstancias económicas".
Reducción del impuesto de Patrimonio.
Simplificación de los impuestos medioambientales.
Trabajar con el Gobierno central para que los tramos autonómicos del IRPF "se correspondan con la capacidad adquisitiva real y no nominal".
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Proyectos de ley de fiscalidad ecológica.
Actualización de la fiscalidad al juego y a las grandes superficies.
Fortalecer la inspección frente al fraude fiscal y la economía sumergida.
Limitar por arriba las bonificaciones fiscales para que se gradúen según el nivel de renta.
Bonificaciones de hasta el 90% en la ley de tasas por precios públicos para los servicios que se prestan al sector agroalimentario para aquellas explotaciones tradicionales, que fijan población en el medio rural y con una producción sostenible.
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Eliminar leyes "inútiles" y "gasto superfluo" para poder hacer una rebaja "radical" de impuestos.
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Impuesto a la Riqueza y sobre la Tierra que gravaría el patrimonio, la propiedad inmobiliaria y la propiedad de la tierra en determinadas circunstancias.
IRPF: nuevos tipos en las dos franjas superiores del tramo autonómico. A partir de 120.0000, del 30%, a partir de 150.000, del 35%.
Impuesto de Sucesiones y Donaciones sin reducciones, con un mínimo exento equivalente a 500.000 €. Se garantizaría el derecho al usufructo de las viviendas heredadas para menores de 18 años, personas con discapacidad, y mayores de 70 años.
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados: derogar la reforma de 2021. Establecer tipos del 8%, 9%, 10% para las bases liquidables previas, añadiendo un tramo nuevo a partir de 1.000.000€ aplicando un tipo del 15%.
"Fiscalidad verde": tasas a las emisiones de gases de efecto invernadero, los residuos y vertidos.
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Promover Andalucía como plataforma logística del sur de Europa.
Duplicar las dotaciones presupuestarias para la internalización de los sectores productivos.
Ayudas fiscales de hasta 600 euros durante los primeros dos años para negocios en municipios en riesgo de despoblación.
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Reducir las cargas burocráticas para proyectos e inversiones.
Programas de capital riesgo y nuevas modalidades de financiación con dotaciones financieras y control de ejecución.
Plan General de Emprendimiento, de apoyo para poner en marcha una empresa.
Programa de apoyo a la cooperación y la concentración empresarial para pymes y cooperativas.
Cuota cero durante los primeros dos años de actividad para los autónomos menores de 30 años y mayores de 50.
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Permitir que cualquier empresa que haya obtenido autorización para operar en otra comunidad lo haga también en Andalucía.
Simplificación de trámites y burocracia.
Estrategia de Atracción de inversiones extranjeras.
Desarrollo de PERTEs autonómicos complementarios a los estatales, para proyectos e inversiones estratégicas.
Incentivos a la inversión en nuevas tecnologías.
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"Cambio de modelo productivo" en Andalucía, para que no sea tan dependiente del sector primario, el comercio y el turismo.
Reforma fiscal que permita "recuperar el principio de progresividad fiscal y la capacidad recaudatoria".
"Plan de choque", con al menos 800 millones de euros, para hacer frente a la crisis por la guerra en Ucrania.
Creación de una Banca Pública Andaluza sujeta al control parlamentario.
"Revertir los recortes" en I+D e incrementar la inversión pública hasta la media europea per cápita.
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Rebaja de todos los impuestos autonómicos.
Derogación de normas y regulaciones "que perjudican el empleo".
Eliminación de leyes autonómicas "inútiles" y burocracia.
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Mínimo de 26.000 millones de euros en los Presupuestos para educación, sanidad y protección social, con un incremento de porcentaje anual equivalente a la evolución del PIB estatal más un 0,5%.
Creación de un Fondo de Garantía de Acceso Garantizado a energía renovable, "derecho a techo", acceso a la tierra y a la alimentación, con una agencia para su administración.
Reformar del sector público andaluz. Sujeción al Plan Económico de la actividad de las empresas públicas, con asunción de objetivos particulares.
Creación de una Banca Pública controlada por el Parlamento.
I+D: alcanzar el 2% del PIB en 5 años y el 2,5% del PIB en 10 años con la suma de inversión pública y privada.
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Plan Integral de Desarrollo Agrícola, Ganadero y de la Pesca para la transformación manufacturera, la digitalización y los servicios avanzados.
Programa de incentivos y ayudas con más de 1.500 millones de euros.
La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía hará cumplir la Ley de la cadena alimentaria.
