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Elecciones Generales 23J
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Paro

  • Impulsar un Pacto por el Pleno Empleo con los agentes sociales para alinear los niveles de desempleo al 8% de paro estructural en línea con la media europea.

    Garantizar en el Estatuto de los trabajadores que el SMI se acompase al 60% del salario medio.

    Plan de Choque contra el desempleo juvenil con el mecanismo Pack "formación + empleo" en 12 meses.

    Dotar el fondo del mecanismo RED para la recualificación y reincorporación de los trabajadores.

    Plan Nacional para el trabajo flexible con incentivos a empresas para que desplieguen jornadas híbridas (trabajo presencial y remoto) a favor de la conciliación y la posibilidad de reducir la jornada laboral a cuatro días.

    Reforma de los sistemas de protección activa para los parados de larga duración y refuerzo de los incentivos al empleo de beneficiarios de subsidios y del Ingreso Mínimo Vital.

  • Reforma integral de las políticas activas de empleo e incrementar la relación de los servicios públicos de empleo con las empresas.

    Actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el marco del diálogo social.

    Dar a los autónomos una bonificación específica a la cuota empresarial cuando contraten a un trabajador por cuenta ajena y el trabajador por cuenta propia tenga que descansar por nacimiento de un hijo o situaciones análogas.

    Diseñar un plan contra el desempleo femenino, que reduzca a la mitad en esta legislatura la brecha de participación en el mercado laboral, y otro contra el desempleo femenino en el ámbito rural.

  • Derogar la actual reforma laboral e impulsar una nueva reforma laboral.

    Impulsar la subida de todos los salarios, reducir las cargas sobre las empresas y la regulación abusiva que perjudican la generación de empleo.

    Promover el empleo estable, duradero y de calidad reduciendo las cotizaciones de las empresas que contraten a trabajadores españoles de manera indefinida.

    Aumentar los incentivos a la contratación de jóvenes, mayores de 45 años, embarazadas y padres y madres de hijos con discapacidad.

    Apoyar a autónomos mediante la exoneración de la cuota a quienes no lleguen al SMI, bonificar a los autónomos que estén de baja y acabar con la figura del falso autónomo.

  • Bajar la tasa de paro al 7%, convergiendo con la media europea, y que la tasa de empleo llegue al 70%.

    Reorganización de la prestación por desempleo y cese de actividad destinada a dar seguridad a las personas trabajadoras, con prestaciones que garanticen las transiciones a nuevos trabajos.

    Reconocer el derecho a que hasta treinta días de la prestación por desempleo no se considere consumida y sí como días cotizados a las personas fijas-discontinuas que durante sus periodos de inactividad realicen formación acreditable.

    Reconocimiento de una prestación especial de desempleo para trabajadores de la cultura.

  • Derogar las reforma laborales impulsadas por PP y PSOE.

    Recuperar los 45 días de salario por año cotizado.

    Traspaso total de las competencias de empleo.

    Creación de un marco catalán de Trabajo.

    Garantizar sistemas de denuncia segura para trabajadores migrantes explotados.

  • Destinar un 1% del PIB a las políticas activas de ocupación.

    Vincular las prestaciones por desempleo a las acciones para la reincorporación al trabajo.

    Pedir al Estado un Plan Estratégico para el Trabajo Autónomo más flexible, con una tarifa plana reducida durante los dos primeros años y bonificaciones para la contratación del primer trabajador.

    Jóvenes: Impulsar la reforma de los contratos en prácticas y de formación y aprendizaje para facilitar primeras experiencias laborales y, asimismo, favorecer la autoocupación.

    Articular la llamada "mochila austriaca", un fondo para los trabajadores nutrido de aportaciones empresariales mensuales y que el trabajador puede hacer efectivo al ser despedido, cambiar de empresa o jubilarse.

  • Promover la ocupación a través de la fiscalidad: analizar con los agentes sociales la posibilidad de moderar las cotizaciones sociales de las personas con baja empleabilidad (parados de larga duración, jóvenes, personas en riesgo de exclusión social).

    Impulsar la actividad productiva y la competitividad para crear empleo.

    Articular la llamada "mochila austriaca" para crear una ocupación más estable, es decir, crear un fondo de capitalización para los trabajadores que se nutra de aportaciones empresariales mensuales y al que pueda acceder el trabajador en caso de despido, cambio de empresa o jubilación, así como un sistema de indemnizaciones que haga más costosas las extinciones a corto plazo.

    Destinar un 1% del PIB a políticas activas de empleo.

    Promover un Plan Estratégico para el Trabajo Autónomo.

  • Crear y mejorar la calidad del empleo mediante un pacto que favorezca el crecimiento y desarrollo económico.

    Modificar el Estatuto de los Trabajadores en cuanto a prevalecer los convenios colectivos de la comunidad autónoma sobre los estatales.

    Implementar la Formación Profesional Dual a todos los niveles, favorecer el empleo juvenil, mejorar la conexión de las políticas de empleo con las educativas y formativas y regular las prácticas derivadas de los sistemas de formación.

    Mejorar la cobertura por desempleo e incrementar la lucha contra el fraude en el empleo y la economía sumergida.

    Autónomos: incentivar los esfuerzos para una progresiva convergencia de los sistemas de protección y provisión de ayudas e impulsar la reducción de normas y trabas burocráticas.

  • Indemnización por despido de 45 días.

    Trabajaremos también para lograr la transferencia de la competencia sobre las políticas pasivas de Empleo.

    Transparencia en la Inspección de Trabajo.

  • Defensa de los derechos de la clase trabajadora.

    Reivindicar la incorporación de las trabajadoras del hogar en el Estatuto de los Trabajadores.

  • Exigir el mantenimiento de políticas de empleo específicas con Canarias mientras no se llegue a la media de índice de empleo del resto del Estado.

  • Mantener la financiación estatal del Plan Integral de Empleo para Canarias.

    Aprovechar las modificaciones del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para crear empleo (deducciones fiscales para empleo indefinido, atracción de producciones audiovisuales…).

    Diseñar políticas activas de empleo y crear bonificaciones para colectivos más afectados (jóvenes, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años y personas con discapacidad).

    Abordar con rigor el debate sobre la jornada laboral.

  • Puesta en marcha de contratos-programa de colaboración entre el Ministerio de empleo y el Servicio Navarro de empleo.

    Establecimiento de un Plan Nacional de Empleo Juvenil y de medidas legales que conlleven el establecimiento de la reinserción laboral de aquellas personas que reciben algún tipo de ayuda pública.

  • Derogación íntegra de las "contrarreformas laborales" que consolidaron el cambio aprobado en 2021 e impulso de una modificación integral del Estatuto del trabajo para restituir derechos como los 45 días de indemnización por despido improcedente, la autorización administrativa en los despidos colectivos.

    Promover la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales sin reducción salarial.

    Incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta situarlo en el 60% del salario medio, tal y como fija la Carta Social Europea.

    Garantizar la revalorización salarial anual de los empleados del sector público.

  • Emprendimiento, formación profesional e investigación vinculadas al territorio.

    Desarrollo económico y creación de empleo de calidad: apoyo y fomento de todos los sectores económicos en el medio rural, especialmente los basados en recursos endógenos para crear empleo de calidad.

    Fomento del teletrabajo para repoblar pequeñas localidades.

    Empleo y desconcentración de empresas. Exigir la desconcentración de las empresas que reciban ayudas públicas.

  • Fomento de un sistema de formación profesional que responda a las exigencias presentes y futuras del mercado laboral.

    Contra la estacionalidad en el empleo: creación de un tejido de oferta turística alternativa al modelo actual, en los ámbitos cultural, deportivo, entorno rural, zonas de interior, congresos y negocios.

    Crear un fondo de financiación destinado a facilitar el acceso de autónomos/as y pymes a líneas de crédito a interés cero para proyectos que creen empleo estable, incorporen tecnología medioambientalmente sostenible o contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar de los animales.

  • Bajar el paro al 7%.

    Ningún salario por debajo de 1.200 euros.

    Limitación del salario máximo a 10.000 euros mensuales.

  • Implantar una Renta Básica Universal e incondicional en un período de tres años.

    Reducir la jornada laboral a 35 horas y potenciar la Agencia Española de Empleo como coordinadora y planificadora de las políticas de empleo.

    Aprobar medidas que incentiven el empleo juvenil.

    Para autónomos: apoyar el crecimiento y financiación, implementar y complementar el nuevo sistema de cotización por tramos adaptado a los ingresos reales, eliminar duplicidad de cotizaciones a la Seguridad Social, integrar las lagunas de cotización en RETA y disponer de un máximo de un mes para el pago por parte de las administraciones públicas.

    Mejorar la eficiencia administrativa en la tramitación de licencias y pagos, estableciendo una simetría entre obligaciones, sanciones y plazos que se exigen a autónomos y empresarios.

Impuestos

  • Reforma fiscal mejorando los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.

    Pacto de Estado contra el Fraude Fiscal.

    Evaluar la prórroga y ajustes de los gravámenes temporales sobre la banca y energéticas y los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas y avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios.

    Una fiscalidad verde bajo la premisa de "quien contamina paga".

    Impulsar una reforma de las reglas fiscales europeas que permita conjugar la estabilidad presupuestaria y la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico, la creación de empleo y la agenda de inversiones sociales, verdes y digitales.

  • Aprobar un plan de alivio fiscal para las familias con la rebaja del IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros y promover incentivos fiscales para nuevos residentes.

    Reducir el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal, y eliminar el impuesto a las grandes fortunas.

    Incorporar el "derecho al error" para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes.

    Recuperar la bonificación de hasta el 45% de las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores del hogar.

    Revisar las cuentas públicas con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y fortalecer el papel de la Airef.

  • Bajar el IVA en productos de primera necesidad y esenciales, eliminarlo para la adquisición de primera vivienda y eliminar la doble imposición en artículos ya gravados con impuestos especiales.

    Reducir del Impuesto de Sociedades hasta alcanzar el 15% y suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Plusvalía municipales en todo el territorio.

    Modificar la ley que regula la financiación autonómica para asegurar la igualdad en los impuestos cedidos, especialmente el de Actos Jurídicos Documentales (AJD) y el de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

    IRPF: reducir hasta cuatro puntos los tipos únicos por cada hijo y simplificarlo a un tipo único reducido del 15% sobre bases inferiores a 70.000 euros y un tipo ordinario del 25% para superiores.

  • Impuesto permanente a las grandes fortunas. Tipos de al menos el 4% para los patrimonios más elevados.

    Impuesto de sucesiones y donaciones: imponer un mínimo que las comunidades no podrán rebajar.

    Impuesto de sociedades: hacer efectivo el tipo del 15% sobre los beneficios de las empresas para que no tributen por debajo con independencia de deducciones y exenciones.

    IRPF: aumentar la progresividad ampliando el número de tramos a partir de 120.000€ y aplicando tipos marginales crecientes.

    Mantener los impuestos extraordinarios sobre las empresas energéticas y financieras mientras se aprueba la reforma integral del impuesto de sociedades.

  • Desarrollar una fiscalidad progresiva que ayude a acabar con la brecha social.

    Garantizar los ingresos necesarios para el Estado del Bienestar.

    Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo frente a las del capital.

    Hacer permanentes los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de bancos y eléctricas.

    Luchar contra el fraude de grandes empresas y mejorar el impuesto para las grandes fortunas.

  • Introducir mejoras fiscales como el incremento sustancial de los mínimos personales y de las deducciones del IRPF, especialmente para aquellas personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65% o asimilado por resolución judicial.

    Plantear al Estado la reducción del IVA aplicado a las cesiones de terreno destinadas la construcción de pisos de alquiler social, del 21% al 10%.

    Defender el incremento del porcentaje de IRPF destinado a finalidades de interés social y medioambiental para que pase del 0,7% al 1%.

    Reducción permanente del IVA de la tarifa eléctrica en la vivienda habitual.

    Exigir el traspaso a la Generalitat de la gestión de todos los impuestos.

  • Exigir el traspaso a la Generalitat de la gestión de todos los impuestos.

    Reequilibrar los tipos impositivos sobre las rentas del trabajo, considerados "excesivos", y eliminar la rigidez de la tributación de los autónomos.

    Empresas: equiparar la presión fiscal en Cataluña a la de otras comunidades para evitar el 'dumping' fiscal, revisar la fiscalidad que grava el empleo y bajar el impuesto de sociedades de las pymes del 25 al 20%.

    Reducir el IVA de todos los alimentos al 4%.

    Nuevos impuestos: adaptar una fiscalidad verde que refleje el coste medioambiental de productos y servicios, y apoyo a la tasa Google en toda la Unión Europea.

  • Avanzar en el proceso de consolidación fiscal con una visión a largo plazo de la política presupuestaria y fiscal y fomentar mecanismos para la revisión de los precios en los contratos públicos.

    IVA: Revisión del listado de bienes y servicios como de los tipos general, reducido y superreducido. Reclamar la capacidad de regulación de este impuesto para las instituciones vascas.

    Que el País Vasco y Navarra sean capaces de modular la mayor parte de las figuras que integran sus sistemas tributarios. Incorporar al Concierto Económico las nuevas figuras a adoptar en su caso por el Estado.

    Impulsar la modificación de la Ley de Seguridad Social para incluir nuevos sistemas de colaboración en el pago e impulsar la modificación de las cuentas de pago básicas.

  • Aumentar la carga impositiva y convertir en permanentes los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas.

    Impuesto especial sobre los beneficios de grandes distribuidoras alimentarias.

    Políticas para revertir la subida de tipos, enfrentándose con el Banco Central Europeo.

  • Avanzar en el reparto de riqueza mediante medidas impositivas.

    Apostar por una total transparencia y una auditoría del fraude fiscal y del coste colectivo que han dejado las privatizaciones de servicios, recursos e infraestructuras, así como por un control severo de las concesiones de servicios públicos todavía vigentes.

  • Ampliar durante un periodo de diez años la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla de La Palma para contribuir, de esta manera, a su recuperación económica y social.

    Incentivos a la contratación indefinida a los jóvenes por microempresas y empresarios autónomos.

    Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven, primer empleo joven e incentivos a los contratos en prácticas.

    Bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social para contratos indefinidos para jóvenes entre 16 y 30 años, para mayores de 45 años, y para mujeres en ocupaciones en las que el colectivo no está suficientemente representado.

  • Respeto a los elementos esenciales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con las reducciones en el IGIC y las deducciones fiscales por la insularidad.

  • Reducción de impuestos.

    Deflactar la tarifa del IRPF.

  • Incrementar la progresividad del IRPF y establecer distintos tipos de gravamen en función de la naturaleza de los rendimientos, disminuyendo la tributación por los ingresos del trabajo y aumentándola a los derivados del capital.

    Las empresas que ejercen en Galicia y sitúan su domicilio social en otras partes del Estado deben tributar en Galicia por el Impuesto de Sociedades, con una progresividad en función de la dimensión de la empresa.

    Reducir la imposición del IVA en bienes y servicios esenciales, rebajar de forma permanente el IVA de productos de alimentación básica, productos del mar, elementos de higiene personal y femenina, transporte público de pasajeros, inversiones en eficiencia energética y energías renovables en el ámbito doméstico y en las pequeñas y medianas empresas, así como los bienes de carácter cultural, para que tributen en el tramo superreducido.

    Establecer la permanencia de los impuestos específicos a los beneficios de la banca, de las grandes energéticas y las grandes fortunas.

    Promover la eficacia de las actuaciones de prevención y lucha contra el fraude y la evasión fiscal con dotación de medios y recursos suficientes, así como prohibir la contratación y la recepción de ayudas públicas a las empresas que poseen, directa o indirectamente, sociedades domiciliadas en paraísos fiscales sin actividad económica real justificada.

  • Tributación justa, general, equitativa y progresiva respecto a la capacidad económica, acorde con los servicios públicos que sustenta.

    Medidas fiscales positivas que faciliten la creación de empleo en territorios con baja densidad de población.

  • Reducción del IVA de los servicios veterinarios al tipo superreducido del 4%.

    Impuesto climático a los productos de origen animal.

    Política de mayores bonificaciones fiscales para las empresas de nueva creación.

    Controles fiscales más rigurosos, uso de tecnología avanzada para detectar actividades sospechosas, así como mejorar la cooperación entre los países para combatir el fraude fiscal internacional.

  • Subir Impuesto de Sociedades al 50% a bancos, monopolios y capital extranjero.

    Elevación IRPF al 75% a las grandes fortunas.

  • Apoyar la crianza con deducciones fiscales reembolsables en el IRPF.

    Para autónomos, emprender una reforma fiscal que equipare la fiscalidad del autónomo con la de la empresa.

    Ayudar a que crezca el protagonismo de empresas y cooperativas responsables socialmente y favorecer las empresas de economía social en la contratación pública.

    Impulsar la economía circular y de cercanía y facilitar la participación laboral de personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

    Incrementar la inversión en ciencia e innovación hasta llegar al 3% del PIB.

Economía

  • Ley Integral de Impulso de la Economía Social para la modernización y adecuación de las leyes de economía social, de cooperativas, de empresas de inserción y de Sociedades Laborales y Participadas.

    Impulsar la atracción de inversiones extranjeras desarrollando instrumentos de co-inversión y crear una ventanilla única para agilizar el despliegue de los proyectos estratégicos.

    Crear el Consejo Nacional por la Productividad.

    Desplegar una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial y ampliar el programa Kit Digital para la digitalización de las pymes de más de 50 trabajadores y autónomos.

    Creación de una ley de 'startups' y desplegar el programa Scaleup Spain, con gestionado por el ICO.

  • Auditoría y evaluación sobre la gestión de los Fondos de recuperación de la UE para conocer el estado de ejecución, el cumplimiento de los hitos y objetivos pactados. Agilizar su ejecución y su llegada a la economía real.

    Promover un plan para la atracción de empresas, apoyar la internacionalización de las compañías españolas y convertir a España en un 'hub' para la inversión en Latinoamérica.

    Introducir una tarifa 'cero' para nuevos autónomos durante el primer año, mejorar sus condiciones laborales y de Seguridad Social y facilitar la financiación de las pymes y el acceso a la segunda oportunidad del emprendedor.

    Reducir la fragmentación normativa y eliminar barreras, así como sustituir el régimen de licencia por la declaración responsable.

    Desarrollar la estrategia nacional de Inteligencia Artificial y elevar la inversión en I+D+i y priorizar la atracción y retención del talento internacional y de investigadores.

  • Incentivar las inversiones en actividades económicas bajo el principio de igualdad para promover el regreso de empresas y empleo deslocalizado.

    Llevar a cabo una reforma total del sistema fiscal y elaborar presupuestos de base 0 para eliminar el déficil y la deuda pública.

    Favorecer un entorno económico proclive a la innovación mejorando los incentivos fiscales para las pymes que inviertan en I+D.

    Eliminar los costes para constituir una empresa y acabar con "las fronteras artificiales creadas por las comunidades autónomas".

  • Herencia universal de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años.

    Establecer una cesta de la compra básica a precios asequibles.

    Establecer por ley en 2024 una jornada laboral máxima de 37,5 horas sin reducción de salario y abrir un proceso de diálogo social para seguir reduciendo la jornada hasta las 32 horas semanales.

    Subir el salario mínimo interprofesional por encima del IPC anual.

    Impulsar la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios.

  • En el marco de la estabilidad presupuestaria, impulsar una nueva distribución del margen de déficit que tenga en cuenta la participación de Cataluña en el gasto asociado al Estado del Bienestar.

    Modificar la ley de estabilidad presupuestaria para permitir a los ayuntamientos movilizar a los remanentes de tesorería.

    Pleno reconocimiento de la Banca Pública de Cataluña.

    Mejorar el acceso de las PYMES a las contratación pública.

    Asegurar un modelo de I+D catalán.

  • Bajar el impuesto de sociedades a las pymes del 23 al 20% y pedir la mejora del régimen fiscal de las cooperativas y las entidades de economía social.

    Derogar el carácter básico de la normativa estatal de comercio para preservar el modelo comercial catalán, al tiempo que exige otorgar al Parlament la capacidad legisladora en comercio electrónico.

    Flexibilizar la regulación de las farmacias.

