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Programa electoral PSdeG
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Programa electoral Galicia en Común
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Programa electoral BNG
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Programa electoral Marea Galeguista
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Oferta pública de más de 10.000 plazas en la administración.
Puesta en marcha de una Agencia de Empleo de Galicia para las políticas activas de empleo.
Programa de prácticas remuneradas para jóvenes.
Ayudas al autoempleo de emigrantes retornados.
Beneficios fiscales en la adquisición de equipos para el teletrabajo.
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Refuerzo del servicio público de empleo.
Oferta pública de empleo.
Duplicar los fondos de las sociedades públicas de capital-riesgo para ayudar a la creación o crecimiento de empresas, con una línea de avales de 40 millones de euros.
Introducción de cláusulas sociales en la contratación pública para grantizar empleo digno en los sectores que prestan servicio a la administración.
Programas de formación a desempleados y FP dual.
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Ley de Empleo de Galicia para ordenar las políticas públicas de empleo y un Plan Especial de Empleo.
Refuerzo del Servicio Público de Empleo, orientándolo a la orientación y la formación.
Recuperación de empleo en los servicios públicos.
Ayudas directas a autónomos, pymes, empresas de economía social y el pequeño comercio.
Lucha contra la brecha salarial.
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Marco gallego de relaciones laborales.
Promoción de la jornada de 35 horas.
Transferencia de las políticas de formación continua y fomento del empleo.
Excluir de ayudas públicas a la empresas que deslocalicen producción.
Autónomos: pago del IRPF en la Estimación Directa Simplificada en función de los beneficios.
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Políticas activas de empleo femenino, con especial atención a las familias monomarentales.
Equiparar los permisos de nacimiento (iguales, intransferibles y remunerados al 100%) para los trabajadores de la administración.
Dotar de recursos suficientes al Servicio Gallego de Empleo.
Programas específicos de empleo para que las administraciones públicas contraten a personas en riesgo de exclusión social.
Planes de igualdad en las empresas y programa para facilitar el retorno de jóvenes que emigraron por falta de trabajo.
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Mantenimiento de las rebajas de impuestos en IRPF y sucesiones.
Avanzar hacia los "impuestos cero" en el mundo rural en lo que se refiere a los impuestos autonómicos.
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Modificar tributos para aumentar la progresividad y crear nuevas figuras tributarias.
Nuevo sistema de valoración administrativa de inmuebles para el impuesto de sucesiones.
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Reforma del sistema fiscal gallego para "un reparto más justo de las cargas tributarias".
Suspensión del cobro de tasas e impuestos autonómicos a las personas y familias que acrediten la pérdida de sus ingresos o cuando estos sean insuficientes.
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Aumento del impuesto de patrimonio para los patrimonios superiores a los 300.000 euros, excluida la vivienda habitual.
Aumento en el tramo autonómico del IRPF para rentas superiores a 100.000 euros.
Impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte de electricidad de alta tensión.
Impuesto sobre viviendas vacías.
Impuesto sobre grandes superficies comerciales.
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Impuesto sobre el patrimonio: Reducir el mínimo exento a 350.000 euros e incrementar el tipo impositivo para los grandes patrimonios.
IRPF: Reajuste de tramos y tipos para las rentas más bajas y subir el tipo para las bases liquidables superiores a 50.000 euros.
Modificar y endurecer el tratamiento de las figuras de la ingeniería fiscal y financiera; unidades específicas de gestion e inspección de grandes empresas y grandes patrimonios.
Crear un impuesto especial a las grandes superficies comerciales.
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Aplicación de "políticas fiscales expansivas no consolidables" por la pandemia de coronavirus.
Fomento de la I+D+i.
Creación de una oficina para simplificar los trámites para la creación de empresas e inversiones.
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Plan de recuperación ("Plan Rexurde") con al menos 2.500 millones de euros.
Política fiscal "expansiva pero sostenible" para incentivar la economía, con presupuestos por encima del PIB nominal.
Utilizar todo el endeudamiento autorizado por el Estado.
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Política fiscal expansiva.
Superar el techo de gasto no financiero en los presupuestos de la Xunta.
Creación de un Instituto Gallego de Crédito, base para una banca pública.
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Creación de una banca pública gallega.
Presupuestos orientados a los servicios sociales e inversión pública.
Contratación pública con criterios sociales, éticos, ambientales y lingüísticos.