Defensa del sector pesquero andaluz en los acuerdos internacionales.
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Simplificar la presentación anual de la Solicitud Única de ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
Ley de Fomento de la Producción ecológica.
Planes para cultivos específicos (olivar, castaño, dehesas).
Plan de modernización de regadíos con financiación directa de la Junta.
Plan de renovación y modernización de puertos, embarcaderos y lonja y modernizacón de la flota pesquera.
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Incentivos económicos para la transmisión de las explotaciones a jóvenes.
Flexibilización temporal de la tarifa eléctrica para el sector agrícola.
Incremento de ayudas a la ganadería extensiva.
Incremento de las ayudas para creación de empresas de jóvenes agricultores y ganaderos.
Ejecución de todas las obras hidráulicas de interés general.
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Delimitar los márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Plan de uso social de la tierra: creación de un banco de tierras públicas y paralización de venta de suelo público de interés agrícola y forestal.
Ayudas para las industrias de transformación agroalimentarias.
Plan de ayudas al sector pesquero, y presionar para que las cuotas de pesca sean equilibradas.
Moratoria a nuevos regadíos para evitar la sobreexplotación de acuíferos y mantener el nivel de los embalses.
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Endurecimiento de las inspecciones a la llegada de productos del extranjero y al etiquetado.
Impulsar las infraestructuras necesarias para llevar agua a los productores.
Aumento de la cuota de pesca de los pescadores artesanales.
Bonificaciones en los carburantes y presión al Gobierno central para reducir las cotizaciones a la Seguridad Social.
Medidas urgentes para la erradicación del alga asiática y líneas de ayuda a los pescadores afectados.
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Delimitar márgenes comerciales a lo largo de la cadena agroalimentaria.
Subvención a la compra de tecnologías para reducir o eliminar la dependencia de los combustibles fósiles y los fertilizantes químicos.
Ayudas para el traspaso de explotaciones.
Expropiar tierras a grandes terratenientes y a fondos buitre para fomentar el uso cooperativo en régimen de usufructo.
Ley de Pesca Sostenible que impulse y apoye la pesquería artesanal y la creación de áreas marinas de pesca.
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Estrategia de Reindustrialización de Andalucía, con 2.000 millones de inversión pública y privada.
Impulsar la I+D hasta el 2 % del PIB.
Ley de Reindustrialización, con especial atención a los territorios con tradición industrial.
Creación de una consejería para el Turismo.
Fondo financiero de 500 millones en avales y préstamos para el turismo.
Bono dotado con 100 millones de euros para formentar la evolución de las empresas a la economía circular.
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Incremento de la inversión pública en I+D hasta el 2 % del PIB.
Simplificación administrativa para la puesta en marcha de proyectos industriales y mineros.
Fomento del sector de la construcción: agilizar los trámites administrativos de las licitaciones y contrataciones de las obras.
Ayudas para mantener la liquidez del comercio minorista.
Plan General de Turismo Sostenible al que se destinarán más de 717 millones de euros hasta 2027.
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Flexibilizar los requisitos de solvencia económica, financiera, técnica y profesional para poder participar en licitaciones públicas.
3% del PIB en inversión en I+D para el final de la legislatura.
Flexibilización de horarios comerciales.
Reducción de las cargas administrativas a las empresas de comercio.
Mejora de la coordinación en la planificación turística.
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Dedicar a la industrialización el 50% de los fondos de la Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU).
Penalizar a las empresas que deslocalicen producción.
Plan de reindustrialización verde con inversión "masiva" en sectores como equipos y componentes de energías renovables, química verde o vehículos para transporte público.
Plan de Calidad de Empleo en el turismo, con un Sello de Calidad obligatorio para el acceso a cualquier iniciativa pública.
Limitar la implantación de grandes superficies y sus horarios de apertura para beneficiar al pequeño comercio.
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Derogación de normas y regulaciones medioambientales.
Armonización con la legislación nacional en el ámbito industrial y turístico.
Aumento de la inversión para recuperar la actividad especialmente en el Campo de Gibraltar y en la minería.
Turismo: rechazo del Pasaporte Covid y de cualquier restricción horaria, de movilidad personal y acceso a locales.
Plan de fomento del turismo y de cualificación de los trabajadores del sector.
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Creación de un consorcio público industrial y un consorcio de minas.
Limitar la concesión de licencias a grandes superficies.
Aumentar la financiación pública en materia de planificación, calidad, innovación y fomento del turismo, destinado a pymes y autónomos.
Penalizar a las empresas que deslocalicen producción.