    Impulsar una estrategia integral para reactivar el pequeño comercio de proximidad, a medio y largo plazo.

    Desplegar una nueva política de investigación e innovación en la que el Estado asume una parte importante del riesgo tecnológico para atraer a inversores privados, mientras las pymes crecen y crean puestos de trabajo.

  • Derogar la ley de unidad de mercado que impulsa "la salida exprés y deslocalización de empresas catalanas a otros territorios del Estado".

    Incrementar la inversión pública en Investigación y Desarrollo en un 10% anual, para llegar como mínimo al 3% del PIB al final de la legislatura.

    Apostar por proyectos de alto riesgo tecnológico empresarial que atraigan la inversión privada e impulse la creación de startups.

    Modificaciones legislativas para erradicar la venta ambulante ilegal.

    Reforma fiscal que tenga en cuenta los nuevos canales de venta y las necesidades de las pymes.

  • Impulsar nuevas fórmulas para la ejecución de fondos, como los PERTE regionales, impulsar la activación de un mecanismo de cogestión y nuevos instrumentos de colaboración público-privada.

    Apoyar el emprendimiento y el intraempredimientos e impulsar propuestas y ayudas para que lleguen a las familias y al tejido económico que las necesita.

    Modernizar las técnicas y medios de comercialización, impulsar nuevos modelos de negocio, desarrollar el comercio electrónico y mejorar la integración de la tienda física con la digital.

    Mejorar los accesos para los comerciantes a las fuentes de financiación y crear entornos favorables al comercio de proximidad en los pueblos y ciudades.

  • Exigiremos el aumento del SMI hasta los 1.200€, asumiendo además la capacidad para establecer un SMI propio acorde a nuestra realidad sociolaboral.

    Jornada laboral de 32 horas semanales.

    Fin de la estatalización de los convenios.

    Reconocimiento y establecimiento efectivo del Marco Vasco y Navarro de Relaciones Laborales para la negociación colectiva

  • Abolición del artículo 135 de la Constitución española, que da prioridad al pago de la deuda.

    Lucha contra los privilegios del IBEX 35.

    Acabar con los privilegios y concesiones a la Banca.

    Avanzar en la nacionalización de la economía.

    Planificación económica al servicio del bien común.

  • Apuesta por diversificar el modelo económico, más allá del turismo.

    Plan Específico de Telecomunicaciones de Canarias, dentro de la Agenda Digital española.

    Favorecer el comercio online de Canarias con la UE.

  • Revitalizar el sector comercial canario, con entornos comerciales atractivos y una oferta de calidad dirigida al turismo de compras y el apoyo al comercio tradicional, con la colaboración del sector.

    Fomento del I+D en las universidades y centros de investigación de las islas y de la transferencia al tejido productivo.

    Foco en los ámbitos de astrofísica y espacio, ciencias marino-marítimas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad.

    Integrar a Canarias en el Mercado Único Digital Europeo.

    Modelo económico verde y circular.

  • Firma de un convenio con el Ministerio de Economía para la mejora de suministro eléctrico y acceso a servicios financieros en pequeñas poblaciones y personas vulnerables.

    Firma de un convenio con el Instituto Español de Comercio Exterior para fomento de las exportaciones navarras.

    Asunción de las competencias en materia de investigación, desarrollo e investigación.

  • Elevar progresivamente la inversión estatal en I+D+i hasta situarlo en el 3% del PIB en 2030.

    Garantizar condiciones laborales y salariales dignas y estables para el personal científico e investigador, así como los recursos necesarios.

    Demandar al Gobierno del Estado la participación de la Xunta de Galicia en el sistema de cogobernanza de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica PERTE con el fin de ejercer una gestión directa desde Galicia de los fondos NEXT GENERATION.

  • Orientar el modelo de desarrollo hacia el equilibrio territorial.

    Poner en marcha presupuestos con perspectiva territorial y rural.

    Fomento de la economía social y solidaria en proyectos y entidades que atiendan las necesidades (empleo y servicios) de la población del medio rural.

    Ayudas al funcionamiento de las empresas. Aplicación de las ayudas al funcionamiento de las empresas en sus niveles máximos para la provincia de Teruel y para las comarcas de Huesca y Zaragoza con baja densidad de población (menor de 12,5 habitantes/km2).

  • Prohibir la importación de especies y subespecies alóctonas, tanto para la cría y mantenimiento para el aprovechamiento de sus pieles como para su comercialización y tenencia como animales de compañía.

    Agilizar los procesos de creación de empresas y del inicio de las actividades, mediante la eliminación de trabas burocráticas y la simplificación de los trámites administrativos.

    Mayor inversión en I+D+i. Inclusión de la I+D entre los "sectores prioritarios". Apuesta por la potenciación de los centros de investigación tecnológica.

    Desincentivar la producción y compraventa de los productos que tienen un mayor impacto ambiental, encarecer y limitar el sobre-embalaje y el uso de materiales no reciclables.

  • Renegociar una moratoria en el pago de los intereses de la deuda pública hasta que la economía española crezca por encima del 3% y el paro se sitúe por debajo del 7%.

    Auditoría para establecer si esa deuda es legítima.

  • Mejorar la implantación y el alcance del Ingreso Mínimo Vital, incrementando su cobertura y cuantía.

    Quitar de la circulación billetes superiores a cien euros.

    Cuidar de los recursos públicos, mejorando la coordinación del Estado y aumentando la solidaridad territorial.

Sanidad

  • Acabar con las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos de espera de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas externas especializadas, 30 para pruebas complementarias y 15 días para el psiquiatra en menores de 21 años.

    Incrementar hasta el 30% las plazas de Formación Sanitaria Especializada en todas las especialidades de Salud Mental y un 15% de las plazas ofertadas en el grado de Medicina.

    Impulsar el diagnóstico genómico y la identificación de biomarcadores para pacientes con cáncer e impulsar en el Congreso una Ley de donantes vivos.

    Creación de una autoridad independiente de evaluación de la financiación y fijación de precio de los medicamentos y productos sanitarios.

    Promover el uso terapéutico del Cánnabis desarrollando un sistema de atención farmacológica para los pacientes con patologías que así lo indiquen.

  • Plan de choque en Atención Primaria con 1.000 plazas adicionales de medicina familiar y comunitaria a la oferta de 2024, incentivos y creación del título de especialista en urgencias y emergencias.

    Agilizar la convalidación de las titulaciones extranjeras y eliminar el requisito de nacionalidad para el acceso a personal estatutario.

    Nueva Ley General de Sanidad y Ley de Pandemias.

    Estrategia Nacional en Salud Mental con especial atención en la infancia y la adolescencia y un Plan de Prevención del Suicidio.

    Ley de apoyo a los afectados por la ELA y sus familias y ley en defensa de los pacientes oncológicos.

  • Recuperar las competencias transferidas a las comunidades, invertir más constituyendo un sistema de compras centralizado y transparente.

    Potenciar un único sistema de formación especializada y presionar para que el desconocimiento de las lenguas regionales no sea un impedimento en el acceso a plazas.

    Reducir volumen y tiempo de las listas de espera reforzando los conciertos con la sanidad privada, incrementar la inversión en Atención Primaria y dotar de medios humanos y materiales necesarios para su puesta en funcionamiento o reapertura.

    Garantizar la libertad de conciencia de todo el personal y la libre elección de médico y centro.

    Incluir prestaciones relacionadas con la salud bucodental y oftalmológica.

  • Aumentar anualmente medio punto del PIB en gasto sanitario.

    Blindar el carácter público del Sistema Nacional de Salud, impidiendo las formas de gestión privatizadas y "desprivatizando" servicios como limpieza u hostelería.

    Incorporar a los servicios sanitarios públicos nuevas prestaciones, como la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.

    Aprobar una ley de listas de espera que establezca tiempos maÌximos de espera y garantice un registro homogéneo, transparente y fiable de las listas de espera en todo el país.

    Fin de la precariedad del personal sanitario: mejora de sus condiciones laborales. Acabar con las guardias meÌdicas de matronas y enfermeras de 24 horas.

  • Sanidad pública y universal, con una financiación adecuada.

    Traspaso competencial en todas las materias sanitarias.

    Fiscalidad especial para productos relacionados con la sanidad, incluidos los de higiene femenina.

    Paliar el déficit de profesionales sanitarios.

    Formar al personal de los centros de salud y hospitales en diversidad y no discriminación y dotar a los centros de salud y hospitales de servicio de acompañamiento y/o interpretación.

  • Instar a un cambio en el sistema de financiación autonómica actual para aumentar progresivamente el porcentaje del gasto sanitario financiado.

    Evitar gravar la sanidad privada con impuestos extra, ya que ayuda a descongestionar la sanidad pública, reduce el gasto e implicaría una doble imposición.

    Garantizar la compensación entre comunidades autónomas en función de los pacientes atendidos procedentes de otros territorios.

    Culminar los traspasos de inmuebles correspondientes a hospitales y otros establecimientos sanitarios y de servicios sociales propiedad de la Seguridad Social pero gestionados por las comunidades autónomas.

    Condonación de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias de las que son titulares las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

  • Garantizar el acceso universal a una sanidad de calidad y eficaz.

    Reclamar más recursos para la sanidad catalana y la transferencia a la Generalitat de los inmuebles destinados a hospitales, ambulatorios y servicios sociales.

    Ampliar el número de plazas MIR en Cataluña y reformar la ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias para adaptarla a la nueva situación e introducir nuevas profesiones.

    Reactivar las iniciativas legislativas para reclamar más prestaciones a los enfermos de ELA y otras enfermedades con un alto grado de dependencia.

    Reclamar al Gobierno que recorte los plazos de incorporación de los medicamentos ya aprobados por la UE al sistema público de salud, especialmente, en los casos de cáncer metastásico.

  • Transferir las competencias sanitarias pendientes: formación especializada, acreditación de plazas, control de incapacidades laborales y sanidad exterior.

    Exigir la participación del gobierno vasco y navarro en los órganos encargados de la autorización, registro y fijación del precio de los medicamentos.

    Mejorar e impulsar la investigación de enfermedades raras, medicamentos huérfanos y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

    Regular el uso medicinal del cannabis.

    Promover cambios en el MIR para que se adecúen las plazas y no queden vacantes.

  • Ampliar y asegurar la adjudicación de plazas MIR para poder ocupar todas las plazas necesarias y reforzar especialmente la Atención Primaria.

    Ampliar los recursos y personal dedicados a la Salud Mental.

    Derogar la Ley 15/1997 de Gestión del Sistema de Salud aprobada por el PP, que permite la privatización y externalización de los servicios sanitarios.

    Incluir servicios oftalmológicos y dentales básicos en la cartera de servicios públicos sanitarios.

  • Defensa de la sanidad pública frente a las privatizaciones.

  • Defensa de una sanidad pública y universal.

    Para garantizar los servicios sanitarios básicos, promover la revisión del sobrecoste de la insularidad y la lejanía, propio del único territorio ultraperiférico que tiene España.

  • Acuerdo social y político por el presente y el futuro de la sanidad.

    Cuidados de proximidad en los equipos de intervención de crisis, hospitalización domiciliaria y atención psicogeriátrica en el propio domicilio.

    Mayor dotación de plazas sociosanitarias.

  • Garantizar una sanidad de calidad.

    Colaboración en la financiación de todos los centros de investigación médica y científica implantados en Navarra.

    Establecimiento de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio y aprobación de la norma precisa para abordar las necesidades de las personas que padecen enfermedades raras y ELA.

    Facilitar el retorno e incremento de la contratación de investigadores.

  • Aumentar la financiación de la sanidad pública, hasta como mínimo la media de inversión por habitante de la UE, con el incremento del valor de los parámetros de dispersión y envejecimiento de la población.

    Asegurar mayor racionalidad en el gasto farmacéutico y garantizar la participación gallega en la fijación del precio de los medicamentos.

    Ampliar la cartera de servicios comunes del sistema público de salud, permitiendo el acceso a prestaciones ortoprotésicas o a rehabilitación; así como los servicios de odontología, podología, óptico-optometrista, terapia ocupacional o logopedia.

    Actualizar las clasificaciones de los profesionales de la sanidad pública para adaptarlas a los criterios formativos y a las funciones y responsabilidades actuales.

    Garantizar el derecho a la asistencia sanitaria con carácter universal, con una nueva Ley de Universalización.

  • Defender una sanidad pública y universal, de calidad y comprometida con todas las personas, mediante un Pacto de Estado.

    Pacto nacional para la atención primaria e incrementar su financiación hasta el 25% del presupuesto sanitario y que llegue al medio rural.

    Profesionalización de la gestión sanitaria.

    Implantación de la Historia Clínica Electrónica del paciente para que sea funcional en todas las consultas y tratamientos, independientemente del lugar del territorio nacional en el que se produzca la atención sanitaria.

    Medidas para atraer personal sanitario a las zonas rurales.

  • Refuerzo de la atención primaria y de su conexión con el sistema sanitario. Reintegración al sistema sanitario público de los servicios privatizados.

    Elaboración de planes de mejora de las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

    Oposición al copago sanitario.

    Convocatoria de plazas de dietistas-nutricionistas en hospitales y centros de salud.

    Elaborar un Plan Nacional de Prevención contra el Suicidio.

  • Revertir los recortes en Sanidad.

    Una reestructuración completa de la Atención Primaria y una sanidad a prueba de pandemias.

    Aumento del presupuesto en mil millones más cada año.

    Creación de una industria farmacéutica nacional que cubra las necesidades de los pacientes y evite las cuatiosas facturas que la “farmacia nacional†tiene que pagar a los grandes laboratorios farmacéuticos.

  • Reestructurar el modelo sanitario para garantizar una sanidad pública y universal.

    Potenciar la atención primaria y la salud pública.

    Fortalecer la atención a la salud mental, implementando una estrategia y un plan de acción.

    Reforzar el Plan Nacional contra la droga, insistiendo en la dotación de recursos, la prevención, la educación y el acceso a tratamientos.

    Modificar el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud para la captación y retención de talento.

Educación

  • Programa de gratuidad de libros de texto y aumentar la oferta de educación gratuita en la etapa de 0-3 años y en la FP.

    Programas de refuerzo para combatir el absentismo y becas para el intercambio internacional de alumnos de Bachillerato y FP de grado medio.

    Bajada de ratio de alumnos en centros que presenten un proyecto de mejora.

    Diseñar con las comunidades autónomas la nueva carrera docente y el Estatuto del Docente.

    Formación para 3 millones de personas en FP al año: 1,4 millones serán jóvenes y 1,6 trabajadores ocupados o desempleados.

  • Reformar la LOMLOE, la ley educativa conocida como Ley Celaá.

    Implantar una EBAU común para toda España cuyas condiciones básicas y evaluación sean fijadas por el Gobierno.

    Educación de cero a tres años universal y gratuita​.

    Libre elección de centro, incluidos los de educación especial, y equilibrio lingüístico en las aulas.

    Sistema nacional de becas que lleguen a todas las etapas.

    Revisar la Ley Orgánica del Sistema Universitaria (LOSU).

  • Apoyar la educación infantil con medidas fiscales para el comedor y transporte escolar, materiales, uniforme o actividades extraescolares y blindar la libre elección de centro educativo con un cheque.

    Aprobar una ley nacional de educación para establecer contenidos comunes e incluir contenidos sobre la historia de España, la identidad nacional y sus símbolos, especialmente la bandera, el himno y la Corona.

    Implantar una prueba única de acceso a la Universidad.

    Recuperar la "legítima autoridad de los padres" garantizando el conocimiento previo y aceptación de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico, derogar la "Ley Herodes" y revertir "la presencia de activistas y asociaciones que pretenden adoctrinar".

  • Universalización de la cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo.

    Alcanzar de manera inmediata el 5% del PIB en gasto educativo, y avanzar progresivamente hacia el 7%.

    Bajada de ratios en las aulas y aumento de la dotación de medios humanos y materiales.

    Ecocomedores escolares gratuitos de gestión directa en los centros públicos durante toda la etapa obligatoria.

    Red pública suficiente de centros de Formación Profesional que garantice la cobertura de estos estudios.

  • Defensa del modelo de Escuela Catalana.

    Pedir las competencias exclusivas en la elaboración de los currículos de las etapas obligatorias y postobligatorias.

    Transferir a la Generalidad de Cataluña el pleno ejercicio de las competencias en gestión de becas y ayudas al estudio.

    Exigir que el 30% de los recursos dedicados por el gobierno e instituciones publicas en la promoción, difusión y potenciación de la lengua castellana se destinen a la lengua catalana.

    Potenciar la Formación Profesional.

  • Instar a un cambio en el sistema de financiación autonómica actual para aumentar progresivamente el porcentaje del gasto sanitario financiado.

    Evitar gravar la sanidad privada con impuestos extra, ya que ayuda a descongestionar la sanidad pública, reduce el gasto e implicaría una doble imposición.

    Garantizar la compensación entre comunidades autónomas en función de los pacientes atendidos procedentes de otros territorios.

    Culminar los traspasos de inmuebles correspondientes a hospitales y otros establecimientos sanitarios y de servicios sociales propiedad de la Seguridad Social pero gestionados por las comunidades autónomas.

    Condonación de deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias de las que son titulares las administraciones públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

  • Defensa del modelo educativo propio de Cataluña, con el catalán como lengua vehicular y de uso preferente (inmersión lingüística).

    Aumentar el presupuesto destinado a educación para mejorar los recursos humanos y materiales y financiar la educación de 0 a 3 años y garantizar que la postobligatoria (16-18 años) sea gratuita.

    Centros concertados: actualizar su legislación y financiación, para adecuarlas a las necesidades del siglo XXI y sus costes reales.

    Regular la carrera docente en públicos y concertados a través de un periodo de acreditación práctica (MIR docente).

    Exigir la transferencia de la gestión de las becas de educación superior a Cataluña.

  • Seguir respetando el régimen de competencias, respetar el modelo propio de la EBAU y defender la capacidad de Euskadi de decisión en el marco de la gobernanza de las universidades.

    Formación Profesional: defender su integración y desarrollar la innovación aplicada también en este ámbito.

    Reivindicar el euskera como eje del sistema universitario y de ciencia de excelencia.

    Reivindicar la homologación de títulos extranjeros universitarios para facilitar la captación de estudiantes vascos que hayan cursado estudios en el extranjero.

    Impulsar la colaboración universidad-empresa y eliminar toda barrera a titulaciones oficiales universitarias duales para generar talento altamente cualificado.

  • Blindar nuestros modelos educativos y curriculares y sus características lingüísticas, no permitiendo ningún tipo de intromisión ni cambio impuesto en los modelos educativos propios.

    Transferencia del sistema de becas.

  • Defensa de la educación púbilica en catalán frente a las privatizaciones.

    Defensa de la lengua catalana en todos los ámbitos de la educación de los Países Catalanes.

  • Promover un gran pacto social por la educación.

    Continuidad del convenio plurianual para el Plan Especial de Infraestructura Educativa, dotado con al menos 42 millones de euros anuales, que permita seguir desarrollando el sistema educativo canario.

    Reforma legislativa que reconozca la gratuidad del primer ciclo de la Educación Infantil (0-3 años).

    Apuesta por la Formación Profesional Dual.

    Plan de becas específico para estudiantes canarios.

  • Desarrollo de la LOMLOE, ya aprobada en el Congreso.

    Generalizar la educación de 0 a 3 años.

    Apuesta por la FP dual, flexible y adecuada a la realidad social y demanda empresarial.

    Recuperar el Plan de Infraestructuras educativas de Canarias, financiado por el Estado.

    Programa específico de becas de estudios para estudiantes canarios que no encuentren en su isla de residencia la oferta educativa que demanden.

  • Derogación de la LOMLOE.

    Garantizar la libre elección de los padres a elegir la educación que quieran para sus hijos y la no imposición del euskera.

    Eliminación de la limitación de concertar con centros educativos en función de su modelo educativo.

    Potenciar la Formación Profesional Dual.

    Asunción de la competencia en materia de becas.

  • Establecer un marco educativo nuevo que supere las limitaciones competenciales actuales tanto en la enseñanza no-universitaria (LOMLOE, LOFP) como en la universitaria (LOSU) y que parta de la configuración plurinacional y plurilingüe del Estado.