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Hacienda gallega para redistribuir y reequilibrar.
Red gallega de empresas por la igualdad.
Gestión propia de los fondos comunitarios FEDER.
Integrar los organismos actuales de crédito público para sentar las bases de una banca pública gallega.
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Facilidades para la fusión-adquisición de empresas agroalimentarias y para cooperativas.
Ley de Calidad Alimentaria para reforzas las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.
Recuperación de terreno agrícola y creación de un banco de explotaciones.
Garantizar que los precios agrícolas cubren el coste de producción.
Ampliación de la actividad marisquera.
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Campaña de consumo de productos de proximidad.
Ayudas a la tecnologización.
Refuerzo del Banco de Tierras para recuperar suelo agrícola.
"Ticket-emprendimiento" de 35.000€ para autónomos, microempresas y empresas de economía social.
Apoyo a las paradas temporales de la flota pesquera.
Regulación de la plantación del eucalipto.
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Plan de apoyo al sector agrícola y ganadero, con ayudas directas por la crisis sanitaria.
Movilización de tierras agrícolas no explotadas.
Fomento de las explotaciones agroecológicas.
Garantizar precios mínimos de la pesca.
Reapertura de caladeros, con criterios científicos y de sostenibilidad.
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Recuperación de tierras cultivables y gestión a través de un banco de tierras.
Nueva regulación de los usos y la gestión de bosques.
Transferencia de los puertos de interés general del Estado.
Reclamación de una cuota gallega de pesca "justa".
Eximir de cuotas a la pesca artesanal en aguas interiores.
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Transición agroecológica para una soberanía alimentaria: reorientar el plan de desarrollo regional gallego para que las ayudas estén orientadas a implementar prácticas sostenibles, formación en agricultura y ganadería ecológicas.
Renta básica agraria y del mar.
Fomentar las plantaciones de madera de calidad, eliminar impuestos a las plantaciones de especies autóctonas.
Gestión pesquera integral: garantizar partidas suficientes en los presupuestos para la supervivencia del sector, reclamación de un estatus específico para las artes menores, apoyar la denominación gallega de los productos del mar, combatir el furtivismo.
Saneamiento integral de las rías.
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Impulso para la implantación del 5G en todas las ciudades y grandes vías de transporte terrestre.
Apoyo económico a la I+D+i.
Plan de digitalización del turismo.
Ayudas en vivienda a los trabajadores de empresas que se asienten en el entorno rural.
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"Planificación estratégica industrial" y reindustrialización de las comarcas de Ferrol, Eume-Ortegal, y A Mariña.
Programa de financiación para el turismo con 30 millones de euros de la Xunta.
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Entrada de la Xunta en el capital de empresas en peligro, como en el sector naval.
Ayudas a fondo perdido a pymes y autónomos del comercio y el turismo, por la crisis sanitaria.
Creación de un fondo de capital riesgo para inversión en empresas arraigadas en el territorio.
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Inversión del 3% del presupuestos de la Xunta en I+D+i y plan para el retorno de investigadores y técnicos.
Plan de reindustrialización.
Plan específico para el sector naval.
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Transición ecológica del modelo productivo industrial gallego.
Políticas de clusters reales y efectivas en la industria gallega.
Revisar la política de suelo empresarial e industrial, formulando un Banco de Parcelas Industriales.
Futuro para Navantia Ferrol-Fene: debe convertirse en el eje central de un clúster naval gallego.
Automoción: mayor inspección laboral, refuerzo del I+D+i, condicionar toda ayuda al mantenimiento del empleo.
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Plan de actuación para la reordenación de las instalaciones hidroeléctricas.
Renovación "verde" de la flota de vehículos de la Xunta.
Nueva Ley de prevención y extinción de incendios forestales.
Profesionalización del servicio de prevención y extinción de incendios.
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Saneamiento integral de las rías.
Creación de una red gallega de bosques autóctonos.
Ley de ordenación del territorio y Ley de evaluación ambiental.
Aumentar los recursos para la prevención activa de incendios.
Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal.
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Nuevo modelo territorial para evitar el despoblamiento rural y garantizar ciudades eficientes.
Gestión del agua 100% pública.
Plan para la movilidad sostenible.
Nueva política forestal para prevención de incendios.
Devolver las hidroeléctricas a manos públicas cuando venzan las concesiones.
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Impuesto a las instalaciones eléctricas de alta tensión.