Incentivos a la industria aeronáutica y al sector naval.
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Declaración de la Emergencia Climática y Ecológica en Andalucía para reducir las emisiones de CO2 en un 55 % en 2030.
Conseguir un mínimo de 250.000 tejados con placas solares en 4 años.
Plan de 300 millones de euros en 4 años para la mejora y adecuación de 1.000 equipamientos e instalaciones ambientales.
Plan de reforestación con la plantación de un millón de árboles de especies autóctonas en ciudades y pueblos.
Plan de reconversión ambiental de espacios degradados en Andalucía, dotado con 1.000 millones de euros.
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Implantación de una red de recarga de vehículos eléctricos.
Regularización de chiringuitos de playa.
Simplificación administrativa "en todo el ámbito ambiental" y de los expedientes de calidad ambiental.
Defensa e impulso de la caza, junto con la Federación de Caza.
Ejecución de 300 infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas declaradas de interés en 2010.
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Contribución al desarrollo tecnológico de todo tipo de energías renovables.
Expansión de carriles bici y fomento del transporte público en las ciudades.
Campañas de información sobre el cambio climático.
Refuerzo de inversiones en infraestructuras hídricas.
Nuevo Plan Forestal de Andalucía para frenar la desertificación.
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Creación de la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra la Emergencia Climática, y declaración de la emergencia climática en Andalucía.
Plan Andaluz de Energías Renovables, que incluya investigación, desarrollo, fabricación e instalación, con incentivos al autoconsumo y a las comunidades energéticas.
Creación de una comercializadora de electricidad pública.
Reconocimiento de personalidad jurídica al Parque Nacional de Doñana, para su protección.
Ley de Bienestar Animal, eliminación de subvenciones y de la promoción de la tauromaquia.
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Derogación de normas y regulaciones medioambientales.
Defender la caza y "todas las actividades amenazadas por los lobbies radicales con la falsa excusa del bienestar animal".
Presionar para bajar los impuestos de la factura eléctrica.
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Destinar a políticas públicas ambientales una inversión mínima del 2 % del PIB en cada presupuesto anual.
Creación de una empresa pública de desarrollo de infraestructuras para las energías renovables, limpias y sostenibles.
Impuesto a la energía en función del CO2 emitido por cada unidad de energía producida.
"Blindar" Doñana.
Ley de Bienestar Animal y prohibició de entrada de menores de 16 años a espectáculos taurinos.
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Banda ancha en todo el territorio en 2025.
Bonificación del 99% del transporte público para jóvenes.
Mejora de las conexiones por tren de Jaén y Huelva.
Creación de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos.
Adecuación del eje Bobadilla - Córdoba - Andújar - Linares -Madrid y de la conexión Linares - Granada.
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Modernización y puesta en marcha de 11 intercambiadores de transporte.
Plataformas reservadas y de BUS-VAO en los accesos a las grandes ciudades.
Solicitar al Gobierno central la gestión y financiación en la red estatal para operar trenes intercity y medidas distancias.
Inversión de 150 millones en 2021-2027 para la conservación de carreteras.
Prolongación de varias vías interprovinciales de alta capacidad.
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Conexiones ferroviarias Jaén-Granada y Almería-Corredor Mediterráneo, y otras mejoras en la red ferroviaria.
Plan integral de mantenimiento de la red de carreteras autonómicas.
Mejoras de las conexiones entre Cádiz y Huelva, entre otras actuaciones en carreteras.
Plan de mejora general de las infraestructuras portuarias dependientes de la Junta.
Implementación del 5G en el 70% del territorio para el final de la legislatura.
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Mejora de la red secundaria de carreteras.
Plan de conexiones ferroviarias entre los municipios mayores de 20.000 habitantes.
Recuperar antes de fin de año los servicios de transporte público reducidos por la pandemia.
Abono de Transporte Joven con una tarifa plana y única de 20 euros para menores de 30 años.
Desarrollo de la banda ancha ultrarrápida y despliegue del 5G en todo el territorio.
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Refuerzo de la inversión.
Impulsar las infraestructuras necesarias para llevar agua a los productores agrícolas.
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Plan de infraestructuras sostenibles para el transporte, basado en el ferrocarril y evitando la construcción de nuevas carreteras.
Eliminar los peajes de las autopistas y recuperar el control autonómico sobre las infraestructuras del transporte.
Aumentar el presupuesto y dotación de mantenimiento de la red vial de ámbito autonómico.