    Promover un modelo educativo fundamentado en el derecho universal a la educación de 0 a 18 años y obligatoria de 3 a 18 años, sustentado en una red de enseñanza pública, con servicios complementarios como libros de texto, material escolar y actividades extraescolares gratuitas.

    Crecimiento de los presupuestos destinados a la educación hasta dedicarle, como mínimo, el 7% del PIB.

    Incrementar la financiación de la universidad pública, tomando como referencia el 1,5% del PIB y favorecer la participación de los proyectos de investigación universitaria en los programas de I+D+i.

  • Fortalecer la red de centros educativos en todo el territorio.

    Fomento de la presencia de la universidad en todo el territorio.

    Impulsar la creación del Centro Nacional de Investigación sobre Dinosaurios.

  • Aumento de los fondos destinados a becas en todo el tramo educativo.

    Gratuidad y libre acceso a libros de texto. Poner en marcha un proyecto de colaboración entre comunidades autónomas para la elaboración de libros de texto con licencia copyleft, de distribución y copia libre.

    Reducción de la ratio de alumnos y alumnas por profesor/a en todo el tramo educativo.

    Programas de información y educación para promover entre la ciudadanía el respeto por los animales, prevenir el abandono y fomentar la adopción responsable.

    Medidas para garantizar la atención temprana a menores con discapacidad y sus familias, en la población infantil de 0 a 6 años.

  • Revertir los recortes en Educación.

    Mejora de las condiciones laborales de los docentes y mejora de las infraestructuras.

    Rebaja de la ratio de alumnos por clase.

    Salto cualitativo en la Formación Profesional.

    Duplicar el número de becas, en todos los niveles.

  • Realizar un acuerdo educativo para favorecer la educación afectivo sexual, en derechos humanos, en medioambiente, en injusticias sociales, en perspectiva de género, etc.

    Apoyar el fortalecimiento de la educación pública gratuita y de calidad y, al mismo tiempo, apoyar la coexistencia de la educación pública y privada.

    Desarrollar un plan para la educación inclusiva y revisar el plan de formación del profesorado y el sistema de acceso.

    Enseñanzas superiores: promover y fortalecer la Formación Profesional para convertirla en una alternativa de calidad para la educación y el empleo y trabajar por la enseñanza universitaria pública, gratuita y de calidad.

    Apoyar a los jóvenes que tienen que trabajar para pagar sus estudios y equilibrar y atender la demanda de becas para hacer prácticas en el extranjero.

Vivienda

  • Plan de vivienda para el alquiler asequible: 201.000 viviendas mediante acuerdos con las comunidades, ayuntamientos, promovidas a través de la Entidad Pública Estatal de Suelo (SEPES), construidas con los fondos europeos o con préstamos. Se le añadirán otras 50.000 de la SAREB.

    Que las reservas obligatorias de suelo para vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos urbanísticos destinen el 50% a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social y alquiler asequible y rehabilitación de 500.000 viviendas.

    Cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda para jóvenes de hasta 39 años.

    Avales del ICO con 2.500 millones de euros para ayudar a menores de 35 años a adquirir una vivienda y avales del 20% de la hipoteca, y cuenta de ahorro bonificada para la compra de una primera vivienda para jóvenes de hasta 39 años.

    Ley para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un plazo máximo de 48 horas.

  • Derogar la nueva Ley de Vivienda y promover un pacto de Estado sobre la vivienda.

    Poner en marcha un programa de avales para jóvenes de hasta 35 años, para garantizar la concesión de créditos hipotecarios de hasta un 95% del precio de la vivienda.

    Suelo público para vivienda en alquiler accesible y promoción de la vivienda social.

    Plan 'antiocupación' que permita desalojos en un plazo de 24 horas y que las viviendas ocupadas no sean objeto de carga tributaria, local o autonoÌmica durante el tiempo que se prolongue la situacioÌn.

    Incrementar hasta tres años de cárcel de la pena por usurpación e introducción el supuesto de que se realice por un grupo organizado.

  • Reformar el Código Penal para alcanzar una tolerancia cero con la ocupación ilegal, eximir a los propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente del pago del IBI durante el periodo de ocupación e impedir que un ocupa pueda empadronarse en la vivienda.

    Recuperar la deducción por vivienda habitual, modificar la Ley del IVA para eliminarlo en la adquisición de la primera vivienda habitual y liberar el suelo que no esté o deba estar especialmente protegido.

    Impulsar la construcción de viviendas sociales públicas, aumentar el parque de viviendas de protección oficial y revisar y rebajar los tributos y cargas en el proceso edificatorio.

    Acabar con la expropiación temporal de inmuebles y promover el incremento de la concesión de licencias.

    Derogar la ley por el derecho a la vivienda y establecer la prioridad nacional en las ayudas nacionales y los programas de acceso a vivienda.

  • Constituir en menos de diez años un parque residencial de viviendas sociales y asequibles para alquiler de dos millones de inmuebles, con un gasto sostenido del 1% del PIB de media.

    Crear un bono de emergencia por valor de 1.000 euros por hogar para la compra de vivienda habitual dirigido a los hogares hipotecados a tipo variable y establecer de forma obligatoria la portabilidad de hipotecas.

    Modificar la ley de vivienda para incluir: el alquiler social obligatorio para grandes tenedores.

    Establecer precios de referencia para las zonas tensionadas equivalentes al 30% de la renta de los hogares.

    Crear un banco público para que contrarreste el oligopolio bancario y se pueda rebajar el coste de las hipotecas.

  • Garantizar el acceso a la vivienda digna.

    Hacer posible que las comunidades autónomas con competencias puedan regular alquileres urbanos.

    Regular los alquileres de temporada.

    Dotar a las autoridades competentes de la capacidad de demandar judicialmente la titularidad de viviendas, para recuperar así su uso social.

    Garantizar la dación en pago.

    Propuesta de ley para recuperar las viviendas de la SAREB.

  • Derogar la Ley de Vivienda por invasión competencial, por "suponer un ataque frontal a la propiedad privada, por los grandes perjuicios que generan los controles de precios y por su negativo impacto sobre la oferta de pisos de alquiler".

    A corto plazo, doblar los recursos que el Estado transfiere anualmente a la Generalitat para políticas de vivienda. A medio plazo, aumentar los fondos estatales para situarlos en la media europea, del 0,6% del PIB.

    Revisar la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario para vincularlas a la promoción de alquiler asequible.

    Parque de vivienda para personas con discapacidad intelectual, adaptada a las necesidades de cada etapa de su vida. Establecer una reserva de acceso a vivienda protegida para personas con discapacidad intelectual.

    Promover reformas legales para que los ocupas puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios les pueda denunciar por la vía civil y que se dote a los ayuntamientos de competencias para tomar medidas.

  • Aumentar los recursos transferidos a la Generalitat para políticas de vivienda y aumentar progresivamente los fondos estatales para situarlos en la media europea, el 0,6% del PIB.

    Exigir la transmisión a la Generalitat y los ayuntamientos del 30% de los pisos vacíos que la SAREB tiene en Cataluña para ampliar el parque de vivienda social.

    Incentivar que los pisos de protección oficial continúen cumpliendo su función social cuando pierdan su condición.

    Revisar la fiscalidad de las sociedades anónimas cotizadas de inversión el mercado inmobiliario para vincularlas a la promoción de vivienda de alquiler asequible.

    Crear un fondo estatal territorializado para atender la especial situación de las personas sin hogar y modificar los mecanismos de segunda oportunidad para que sean aplicables a las personas en situación de deuda crónica por la hipoteca o el fracaso empresarial como autónomo.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Recuperar, de manera indefinida, la prórroga automática de los contratos de alquiler en caso de renovación, manteniendo condiciones y cuantías de renta.

    Establecer temporalmente, hasta la reversión del alza de los tipos de interés, la congelación retroactiva de las cuotas hipotecarias para hipotecas inferiores a 250.000€ limitando el aumento a un máximo del 15% sobre las cuotas previas a la primera subida de los tipos de interés de julio de 2022.

    Obligatoriedad de cumplir el Código de Buenas Prácticas de la Banca para hacer frente a los pagos hipotecarios.

  • Derecho universal a la vivienda.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Plan de Vivienda cofinanciado entre el Estado y las comunidades autónomas que tenga como base la construcción de vivienda protegida y potencie también las ayudas al alquiler para jóvenes y familias.

    Incentivos fiscales para estimular a los propietarios a alquilar y reducir el precio, sin perjuicio de que se establezcan límites a los precios de las zonas tensionadas.

    Impulso a la vivienda colaborativa.

    Planes de Emergencia Social para la población en riesgo de desahucio.

    Exigir al Gobierno que se implique en la búsqueda de mecanismos para limitar la adquisición de viviendas por extranjeros no arraigados en las islas.

  • Derogación de la Ley de Vivienda.

    Establecimiento de normativa que garantice el reconocimiento efectivo a la propiedad privada de las viviendas y la lucha contra la ocupación ilegal.

  • Aumentar la inversión destinada a vivienda hasta alcanzar los 250 euros por habitante.

    Transferir de forma gratuíta las viviendas, suelos y promociones de la SAREB, de forma que permitan aumentar la oferta de parque público de vivienda del IGVS allí donde exista demanda.

    Evitar la degradación, la cesión o la privatización del patrimonio público de suelo y de vivienda, procurando su uso como viviendas y espacios públicos.

    Incorporar en los programas estatales de vivienda medidas y recursos para movilizar la vivienda vacía de cara a su ocupación y de cara al alquiler accesible, atendiendo a un reparto que considere la incidencia territorial de este fenómeno.

    Modificar los criterios y la gestión de las ayudas para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética, incluyendo los fondos europeos, con el fin de lograr que sean más accesibles para las personas más vulnerables.

  • La política de vivienda debe ser una palanca contra la despoblación.

    Potenciar la vivienda pública en las zonas rurales.

    Aplicar un programa para la mejora de la eficiencia energética de las viviendas que ofrezca soluciones técnicas y un fondo de ayudas que alcance a 700.000 viviendas al año, del que el 30% se destinará a la eficiencia energética en la vivienda rural.

  • Ampliar la oferta de viviendas, evitando la turistificación.

    Proponer acuerdos con las entidades financieras que dispongan de viviendas deshabitadas para destinarlas al alquiler a precios sociales.

  • Plan Urgencia contra la inflación y la subida de alquileres e intereses bancarios.

    Ley de Vivienda contra la especulación de los grandes tenedores limitando el poder, principalmente, de los grandes fondos extranjeros.

    Construcción de más vivienda pública.

    Paralización de los desahucios mientras dure la crisis, imponiendo a los bancos una moratoria (en el principal y los intereses) en el pago de las hipotecas de la vivienda familiar.

  • Apoyar la aplicación de la nueva ley de vivienda. Mejorar y completar la nueva ley de vivienda.

    Velar por el cumplimiento de la nueva ley hipotecaria.

    Hacer un seguimiento de la aplicación del Acuerdo Marco para dar solución al sinhogarismo.

    Apoyar la erradicación del chabolismo y las infraviviendas.

    Simplificar requisitos de becas y ayudas a estudiantes contemplando la emergencia del alquiler de habitaciones.

Pensiones

  • Cambiar la Constitución para garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y cumplir con las recomendaciones del Pacto de Toledo.

    Subida del complemento contra la brecha de género en las pensiones del IPC +10% adicional en 2026-2027.

    Nuevas modalidades de jubilación parcial y activa y regulación de la jubilación anticipada para actividades profesionales especialmente duras o penosas.

    Por el nacimiento o adopción de cada hijo se reconocerá a cada uno de los progenitores un periodo de cotización de un año que repercutirá en la pension.

    Rellenar la hucha de las pensiones con 5.000 euros al año: en 2027 habrá más de 20.000 millones millones de euros en 2027.

  • Asegurar sostenibilidad y suficiencia de las pensiones, garantizando la revaloración en el marco del Pacto de Toledo (sin mención al IPC).

    Adoptar lo que se conoce como 'mochila austriaca': introducir cuentas individuales portables para los trabajadores, que puedan usar ante diversas contingencias de su vida laboral, las cuales se nutrirán a través de aportaciones mensuales de las empresas, con una parte de las cotizaciones sociales que ya abonan.

  • Asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones desmontando el sistema autonómico y terminando con el despilfarro político.

    Impulsar un programa de desgravaciones fiscales para perceptores de rentas de jubilación y mayores de 65 años que incurran en cargas a favor de familiares menores de 35 años como gastos sanitarios, educación, práctica deportiva o adquisición de su primera vivienda.

  • Mantener la revalorización de las pensiones con el IPC y subirlas por encima de este índice en caso de pensiones mínimas y no contributivas hasta que alcancen el umbral de la pobreza.

    Reforzar el sistema público de pensiones con más ingresos, derivados tanto de los nuevos mecanismos de financiación como del aumento de cotizantes y de mayores bases de cotización.

    Reforzar el complemento de las pensiones para la reducción de la brecha de género

  • Ley de Pensiones sostenible y con futuro.

    Rebaja de la edad de jubilación a los 65 años.

    Rebaja de la edad de jubilación a los sectores de especial exigencia.

    Incremento de las pensiones mínimas.

    Complemento para eliminar la brecha de género.

  • Transitar a un sistema de pensiones mixto, con la implantación obligatoria de una cuenta de ahorros a largo plazo para todos los residentes, la cual tenga los mismos beneficios fiscales que los planes de pensiones.

    Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, compatible con la mejora gradual de las pensiones mínimas, de orfandad y viudedad.

    Corregir parcialmente las penalizaciones de los trabajadores con largas carreras de cotización que quedan en el paro en los años previos a la jubilación.

    Defender la adecuación del sistema de pensiones de manera acordada, en el seno del Pacto de Toledo y con el acuerdo de los agentes sociales.

    Trabajar por la supresión de los coeficientes reductores en la prestación de jubilación de las personas que ha cotizado 40 años o más y se jubilan de forma anticipada.

  • Continuar con la revalorización de las pensiones, que se lleve a cabo de forma concertada con sindicatos y empresarios.

    Mejorar las bases reguladoras de las pensiones no contributivas hasta un 75% por rentas bajas, mejorar la fiscalidad de la pensiones que se compatibilizan con rentas procedentes del trabajo y avanzar en la convergencia de la pensión mínima contributiva y el salario mínimo.

    Incorporar la variable de "coste de la vida", individualizada por territorios.

    Asegurar el sistema de pensiones eliminando los déficits anuales, separando las fuentes de financiación e incorporando políticas de natalidad e inmigración.

    Fomentar los planes de pensiones complementarios para pymes y autónomos.

  • Mantener el espíritu del Pacto de Toledo: impedir la no actualización de las pensiones en base al IPC e impulsar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

    Impulsar medidas de carácter estructural para paliar la brecha de género para evitar las consecuencias derivadas de la interrupción de la carrera de cotización o de los vacíos de cotización involuntarios.

    Reformar la Ley General de Seguridad Social para impedir o limitar la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones, recuperando el tope del 3% para que dicho mecanismo solo pueda seguir siendo utilizado en situaciones excepcionales.

    Revisar y eliminar los gastos impropios del Sistema de Seguridad Social e impulsar los planes de empresa.

  • Aumento inmediato de las pensiones mínimas hasta los 1.080€.

    Nuevo alza en las pensiones mínimas de viudedad y las no contributivas, alcanzando un objetivo de suficiencia tras el aumento del 15% acordado por EH Bildu con el Gobierno.

    Rechazo a cualquier intención de ampliar la edad de jubilación.

    Transferencia del Régimen Económico de la Seguridad Social a las instituciones vascas y navarras.

  • Lucha por unas pensiones dignas.

  • Garantizar el sistema de pensiones vía Presupuestos Generales del Estado.

  • Reforzar la sostenibilidad del sistema con vías que aporten ingresos adicionales al empleo y los salarios.

    Continuar con el incremento de las pensiones, buscando favorecer a las de menor cuantía.

    Establecer medidas de compensación a las mujeres pensionistas para corregir la desigualdad existente.

    Cuestionamiento de las propuestas de retrasar progresivamente la edad de jubilación.

    Eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada a quienes superen los 40 años de cotización.

  • Defensa de pensiones dignas y sostenibles en el tiempo.

  • Incrementar las pensiones mínimas hasta situarlas en el 60% del salario medio.

    Revalorización anual de las pensiones conforme al IPC real.

    Recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y la parcial a los 61 años.

    Cambiar el período de cálculo de la base reguladora, que deberá realizarse a partir de un período de 10 años escogidos por la persona beneficiaria.

    Garantía de sostenimiento del sistema público de pensiones con cargo a los presupuestos y a los impuestos que gravan la riqueza.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Blindar las pensiones en la Constitución.

    Pensión mínima de 1.080 euros.

  • Blindar las pensiones a través de una reforma constitucional para que se reconozcan como un derecho fundamental.

Políticas sociales

  • Ampliar hasta la renta media (37.800€) el umbral para acceder a las ayudas por la subida de tipos de interés de las hipotecas: ampliación de crédito hasta 7 años y congelación de cuota de 1 año.

    Consolidar el Ingreso Mínimo Vital, el Complemento de Ayuda a la Infancia hasta llegar a un millón de menores de edad y los bonos jóvenes al alquiler y para cultura.

    Ayuda directa para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años con pocos recursos.

    Prestación por crianza para familias con personas menores a cargo.

    Nueva ley de Seguridad Social, actualizar el Plan de Choque en Dependencia y una prestación para las personas electrodependientes.

  • Mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, en coordinación con las comunidades autónomas.

    Promover ayudas contra la pobreza infantil; entre otras, asegurar el acceso efectivo a servicios de 0-3 años de comedor escolar, salud, vivienda y alimentación.

    Poner en marcha una estrategia nacional de atención a la soledad no deseada.

    Promover proyectos de voluntariado entre las personas de 65 o más años.

    Universalización de la atención temprana de la discapacidad para que los menores de 6 años que lo necesiten tengan acceso a un diagnóstico precoz y a un tratamiento a la mayor celeridad posible.

  • Reforzar la terapia ocupacional y las partidas de dependencia, las ayudas para el cuidado en el hogar y aumentar las plazas en residencias y programas de atención a la soledad no deseada.

    Impulsar una auditoría y reforma del sistema tutelar español para proteger a los niños en situación vulnerable o de desamparo y ampliar el servicio de atención temprana para mayores de seis años cuando se estime oportuno.

    Suprimir la dirección general de derechos de los animales "que trata de humanizar al animal atentando contra la posición central del hombre en la naturaleza".

  • Impulsar una reforma constitucional que blinde el derecho a la Seguridad Social; garantizar que todas las personas residentes en España tengan derecho a la protección por la Seguridad Social, incluidas las personas residentes en situación de irregularidad.

    Revalorizar prestaciones con el IPC.

    Mejorar el acceso y alcance del íngreso mínimo vital, simplificando la burocracia e incluyendo jóvenes de entre 18 y 23 años como potenciales beneficiarios, o migrantes irregulares.

    Nueva ley de cuidados y de sostenibilidad de la vida.

  • Renta Básica de ámbito europeo.

    Prestación universal para la crianza de hijos.

    Gestión directa de los Fondos Sociales Europeos.

    Políticas para localización y exhumación de los desaparecidos durante el franquismo, con una condena explicita de la Dictadura y la eliminación de todas sus reminiscencias en el Estado Español.

    Impulsar el derecho al voto a partir de los 16 años.

  • Exigir al Estado que en esta legislatura financie la mitad del coste del sistema de atención a la dependencia. Adecuar los recursos del Estado para financiar la dependencia al coste más alto de la vida en Cataluña.

    Asumir por parte de la Generalitat la gestión del Ingreso Mínimo Vital y unificar en una sola estructura los diferentes tipos de prestaciones en materia de protección social.

    Reclamar al Estado la modificación de la regulación del Ingreso Mínimo Vital para hacerlo compatible plenamente con prestaciones específicas para la infancia.

    Aplicar un complemento salarial en forma de impuesto negativo sobre la renta para combatir la pobreza laboral, para incrementar la renta disponible de sus perceptores y crear incentivos para aumentar el número de horas trabajadas.