Tarifa eléctrica gallega y ley contra la pobreza energética.
Explotación pública de las plantas hidroeléctricas.
Plan contra incendios forestales orientado a la prevención y a la participación vecinal.
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Una Galicia ecológica y descarbonizada: orientar parte del I+D a la investigación para la descarbonización de sectores económicos.
Modificar la tarifa eléctrica introduciendo tarifas por bloques en todos los suministros (luz, gas, agua, etc.)
Promover políticas públicas de participación social en la gestión del agua y de acceso gratuito a un mínimo vítal de 60 litros.
Sustituir las subvenciones a las instalaciones renovables por créditos sin intereses.
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Plan de infraestructuras digitales. En el marco del plan 5G Galicia se impulsará esta cobertura para todas las ciudades y grandes vías de transporte terrestre.
Estrategia de las infraestructuras de logística en Galicia. Papel protagonista del Corredor Atlántico Noroeste de Mercancías y las conexiones con los puertos de la fachada atlántica.
Estrategia multimodal para la movilidad de personas y mercancías y un plan de intermodalidad comarcal.
Libro blanco de la integración paisajística de las infraestructuras en Galicia.
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Garantizar la conectividad de los concellos, tanto digital como de movilidad y acceso a redes de carreteras y ferrocarril.
Completar la extensión de la red de banda ancha.
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Plan estratégico de movilidad Galicia 2030 para una intermodalidad ecológica y articulada.
Mejorar la red de carreteras de Galicia y su seguridad.
Solicitar el rescate de la concesión de la autopista AP-9.
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Traspasos y transferencias a Galicia de infraestructuras como la AP-9 y la AP-53, los puertos de interés general, aeropuertos y control de tráfico aéreo en Galicia, carreteras y líneas férreas que discurran por territorio gallego.
Gratuidad de las autopistas gallegas.
Excluir la colaboración público-privada en la construcción y gestión de infraestructuras y equipamientos en servicios públicos básicos.
Plan nacional de transportes e infraestructuras atendiendo a la racionalidad y sostenibilidad.
Crear un ente para promover y gestionar el futuro tren de proximidad gallego (Galtren).
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No construir nuevas autovías y autopistas, y fomentar un sistema de transporte que ofrezca amplias posibilidades sin tener que usar coche privado.
Ley de movilidad sostenible y financiación del transporte público que reduzca el uso del automóvil.
Nuevo dique seco para atender la demanda de nuevos megabuques, para la revitalización de la antigua Bazán.
Reforzar la apuesta por la autopista del mar Vigo-Nantes, así como por otras alternativas de cabotaje, a partir de los puertos exteriores de Coruña y Ferrol.
Crear un sistema portuario bajo una única autoridad portuaria gallega, y un sistema aeroportuario gallego.
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Reforma del actual sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta factores como el envejecimiento de la población o la dispersión territorial.
Eliminación de la liquidación del ejercicio 2020 por la pandemia, para que Galicia no incurra en deuda con el estado.
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Reforma de la financiación autonómica para alcanzar la "nivelación total en función de las necesidades de gasto".
Participación efectiva de las comunidades en la dirección de la Agencia Tributaria.
Aumentar la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial.
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Nuevo sistema de financiación autonómico que refuerce el autogobierno y la capacidad fiscal.
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Sistema fiscal propio basado en un concierto económico (similar al modelo vasco).
Gestión autonómica del Impuesto de Sociedades.
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Mayor autonomía y soberanía fiscal para poder actual sobre figuras tributarias o crear otras nuevas.
Aumentar la financiación mediante una reforma fiscal y el incremento de las transferencias de fondos del gobierno central a la administración autonómica y local. Combatir la desfiscalización, especialmente la que se produce sobre los impuestos a la riqueza
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Protocolo de relación entre residencias de mayores y personas con discapacidad y la red sanitaria pública.
Apertura de siete residencias en colaboración con la Fundación Amancio Ortega.
Plan Estratégico de servicios sociales.
Vivienda: ayudas de 6.000 euros a los propietarios de viviendas vacías a cambio de su gestión por parte de la administración durante 10 años.
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Ampliación de 2.000 plazas en residencias públicas de ancianos y construcción de siete residencias.
Vivienda: poner a disposición 2.000 viviendas de alquiler para jóvenes.
Plan de integración para inmigrantes.