Moratoria a la construcción de nuevas infraestructuras de AVE y recupeción de las líneas de tren convencionales infrautilizadas o en desuso.
Desarrollo de la red de plataformas logísticas, en especial a las de Antequera, Algeciras y Linaes.
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Refuerzo de la atención educativa al alumnado inmigrante.
Más medios para los menores no acompañados.
"Configurar un sistema de acogidas equitativo" con una "recepción eficaz y robusta".
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Demanda de "solidaridad interterritorial" para la acogida de menores migrantes no acompañados.
Demanda al Gobierno central de fondos extraordinarios para la atención a la inmigración.
Plan integral para erradicar núcleos chabolistas e infraviviendas de trabajadores inmigrantes.
Fomento de la convivencia y lucha contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.
Mayor apoyo financiero al Tercer Sector.
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Plan Autonómico de Migración para el acogimiento y la gestión de flujos migratorios.
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Aumentar el número de profesionales que atienden a los menores migrantes no acompañados y adaptar un protocolo de actuación.
Programa social de transición para los menores no acompañados una vez cumplen la mayoría de edad.
Erradicar los asentamientos chabolistas de temporeros en Huelva y Almería, dotando a los trabajadores de alojamientos dignos.
Impulsar una Ley Autonómca Antirracista.
Permitir el acceso de inmigrantes en situación irregular a escuelas y comedores infantiles y sanidad.
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Eliminar ayudas públicas a las ONG.
Cierre de los centros de atención a menores inmigrantes no acompañados y solicitar que sean enviados a sus países de origen.
Colaboración con la Policía para la persecución y expulsión de inmigrantes ilegales.
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Admitir la declaración jurada de ingresos para poder acceder a los servicios de escuela infantil, comedor escolar y sanidad.
Aumento del número de profesionales para atender a menores migrantes no acompañados.
Frenar los recortes en integración y vigilar el uso de fondos.
Garantizar alojamiento digno a los trabajadores migrantes en las provincias de Huelva y Almería.
Defender y apoyar políticamente a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo.
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Conseguir la "igualdad en la autonomía financiera de las CC.AA y en su potencial cumplimiento de la responsabilidad fiscal", aunque suponga diferentes porcentajes de cesión en el IRPF.
Revisar la definición de la población ajustada (población en un territorio según sus necesidades).
Aumentar las dotaciones del Fondo de Compensación Interterritorial.
Aumentar las competencias y la financiación de los ayuntamientos.
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Más financiación para que las comunidades puedan gestionar la totalidad de los servicios transferidos.
Equiparación de los recursos de las distintas regiones.
Mientras se reforma el sistema, creación de un fondo transitorio compensatorio de nivelación para corregir las diferencias entre comunidades.
Introducción de mecanismos objetivos y transparentes de distribución de las inversiones del Estado entre las comunidades.
Establecimiento de mecanismos de penalización y/o de premios para las comunidades autónomas en función de si cumplen o no con las reglas fiscales.
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Incremento de la participación de los municipios en los impuestos de la comunidad.
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Nuevo reparto que "deje de ser lesivo para Andalucía".
Armonización fiscal para garantizar la igualdad entre comunidades autónomas.
Aumento del Fondo de Compensación Interterritorial.
Establecer por ley la transferencia directa a los municipios del 5% del total de presupuesto.
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Eliminar todos los entes públicos que realizan funciones que ya hace o puede asumir el Estado, "empezando por Canal Sur".
Eliminar las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos.
Reivindicar las provincias, diputaciones y municipios frente al "centralismo autonomista".
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Ampliar las competencias de política económica, ingresos y gasto público de Andalucía, incluyéndola en el grupo de nacionalidades históricas.
Aumento de la participación de las comunidades autónomas en IRPF, IVA e impuestos indirectos.
Modificar los criterios de determinación de la población ajustada incluyendo otros factores socioeconómicos.
Establecer un mínimo estatal para los impuestos como el de Sucesiones y Donaciones.
Aumento de los fondos territoriales de solidaridad y compensación.
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Ley de la función pública, que incluya un código ético de los gestores y normas de transparencia.
Publicación de las agendas del gobierno, de los regalos o detalles de protocolo y los viajes.
Creación de una Oficina de Conflictos de Intereses para comprobar el patrimonio y la actividad de los responsables públicos. Su responsable será elegido por mayoría reforzada y con mandato de duración distinta a la del Parlamento.
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Aprobación de una Ley del Buen Gobierno, con códigos de comportamiento y rendición de cuentas.
Transparencia de todo el sector público empresarial, en contratos, selección de personal y rendición de cuentas.