    Incrementar la protección ante los supuestos de pobreza energética de las personas mayores y crear un fondo de garantía para la protección de consumidores vulnerables con cargo al Estado, pero con la gestión transferida a la Generalitat para evitar cortes del suministro de luz o gas.

  • Reclamar al Estado sus obligaciones financieras de la ley de dependencia.

    Exigir la transferencia de las competencias de la seguridad social a la Generalitat.

    Recuperar el subsidio especial para mayores de 45 años que agoten la prestación contributiva y garantizar que el ingreso mínimo vital llegue a los hogares a los que les corresponde.

    Establecer la contratación de las personas con discapacidad como requisito para acceder a contratos públicos o recibir ayudas como empresa.

    Crear un fondo de garantía para la protección de los consumidores vulnerables a cargo de los presupuestos generales y transferir su gestión la Generalitat para impedir cortes en los suministros de electricidad y gas a las personas en vulnerabilidad energética.

  • Efectuar la ley integral contra la trata de personas y su protección.

    Para personas discapacitadas, favorecer la integración laboral.

    Erradicar la violencia y explotación sexual infantil e incidir en el peligro para los niños al consumo de la pornografía.

  • Rechazar la recuperación de las reglas fiscales para la contención de la inversión pública, impidiendo cualquier tipo de política de austeridad que conlleve recortes sociales o de servicios públicos.

    Convertir en permanente la prohibición de cortes de suministros básicos para personas y familias vulnerables y ampliar por ley el acceso y duración del Suministro Mínimo Vital.

    Aprobar la gratuidad de productos de higiene menstrual para personas vulnerables mediante su distribución farmacéutica y aplicar el IVA superreducido a estos productos en todos los puntos de venta.

    Reformular los condicionantes de la calificación de “persona vulnerable†ampliando los límites de renta en un 15%.

    Ampliar el alcance del Ingreso Mínimo Vital elevando los máximos de renta para hacerlo accesible a más personas y aumentando las cuantías en un mínimo del 12%.

  • Ampliación de la ley de dependencia.

    Recuperación de los derechos sociales perdidos por la deuda, las privatizaciones y los recortes.

    Reconocimiento de Internet como un servicio básico de acceso universal.

    Acabar con los privilegios de la Iglesia Católica.

  • Exigiremos que el Gobierno cumpla con la actualización de los costes del transporte de mercancías para que los canarios no se vean obligados a pagar la cesta de la compra más cara de España.

    Reclamaremos al Gobierno del Estado la financiación prevista en nuestro Régimen Económico y Fiscal para luchar contra la pobreza en tanto en cuanto la situación de la pobreza en Canarias sea mayor que la media estatal.

  • Prioridad a las políticas de cuidados y desarrollo de una vida autónoma y digna para los mayores (medidas sanitarias, sociosanitarias, vivienda y ocio).

    Superar el déficit en la aplicación de la ley de dependencia y cumplimiento de los compromisos presupuestarios en Canarias.

    Fórmulas innovadoras como las residencias de mayores con guarderías o las tecnologías aplicadas a la ayuda a domicilio.

    Planes de Emergencia Social destinados a la población más vulnerable, que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda.

  • Cumplimiento de la financiación de la Ley de Dependencia y de medidas para la integración efectiva de las personas con discapacidad.

    Cumplimiento de la normativa que regula la accesibilidad de las personas con discapacidad.

  • Aplicar un programa específico de lucha contra la pobreza y contra la exclusión social.

    Reclamar la transferencia a Galicia del Ingreso Mínimo Vital.

    Elevar, con carácter global, la inversión en materia de protección social hasta situarla, como mínimo, en el gasto medio del conjunto de la Unión Europea, asegurando el carácter público de los servicios sociales básicos.

    Garantizar el derecho de autonomía de las personas con discapacidad a través de medidas como la figura de la asistencia personal.

    Garantizar la atención presencial sin cita previa en todas las oficinas de la Administración, facilitando la accesibilidad a los servicios públicos cuando sea preciso.

  • Mejorar los servicios de atención a la dependencia y colectivos vulnerables.

    Promover el modelo de residencias abiertas para nuestros mayores, en sus propias casas y en sus barrios y municipios.

  • Establecimiento de economatos sociales y acuerdos con las grandes cadenas de alimentación, para garantizar el acceso a productos con precios bonificados en función de la renta disponible.

    Programas de huertos urbanos ecológicos, destinados a personas desempleadas y/o en riesgo de exclusión social.

    Establecimiento de un precio social en los suministros básicos para los hogares con poder adquisitivo reducido y familias o personas en riesgo de exclusión social. Establecimiento de un mínimo vital de agua.

    Permitir y regular el acceso de los animales al transporte público, a los albergues para personas sin hogar, a las residencias para mayores, y a las casas de acogida y pisos tutelados para víctimas de violencia de género.

    Plan nacional para promover la formación, el empleo y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

  • Bajar los precios de 1.000 alimentos y productos de primera necesidad al nivel de diciembre de 2021.

    Bono energético para familias, autónomos, pymes y explotaciones agrarias y ganaderas. Equivalente al 40% de los costes eléctricos y combustibles profesionales, a compensar con beneficios fiscales.

  • Suscribir un pacto para la prevención y lucha contra la probreza y exclusión social y aprobar una ley de servicios sociales.

    Aprobar un Plan Nacional contra el Racismo y modificar la Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales para garantizar la prohibición de la discriminación y la protección de grupos vulnerables.

    Elaborar un plan integral de cuidados, promover ciudades compasivas y medidas para revertir el edadismo.

    Revisar las retribuciones ligadas a discapacidades y aprobar una ley para armonizar los derechos y garantías de los cuidados paliativos.

    Seguir impulsando una estrategia de desinstitucionalización que ponga el foco especialmente en las personas sin vivienda o vivienda inadecuada, personas mayores, discapacitadas, con problemas de salud mental y menores en situación de riesgo o desamparo, entre otros grupos.

Ganadería y Agricultura

  • Partida de 210 millones para fomentar el relevo generacional de las explotaciones agrarias y crear una Ley de Agricultura Familiar.

    Evaluación en 2024 de la PAC 2021-2017.

    Aumentar las ayudas del Plan Renove de Maquinaria.

    Mayor control de las importaciones y apoyo a los alimentos españoles bajo la estrategia #AlimentosdEspaña.

    Impulsar y modernizar el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA) y desarrollar la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.

  • Revisar el plan estratégico de la PAC.

    Impulsar medidas de apoyo y refuerzo del sector primario que ayuden a reducir los costes de la energía, los combustibles y las materias primas, y reforzar la viabilidad del sistema de seguros agrarios.

    Apoyar de forma especial a la agricultura familiar y promover medidas que garantice el relevo generacional.

    Establecer políticas para hacer más competitivo y sostenible al sector pesquero español.

    Apoyar la actividad cinegética sostenible y restablecer la situación de protección del lobo previa a 2021 para extraer las poblaciones al norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

  • Establecer un programa de incentivos para facilitar el retorno a España de empresas deslocalizadas y fomentar la continuidad empresarial y el relevo generacional mediante incentivos y desgravaciones fiscales.

    Incentivar fiscalmente a las empresas que compren productos agrícolas nacionales.

    No permitir injerencia de países y lobbies verdes extranjeros, garantizar la aplicación de la ley de cadena alimentaria y defender el modelo cooperativista.

    Defender la caza como actividad esencial.

  • Ley de futuro de la agricultura, la ganadería y la alimentación para impulsar una transición agroecológica.

    Detener el crecimiento del regadío salvo cuando existan nuevos recursos procedentes de la reutilización de aguas residuales o la desalación. Moratoria y reducción del regadío intensivo y apoyo al regadío tradicional o al secano.

    Intervención en el mercado de tierras agrarias para favorecer la integración de jóvenes y mujeres, así como nuevas incorporaciones al sector.

    Negociar una PAC que priorice las explotaciones familiares agrarias y apoye la transición agroecológica y apoyo efectivo a explotaciones agroecológicas, con compra pública alimentaria sostenible para colegios y hospitales.

  • Trabajar para descentralizar la Política Agraria Común de la UE.

    Mejorar el sistema de seguros agrarios.

    Potenciar la alimentación de proximidad para favorecer la ganadería, agricultura y pesca.

    Traspaso de la gestión de las aguas pesqueras a Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

    Promover una regulación del cáñamo con fines industriales y el cannabis no psicoactivo que proteja a las personas que son cultivadoras, comercializadoras y usuarias.

  • Potenciar medidas de recuperación, regeneración y reutilización del agua, así como de mejora de la eficiencia de regadíos y sistemas de producción.

    Pedir al Estado que financie el Food Valley catalán, un clúster alimentario en Cataluña, y subvencione una parte de la adquisición e instalación de sistemas de riego más eficientes.

    Trabajar para que el Gobierno central cobre las pérdidas ocasionadas a los agricultores por causas meteorológicas que no estén cubiertas por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios.

    Apoyar a las cofradías de pescadores y sus acuerdos de pesca marítima vigentes para garantizar la sostenibilidad económica y medioambiental del sector, así como negociar el derecho a percibir indemnizaciones por las paradas biológicas a los barcos catalanes.

    Implantar controles para exigir el cumplimiento de estándares de producción comunitarios (bienestar animal, fitosanitarios…) a todos los productos que provengan de terceros países.

  • Negociar la gestión del agua en la cuenca del Ebro para garantizar la compatibilidad del caudal ecológico y el suministro a las explotaciones agrarias; regular el caudal procedente de la Noguera, Ribagorçana, la Noguera Pallaresa y el Segre para permitir la producción agraria y eliminar el canon de control de vertidos al Ebro que cobra la Confederación Hidrográfica.

    Trabajar por una regionalización efectiva de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

    Defender que el agricultor con derecho a recibir las ayudas de la UE tenga como mínimo un 25% de ingresos agrarios respecto al total de la actividad agraria.

    Establecer un sistema de devolución trimestral del IVA a las explotaciones.

    Pesca: negociar el derecho a percibir indemnizaciones por pausas biológicas y mejorar las ayudas a la flota mediterránea de proximidad.

  • Desarrollar un sistema agroforestal sostenible e innovador que garantice el aprovechamiento de residuos y materiales primas agroforestales para desarrollar nuevos productos innovadores.

    Apoyar el relevo generacional, mejorar la ley de cadena alimentaria y promover una gestión sostenible de la actividad agraria y forestal.

    Fomentar la competitividad a través de la I+D+i e impulsar la digitalización y la innovación en la cadena alimentaria y de la madera.

    Revisar el Plan Estratégico de la PAC para garantizar la viabilidad de las explotaciones y reducir la burocracia y reclamar la relación de bilateraldad con el Estado.

    Para la pesca, favorecer el relevo generacional, mejorar la competitividad de la flota y medidas de gestión pesquera y establecer mecanismo de coordinación para que no se pierda el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMPA).

  • Aumentar el control sobre toda la cadena de producción y distribución alimentaria, dedicando más efectivos para ello, al objeto de asegurar precios justos y suficientes para los productores.

  • Potenciar las explotaciones agrarias a pequeña escala, frente a la especulación de la política agraria española y europea.

    Politicas de distribución para alcanzar la soberanía alimentaria.

  • Medidas específicas del Estado para proteger el sector agrario, ganadero y pesquero canario, con la defensa de su especificidad en la Unión Europea.

    Garantizar el agua para agricultura y ganadería, así como sus precios.

    En el sector pesquero, alcanzar al menos un 12% de la cuota nacional de atún rojo para la flota atunera canaria y el aumento de la cuota de la tuna (patudo en Península).

  • Compromiso con el arancel AIEM (Arbitrio a la Importación y Entrega de las Mercancías), en defensa de las producciones canarias, y el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias.

    Priorizar la depuración y reutilización de aguas residuales para el riego.

    Exigir al Gobierno estatal el incremento de las cuotas de pesca del atún rojo.

    Reconversión de la agroindustria palmera, tras la erupción del volcán, como una oportunidad para modernizar, mejorar y racionalizar ecológicamente las explotaciones agropecuarias.

  • Defensa del mundo rural, tanto de las actividades agrícolas y ganaderas como de la caza y la pesca, así como la tauromaquia.

    Aumentar las coberturas de seguros agrarios.

  • Exigir una reforma de la Ley de la Cadena Alimenticia para impedir la venta por debajo de los costes de producción, incluyendo referencias objetivas para condicionar los precios que reciben los productores.

    Defensa de una PAC ajustada a la realidad productiva del sector primario gallego, como puede ser la incorporación de nuevos ecoesquemas o la revisión de la superficie admisible en los pastos arbustivos.

    Exigencia de que la pesca artesanal quede exenta de TAC y cuotas, así como una reducción del IVA de los productos pesqueros.

    Elaboración de un catálogo de enfermedades profesionales propias de los trabajadores del mar, como mejilloneros, mariscadoras o percebeiros.

  • Revertir el abandono institucional que sufre el medio rural.

    Compromiso con la agricultura y ganadería profesionales, defensa de precios justos para sus productos y aplicación de programas de investigación.

    Trabajar para modernizar el sector agroalimentario y mejorar sus beneficios en la cadena alimentaria.

    Defensa del agricultor y ganadero profesional, vinculado al territorio.

    Política de ciencia, tecnología e innovación centrada en el sector agroalimentario y en la silvicultura.

  • Mejora del bienestar animal en las explotaciones ganaderas: prohibición de la amputaciones no curativas, de la alimentación forzosoa y de la comercialización de foie gras, de los sacrificios halal y kosher.

    Oposición a la caza. Impulsar la prohibición definitiva de la utilización de balines de plomo. Prohibición del empleo de animales como instrumentos para cazar.

    No a las macrogranjas: medidas para evitar la proliferación de macrogranjas en España. Prohibición de granjas peleteras.

    Oposición a conceder nuevas licencias de apertura de piscifactorías de cría intensiva y apuesta por el cierre de las existentes.

    Cese de las subvenciones al sector de alimentación de origen animal. Subvenciones a los alimentos vegetales saludables y cuya producción sea más respetuosa con el medio ambiente, como frutas, verduras, legumbres, semillas, cereales o algas.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Desincentivar la importación de productos agrícolas que proceden de economías que no cumplen con estándares mínimos de derechos laborales y sostenibilidad ecológica.

Industria

  • Impulso a los PERTE estratégicos y segunda convocatoria del PERTVE VEC para avanzar en las baterías y el vehículo eléctrico y nuevas convocatorias del PERTE de descarbonización industrial. Desplegar los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación para llevar a España a liderar sectores como el vehículo eléctrico, energías renovables o la industria naval.

    Estrategia Española de Impulso Industrial 2030 alineada con la UE con especial foco en el ámbito energético y energías renovables.

    Trabajar en un Pacto de Estado por la industria y para aumentar el peso de esta en el PIB e impulsar la Ley de Industria.

    Impulso de los programas RETECH con los fondos europeos para crear redes de proyectos innovadores en los ámbitos de la inteligencia artificial o ciberseguridad.

    Ayudas para bonos de 25.000 a 29.000 euros para la digitalización de las pymes a partir de 50 trabajadores.

  • Poner en marcha una estrategia nacional de reindustrialización y un plan estratégico con el objetivo de incrementar hasta el 20% del PIB el peso de la industria española.

    Impulsar el desarrollo de proyectos de inversión a través de una nueva oficina de proyectos industriales estratégicos (OPIE).

    Promover una estrategia industrial y tecnológica para los sectores aeroespacial y defensa.

    Mejorar la dotación de acuerdo con la normativa europea para la compensación de los gastos de CO2 de la industria electrointensiva.

  • Suspender "toda norma climática impuesta por las élites globalistas que afecte al interés de los españoles".

    Detener el cierre de plantas industriales y energéticas "por las imposiciones de la nueva religión climática".

    Utilizar los emplazamientos de las centrales nucleares cerradas para implantar "mini reactores nucleares (SMR)".

    Fomentar y actualizar el parque de generación nuclear y la extensión de la vida útil de las centrales existentes.

  • Iniciar un proceso de reindustrialización verde que aproveche las oportunidades que ofrece la transición energética, promoviendo la recuperación de la cadena de valor y producción completa de las industrias renovables en territorio nacional.

    "Misión España vanguardia de la electromovilidad", adaptando las fábricas de automóviles y fomentando la producción y al reciclaje de baterías.

    Establecer un plan de soberanía tecnológica en el marco de un Estado emprendedor en sectores estratégicos, apostando por las PYMES innovadoras.

  • Acabar con los privilegios del IBEX 35 frente a la pequeña empresa.

    Mayor participación de la Generalitat en los procesos de reindustrialización.

    Exigir al Estado una gestión de los fondos europeos de recuperación Next Generation UE más descentralizada y adaptada a las necesidades de los territorios.

  • Impulsar un modelo de innovación que priorice las líneas de investigación que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas industriales y generar empleo de calidad.

    Desplegar una nueva política de investigación e innovación en la que el Estado asume una parte importante del riesgo tecnológico para atraer a inversores privados, mientras las pymes crecen y crean puestos de trabajo.

    Dotar y transferir líneas de ayuda económica y financiera a la reindustrialización de las zonas menos pobladas.

    Reducir el coste de la energía, incentivando la cogeneración, fomentando acuerdos bilaterales de compra de energía a precio fijo a largo plazo y apostando por las energías renovables.

    Reclamar para la Generalitat las competencias en política industrial.

  • Exigir al Estado recursos económicos, financieros y fiscales para acelerar la incorporación de tecnologías digitales avanzadas en la industria.

    Destinar recursos públicos a subvencionar proyectos de un riesgo tecnológico empresarial y elevada potencialidad de nueva actividad económica y de ocupación, que atraiga a la inversión privada.

    Impulsar el desarrollo de la economia circular en todos los procesos productivos, disminuyendo residuos, fomentando el ecodiseño, la eficiencia energética, etc.

    Líneas de ayudas económicas y financieras a la reindustrialización de zonas especialmente perjudicadas por la crisis.

    Exigir la transferencia a Cataluña de la responsabilidad y los recursos sobre la ordenación industrial o la gestión de la propiedad industrial, con una moratoria de cuatro años en el pago de impuestos por los registros de marcas y patentes.

  • Impulsar y desarrollar un tejido productivo resiliente por parte de la administración y defender una ley de industria acorde y respetuosa con las competencias autonómicas.

    Impulsar una mayor coordinación en las políticas de industria y energía y apostar por la I+D+i. Desarrollar sistemas de contratación de energía eléctrica a medio-largo plazo para industrias y empresas mediante fórmulas PPA con garantía del Estado.

    Activar la figura del PERTE regional para canalizar de forma directa proyectos transformadores que puedan no ser contemplados en las convocatorias estatales.

    Mejorar la ciberseguridad industrial para impulsar el esfuerzo en la economía de los datos y ayudar a las empresas a usar esta tecnología para evolucionar hacia una economía y una industria más "tecnológica, robotizada y automatizada".

    Para favorecer la internacionalización, fomentar la apertura de nuevos mercados, plantes de acompañamiento, programas de financiación y crear consorcios de origen y destino, entre otras medidas.

  • Proponer y aprobar una nueva Ley de Industria que coloque en el centro las pequeñas y medianas empresas y apueste por la investigación, innovación, desarrollo y digitalización como pilares para la transformación y reconversión del tejido industrial vasco.

    Impulsar el PERTE de economía social y cooperativa, poniendo la financiación europea a disposición de nuestro tejido cooperativo y social.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Medidas específicas del Estado para proteger el sector industrial canario.

  • Garantizar la sostenibilidad, crecimiento y diversificación de la industria canaria.

    Compromiso con el arancel AIEM (Arbitrio a la Importación y Entrega de las Mercancías) en defensa de las producciones canarias.

    Apuesta por la digitalización y transición energética del sector industrial de las islas.

    Ayudas al 100% del transporte de mercancías.

  • Apostar por la instalación de una planta de baterías en VW Navarra y defensa de los intereses del sector de la automoción y del transporte.

    Potenciación y colaboración en el proyecto previsto del Centro Técnico Nacional de Conservas Vegetales.

  • Política real de reindustrialización basada en el impulso a la industria auxiliar, la optimización de los costes logísticos y el apoyo a los sectores industriales emergentes.

    Promoción y fortalecimiento de la construcción naval en Galicia, tanto en el ámbito privado como en el público, mediante la modernización tecnológica y la renovación de personal.