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Implantación de una Renta Garantizada de Ciudadanía Gallega.
Plan integral de vivienda para aumentar el parque público.
Control de los precios en viviendas de alquiler.
Paralización de desahucios.
Aumento del presupuesto para dependencia.
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Creación de un Servicio Gallego de Bienestar, similar al SERGAS.
Residencias de mayores públicas y con recursos coordinados desde las áreas sanitarias.
Plan de emergencia social y programas de vivienda para evitar desahucios.
Transferencia a Galicia del Ingreso Mínimo Vital.
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Renta Básica de Cuarentena.
Crear un modelo de atención sociosanitaria integrado, en el que los servicios sociales se coordinarán con los servicios de salud, tanto de atención primaria como especializada.
Aumentar el número de plazas en las residencias públicas y diseñar nuevo modelos residenciales para terminar con la masificación actual.
Recuperar para el sistema público las residencias y centros de personas con discapacidad, salvo las cooperativas.
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Plan de 100 millones de euros para reforzar la atención primaria.
Potenciación de la teleasistencia y la hospitalización a domicilio.
Mejora de las condiciones laborales y salariales de los sanitarios.
Construcción de nuevos hospitales o ampliación de los existentes en Ferrol, A Coruña, Santiago, Ourense y Pontevedra.
Ampliación de los servicios en los hospitales comarcales.
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Dotación de 25 nuevos centros de atención primaria a lo largo de la legislatura.
Convocatoria de 5.000 plazas estables para profesionales sanitarios.
Aumentar el programa de investigación sanitaria (10% el primer año).
Incorporar la atención bucodental plena.
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Reversión manos públicas de los centros sanitarios que ahora gestionan empresas privadas.
Garantizar la universalidad de la gestión sanitaria.
Cobertura de empleo y mejores condiciones para los sanitarios.
Refuerzo de la atención primaria y ampiación de infraestructuras sanitarias.
Sistema centralizado de compra de medicamentos.
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Plan de 200 millones de euros para reforzar la atención primaria.
Creación de áreas sanitarias y refuerzo de hospitales comarcales.
Mejora de las condiciones de trabajo de los sanitairos.
Integrar la investigación biosanitaria en el SERGAS.
"Rescate" público de los servicios privatizados en el área sanitaria de Vigo.
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Revertir las privatizaciones del Servicio Gallego de Salud y del sistema sociosanitario.
Crear nuevas plazas en el Servicio Gallego de Salud.
Plan urgente para abordar las listas de espera y acabar con el cierre de camas.
Ley gallega de salud sexual y reproductiva y del derecho a decidir de las mujeres y actualizar el Plan de Atención Integral a la Salud de las Mujeres.
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Ayudas para libros de texto.
"Libertad de elección": apoyo a la educación concertada.
Plan de modernización de infraestruturas educativas 2021-2025.
Bonificación parcial de matrículas universitarias de primer curso a partir del segundo hijo.
Ampliación de los horarios de las escuelas infantiles.
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Garantizar recursos digitales a escuelas y alumnos.
Implantación gradual de la educación infantil de 0 a 3 años hasta el 50% de los menores al final de la legislatura.
Gratuidad de libros de texto en la educación obligatoria.
Gratuidad de la primera matrículo en todos los títulos de grado.
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Reducir la brecha digital de los alumnos.
Gratuidad de los libros de texto.
Comedores gratuitos.
Blindar los presupuestos para la educación pública.
Rebajar el número de alumnos por aula y contratación de docentes.
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Aumento progresivo de la inversión hasta el 7% del PIB.
Eliminación de conciertos educativos.
Reducción del número de alumnos por clases.
Libros de texto gratuitos.
Reducción de tasas universitarias hasta su gratuidad.
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Disminución de ratios y adecuación de los espacios disponibles en los centros para el retorno al curso tras la crisis del coronavirus.
Mejora de las plataformas digitales accesibles y propias para la formación online.
Incrementar el gasto en educación hasta el 7% del PIB al final de la legislatura.
Congelación y supresión progresiva de los conciertos con centros privados. Anulación de los conciertos con centros que segregan por sexo.
Introducir contenidos educativos transversales relacionados con el cambio climático en el currículo escolar.
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Autogobierno dentro de la Constitución.
Continuidad de las conferencias de presidentes como "instrumento para la decisión conjunta".
Oposición a los traspasos de competencias que "pongan en riesgo la viabilidad de políticas estatales", como las pensiones.