Más medios para la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción.
Creación de un Cuerpo Superior y Técnico de Intervención y Auditoría en la Junta.
Propuesta en el Parlamento para limitar los mandatos en la Presidencia de la Junta a dos legislaturas.
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Supresión de aforamientos y limitación de mandatos del presidente de la Junta.
Auditoría anual ante la Cámara de Cuentas a todos los municipios de más de 50.000 habitantes, y multas para los que no lo hagan.
Reforma de la Cámara de Cuentas: reducción a cinco consejeros, elegidos por procedimiento público y abierto, y nombrados por mayoría reforzada del Parlamento.
Impulso a la comisión de investigación de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe).
Reglamento de desarrollo de la Ley de Transparencia.
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Dotación de medios suficientes de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.
Instar una investigación de los casos de fraude y corrupción en la Junta en la pasada legislatura.
Suprimir los aforamientos y limitar el mandato presidencial a dos legislaturas.
Ley Electoral de Andalucía, que contemple la contención del gasto en campañas electorales.
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Ninguna propuesta específica en este apartado.
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Dotar de más personal y poder a la Cámara de Cuentas, y que fiscalice anualmente las cuentas de los grupos parlamentarios.
Limitar por ley los salarios y los mandatos y establecer mecanismos de revocación para cargos políticos.
Dotar una oficina independiente de lucha contra la corrupción y las malas prácticas en la administración.
Incompatibilidades: obligación de inhibirse en decisiones relacionadas con la actividad profesional de familiares, y limitación de 3 años para realizar actividades relacionadas con el cargo.
Eliminar aforamientos.
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"Alianza andaluza contra la pobreza y la exclusión", para eliminar la pobreza infantil y aumentar la renta de los barrios más desfavorecidos.
Plan de choque para alcanzar la "lista de espera cero" en atención a personas con diversidad funcional en situación de dependencia.
Consolidar el sistema de rentas mínimas de forma coordinada con el Ingreso Mínimo Vital.
Pacto Social Feminista y de Progreso con agentes económicos y sociales para blindar un 14 % de gasto del PIB en sanidad, educación y vivienda.
"Plan para los Mayores" y modernización de residencias.
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Reducción de la lista de espera para la atención por dependencia.
Aumento del número de plazas en residencias de mayores y centros de día.
Ingreso para la Infancia y la Inclusión, que sustituirá a la Renta Mínima y será compatible con el Ingreso Mínimo Vital, para reducir la pobreza estructural.
Aprobación de un Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales con las prestaciones que deben estar garantizadas.
Aprobación de una Ley de Familias de Andalucía para "el reconocimiento de la familia como estructura básica de la sociedad y ámbito natural de desarrollo de la persona".
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Incremento de un 25 % de la inversión en políticas sociales para el final de la legislatura.
Incremento de las plazas en residencias.
Ley de Apoyo a las Familias Andaluzas, en especial para las numerosas y monoparentales.
Agilizar los trámites para el reconocimiento del grado de discapacidad.
Refuerzo de los servicios sociales comunitarios para agilizar la tramitación de la Renta Mínima.
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Máximo de 60 días para obtener la declaración del grado de discapacidad.
Incrementar los fondos de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) y que sea compatible con el Ingreso Mínimo Vital.
Plan anual para la inclusión social con 100 millones de euros mientras la población en riesgo de pobreza supere el 20 %.
Aumento del complemento autonómico a las pensiones no contributivas hasta llegar al 75 % de la media de las contributivas.
Ayuda por hijo de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos.
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Prioridad "nacional" en el acceso a ayudas sociales.
"Poner a la familia en el centro de todas las políticas públicas".
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Sustituir la Renta Mínima de Inserción de Andalucía (RMI) por una nueva renta de garantía de ingresos que sea compatible y se armonice con el Ingreso Mínimo Vital.
Reforzar la plantilla de trabajadores sociales a un ratio de 1 por cada 3.000 habitantes.
Plan de choque para poner fin a la lista de espera en dependencia.
Ley de residencias: conversión en un modelo 100% público, ampliación de plantillas y plazas.
Ayuda por menor a cargo (hasta los 18 años) de 1.200 euros anuales, condicionada a un límite de ingresos.
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Inversión del 2 % del PIB en vivienda.
Añadir, en colaboración con los ayuntamientos, 4.000 viviendas al parque público de alquiler.
Elaboración de un Índice de Precios de Referencia para el alquiler para cada barrio o municipio.