    Convertir NAVANTIA-Ferrol en un complejo industrial integral con diversificación de su actividad, que incorpore la construcción naval civil, así como implantar un plan de inversiones para la renovación de las infraestructuras e incorporar a la Xunta de Galicia al consejo de administración.

    Exigir el cumplimiento de los compromisos y la continuidad de la actividad y del empleo de ALCOA-San Cibrao, llegando a la intervención pública de la factoría.

  • Plan de Reindustrialización para la provincia de Teruel.

    Potenciar el desarrollo industrial de las zonas rurales, con apoyo de infraestructuras y logística.

  • Reactivar e impulsar el crecimiento del tejido productivo industrial y empresarial, favoreciendo las nuevas iniciativas e incorporando la I+D+I.

    Transformación del sector de la construcción que pase por la rehabilitación energética de edificios, para hacerlos más eficientes y sostenibles.

  • Crear un banco público que esté al servicio de impulsar el desarrollo industrial y de financiar a pymes y autónomos en condiciones favorables.

    Un plan para reindustrializar el país que genere 1,5 millones de empleos productivos.

    Impulsar y fortalecer el tejido industrial, basado en la I+D+i, fortaleciendo una industria propia de la energía.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Turismo

  • Impulso de la Estrategia de Turismo Sostenible 2030.

    Reforzar los programas del IMSERSO.

    Impulso a la política pública de Paradores de Turismo que ponga en valor la protección de nuestro patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.

    Estrategia de Turismo LGTBI.

    Desarrollo de la Plataforma Inteligente de Destinos Turísticos.

  • Aprobar un PERTE específico para el sector y un Plan RENOVE de la hostelería.

    Elaborar y desarrollar una ley turística.

    Reformular la estrategia de turismo sostenible 2030 y los Programas de Turismo Social y de Termalismo del IMSERSO.

    Planes específicos de desarrollo y promoción de formas de turismo con alto potencial desestacionalizador como el turismo cultural, de compras, de naturaleza, el náutico, el deportivo, el ecuestre, el gastronómico y enológico.

    Promover la colaboración público-privada para la formación en hostelería facilitando la creación de alianzas entre empresas, instituciones educativas y organismos públicos.

  • Impulsar el turismo rural, de montaña o interior con medidas fiscales y de promoción interior y exterior.

    Elaborar un plan nacional que restablezca "España como primera potencia turística mundial".

    Impulsar la homogeneización de la normativa turística en materia de viviendas con fines turísticos para toda España.

  • Reconversión del turismo, sector climáticamente vulnerable.

    Plan de turismo para minimizar sus impactos ecológicos y sociales.

    Regular el parque de viviendas turísticas en las ciudades y establecer límites a las plazas hoteleras.

    Plan Nacional de Turismo Rural y Ecoturismo para ayudar a alcanzar el potencial pleno de España y contribuir a la transformación ecológica del sector.

  • Luchar contra el monocultivo del turismo.

    Garantizar la dignidad laboral de los trabajadores del sector.

    Disolver la empresa Paradores de España y traspasar la titularidad de los paradores a la Generalitat.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Transferir a la Generalitat los recursos económicos, personales y materiales de la estructura y los presupuestos de la administración central en materia de turismo.

    Transferir a la Generalitat los establecimientos de Paradores Nacionales en Cataluña.

    Transferir la señalización turística en las carreteras de titularidad estatal.

    Armonizar las responsabilidades de las agencias de viajes y de las aerolíneas respecto a los derechos de los pasajeros, así como establecer una garantía financiera para las aerolíneas.

  • Impulsar el turismo y fomentar el basado en la preservación del patrimonio natural y cultural.

    Buscar la excelencia como destino y buscar la diferenciación para atraer una demanda más cualificada.

    Mejorar la digitalización de las empresas turísticas mediante formación y cualificación de estas.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Acabar con el monocultivo del turismo.

  • Proteger el sector turístico, motor de la economía canaria.

    Insistir en la necesidad de la prolongación de la financiación para la estrategia de resiliencia turística de Canarias.

    Impulso del sector turístico en El Hierro, La Palma y La Gomera.

  • Un turismo descarbonizado y digitalizado, más sostenible y de calidad.

    Diversificación de la oferta y mayor atención al gasto en destino y no en la obsesión por batir récords de visitantes.

    Compromiso con la renovación de las ciudades turísticas y modernización de la planta alojativa obsoleta sin ocupar más territorio.

    Apuesta por la cualificación de sus profesionales y en la sustancial mejora de la calidad del empleo.

    Regular adecuadamente el alquiler vacacional.

  • Crear un Parador Nacional en el Camino de Santiago a su paso por Navarra.

    Promoción turística de los Pirineos y Bardenas Reales de Navarra.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Potenciar el turismo rural con medidas ambiciosas y concretas en función de las potencialidades de la zona. Digitalización del turismo rural.

    Preservar el patrimonio geológico y potenciar la red de geoparques el turismo de geología y naturaleza. Potenciar la red de geoparques en Aragón.

  • Estrategia nacional de turismo sostenible y respetuoso con los espacios naturales, el medio ambiente y los animales, con las ciudades y sus vecinos.

    Puesta en marcha de un Observatorio de Turismo y Sostenibilidad.*Retirada de las declaraciones de Fiesta de Interés Turístico Nacional o Internacional a los eventos en los que se utilicen animales.

    Fomento de la labor de las empresas públicas que gestionan el turismo, basando la oferta en la promoción de un turismo sostenible y respetuoso.

    Potenciación de la actividad turística sostenible.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Energía

  • Realizar el seguimiento activo mediante el Observatorio de Márgenes Empresariales y asegurar que la competencia efectiva permita que se trasladen a los precios finales las bajadas en los costes de la energía y de otras materias primas.

    Fomentar programas para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en pequeños municipios.

    Aprobar el 7º Plan General de Residuos Radioactivos.

    Más de 700.000 empleos asociados a la transición verde, fortaleciendo las titulaciones de FP y grado.

    Reforzar el bono térmico y eléctrico para personas vulnerables.

  • Crear un Bono Social Único (BSU), como un pago directo al consumidor, que sustituirá y mejorará los actuales bonos eléctrico y térmico y será compatible con cualquier tipo de contrato de electricidad y gas.

    Extensión de la vida útil de las centrales nucleares.

    Eliminar medidas de "intervención" del mercado mayorista eléctrico. Obligar a las comercializadoras a estandarizar una amplia oferta de productos en el mercado libre (con precio estable, discriminación horaria, cuotas fijas, cuotas planas) para todos los clientes en baja tensión.

    Fomentar del desarrollo del hidrógeno verde como vector energético y de almacenamiento.

    Impulsar el desarrollo de las interconexiones energéticas.

  • Impulsar un plan de soberanía energética para reducir la dependencia exterior y reindustrializar el país y promover las fuentes de energía que contribuyan a este objetivo.

    Combatir la especulación financiera sobre los costes de las materias primas y mostrar transparencia sobre los precios de la energía.

    Exigir la modificación del mecanismo marginalista de fijación del precio de mercado de la electricidad.

    Reorganizar y armonizar los incentivos a la eficiencia energética en edificios públicos y privados.

  • Crear 500.000 puestos de trabajo ligados a las energías renovables, aumentando en 5.000 millones al PERTE de este sector.

    Detener nuevas inversiones en gas natural y otros combustibles fósiles; prohibir la publicidad y patrocinio de combustibles fósiles.

    Reforma del mercado eléctrico para sustituir el actual mecanismo marginalista y terminar así con los beneficios caídos del cielo.

    Acceso universal a la energía en un sistema tarifario progresivo, con tres tramos.

    Fomentar el autoconsumo colectivo renovable, para que este suponga el 10% de la energía eléctrica demandada; ley de tejados solares.

  • Elaborar planes de accción contra la pobreza energética.

    Revocar la reforma eléctrica española para eliminar el impuesto al autoconsumo e instaurar un sistema de primas razonables en las energías renovables.

    Desarrollar una red funcional de abastecimiento para los vehículos electricos.

    Trabajar para la transición verde de las PYMES.

    Buscar una energía 100% renovable y de proximidad.

  • Promover programas de captación, reutilización y almacenaje de CO2.

    Impulsar el autoconsumo y la generación distribuida de energía eléctrica con renovables para que sea viable para la industria.

    Traspaso de competencias a la Generalitat en materia de planificación energética, gestión de la distribución y autorizaciones de redes energéticas cerradas, así como la gestión de los recursos procedentes del pago de los derechos de emisión.

    Acabar con la discriminación al alza en el pago de peajes de las líneas eléctricas que alimentan la red de media tensión catalana.

    Nueva fiscalidad energética y ambiental para favorecer la descarbonización y un uso más eficiente de la energía.

  • Ahorro y eficiencia: Establecer una estrategia para electrificar la demanda y conseguir que sea libre de emisiones, impulsar la rehabilitación de viviendas y empresas, revertir las tarifas de acceso de pymes y fábricas que se alimentan de tensión de 25 kV.

    Renovables: promover la instalación masiva de fotovoltaica particular y que los hogares con placas solo paguen la diferencia entre lo producido y lo consumido.

    Obtener las competencias de distribución y regulación de la política energética.

    Regular la energía hidroeléctrica para evitar sequías y recuperar las concesiones que gestiona la Confederación Hidrográfica del Ebro.

    Crear un mercado catalán de contratación de energía eléctrica.

  • Apoyar el proceso de transición energética hacia la emisión cero de gases de efecto invernadero.

    Abrir la tarifa PVPC a todas las comercializadoras y realizar un estudio acerca de su impacto en el plazo de dos años desde su entrada en vigor.

    Incrementar la dotación presupuestaria para compensar los costes indirectos de CO2 y mejorar las condiciones económicas para activar el funcionamiento de la cogeneración industrial.

    Desarrollar el sector del hidrógeno verde, promover un sector industrial de la eólica off-shore, impulsar la economía circular y mejorar las redes e instalaciones de distribución eléctrica urbana.

    Impulsar medidas para introducir liquidez al mercado eléctrico y fomentar la contratación a plazo por parte de los comercializadores independientes.

  • Prorrogar indefinidamente el tope al gas y la contención de precios de la generación eléctrica hasta que los precios retrocedan a los valores previos al aumento descontrolado de los últimos años.

    Hacer efectiva y accesible la nueva tarifa TUR4 para calderas comunitarias que afecta a miles de familias vascas.

    Reforzar la apuesta por la generación energética renovable con nuevas inversiones.

    Impulsar y facilitar mediante los cambios legislativos correspondientes la creación de empresas públicas de comercialización de electricidad en todas las escalas institucionales.

  • Lucha contra el oligopolio energético.

    Avanzar hacia la descarbonización sin centrales nucleares.

    Promover el autoconsumo energético.

    Cumplir con el compromiso de 0 gases de efecto invernadero para 2050.

  • Apuesta decidida por las energías renovables.

    Exigencia al Estado de medidas específicas para la transición enérgética en Canarias.

    Consolidar Canarias como un laboratorio natural de ensayos mundial para la sostenibilidad, entre ellos la tecnología marina.

  • Desarrollo de energías renovables (eólica, solar) de forma compatible con la protección del territorio y el sector primario.

    Acelerar la transición energética en Canarias (energía eólica marina, hidrógeno verde, geotérmica, combustible aeronáutico sostenible...).

    Rechazo a la implantación del gas.

    Impulsar los proyectos en marcha y en estudio (Gorona del Viento, Salto de Chira, Güímar, corredores verdes de la UE…).

    Avanzar hacia un modelo 100% renovable en el 2040, más descentralizado y democrático, fomentando la soberanía energética y el autoconsumo individual y colectivo.

  • Apuesta decidida por las energías renovables.

    Potenciación y colaboración en el proyecto previsto del Centro Nacional de Energías Renovables.

    Solucionar la situación de las 9.000 familias navarras que invirtieron en energías renovables y a los que se cambió la normativa incumpliendo lo previamente aprobado.

  • Fomentar una transformación energética que dé prioridad a un modelo de generación y producción de energía eléctrica distribuida, a menor escala y más próxima a los centros de consumo.

    Impulsar una tarifa eléctrica gallega que considere, a través de la reducción en los peajes del transporte, el papel de Galicia como comunidad excedentaria en la producción eléctrica, compensando el impacto ambiental y social derivado de su producción.

    Modificar la estructura del sistema eléctrico, reformando la configuración de la factura energética para poner fin a la especulación de las grandes eléctricas y garantizando que su retribución se estipule con base a los costes reconocidos de producción.

    Considerar la electricidad como bien básico, garantizando el acceso de la población con un mecanismo que supere el planteamiento del bono social y sus carencias, y prohibiendo definitivamente los cortes de suministro.

    Establecer un sistema de fiscalidad ambiental en los ámbitos de la energía, el transporte, la contaminación y los recursos naturales, cuya finalidad, más que recaudatoria, sea la modificación de conductas que inciden negativamente sobre el medio.

  • Democratizar el acceso y producción de la energía, para apoyar a las personas frente al precio de la energía, ordenar el despliegue de renovables y cuidar el territorio.

    Controlar el despliegue de las renovables, para que no arruinen el mundo rural.

    Descarbonizar la economía, para alcanzar la neutralidad climática en 2050.

    Modificar la ley de Cambio Climático para favorecer a pequeños inversores y comunidades energéticas.

  • Avanzar hacia un modelo energético más eficiente y autosuficiente, con una política energética que fomente las energías renovables.

    Apostar por una cultura sostenible de la energía en el espacio urbano, en el que todas las tecnologías renovables se complementen, con edificios de consumo de energía reducido o nulo, sistemas alternativos de calefacción y refrigeración, un cambio modal del transporte de mercancías hacia el ferrocarril eléctrico y la expansión de los vehículos eléctricos.

  • Cierre definitivo de todas las centrales nucleares en dos años.

  • Garantizar el derecho a la energía como un derecho social y erradicar la pobreza energética.

    Apoyar la transición ecológica para elimitar todas aquellas fuentes de energía que utilizan combustibles fósiles como máximo en tres décadas.

Medio Ambiente

  • Revisar periódicamente y al alza los compromisos de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

    Protección del 30% de los espacios terrestres y el 30% de los marinos para el año 2030.

    Despliegue de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación.

    Aprobación de leyes básicas de bomberos forestales y de agentes forestales y revisión de planes anuales anti incendios.

    Ejecución de los marcos de actuaciones de Doñana, el Mar Menor, la recuperación de la Albufera de Valencia y el Delta del Ebro y un nuevo plan específico para las Tablas de Daimiel.

  • Impulsar la protección de los espacios naturales y la biodiversidad, especialmente en los ecosistemas acuáticos y humedales, como el Mar Menor, Doñana o las Tablas de Daimiel.

    Nueva regulación de la franja litoral para regula las actividades humanas en el litoral y garantizar un aprovechamiento sostenible desde una triple perspectiva ambiental, social y económica.

  • Rechazar "las imposiciones globalistas" y eliminar todo el gasto público relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030.

    Derogar la ley de cambio climático y transición energética y promover la protección del medio natural contemplando el "interés de los españoles".

    Abandonar "todos los acuerdos lesivos para la soberanía energética de España" como el Acuerdo de París.

    Dejar sin acceso a cualquier tipo de ayuda o subvención a asociaciones y organizaciones ecologistas "radicales".

  • Incrementar la ambición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, llegando al 55% de reducción de emisiones en 2030.

    Fiscalidad ambiental justa: gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil, a los bienes y servicios de lujo, tasa al plástico o impuesto general a las grandes empresas contaminantes.

    Rehabilitación de 500.000 viviendas (el 3% del parque de primera vivienda) al año para que sean 100% eléctricas.

    Actuación de emergencia para salvar y restaurar el Mar Menor, impulsando una transición ecológica de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena.

  • Cumplimiento de la Agenda 2030.

    Cumplimiento de los objetivos de la descarbonización.

    Lucha contra la contaminación lumínica.

    Avanzar en la reducción de productos de un solo uso.

    Cumplir el Estatuto de Autonomía de Cataluña en materia de protección y conservación de la naturaleza, el medio ambiente y los recursos hidrológicos, sustituyendo al Seprona de la Guardia Civil por el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

  • Aprobar un Plan Integral de Protección del Delta de l’Ebre de consenso.

    Reclamar el caudal ambiental suficiente del río Ebro en su desembocadura en la revisión del Plan Hidrológico, para la conservación del Delta y el abastecimiento a las explotaciones agrícolas.

    Reclamar las medidas necesarias para la estabilización de las playas del litoral catalán.

    Avanzar hacia un marco regulador favorable a la economía circular.

    Nueva fiscalidad energética y ambiental para favorecer la descarbonización y un uso más eficiente de la energía.

  • Impulsar el cumplimiento de los compromisos internacionales de reducción de emisiones y otras medidas contra el calentamiento global.

    Promover la ecoinnovación.

    Medidas que fomenten modelos de producción y consumo que frenen el uso de envases y residuos.

    Reclamar el incremento de partidas destinadas a conservación y protección del medio natural y exigir la derogación de normativas que centralizan la gestión (parques nacionales, ley de montes, patrimonio natural…).

    Impulsar medidas para preservar y recuperar los ecosistemas marinos del Mediterráneo.

  • Mantener los sistemas de protección a los consumidores energéticos vulnerables y en riesgo de exclusión social y fomentar la participación ciudadana en la generación de energía renovable.

    Reducir los tiempo de tramitación de los proyectos de comunidades energéticas y de autoconsumos compartidos.

  • Revisar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética ampliando y aumentando los objetivos de descarbonización y reducción de emisiones para 2030 para alcanzar la neutralidad climática en 2040.

  • Eliminación del capitalismo para hacer frente a la emergencia climática y ecológica.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Incrementar y orientar la inversión pública preferentemente hacia objetivos de lucha contra el cambio climático (fomento de energías renovables, depuración de aguas, residuos, movilidad sostenible…).

    Impulsar la financiación de infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático.

  • Desarrollo de vías verdes a lo largo de la Comunidad Foral de Navarra.

  • Traspaso a Galicia de todas las competencias en materia de ambiente y de los recursos financieros destinados a la protección de la biodiversidad, especies amenazadas, espacios naturales y regeneración de espacios degradados.

    Impulso del saneamiento integral y de la regeneración de las rías gallegas, transfiriendo a Galicia los recursos necesarios, así como la capacidad para la aprobación y la ejecución de las infraestructuras hidráulicas que actualmente tiene atribuidas el Gobierno central.

    Demanda de un programa permanente de inspección y seguimiento del estado y seguridad del vertedero de 140.000 toneladas de residuos nucleares en la Fosa Atlántica, a 600 km de la costa gallega.

    Prohibición del uso militar de espacios costeros, castillos y de la isla de Tambo, y transferencia de su titularidad a Galicia.

    Consideración de las diferentes variedades de eucalipto como especie exótica invasora e inclusión en el correspondiente catálogo, con la consiguiente limitación de su cultivo para garantizar la protección de suelo y de las reservas de agua, la conservación de la biodiversidad y la protección frente a los incendios forestales.

  • Exigir la evaluación rigurosa de los proyectos de renovables y minas.

    Política de "quien contamina, paga".

    Apostar por un modelo de economía circular, respetuosa con los territorios.

    Salvaguardar la red de espacios naturales protegidos y la Red Natura 2000 que se han visto amenazadas por el despliegue de renovables.

    Aplicar el Convenio Europeo del Paisaje, con políticas adaptadas a cada provincia y comarca.

  • Reducción de la contaminación del aire: políticas específicas para cada sector, adaptadas a las circunstancias y singularidades de cada entorno.

    Catalogación del lobo como especie en peligro de extinción.

    Reconocimiento legal de los santuarios de animales como entidades de protección y defensa de los animales. Creación de centros de recuperación y rescate suficientes.

    Ampliar las zonas marinas y terrestres protegidas, de manera que abarquen, al menos, un 30% para 2030 (actualmente es el 18%).

    Política forestal: incrementar el número de Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), incidir en las medidas de selvicultura preventiva, ampliar el periodo de máximo riesgo de incendios del 1 de junio al 31 de octubre.

  • Crear un impuesto progresivo sobre emisiones de carbono para las grandes empresas que emitan más de 50.000 toneladas de CO2 al año.