Traspaso de las competencias sobre ordenación del sector pesquero, becas y la titularidad de las autopistas AP-9 y AP-53, entre otras.
Gestión autonómica del Ingreso Mínimo Vital.
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Nuevo estatuto de autonomía que amplie el autogobierno y reconozca la "identidad nacional gallega".
Reforma de la relaciones entre la Xunta y las entidades locales y su financiación.
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"Más autogobierno" y "derecho a decidir".
Nuevo marco de relaciones bilaterales entre el gobierno gallego y el central, eliminando duplicidades.
Participación en la UE y en organismos internacionales en los asuntos que afectan directamente a Galicia.
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Reconocimiento de Galicia como nación y del derecho de autodeterminación.
Nuevo estatus político para Galicia y de relación con el Estado.
Ejecutar todas las transferencias pendientes en el Estatuto (infraestructuras, servicios sociales, costas, tráfico...).
Modelo de financiación propio.
Ley de haciendas locales para financiar los concellos.
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Reforma del Estatuto en la próxima legislatura, con una carta de libertades públicas y derechos sociales y las competencias ya transferidas a otras comunidades.
Más autogobierno gallego, disminución de la Administración del Estado en Galicia, nuevo marco de relaciones bilaterales con el Gobierno.
Plena capacidad normativa, de gestión y corresponsabilidad fiscal, con competencia para regular la financiación de las entidades locales.
Transferencia de competencias en materia laboral.
Solicitar competencias para aprobar la instalación de redes básicas que transcurran por Galicia, y de autorización, supervisión y control en refinerías y almacenes de hidrocarburos.
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Continuación del "modelo lingüístico gallego" que "no ponga una lengua por encima de otra.
Promoción exterior del gallego.
Plan de Acción Brasil para intercambios culturales y económicos.
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Convertir a TVG en uno de los principales agentes de promoción del gallego.
Apoyo a la producción cultural en gallego.
Derogar el decreto que impide usar el gallego en eterminadas materias educativas.
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Nueva normativa de promoción del gallego en la enseñanza para garantizar la competencia multilingüe.
Nuevo Plan Director de la Lengua con actuaciones transversales en la acción de gobierno de la Xunta.
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Derogar el Decreto 79/2010 de Plurilingüismo y sustituirlo por un modelo de inmersión lingüística.
Reconocer el gallego como lengua vehicular en la enseñanza.
Garantizar la atención en gallego en la administración de Justicia.
Creación de un instituto internacional para promocionar el gallego.
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Redactar un plan director de lengua, que supere el actual plan general de normalización.
Elevar la política lingüística a la consideración equivalente de Consellería.
Galleguización efectiva de la administración pública.
Desarrollo integral de la Ley Paz Andrade, de aprovechamiento de los vínculos con la lusofonía.
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Recuperación de cascos históricos con rehabilitación de 3.000 viviendas.
Creación de una entidad público-privada de gestión del patrimonio.
Bono cultural para promocionar el consumo.
Programa de adquisición de obras de artistas gallegos.
Ayudas económicas a festivales de cine y teatro.
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Incremento del gasto en cultura del 20% en 2021 y avanzar hacia el 1% de gasto público.
Línea de crédito con un mínimo de 10 millones de euros de fondos públicos.
Ayudas al sector audiovisual por valor de 5 millones de euros.
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Aumento del prespuesto de la Xunta para cultura, hasta el 0,25% del PIB.
Promoción de la cultura gallega a través de la TVG.
Plan para acercar la cultura al medio rural.
Subvenciones para proyectos culturales de menores de 35 años.
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Fondo de ayuda a creadores gallegos.
Líneas de crédito público específicas para proyectos culturales.
Creación de un bono cultural para estimular el consumo.
Programa cultural específico para el medio rural.
Dedicar el 6% del presupuestos de la TVG a promocionar la creación audiovisual en gallego.
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Recuperar la Consellería de Cultura.
Aprobar una ley de artes escénicas, actualizar la ley del audiovisual y del cine de Galicia, promover una ley de museos y reformlar la ley de mecenazgo y patrocinio cultural.
Dar más medios materiales y humanos a la red gallega de bibliotecas.
Recuperar el Centro Dramático Gallego y el Centro Coreográfico Gallego, y poner fin al desmantelamiento del Centro Gallego de Artes de la Imagen.
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