Bonificaciones fiscales para el alquiler a precios por debajo del Índice de Precio de Referencia.
Limitación de las viviendas turísticas.
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Plan Ecovivienda, dotado con 373 millones de euros de los fondos europeos, para actuaciones en 33.000 viviendas, con rehabilitación o promoción de alquiler asequible.
Promoción de 6.000 nuevas viviendas a precios asequibles.
Bono joven de alquiler, con 250€ al mes durante dos años.
Programa de ayudas a la compra de viviendas para jóvenes garantizando la financiación hipotecaria hasta el 95 %.
Campaña contra la ocupación de viviendas.
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Políticas de vivienda para jóvenes: bonos de densidad, construcción de mayor número de viviendas y promoción de viviendas a precio asequible.
"Préstamo de hipoteca joven" para acceso a la primera vivienda de menores de 35 años, que cubra el 20% de la futura hipoteca y sin intereses.
Ley contra la ocupación ilegal.
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Construcción de 40.000 alojamientos y viviendas protegidas, 20.000 de ellas para jóvenes.
Destinar 1.000 millones de euros de fondos propios para políticas de vivienda.
Ayudas de hasta 10.800 euros para la adquisición de la vivienda habitual para los jóvenes menores de 35 años.
Sancionar a las entidades financieras por mantener viviendas deshabitadas.
Regulación por ley de las viviendas turísticas y limitación de la transformación de viviendas en hoteles.
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Perseguir a las "mafias" de la ocupación de viviendas.
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Ayudas y subvenciones para pagar la renta de alquiler en vivienda protegida.
Ley para reservar al menos el 50% de la superficie de nuevas promociones a vivienda protegida, con al menos un 60% para alquiler social.
Crear un un Sistema Andaluz de Referencia del precio del alquiler.
Paralizar por ley los desahucios de familias vulnerables.
Viviendas en alquiler para jóvenes, cuyo precio no suponga más del 25% de los ingresos.
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Inversión del 7 % del PIB.
Máximo de 48 horas para cita en atención primaria.
Contratación de 8.000 profesionales sanitarios.
Fondo de 50 millones de euros cada año para la homologación salarial de los sanitarios con el resto de España.
Fomento de la salud mental: aumento de profesionales y de plazas en hospitales.
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Equiparación salarial del personal sanitario, con medidas como un aumento de 150 euros para personal A2 de hospitales.
Ordenación de la "respuesta asistencial" en Atención Primaria, para agilizarla y dirigir al paciente al profesional o forma de atención más adecuada.
Promoción de la salud mental.
Potenciación de la tele-asistencia.
Ejecución, de acuerdo con la disponibilidad de financiación, de las inversiones previstas en el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2020-2030, con actuaciones en todas las provincias.
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25 % del gasto sanitario para atención primaria, con una dotación extraordinaria para resolver el déficit actual.
1.200 nuevas plazas de MIR durante la legislatura, especialmente para médicos de familia.
Ampliar hasta los 16 años la atención bucodental.
Consolidación de plantillas y aumento de sueldo por encima de los del resto de España en la legislatura.
Promoción de la salud mental, con aumento de plazas de psicólogos en hospitales.
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Aumentar en un 17% el gasto sanitario público por habitante durante la legislatura.
Estabilidad laboral de los 12.000 sanitarios contratados como refuerzos por la pandemia y contratar a 8.000 más.
Priorizar la provisión publica de todos los servicios sanitarios, justificando la excepcionalidad de los conciertos con entidades privadas.
Blindar el 20 % de inversión en sanidad para atención primaria, con 4.000 nuevas contrataciones.
Aumentar el gasto en salud mental hasta el 10 % del presupuesto sanitario.
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Refuerzo de la inversión.
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Fijar por ley un suelo de gasto garantizado del 7% del PIB andaluz para sanidad.
Financiación mínima para atención primaria del 20 % del gasto sanitario total.
Programa de asistencia bucodental, óptica y ortopédica universal y gratuito, que incluya intervenciones de reparación y prevención.
Reposición del 100% en las plantillas y contrataciones según necesidades.
Ampliar los recursos en las unidades de salud mental hospitalaria y comunitaria.
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Inversión mínima del 5 % del PIB.
Universalización de la educación de 0-3 años.
Reducir las ratios de alumnos a un intervalo entre 15 y 20.
Fondo de 25 millones al año para la equiparación salarial de los profesores con los de otras comunidades.
Universidades: financiación básica de 1.500 millones de euros y programas de I+D+i con 100 millones de euros anuales.