    Incrementar las multas contra los monopolios, responsables de vertidos y contaminaciones infringiendo las leyes medioambientales.

    Duplicar los fondos destinados a la prevención y extinción de incendios.

  • Incentivar un consumo responsable y sostenible.

    Proteger reservas de biodiversidad y lograr acuerdos nacionales de desarrollo humano sostenible y proteger a los animales del maltrato.

Agua

  • Reformar la Ley de Aguas para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua.

    Duplicar en 2027 la capacidad de las desaladoras.

    Digitalización de la gestión del agua para reducir las pérdidas a porcentajes inferiores al 10%.

    Impulsar una estructura consolidada de I+D+i del agua.

    Promover la teledetección y obtención de información mediante satélites para que toda la cartografía del agua sea accesible.

  • Promover un Pacto Nacional del Agua e impulsar un regadío moderno y sostenible, con nuevas inversiones.

    Crear una Autoridad Nacional del Agua.

    Modernización de presas y canales.

    Fomentar la economía circular del agua basada en reutilización, valorización energética y de residuos generados en su tratamiento.

    Impulsar la innovación y la investigación en el ámbito del agua.

  • Realizar un plan nacional para impulsar la interconexión de todas las cuencas, acabar con la destrucción de presas y embalses y facilitar la inversión en infraestructuras hidráulicas para almacenar y llevar agua.

    Derogar la ley para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y paralizar la reforma de la Ley de Costas.

    Establecer mecanismos de reparto óptimos del agua y la adopción de medidas contra la sequía y legitimar el aprovechamiento del agua de lluvias torrenciales.

    Impulsar la modernización y extensión de los regadíos.

  • Revisar planes hidrológicos y de gestión de sequía e inundaciones teniendo en cuenta la menor disponibilidad por el cambio climático; revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación.

    Moratoria a la construcción de grandes instalaciones demandantes de agua, como campos de golf o megaproyectos urbanísticos, como el megacasino del Hard Rock en Tarragona o la llamada "ciudad del ocio" en Extremadura.

    Garantizar que las personas vulnerables puedan recibir de forma gratuita un suministro mínimo de agua.

    Cumplimiento de la depuración completa de aguas residuales para 2027.

    Plan nacional de preservación de aguas subterráneas; inventario de pozos analizando el estado del casi millón de pozos ilegales de España y procediendo a su clausura si no cumplen condiciones para regularizarse.

  • Exigir al Estado la mejorar en las infraestructuras de regadío.

    Modificar el Plan Hidrológico del Ebro para garantizar caudales ecológicos.

    Impulsar proyectos de agua regenerada.

  • Favorecer las inversiones para la regeneración y reutilización del agua en todos los sectores económicos.

    Impulsar políticas para uno uso más eficiente del agua.

    Pedir un fondo económico financiado con recursos suficientes por parte del Estado para llevar agua potable a los núcleos de población y asentamientos rurales.

    Reclamar al Estado que subvencione una parte importante de la adquisición e instalación de sistemas de riego eficientes.

  • Reclamar una nueva ley de aguas que permita a la Generalitat la gestión integral de todas la cuencas, incluido el tramo catalán del Ebro.

    Presentar un inventario con las concesiones de uso de agua y obras hidráulicas a asumir.

    Exigir la rectificación del Real Decreto que ha aprobado el Plan Hidrológico del Ebro para garantizar el caudal suficiente para la conservación del Delta del Ebro, tanto cuantitativamente como cualitativamente, y negociar para garantizar también la compatibilidad de las explotaciones agrarias y la conservación.

    Potenciar los proyectos de modernización de regadíos.

    Fomentar la investigación e inversión en tecnologías del agua, entre otros sectores estratégicos.

  • Impulsar la racionalización del uso del agua y considerar la red hidrográfica como una infraestructura básico a nivel hidráulico y ambiental.

    Promover el uso sostenible del agua en el ámbito industrial, agrario, servicios y doméstico e impulsar las obras necesarias para garantizar el abastecmiento y suministro.

  • Adoptar nuevas medidas frente a las situaciones de sequía, que se agravarán los próximos años, impulsando una nueva política de regulación, control y ahorro.

  • Recuperar la capacidad de decisión de los pueblos para gestionar el agua.

  • Garantizar en las Islas Canarias la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto del territorio del Estado.

  • Apuesta por la regeneración de agua depurada y su uso en la agricultura en Canarias, así como el vertido cero de aguas sin depurar en las costas.

    Impulso a la reconstrucción racional de las infraestructuras básicas de La Palma relacionadas con el ciclo del agua y otros ámbitos estratégicos.

    Impulso a la construcción del Salto de Chira, en Gran Canaria, que contribuirá a la producción de agua y soberanía hídrica, además de aportar energías limpias.

  • Construcción de la segunda fase del Canal de Navarra. Exigir al Estado que el pago del canon de los agricultores pase de los 30 años actuales a 50 años.

    Limpieza y adecuación de los cauces de los ríos.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Aplicar la Directiva Marco del Agua.

    Rechazo de cualquier trasvase desde el Ebro.

    Defensa de los intereses de los usuarios del río Guadalope ante la CHE tras la liberación por parte de ésta de las obligaciones de ENDESA en la construcción del pantano de Santolea.

    Adaptar el Pacto del Agua de Aragón a las nuevas circunstancias del cambio climático y a garantizar las demandas de los afectados por embalses.

    Incrementar la dotación de recursos hídricos del abastecimiento de Teruel y comarca.

  • Medidas para proteger y recuperar ecosistemas como humedales y ríos. Además, se debe impulsar la vuelta a la gestión pública del agua.

    Políticas sectoriales que minimicen el consumo de agua, garanticen caudales ambientales parecidos al régimen natural y aseguren la calidad del agua disponible.

    Evitar la contaminación difusa o los usos excesivos: es necesario promover el ahorro y la depuración del agua y garantizar una buena gestión pública.

    Campañas informativas para concienciar sobre los perjuicios de utilizar detergentes y químicos tóxicos en el ámbito doméstico y fomentar el uso de productos ecológicos o inocuos.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Infraestructuras

  • Tren de Alta Velocidad a Asturias en 2023 y a Almería en el 2026.

    Plan de electrificación de la Red de Carreteras del Estado para los vehículos eléctricos.

    Mejorar la conectividad en tren de Extremadura y en los diferentes corredores que conectan Navarra, La Rioja o Cantabria, así como en la Y vasca.

    Ampliar las redes de Cercanias.

  • Plan de choque en el Cercanías, impulso de los corredores ferroviarios y mejora de las infraestructuras ferroviarias clave, de forma especial la conexión con Extremadura.

    Nuevos planes directores para los aeropuertos del Prat y Barajas.

    Impulsar las inversiones en infraestructuras conectadas, sostenibles y seguras, que favorezcan la implantación y despliegue del 5G en las vías de alta capacidad y la implantación de puntos de recarga.

  • Acometer las inversiones para la mejora logística y del transporte y en las comunicaciones de la actividad industrial.

    Fomentar inversiones públicas en barrios, provincias y regiones abandonadas con equipamientos, infraestructuras de transporte y servicios de salud y cultura.

    Mejorar la red ferroviaria con énfasis en la alta velocidad para conectar todos los territorios e impulsar la red de cercanías para alcanzar todas las provincias.

  • Redirigir las inversiones ferroviarias de alta velocidad a Cercanías, así como a las líneas de ferrocarril convencional, para, al menos, triplicar la inversión anual en esta red estatal en los próximos cuatro años.

    Modernizar los aeropuertos para reducir su impacto ambiental, restringir las ampliaciones innecesarias e insostenibles de los aeropuertos y transferir las competencias de gestión de puertos y aeropuertos para que la gestión sea conjunta con las ciudades en las que se encuentran.

  • Impulso definitivo al Corredor Mediterraneo.

    Fomentar la interconexión ferroviaria entre aeropuetos y puertos.

    Titularidad catalana de puertos y aeropuertos.

    Paralización de la ampliación del puerto de València.

    Servicio público obligatorio de la línea Menorca-Barcelona.

  • Exigir al Estado el pago de una deuda de 3.367 millones de euros que permita a la Generalitat ejecutar inversiones en infraestructuras.

    Ejecutar la Agenda Catalana del Corredor Mediterráneo que incluye los accesos ferroviarios a los puertos de Barcelona y Tarragona, entre otras ampliaciones.

    Finalizar las obras previstas en la red de carreteras como los accesos al puerto de Barcelona, B-40, la conexión de A-2 y C-32, A-27…, y aplicar un programa acelerado de mejoras en la red.

    Acordar con el Estado la implantación de un modelo de gestión aeroportuaria propio de Cataluña y el traspaso de las competencias ferroviarias, marítimas y de las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona.

    Cumplir el plan acordado de eliminaciones de pasos a nivel en Cataluña.

  • Implantar un modelo de gestión aeroportuaria propio de Cataluña que potencie los vuelos continentales e intercontinentales.

    Reclamar la titularidad de la red ferroviaria y, entre otros proyectos, mejorar el servicio de cercanías y ejecutar el Corredor Mediterráneo, que incluye los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona y Tarragona.

    Traspasar la titularidad de los Puertos de Barcelona y Tarragona, y que sus beneficios se queden en Cataluña para mejorar la red.

    Implementar un sistema de pago para el uso de todas las carreteras y destinar los recursos obtenidos a mejorar la red.

    Dotar a toda Cataluña de internet de alta velocidad y convertirla en un referente y laboratorio del desarrollo de las tecnologías 5G y 6G.

  • *Transferir las infraestructuras ferroviarias de cercanías y la gestión de los tres aeropuertos de Hondarribia, Loiu y Foronda.

    Culminar la red de alta velocidad-Y Vasca tras el acuerdo logrado de la llegada soterrada a Vitoria-Gasteiz y Bilbao e impulsar el corredor Atlántico de Mercancías "European Trasport Networks, TEN-T".

    Impulsar la conexión de la nueva red ferroviaria en alta velocidad con Aquitania y Nafarroa y la de Gasteiz con Burgos.

    En los puertos, descalificar como puerto de interés general y mejorar la operatividad ferroviaria del Puerto de Pasaia.

    Garantizar la accesibilidad universal e impulsar la intermodalidad, la conexión con los puertos, aeropuertos y nodos logísticos.

  • Transferencia de la gestión de puertos y aeropuertos.

  • Infraestructuras básicas en todas las comarcas..

  • La inclusión en la red ferroviaria de ADIF de los trenes de Gran Canaria y Tenerife y la aportación financiera estatal y europea para su ejecución son determinantes para ese transporte público en las islas más pobladas.

    Reclamar al Estado que cumpla con la ejecución del convenio de carreteras con Canarias, transfiriendo inmediatamente los fondos consignados en los Presupuestos Generales del Estado.

    Régimen especial para los aeropuertos canarios.

  • Exigir la continuidad del Plan Especial de Infraestructuras Educativas en Canarias.

    Prioridad a las infraestructuras de energías renovables y soluciones basadas en la naturaleza para la adaptación al cambio climático.

    Renovación de las ciudades turísticas, con actuaciones en paseos litorales, mobiliario urbano, accesibilidad, conectividad digital, saneamiento…

    Reforzar los aeropuertos canarios e implicar en su desarrollo y estrategia a los agentes económicos y sociales de las islas.

    Mantener la financiación estatal del Convenio vigente de carreteras en Canarias.

  • Finalización de la Autovía de Navarra desde Tudela hasta Medinaceli. Conexión de la Comunidad Foral de Navarra con Soria.

    Tren de Alta Velocidad hasta Pamplona y conexión con la denominada “Y vascaâ€, con parada en Tudela y nuevas estaciones de ferrocarril (Pamplona y Tudela).

    Actuaciones para el desdoblamiento de la carretera nacional N-121-A.

  • Implantar un servicio de cercanías ferroviarias en las principales ciudades gallegas, aprovechando las infraestructuras existentes o creando aquellas nuevas que fueran necesarias y transferir a Galicia las líneas interiores para ser gestionadas a través de una empresa pública gallega de transporte ferroviario (GALTRÉN).

    Liberalizar la AP-9 y la AP-53 y finalizar los tramos pendientes de ejecución de la A-54, la A-74 y la A-76, además de solucionar los problemas del viaducto de entrada a Galicia en la A-6.

    Reclamar la transferencia a Galicia de la competencia sobre los aeropuertos gallegos para su gestión integral, mejorando y modernizando sus instalaciones y asegurando el control y la gestión pública de las torres de control.

    Instar a transferir los puertos de interés general en Galicia, como son los de Vigo, Marín, Vilagarcía de Arousa, A Coruña y Ferrol-San Cibrao, y liberalizar el Puerto de Morás y abrirlo al tráfico y al transporte de mercancías.

  • Dotación de infraestructuras de comunicación para la provincia de Terueal.

    Autovía Cuencas Mineras.

    Arco mediterráneo interior. Plan de infraestructuras para vertebrar de norte a sur Teruel y el sector oriental Aragón con el interior peninsular y el litoral mediterráneo mediante la unión de autovías.

    Mejora de las carreteras nacionales de Teruel.

    Modernización de la red ferroviaria de la provincia, con conexión directa (vía AVE) con Madrid.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Movilidad

  • Aprobar una Ley de Movilidad Sostenible y crear un Fondo Estatal de contribución.

    Gratuidad total del transporte público para niños y estudiantes menores de 24 años. y ayudas de transporte para estudiantes de FP cursando ciclos formativos o cursos de especialización con centro alejado en más de 20 kms.

    Ampliar los servicios ferroviarios de proximidad a partir de la experiencia de las iniciativas piloto desplegadas en este año 2023.

    Tren de Alta Velocidad a Asturias en 2023 y a Almería en el 2026.

    Creación de una línea de ayudas para adquisición de bicicleta eléctrica.

  • Crear e implantar una Tarjeta de Movilidad Ciudadana que, de manera integrada con los sistemas de transporte de competencia autonómica y municipal, garantice el acceso a todos los medios de movilidad.

    Impulsar un plan de automoción España 2030 y la estrategia española de economía circular 2030, mejorando la coordinación de la legislación estatal y autonómica.

  • Señalizar, al menos en español, todas las carreteras y vías urbanas.

    Revitalizar la industria del automóvil y de partes y componentes para asegurar la posición dominante en el sector, garantizando la convivencia de todos los vehículos y suspendiendo de forma inmediat" la prohibición del motor de combustión para 2035.

  • Transformar en una política de transporte permanente la reducción del precio de los abonos de transporte para desplazamientos recurrentes, al trabajo o a los centros de estudio.

    Implantar un billete único para todos los modos de transporte, incluidos los sistemas de alquiler de bicicletas públicas, con modalidades de pago progresivas y pago digital.

    Reducir las tarifas de AVE para trasvasar viajeros del avión al tren.

    Establecer limitaciones a las VTC para proteger el taxi.

    Facilitar el acceso al vehículo eléctrico simplificando las ayudas a la compra e introduciendo criterios progresivos por renta y promoviendo una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.

  • Traspaso de Rodalíes y Media Distancia a la Generalitat.

    Negociar el traspaso inmediato de las competencias plenas en materia de tráfico y seguridad viaria a los gobiernos de Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

  • Reclamar al Estado que amplíe la financiación a la Autoridad de Transporte Metropolitana y aporte a los consorcios de transportes de Girona, Lleida y Tarragona.

    Velar porque se haga efectiva la financiación a los servicios de Cercanías y Regionales, como se estableció en los presupuestos del 2021.

    Asegurar la ejecución del nuevo Plan de Cercanías.

    Promover un plan de reconversión del plan de vehículos de más de 10 años por vehículos menos contaminantes y eléctricos.

    Reclamar las competencias para la Generalitat en materia de tráfico y seguridad vial.

  • Corregir las ineficiencias del servicio de cercanías de Renfe exigiendo la inversión estatal suficiente y crear nuevos servicios regionales de alta velocidad en Cataluña.

    Crear una industria nacional en torno a la movilidad eléctrica.

    Plan de reconversión del parque de vehículos de más de 10 años por otros menos contaminantes y eléctricos.

    Normativa específica relativa al uso de los nuevos vehículos de movilidad personal (patinetes eléctricos, etc.).

    Reclamar al Estado que aumente su contribución a la Autoridad de Transportes Metropolitana y que financie los consorcios de transportes de Girona, Lleida y Tarragona.

  • Rediseñar las ayudas e incrementar recursos para la compra de vehículos eléctricos del Plan Moves y MITMA Moves.

    Fomentar el rejuvenecimiento del parque móvil y acelerar la reducción de emisones con un plan para la sustitución de vehículos convencionales con quince años o más de antigüedad por nuevos modelos de bajas emisiones.

    Simplificar los trámites administrativos, crear una plataforma de información de puntos de carga y fomentar menos puntos pero con más potencia.

  • Establecer por ley la gratuidad y los descuentos al transporte público actualmente en vigor de forma permanente y con financiación suficiente.

  • Asegurar la interconexión mediante el servicio ferroviario público.

  • Defensa de la bonificación del 75% para los residentes canarios.

    Crear mecanismos de defensa del consumidor, para que las compañías de transporte no pueda marcar tarifas abusivas.

    Demandaremos la ampliación del 100% de la bonificación para las guaguas y los tranvías, sin limitaciones, más allá del 31 de diciembre de 2023.

    La obligación de servicio público marítimo, con un precio máximo, que una el triángulo de las Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera).

  • Movilidad sostenible que integre guaguas y taxis (más eléctricas), así como bicicletas y peatonalizaciones.

    Conseguir la exclusión de Canarias del comercio de emisiones por su condición insular y ultraperiférica, que exige mantener el uso de avión y barco, o recibir compensaciones que mitiguen sus efectos.

    Implicar al Gobierno y la UE en los proyectos ferroviarios en Canarias y su propulsión con hidrógeno verde.

    Establecer precio máximo de referencia en las líneas aéreas declaradas como obligación de servicio público.

  • Prolongar la gratuidad del peaje de la AP-15 Autopista de Navarra.

  • Defensa de medidas de reducción del tránsito motorizado amable, siguiendo el modelo de Pontevedra, frente a restricciones relacionadas con el tipo y la antigüedad de los vehículos, que generan discriminación de acceso según el nivel de renta.

  • Medidas para que la distancia entre todos los municipios de las áreas despobladas y la vía de alta capacidad más cercana (una parada de ferrocarril o una conexión a una autovía, por ejemplo) no supere los 30 kilómetros.

    Conectividad y digitalización; que todos los municipios de España tengan 100 megas simétricos de conexión a Internet y cobertura de telefonía móvil.

    Desarrollar el transporte bajo demanda en las áreas rurales para garantizar el acceso de la ciudadanía a las redes de transporte público.

    Cobertura real de telefonía 5G en todo el territorio.

  • Descarbonización del transporte. Fomento y facilitación del desplazamiento peatonal, del uso del transporte público, vehículos eléctricos y medios no motorizados.

    Mejorar la movilidad de los residentes, de manera que sean menos dependientes de los vehículos motorizados.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Inmigración

  • Aumentar sistemas de acogida de migrantes y colaborar con ACNUR y la OIM.

    Programas de acogida educativa para paliar las carencias y necesidades del alumnado extranjero.

    Aprobación de un Plan contra el Racismo.

  • Implementar un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la capacidad innovadora.

    Potenciar la "inspección fronteriza" incrementando el personal y los medios de la Policía Nacional y la Guardia Civil, implantando el nuevo Sistema Europeo de Registro de Entradas y Salidas y del Sistema Europeo de Información y Autorización de Viaje, y coordinándose con Frontex.

    Agilizar el cumplimiento de las órdenes de retorno de inmigrantes irregulares o expulsión de los que hayan cometido un delito, mejorando los acuerdos con los países de origen o tránsito con el objetivo de prevenir amenazas a la seguridad y evitar el "efecto llamada".

    Estrategia nacional para la protección integral e inclusión de niños y niñas migrantes no acompañados.

  • Impulsar un bloqueo naval, expulsar de forma inmediata a todos los inmigrantes que accedan ilegalmente y sancionar a quienes empleen a inmigrantes sin permiso de residencia.

    En materia de Sanidad, la atención abarcará las situaciones de urgencia vital y enfermedades infecto-contagiosas.