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Avanzar progresivamente en la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años.
Disminución progresiva de las ratios de alumnos.
Extensión de los conciertos educativos a Bachillerato.
Aumento de un 10 % en la financiación autonómica del programa Erasmus.
Equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional.
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Incrementar la inversión por alumno hasta homologarla con la media nacional.
Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.
Aumento de un 33% de la partida presupuestaria para becas y ayudas.
Consolidar las plantillas docentes.
Duplicar las plazas de Formación Profesional en ciclos "de alta empleabilidad".
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Reducir las ratios por aula en todas las etapas: 15 alumnos en Infantil, 20 en Primaria y Secundaria y 25 en etapas postobligatorias.
Garantizar la educación pública gratuita de 0 a 3 años.
Disminuir progresivamente la financiación de la educación privada concertada.
Ampliación de 45.000 plazas nuevas para la FP.
Aumentar la financiación de las universidades en un 10 %.
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"Cheque escolar".
Refuerzo de la inversión.
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Educación infantil 0-3 años gratuita.
Incrementar un 16% las partidas de gastos y funcionamiento de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria.
Reducción de ratios: 15 alumnos en infantil de 3-6 años y en Primaria; 20 en la ESO; 25 en Bachillerato y 12 en FP.
Mínimo del 2 % del PIB para financiación de las universidades.
Aumento de la oferta de FP y ofrecer 80 nuevos títulos.
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Plan de choque para la promoción de la cultura.
Creación de redes territoriales por la cultura.
Incentivos fiscales a la producción cultural.
Plan plurianual de conservación del patrimonio histórico.
Ley para el fomento y protección del flamenco.
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Incremento del presupuesto para cultura y patrimonio histórico (sin concretar).
Subvenciones para la conservación o restauración de bienes inmuebles protegidos.
Creación de una Comisión Mixta con la Iglesia Católica para coordinar las actuaciones sobre sus bienes culturales.
Actuaciones de mejora en museos, monumentos y lugares arqueológicos.
Aprobación de una Ley del Flamenco y ayudas al sector.
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Rebajas de impuestos y ayudas a la formación para los artistas.
Ampliación del número de espacios culturales y las horas de apertura.
Línea de financiación específica para la ejecución de Planes Territoriales de cultura.
Creación de rutas culturales: Camino de San Juan de la Cruz y Ruta de la Generación del 27.
Promoción de la marca "Cine Andaluz".
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Bono cultural para las iniciativas dependientes de la Junta.
Aumento del personal en los enclaves culturales.
Inventariar el patrimonio inmatriculado por la Iglesia.
Ley del Flamenco, previo debate con el sector, y apoyo financiero.
Contenidos sobre historia de Andalucía en los programas educativos y "poner en valor" la figura de Blas Infante.
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Defensa y promoción de las tradiciones populares, eventos religiosos y festejos taurinos.
Apoyo a la conservación del patrimonio histórico-artístico tradicional.
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Aumentar en 40 millones el presupuesto de la Consejería de Cultura.
Devolución a la ciudadanía de los espacios inmatriculados por la Iglesia.
Asignatura de Cultura e Historia de Andalucía en Primaria, Secundaria y en las carreras de letras.
Bono cultural anual para todas las iniciativas culturales dependientes de la Junta.
Incentivos económicos y fiscales a los rodajes en Andalucía.
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Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Educación, con acciones para prevenir la violencia de género.
Eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar (creado por el actual gobierno de la Junta).
Creación del Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género.
Normativa para que los huérfanos de violencia machista reciban una indemnización.
Ley para la proteccón social de las mujeres víctimas de violencia de género.
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Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028.
"Velar" por que los convenios colectivos respeten el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Subvenciones a las empresas para planes de igualdad.
Protección de la maternidad y la paternidad con medidas de fomento de la natalidad y apoyo a embarazadas en situación de exclusión social.
Aprobación de un Pacto Andaluz contra la Violencia de Género, y de un Plan Integral de Sensibilización y Prevención.
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Campañas institucionales para mostrar los datos reales acerca de la violencia de género.
Atención integral de las mujeres víctimas de violencia machista que retiran la denuncia.
Aumento del número de plazas en centros de acogida a víctimas de violencia de género y del número de agentes.
Campañas de promoción de la igualdad de género dentro de las empresas.
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Creación de una Consejería de Feminismo e Igualdad.
Asegurar la posibilidad de aborto dentro del sistema público de salud para toda la población en todas las provincias.
Educación sexo-afectiva, contra la violencia de género y la discriminación en todas las etapas educativas.