    Menores no acompañados: cerrar los centros y revisar legislación, protocolos y acuerdos con otros países para que sean repatriados con sus padres a sus países de origen y perseguir los "pisos patera" para impedir que "los okupas y los inmigrantes ilegales puedan inscribirse en el padrón municipal".

    Suprimir la institución del arraigo como forma de regular la inmigración ilegal y eliminar las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y subvenciones a ONG, asociaciones y entidades que destinen sus fondos a "promover o ayudar a la inmigración ilegal".

    Acabar con las políticas de "efecto llamada" y expulsar de forma inmediata a los inmigrantes legales "que cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida".

  • Apostar por una política integral de movilidad humana que promueva una movilidad con derechos.

    Tipificar el delito de devolución sumaria en frontera (devoluciones en caliente) y eliminar la disposición adicional de la Ley de Extranjería que legitima esta práctica.

    Liderar una coalición de países para avanzar hacia un nuevo pacto de migración y asilo de la UE que facilite el establecimiento de corredores humanitarios.

    Establecer un procedimiento para atender los casos de asilo que se presenten fuera del territorio nacional.

    Aplicar la Ley de Transparencia en todos los acuerdos migratorios con terceros países, poniendo fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos.

  • Derogar la ley de extranjería y promover una ley de movilidad humana que garantice el trato digno para todas las personas mediante vías legales y seguras, que permita la obtención de la nacionalidad por residencia en un máximo de 5 años.

    Elaborar una ley contra el racismo y la xenofobia que tenga como objetivo ilegalizar las prácticas discriminatorias por razón de origen y creencia.

    Reconocer el derecho a voto activo y pasivo a toda la ciudadanía, inherente a la persona y, en todo caso, vinculado a la residencia reconocida mediante el empadronamiento.

    Poner fin a las devoluciones en caliente y garantizar el derecho de asilo.

    Agilizar los trámites para la reagrupación familiar.

  • Impulsar una ley para que los recién llegados que residen en Cataluña tengan que aprender catalán en un determinado período de tiempo para poder renovar el permiso de residencia. La formación será gratuita y se financiará a cargo del Estado.

    Reclamar a la Agencia de Cooperación Española que centre sus esfuerzos en aumentar la población con competencias para acceder o crear puestos de trabajo en su país de origen.

    Dotar adecuadamente el Fondo Estatal de Acogida e Integración. Reclamar al Estado respetar las normas del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

    La política migratoria del Estado debe priorizar la migración en origen y poner en valor el papel de la cooperación internacional con los países de origen para facilitar la inmigración económica. Facilitar el retorno asistido a peresonas que quieren volver a su país de origen de forma permanente y no disponen de medios para hacerlo.

  • Trabajar para articular vías legales y seguras de inmigración regular y buscar vías de solución a las personas que ya están en el territorio en situación administrativa irregular.

    Exigir que Cataluña pueda decidir sobre sus flujos migratorios y negociar directamente con la Comisión Europea sobre la acogida de refugiados.

    Eliminar las devoluciones en caliente, garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y cumplir con el deber de auxilio a embarcaciones.

    Impulsar políticas en origen y una estrategia europea sobre menores no acompañados y víctimas de las redes de tráfico de personas.

    Articular políticas de apertura y acogida de refugiados.

  • Adoptar una política europea de inmigración y asilo y garantizar que se cumplan los tratados internacionales en materia humanitaria y de Derechos Humanos en las "devoluciones en caliente".

    Garantizar los derechos de las personas migrantes y adoptar medidas para una equitativa distribución de menores migrantes no acompañados y de personas demandantes de asilo.

    Transferir a Euskadi las políticas migratorias y defender el modelo vasco de acogida y reformar el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

    Mejorar la capacidad de las políticas migratorias para responder a las demandas del mercado laboral de manera efectiva.

    Proponer que las personas migrantes que tengan trabajo no tengan que pasar por el proceso de arraigo vigente y adoptar medidas para su incorporación en el mercado laboral.

  • Exigiremos la derogación de la Ley de Extranjería.

    Ley Integral contra el Racismo y todas las formas de discriminación.

    Fin de las devoluciones en caliente.

    Establecimiento de corredores y vías seguras para todas las personas migrantes, comenzando por la reapertura de los pasos entre Irun y Hendaia.

  • Defensa de la libertad de los pueblos y los derechos de las personas.

    Combatir la legislación de excepción que margina a las personas por su origen o raza, con la abolición de la Ley de Extranjería.

    Abolición del racismo institucional.

  • Demandar al Gobierno de España para que promueva en la UE una mayor coordinación entre las políticas de los diferentes Estados miembros, y entre ellas el rescate de inmigrantes en el mar.

    Promover en el ámbito de la UE una mayor cooperación con los países de origen y tránsito en la lucha contra la inmigración irregular.

    Exigir al Gobierno de España que la llegada de menores no acompañados empiece a considerarse un asunto prioritario para el Estado, y que promueva las modificaciones legislativas necesarias para que todas las comunidades autónomas se impliquen en la acogida.

  • Exigir al Estado español y la UE vías legales para descongestionar los espacios fronterizos, y que dispongan puntos de orientación jurídica y de acceso a la protección internacional para las familias y las personas que tengan derecho a ella.

    Establecer canales seguros y legales de migración.

    Centros para atender a las personas migrantes "con las mejores condiciones" y derivaciones ágiles y sostenidas en el tiempo para evitar el colapso, con especial atención a los menores y evitando actitudes racistas en la gestión.

    Implementar la Propuesta Share para una distribución equitativa y aplicada con criterios científico sociales, teniendo en cuenta el desempleo, el PIB per cápita y la población.

    Cambio en la política migratoria de la UE.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Impulsar las reformas legislativas necesarias para garantizar los derechos de la población migrante, así como favorecer y facilitar los procesos de regularización administrativa.

    Garantía de cumplimiento del derecho internacional en materia de protección de la población migrante, refugiada y/o solicitante de asilo.

    Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) en el Estado español y fin de las deportaciones.

    Dotación de recursos humanos y materiales necesarios a las oficinas de extranjería para garantizar la debida atención, en tiempo y forma, de la población migrante, refugiada y/o solicitante de asilo.

  • Políticas contra la discriminación racial.

  • Acceso unificado a todos los derechos, como la educación, la sanidad y el alojamiento para una inclusión efectiva.

    Fomento de programas de acogida que garanticen unas condiciones dignas y comprendan actuaciones dirigidas a potenciar la autonomía y el bienestar de las personas refugiadas.

    Impulso de equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, que trabajen en coordinación con equipos de inclusión y jurídicos.

    Mejora en la atención a personas inmigrantes y refugiadas, con asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario.

  • Reforma de la Ley de Extranjería que elimine las restricciones para la obtención y disfrute de derechos de los trabajadores migrantes.

    Apoyar la ayuda humanitaria a la acogida de refugiados.

  • Aprobar una iniciativa para la regularización extraordinaria de las personas migrantes.

    Eliminar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y subordinar los medios de coacción en las fronteras a los derechos humanos: asilo, rescate en alta mar, etc.

    Proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados.

    Establecer vías seguras de migración y promover una legislación de extranjería que vele por los derechos humanos de las personas que deseen residir aquí.

    Aumentar recursos, eficacia y foco en derechos del trabajo consultar y reconocer la ciudadanía y defender los derechos de las personas migrantes.

Justicia

  • Plan Justicia 2030 contra las las brechas territoriales, económicas y digitales en el acceso a la justicia.

    Exigir la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial.

    Incrementar el número de jueces y fiscales, para aproximar a España a las ratios de jueces/habitantes de la UE.

    Aprobación de las leyes de Eficiencia del Servicio Público de Justicia: Organizativa, Procesal y Digital.

    Reformas y nuevas leyes: reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para un proceso penal más moderno, ágil y garantista, nueva ley contra la Trata, una ley de Equipos Conjuntos de Investigación y Agentes encubiertos para mejorar la investigación de asesinatos y desapariciones y una norma para garantizar el desalojo de los ocupas ilegales en un máximo de 48 horas.

  • Recuperación del delito de sedición y malversación en el Código Penal, que será revisado para mejorar la regulación de los tipos, y modificación de la Ley del Indulto.

    Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los miembros del Consejo sean elegidos por los jueces y magistrados; reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para que no sean elegibles los magistrados vinculados a la política durante los últimos cinco años; y reforma de la Ley del Consejo de Estado. Nuevo Régimen Jurídico del Fiscal General del Estado para desvincularlo del poder ejecutivo.

    Garantizar que presidentes, directores y responsables de organismos independientes del Estado (Airef, INE, CIS, Tribunal de Cuentas…) no hayan ocupado puestos políticos.

    Derogación de la Ley de Memoria Democrática y creación de nueva normativa.

    Aumento de 1.000 plazas de jueces y fiscales en la legislatura.

  • Dotar de máxima protección jurídica a los símbolos de la nación -bandera, himno y Corona- y agravar penas por ofensas y ultrajes a España para que ninguna afrenta quede impune.

    Crear una oficina nacional para luchar contra el fraude y la corrupción y luchar contra la evasión y la elusión fiscal y reintroducir en el Código Penal los delitos de referéndum ilegal, sedición, traición y malversación de caudales públicos.

    Derogar la Ley de Violencia de Género "y de toda norma que derive de la teoría de género" y eliminar los juzgados de violencia sobre la mujer, suprimir las fiscalías "con finalidad ideológica" como la de Memoria Democrática y la de Delitos de Odio y Discriminación.

  • Plan de choque inmediato en la Administración de justicia para eliminar sus graves deficiencias, que incluya la dotación temporal extraordinaria de medios a los órganos más necesitados o el incremento del número de jueces por habitante.

    Renovar el CGPJ y "reformular su sistema de elección", para que tenga más peso el Parlamento.

    Mejorar la atención a las víctimas mediante la implantación de servicios de justicia restaurativa de carácter público y universal.

    Suprimir la justicia militar e integrarla en la justicia ordinaria.

    Refuerzo de la justicia gratuita y el turno de oficio como servicios públicos esenciales, simplificando los trámites para acceder a abogados de oficio y aumentando retribuciones.

  • Impulsar Ley de Amnistía, para acabar con la persecución judicial al independentismo.

    Despenalizar las injurias a la Corona.

    Derogar la "Ley Mordaza".

    Velar por que las nuevas leyes de secretos oficiales y de Seguridad Nacional no laminen derechos básicos y fundamentales.

    Democratizar el sistema judicial del Estado español.

  • Reclamar la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, la ampliación de las competencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el derecho al uso del catalán en la administración de justicia.

    Reclamar la ampliación de competencias a los juzgados de paz.

    Apostar por la creación, en el orden jurisdiccional civil, de la especialización de los juzgados en materia de infancia, familia y capacidades.

    Exigir la transferencia a la Generalitat de los recursos de las tasas judiciales estatales captadas por el Estado en Cataluña.

    Proponer endurecer las penas en delitos en los que la víctima sea una persona mayor vulnerable, así como crear juzgados y fiscalías formados y especializados en maltrato a personas mayores.

  • Transferencia de la captación de tasas judiciales a Cataluña y traspaso integral del personal y los medios de la Administración de Justicia.

    Establecer la obligación de jueces y fiscales de conocer el catalán.

    Defensa de los juzgados de paz.

    Reformar la legislación para combatir la reincidencia de delitos y agilizar la respuesta frente a la ocupación ilegal.

    Reforma de la malversación y el orden público, de la ley de memoria democrática, la ley de secretos oficiales, la ley mordaza y la ley de amnistía.

  • Reformar el Código Penal en lo relativo a diversos tipos penales que constriñen la libertad de expresión como delitos contra la Corona, poderes, instituciones y símbolos del Estado que "impiden expresar opiniones e ideas sin temor a sanciones".

    Adecuar la Administración de Justicia a la realidad autonómica vasca, por ejemplo, correspondiendo el gobieno del poder judicial al Consejo Vasco de Justicia y siendo la Ertzaintza la policía judicial en este ámbito.

    Promover la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las autoridades investiguen y procesen a toda persona sospechosa de un crimen humanitario, con independencia del lugar del delito o la nacionalidad de acusado o víctima.

    Actualizar las leyes del CNI para ahondar en el control político y judicial de las actuaciones de este servicio y mostrar firmeza ante la corrupción de todas las organizaciones políticas.

    Garantizar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática.

  • Derogación de la Ley Mordaza.

    Crear un mecanismo externo e independiente de supervisión e investigación de las actuaciones policiales como garantía de control.

    Ampliar la Ley de Memoria Democrática para incluir en la misma garantías de reconocimiento, justicia y reparación para todas las víctimas de todas las fases históricas que aún siguen sin ser reconocidas: las víctimas del franquismo, las de la tortura, las del terrorismo de Estado y de los grupos ultraderechistas, aportando garantías y haciendo efectivo el derecho a la justicia para todas ellas.

    Acabar con la Ley de Secretos Oficiales para asegurar una legislación que asegure claridad, accesibilidad, información y protección de los derechos individuales.

  • Fin de la represión al independentismo.

    Defensa de los derechos nacionales y sociales de los trabajadores.

    Abolición de la Ley Mordaza.

    Lucha contra un sistema penitenciario racista, machista y clasista.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Que Canarias asuma las competencias de Justicia y reforzar la autonomía del Ministerio Fiscal en las islas.

    Apoyo a los empleados de la administración de justicia y sus "legítimas reivindicaciones".

    Reforzar los mecanismos de resolución extrajudicial, la red de Puntos de Encuentro Familiar, los Juzgados de Paz y los servicios que dan soporte a la actividad judicial (medicina forense, equipos técnicos psicosociales, servicios periciales).

    Oposición a la conocida como "Ley mordaza", la no renovación del CGPJ y el "rechazo en frontera" de la ley de extranjería.

    Apuesta por la aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Ley de la Memoria Histórica y una nueva legislación de inmigración y asilo.

  • Derogación de la Ley de Memoria Democrática.

  • Derogación íntegra de la Ley Mordaza.

    Derogación de la prisión permanente revisable.

    Derogación del delito de desórdenes públicos agravado y derogación del delito de "ofensas o insultos" a los llamados "símbolos o emblemas" nacionales.

    Revocación del Concordato con la Iglesia católica y de los acuerdos vigentes con la Santa Sede, así como la eliminación de los privilegios de la Iglesia y la presencia de la religión en las instituciones y servicios públicos.

  • Seguridad ciudadana en el medio rural. Aumento del número de Guardias Civiles. Mantenimiento de los cuarteles mejorando su infraestructura, en especial la vivienda.

  • Una verdadera Ley de Bienestar y Protección de los Animales: ampliación del ámbito de aplicación para otorgar protección a todos los animales sin exclusiones.

    Unidad especializada en protección animal en la Fiscalía General del Estado.

    Prohibición de compraventa de animales de compañía. Esterilización obligatoria de los animales de compañía. Establecer obligaciones mínimas para la tenencia de animales.

    Sacrificio cero en todas las comunidades autónomas en los centros de recogida y acogida.

    Endurecimiento real y efectivo de las penas por maltrato animal.

  • Tratar a las tramas corruptas como al crimen organizado y estableciendo mecanismos para que devuelvan el dinero robado.

    Revocar inmediatamente la Ley Mordaza, y derogar o reformar todas las que limiten derechos y libertades.

  • Cambiar la forma de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial para aumentar la independencia de este poder e independizar a los organismos públicos que ejercen funciones de control, regulación y consulta.

    Adoptar una nueva Ley de Secretos Oficiales para que las violaciones a los Derechos Humanos no puedan ser secretas.

Política Exterior

  • Impulsar una reforma fiscal europea para conjugar la estabilidad presupuestaria con la consolidación de la deuda pública con el crecimiento económico e impulsar la unión bancaria y de los mercados de capitales para disponer de mercados financieros sólidos mediante la reforma del marco de gestión de crisis bancarias.

    Reforzar en el ámbito de la UE la cooperación con América Latina, apoyando la conclusión de los Acuerdos Comerciales en marcha (Chile, México y Mercosur) y el apoyo financiero a los proyectos estratégicos para el continente.

    Refuerzo presupuestario en cooperación hacia el objetivo del 0,7% de la Renta Nacional Bruta en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2030, destinando el 10% a Ayuda Humanitaria.

    Continuar trabajando en el seno de la OTAN por la defensa de la paz y la seguridad, del orden internacional y de los valores democráticos.

    Apoyo a Ucrania en la defensa de la paz.

  • Apoyar una política común europea para afrontar las crisis migratorias en el Mediterráneo.

    Defender una política de competencia europea que preserve al mismo tiempo el mercado interior y la competitividad de las empresas europeas en los mercados globales.

    Apoyo a las sanciones a Rusia; a las fuerzas democráticas, especialmente, en estos momentos, en Venezuela, Cuba y Nicaragua; y refuerzo de las relaciones con Estados Unidos.

    Apoyo a los esfuerzos de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental para alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para las partes.

    Impulsar el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y las prioridades de la agenda 2030 en nuestra política de cooperación, y reforzar la ayuda humanitaria.

  • Aplicar toda la presión internacional "para recuperar Gibraltar" y desmantelar las redes de piratería, narcotráfico, contrabando y blanqueo de capitales.

    Reforzar los controles fronterizos de los productos de terceros países que lleguen al mercado y exigir en Bruselas la revisión de la legislación.

    Crear una oficina para luchar contra el fraude en el etiquetado, revisar las relaciones comerciales con países que practican la competencia desleal y exigir "la imposición de aranceles a los productos agrícolas" que provienen de Marruecos.

    Exigir el fin de la prohibición de fabricar coches de combustión a partir de 2035 e impulsar la suspensión "inmediata" y revisión del Pacto Verde Europeo.

    Abogar por la competencia exclusiva del Estado en lo que se refiere a relaciones internacionales.

  • Promover la conformación de una Internacional Climática que impulse la descarbonización de la economía, impulsar la creación de una fuerza civil de control ecológico en el seno de Naciones Unidas y de un tribunal internacional de justicia climática, apoyar la adopción de un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y promover la creación de una Organización Mundial del Medio Ambiente.

    Continuar con la solidaridad integral con Ucrania y fortaleceremos la vía diplomática para lograr, cuando las circunstancias lo permitan, una paz justa y duradera alineada con las aspiraciones del pueblo ucraniano.

    Promoveremos el desplazamiento progresivo de las garantías de seguridad de la OTAN hacia una autonomía estratégica integral al servicio de la ciudadanía europea y no de la industria armamentística.

    Dar marcha atrás con celeridad al cambio de posición adoptado en 2022 con respecto al Sáhara Occidental y utilizar todos los canales de influencia en el conflicto para apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara.

    UE: promover una reforma más ambiciosa de las reglas fiscales europeas para abandonar definitivamente la austeridad.

  • Apostar una Europa Federal que supere el actual "club de Estados" que forma la UE.

    Apostar por una gobernanza democrática en los organismos internacionales.

    Fomentar la colaboración entre los países del Mediterráneo.

    Instar al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE.

    Trabajar para que el Estado español cambie de posición frente al Sáhara Occidental.

  • Recupera los incentivos fiscales para las donaciones al Institut d’Estudis Catalans y extenderlos al Institut Ramon Llull, que es el instrumento “fundamental de proyección exterior de la lengua y la cultura catalanasâ€.

    Impulsar el reconocimiento y la integración de las federaciones deportivas catalanas como miembros de pleno derecho en las respectivas federaciones deportivas internacionales, así como el Comité Olímpico de Cataluña en el Comité Olímpico Internacional.

  • Defender el derecho a la autodeterminación en la Unión Europea y apoyar la voluntad de Escocia y el pueblo irlandés de autodeterminación y reunificación, respectivamente.

    Reclamar que el catalán sea reconocido como lengua oficial de la UE.

    Evitar que el Gobierno acabe con la encriptación de extremo a extremo en Europa para prevenir casos de espionaje con Pegasus, así como exigir una nueva comisión de investigación sobre el Catalangate y medidas legales.

    Exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y las sentencias europeas en relación con el Sahara que establecen el respeto a su derecho de autodeterminación.

    Exigir al Gobierno la racionalización y transparencia de su política exterior y que deje de usar de recursos para "justificar el encarcelamiento y exilio de los líderes políticos y sociales independentistas".