Atención psicológica de guardia en los juzgados de violencia de género.
Cláusula social en los contratos públicos para excluir a las empresas con brecha salarial.
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Derogación de todas las leyes de género.
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Cláusulas contra la brecha salarial en la contratación pública.
Garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en toda la red sanitaria pública.
Reforzar la asistencia jurídica a las mujeres víctimas de violencia machista antes y durante el procedimiento judicial.
Crear la Consejería de Feminismos, con rango de Vicepresidencia.
Obligación de paridad, como mínimo, en todos los niveles de representación institucional y de la administración.
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Acceso universal a la educación infantil de 0 a 3 años.
Catálogo de medidas dirigidas a dignificar el empleo de las mujeres mediante el diálogo social, incluyendo medidas de conciliación.
La administración educativa velará por que los horarios y el calendario faciliten al máximo la conciliación.
Fomento del teletrabajo en la negociación colectiva.
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Estrategia de Conciliación de Andalucía, con medidas y recursos hasta 2025.
Incentivos al teletrabajo y a la contratación para la atención de personas mayores o con discapacidad y para el cuidado de menores de 3 años.
Extensión de la gratuidad de la educación infantil de 0-3 años de forma progresiva.
Subvenciones a las empresas para planes de igualdad y actividades de conciliación.
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Incentivos para flexibilizar horarios y permitir a padres y madres adaptar su jornada al horario escolar.
Aumentar los centros con servicios complementarios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares.
Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.
Garantizar la conciliación de la vida familiar y laboral para los funcionarios de justicia.
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Plan "Trabajar para vivir", con medidas para la conciliación laboral segmentadas en función del ámbito y el tipo de trabajo.
Garantizar la educación pública gratuita de 0 a 3 años.
Igualar los permisos de las empleadas públicas que encabezan familias monomarentales con los que disfrutan las familias con dos progenitores.
Desarrollar en el medio rural una red pública que garantice los cuidados necesarios para la conciliación.
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Ninguna propuesta específica en este apartado.
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Ampliar las bajas por paternidad/maternidad a un total de 18 meses.
Fomentar el teletrabajo y la flexibilidad horaria.
Promover la implantación de guarderías y salas de lactancia en centros de trabajo públicos y privados.
Aumentar las bajas maternales y paternales a 24 semanas para todo el personal de la administración de la Junta.
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Garantizar la prestación de servicios públicos en todo el territorio.
Plan para el Reequilibrio Territorial, dotado con el 30% del total de fondos europeos.
Exigir a los bancos que quieran trabajar con la Junta que mantengan oficinas en el medio rural.
Banda ancha en todo el territorio en 2025.
Fondo de apoyo financiero a los municipios rurales de 60 millones de euros.
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Programa de autoempleo y emprendimiento en zonas rurales.
Mejora en la red de carreteras de acceso y variantes.
Ampliación del Programa Andalucía Rural Conectada (PARC) con 150 rutas de transporte.
Medidas fiscales para el mantenimiento y el desarrollo de actividades económicas en el medio rural.
Acuerdos con las operadoras para estimular la llegada de la tecnología 5G a los pueblos.
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Más ayudas a la ganadería extensiva para fijar población.
Beneficios para los profesionales sanitarios que cubran puestos de difícil cobertura.
Acuerdos con Correos para la utilización de sus sedes como lugares de gestión bancaria.
Incremento de las ayudas para creación de empresas de jóvenes agricultores y ganaderos.
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Creación de la figura de "Municipio vaciado" para dar un tratamento especial a municipios que hayan perdido más de un 10% de población de media en los últimos 10 años.
Dar a las comarcas competencias para cooperar en equipamientos, infraestructuras y servicios públicos.
Duplicar personal sanitario en consultorios médicos y emergencias en zonas rurales.
Transporte: recuperar el transporte ferroviario y dedicar el 25 % de las inversiones viarias a la conexión de municipios que pierden población.
Incentivos a la instalación de empresas en zonas ruales.
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Apoyo a la conservación del patrimonio histórico-artístico tradicional como reclamo económico, cultural y turístico para atraer población a las zonas rurales.
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Mejora del transporte público en el medio rural.
Favorecer la rehabilitación y la compra de viviendas y el alquiler prolongado.
Plan de desarrollo del ámbito rural que fomente el mantenimiento y la creación del empleo.
Apostar por la ganadería extensiva frente a la intensiva. Moratoria a la instalación de macrogranjas.
Diseñar y aprobar una Ley de un medio rural vivo.
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