  • Reclamar la participación directa de Euskadi en los ámbitos de decisión de la Unión Europea.

    Efectuar una política exterior comprometida con los Derechos Humanos y que no dependan de intereses geopolíticos y luchar contra la pena de muerte donde sea necesario.

    Defender la autodeterminación del pueblo Saharaui frente al reconocimiento del gobierno español de la soberanía marroquí.

    Promover y exigir la elaboración de un Plan de Derechos Humanos con medidas en política exterior e interior.

    Impulsar la creación de una Macrorregión Atlántica, completar la Unión Bancaria y exigir el cumplimiento de plazos en la consecución de la red básica de la redes Transeuropeas del Transporte (TEN-T).

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Disolución de la OTAN, la Unión Europea y el FMI.

    Defensa de una Europa y un Mediterráneo de los pueblos y los trabajadores.

  • Durante la Presidencia de España en la UE, en este segundo semestre de 2023, reforzar la alianza con Portugal y Francia y exigir que el Estado se implique en la consolidación de los derechos de las regiones ultraperiféricas.

    Exigir que Canarias esté presente, con representación propia, en aquellas negociaciones que el Estado lleve a cabo con Marruecos, especialmente en dos asuntos fundamentales: la delimitación de los espacios marítimos y el control de los movimientos migratorios.

  • Política exterior comprometida con los derechos humanos, con vocación de solidaridad y apuesta por la cooperación internacional.

    Potenciar la situación tricontinental de Canarias.

    Apoyo a un referéndum de autodeterminación en el Sáhara organizado por la ONU y rechazo al cambio de postura del Gobierno.

    Compromiso con los derechos del pueblo palestino, exigiendo el reconocimiento de dos estados, Israel y Palestina.

    Rechazo a las políticas europeas sobre refugiados, por su trato "denigrante e inhumano" a las personas refugiadas.

  • Derogación del apartado de participación en competiciones internacionales de selecciones autonómicas recogida en la Ley del Deporte.

  • Defender la salida de la OTAN y su disolución.

    Anular el cambio de posición del gobierno español respecto al derecho de autodeterminación del pueblo saharauí, condenando enérgicamente la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, e instando a que el Estado español impulse un referéndum de autodeterminación con garantías democráticas.

    Condenar enérgicamente al Estado de Israel por la ocupación de Palestina, reconociendo también el Estado palestino.

    Defender en el seno de la Unión Europea una política de migraciones respetuosa con el derecho de asilo político, con los derechos sociales y laborales y con el desarrollo de los pueblos.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Impedir que dictados de organismos internacionales -el FMI, la Comisión Europea…- puedan imponerse de forma antidemocrática, por encima de la voluntad expresada en las urnas, para obligarnos a ejecutar recortes.

  • Aportar a la paz mundial y la defensa de los derechos humanos y garantizar que las armas españolas no sean utilizadas para la violación de los derechos humanos.

    Apoyar una reforma fiscal internacional donde las empresas internacionales paguen más impuestos y lo hagan donde operan y obtienen beneficios.

    Trabajar para frenar el calentamiento global y la contaminación de las aguas, el suelo y el aire y desarrollar una política de acción alineada con la Agenda 2030.

    Impulsar la ejecución y el desarrollo de una nueva ley para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.

    Fortalecer la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y desarrolllar el marco de relación entre el Estado y las ONG de desarrollo.

Defensa

  • Refuerzo del presupuesto específico de Defensa y compromiso por seguir trabajando en el seno de la OTAN por la defensa de la paz y la seguridad y en solidaridad con Ucrania.

    Impulso del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (CETEDEX) en Jaén, con 220 millones de euros y 2.500 nuevos-

    Nueva Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba con 1.600 puestos de trabajo.

    Impulso a a los programas de los vehículos VCR 8X8, fragatas F-110, submarinos S-80, sistema FCAS/NGWS, cazas Halcon y drones Euromale.

    Contribución con la Defensa a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad de Naciones Unidas, al programa de Escuelas Seguras y a la lucha contra el cambio climático.

  • Reforzar las Fuerzas Armadas como instrumento de disuasión y defensa ante cualquier posible amenaza.

    Cumplir el compromiso adquirido por los aliados de destinar un 2% del PIB nacional en seguridad y defensa.

    Elevar el número de efectivos de las fuerzas armadas durante dos legislaturas hasta alcanzar los 140.000 previstos por la ley, y desarrollar un nuevo modelo de reserva militar voluntaria.

  • Asegurar y visibilizar la presencia de la administración civil y militar del Estado, especialmente en aquellos territorios "donde los gobiernos separatistas han tratado de borrar a España".

    Crear un mando integrado de gestión de las fronteras para control e inspección de personas y mercancías y un mayor despliegue militar en Ceuta, Melilla y Canarias.

    Aumentar la inversión en Defensa y dignificar la vocación profesional militar y homologar los estudios y especialidades militares y desarrollar un servicio militar de reserva voluntaria.

  • Adoptar, en el ámbito específico de la política de defensa, una Estrategia Nacional de Seguridad Humana que fortalezca el compromiso con el derecho internacional humanitario.

    Promover la revisión y auditoría de los Programas Especiales de Armamento y otros gastos asociados a planes de defensa con el fin de dotarlos de mayor transparencia.

    Revisar en profundidad la política de exportación de armamento, tanto a nivel estatal como europeo, para prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos.

    Adoptar un papel más activo en la mediación y la resolución pacífica y dialogada en los conflictos en los que la diplomacia española tenga un valor añadido, como los del Sáhara Occidental, Palestina, Colombia, Haití, Ucrania o Sahel.

  • Detener la venta de armas a países que no respetan los derechos humanos.

    Fiscalizar sistemáticamente el modelo de Defensa español y sus programas especiales de armamento y exigir el cumplimiento de la ley general presupuestaria y de estabilidad presupuestaria aplicable al Ministerio de Defensa para evitar la presentación de futuros reales decretos que pretendan cubrir gastos ya conocidos.

    Desmilitarizar las políticas públicas y la vida social, impidiendo las subvenciones a las empresas armamentísticas y los desfiles, las exhibiciones militares y las maniobras fuera de los terrenos militares.

    Reducir un 50% el presupuesto anual del Ministerio de Defensa destinado a partidas y programas armamentísticos.

  • Exigir la desclasificación de archivos militares y policiales secretos de la dictadura y la transición e impulsar una nueva ley de secretos oficiales.

  • Avanzar hacia la consolidación de un ejército europeo, impulsando una mayor interrelación de los ejércitos de los países miembros de la UE.

    Revisar el modelo de Defensa y sus programas especiales de armamento, asegurando que el Ministerio cumple con la ley general presupuestaria y las legislación europea de estabilidad.

    Exigir al Ministerio de Defensa menos opacidad.

    Compromiso de no exportación de material de defensa a países que violen los derechos humanos o el derecho internacional, como Arabia Saudí.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Promover la cultura de la paz, apostando por la diplomacia y los derechos de los pueblos para resolver conflictos como la guerra de Ucrania.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Promover una neutralidad activa del Estado español en la guerra de Ucrania y apoyar decididamente las iniciativas que busquen la paz mediante una salida diplomática y negociada para este conflicto. Cesar de inmediato el envío de armamento a Ucrania y reforzar el envío de material humanitario.

    Anular el compromiso del Gobierno español de aumentar el gasto militar hasta llegar al 2% del PIB estatal, de manera que se destinen dichos fondos al incremento de diferentes partidas de gasto social.

    Eliminar la política de venta de armamento a regímenes dictatoriales y autoritarios, así como a países con intereses neocoloniales, que lo emplean para agredir a otros pueblos.

    Retirar las tropas del Estado español en misiones exteriores que comporten ocupación o agresión militar.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Nos oponemos a la ampliación del escudo antimisiles norteamericano en la base de Rota, o a elevar nuestro presupuesto militar por mandato de EEUU.

    Reclamamos el cumplimiento de las condiciones aprobadas en el referéndum de la OTAN de 1986, que abarcaba la no integración en la estructura militar y el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

Modelo de estado

  • Fomento de la cogobernanza, la cooperación y coordinación con las CCAA aprobando, entre otros, una Ley de Cohesión Territorial y con diálogo entre administraciones.

    Avanzar en la configuración de un estado laico: reforzar la neutralidad religiosa en actos públicos y mismo régimen fiscal de las confesiones que las entidades sin ánimo de lucro.

    El PSOE apuesta por una reforma del Senado pero es consciente de la dificultad dada la necesidad de una reforma constitucional.

  • Reforma del sistema de financiación autonómica y local.

    Mayor apoyo del Estado hacia las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

  • Promover un estado unitario administrativamente descentralizado para todos los españoles y devolver de forma inmediata al Estado las competencias de Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia para terminar con los 17 sistemas normativos distintos.

    Suprimir todos los privilegios legales y fiscales amparados en "derechos históricos", garantizar el uso del español en todo el territorio.

    Suspender inmediatamente la autonomía de las comunidades cuyos gobiernos utilicen recursos e instrumentos para atentar contra la unidad de España.

    Suprimir organismos ideológicos y subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y otros entes políticos.

    Poner fin a subvenciones públicas e ilegalizar los partidos, asociaciones u ONG que "persigan la destrucción de la unidad territorial".

  • Impulsar la mesa de diálogo con Cataluña y someter a votación en Cataluña el acuerdo surgido de la negociación de esta mesa entre Gobierno y Generalitat; avanzar hacia un nuevo pacto territorial entre Cataluña y el Estado.

    Nuevo pacto territorial, reconociendo y poniendo en valor la diversidad de España, aunque dotándola de un sentido solidario

    Impulsar de forma inmediata la reforma del sistema de financiación autonómico, acordando un nuevo modelo que incluya un suelo fiscal para prestar unos servicios públicos de calidad y encauzar las reformas de los Estatutos de Autonomía que necesiten ser actualizados.

    Extender la promoción y uso de la pluralidad lingüística al conjunto del España, no solo a las comunidades autónomas con lengua propia, así como al marco de la UE.

    Promover foros ciudadanos para debatir sobre el modelo de España y el estado de las autonomías.

  • Reconocimiento del derecho a decidir.

    Abolición de la monarquía y proclamación de la república.

    Negociar la celebración de un referéndum para la creación de una República Catalana de derechos y libertades, vinculante y con reconocimiento internacional.

    Constitución de repúblicas en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, para la creación de unos Países Catalanes libres e independientes.

    Supresión del Senado y las Diputaciones.

  • Consolidar los espacios de diálogo y consecución de las máximas cuotas de autogobierno.

    Nuevo modelo de financiación para Cataluña al estilo del régimen foral. A corto plazo, la financiación de Cataluña ha de aumentar entre 7.000 y 10.000 millones de euros anuales para reducir el déficit fiscal Cataluña-España un 45-65%.

  • Reconocimiento de la autodeterminación para que Cataluña pueda ser un Estado independiente.

    Mientras tanto, descentralización de todas las competencias a la Generalitat y aumento de la financiación.

    Sistema fiscal propio.

    En contra de las funciones judiciales del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional como "órgano judicial con capacidad para intervenir en el proceso político por la vía de ejecutar sus propias resoluciones".

    Priorización del catalán como lengua vehicular.

  • Defender el reconocimiento nacional de Euskadi y la bilateralidad en relación con el Estado a través de un ejercicio compartido de la soberanía.

    Desarrollar una defensa férrea del Estatuto y el Amejoramiento, así como del Concierto y Convenio Económico como instrumentos de desarrollo económico social y político del País Vasco y Navarra.

  • Reconocimiento de Euskal Herria como nación.

    Reconocimiento de un conflicto político entre Euskal Herria y el Estado y búsqueda de una solución política.

    El respeto tanto del Gobierno español como de sus instituciones a los acuerdos y propuestas políticas que alcancen las fuerzas políticas en los correspondientes parlamentos de Gasteiz e Iruñea, siempre y cuando estas sean ratificadas por nuestra ciudadanía.

    Defensa del Concierto Económico Vasco y el Convenio Económico Navarro como herramientas de autogobierno.

    Garantizar el uso del euskera en todas las administraciones públicas dependientes del Estado, impulsando el conocimiento de nuestra lengua por parte de todos los trabajadores y trabajadoras de la misma para asegurar así la atención en euskera a toda la ciudadanía.

  • Abolición de la monarquía y establecimiento de lazos entre los distintos pueblos del Estado.

    Autodeterminación de los Países Catalanes, con la reconstrucción y extensión del espíritu del 1 de Octubre a través de la movilización ciudadana continua.

  • Defensa y desarrollo del Estatuto de Canarias.

    Nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los servicios básicos.

  • Defensa de los "fueros históricos" de Canarias y su Régimen Económico y Fiscal.

    Autogobierno.

    Completar la transferencia de competencias acordada en la reforma del Estatuto de 2018.

    Nuevo modelo de financiación autonómica.

  • Defensa de la foralidad y autonomía de Navarra.

    Supresión de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución Española.

    Impedir que el independentismo vasco negocie en Madrid asuntos propios de Navarra.

  • Promover un proceso constituyente propio con el fin de crear un estado gallego soberano, la República da Galiza.

    Promover un nuevo modelo de financiamiento económico, que Galicia recaude todos los impuestos, mediante la puesta en marcha de una Hacienda Gallega e implantando una política fiscal propia.

    Transferir las competencias en materia Seguridad Social y pensiones.

    Traspaso de las competencias en materia de seguridad pública, policía judicial y fiscal.

  • Recuperar los derechos históricos de Aragón, con el reconocimiento de la Deuda Histórica del Estado, mediante una comisión bilateral Estado-Aragón.

    Reforma de la financiación autonómica para garantizar el Estado de Bienestar.

    Elección directa de los representantes en las Diputaciones.

    Reforma de la financiación de los pequeños municipios, para hacerlos sostenibles.

  • Espacios institucionalmente abiertos para consultas sobre los contenidos de las políticas y programas de gobierno.Reforma de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular.

    Reforma de la ley electoral: sistema electoral de circunscripción única, con la eliminación de la barrera electoral y un reparto de escaños proporcional al número de votos.

    Creación de una Dirección General de Bienestar y Protección de los Animales.

    Unidades especializadas en el bienestar y protección de los animales en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

  • Crear Asambleas de Electores en las que los candidatos y cargos electos estén obligados a rendir cuentas de su gestión y del cumplimiento de su programa. Donde puedan ser destituidos en caso de incumplimientos flagrantes.

    Reforma de la Ley Electoral, para ampliar la representatividad de los distintos sectores de la sociedad española en el Congreso de los Diputados, y el resto de instituciones.

    Reforma de la Ley de Partidos, para que la parte principal de financiación de las fuerzas políticas provenga de las aportaciones ciudadanas y de sus afiliados.

    Apostamos porque la unidad sea un recurso para salir de la crisis. Nos dividen y nos enfrentan para dominarnos. Nuestra diversidad, por ejemplo en los diferentes idiomas que se hablan en nuestro país, deben ser de conocimiento en todos los planes de estudio de toda España.

  • Igualar las condiciones en las que compiten los partidos políticos, aprobar un código de buenas prácticas para todos los representantes públicos y cambiar el modo de abordar las problemáticas ciudadanas desde el diálogo, el acuerdo y el cuidado.

    Limitar el número de prórrogas aplicables a las propuestas legislativas durante el trámite parlamentario para evitar que se bloquee el funcionamiento del poder legislativo.

    Facilitar el acceso a iniciativas de legislación popular y referéndum para consultar a la ciudadanía determinados temas.

Cultura

  • Alcanzar un Pacto de Estado por la Cultura, un Plan Nacional de Danza y desarrollar el Estatuto del Artista.

    Entradas de cine a dos euros para mayores de 65 años y mantener el Bono Cultural Joven.

    *Reforma de la Ley del Cine para consolidar un sector audiovisual e impulso de una ley para crear una Oficina de Derechos de Autor.

    Reformar el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y modernizacion de museos, archivos y bibliotecas.

    Programa 'España Hub Audiovisual' de impulso del sector audiovisual y de los videojuegos.

  • Reforzar el Instituto Cervantes.

    Impulsar una nueva ley de patrimonio cultural y una ley de mecenazgo.

    Completar y mejorar el estatuto del artista.

    Promover y proteger el patrimonio audiovisual español.

    Promover las actuaciones necesarias para asegurar la independencia y la objetividad en los medios de comunicación públicos.

  • Potenciar la lengua española en el extranjero a través del Instituto Cervantes, así como la cultura y los símbolos españoles.

    Promocionar y apoyar fiestas y tradiciones populares como señas de identidad.

    Poner delegaciones territoriales de RTVE al servicio de todos los españoles para dar el primer paso al cierre de las televisiones autonómicas.

    Combatir los intentos de borrado del legado español en América y dar a conocer la labor civilizadora de España en América y también en Guinea Ecuatorial y Filipinas.

    Apoyar con medidas fiscales y crediticias la tauromaquia y los espectáculos taurinos.

  • Incremento presupuestario paulatino. Horizonte del 1% en cultura en los PGE para los próximos cuatro años.

    Extensión del Bono Cultural Joven (actualmente beneficia a quines cumplen 18) a toda la población entre 16 y 30 años.

    Reemprender los proyectos de ley de Cine y Cultura Audiovisual, de Enseñanzas Artísticas y de Derechos de Autor y Conexos, de Mecenazgo y nueva Ley de Patrimonio.

    Plan estatal de cultura e impulso de los órganos de coordinación territorial y sectorial, creando una Mesa de Cultura estatal con la participación de las autonomías y representación de los sectores.

    Casilla cultural en el IRPF.

  • Establecer como requisito que todo el funcionariado del Estado español destinado en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares y Pitiusas entienda y hable el catalán y/o el occitano.

    Transferencia de las competencias del Ministerio de Cultura.

    Reducción al 4% del IVA de todos los productos culturales.

    Promover la reciprocidad entre TV3, À Punt e IB3 en Cataluña, en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.

    Reconocimiento de selecciones deportivas catalanas a nivel internacional.

  • Mejorar el Estatuto del artista.

    Luchar por disminuir la fiscalidad para los servicios y programaciones culturales, en concreto el IVA superreducido del 4%, y del 21 al 10% para la contratación de servicios culturales por parte de las administraciones públicas.

    Volver a impulsar la modificación de la Ley de mecenazgo.

    Exigir el dominio del catalán, y no como simple mérito, a los trabajadores de la Administración General del Estado que trabajan en Cataluña, Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

    Garantizar el doblaje y la subtitulación al catalán de series y películas para los contenidos de las plataformas de vídeo bajo demanda.

  • Catalán: exigir la oficialidad en la UE y garantizar la capacitación lingüística de los empleos públicos.

    Recuperación del patrimonio "expoliado" por el Estado (Ateneos, Fondos de la Generalitat en el Archivo de la Corona de Aragón, Papeles de Salamanca, Archivo de Ávila).

    Más recursos para los museos catalanes e inversiones para el ecosistema cultural.

    Recuperar el proyecto de ley de enseñanzas artísticas, la ley de mecenazgo y la ley de cine, defendiendo la presencia del catalán.

    IVA cultural del 4% y mejorar el tratamiento de los rendimientos de los derechos de propiedad intelectual en el IRPF.

  • Defender el uso del euskera, la correcta aplicación de la cooficialidad y su pleno uso en todos los ámbitos dependientes de la Administración del Estado.

    Exigir que el euskera esté presente en todos los espacios físicos y virutales que dependen de la Administración General del Estado.

    Mantener y aumentar la dotación presupuestaria para aquellas producciones cinematográficas en las demás lenguas oficiales distintas al castellano y exigir que se cumpla la Ley General Audiovisual en cuanto a la presencia del euskera en plataformas televisivas públicas y privadas.

    Exigir que se den todos los pasos para las selecciones vascas y, por tanto, la presencia internacional de Euskadi en el deporte.

  • Extender y ampliar el uso del euskera en el ámbito digital y audiovisual, clave para promover su uso y conocimiento entre las generaciones más jóvenes.

  • Defensa de la lengua catalana en los "Países Catalanes", en todos los ámbitos.

  • Facilitar la movilidad de artistas y acciones artísticas en los territorios extrapeninsulares.

    Mantenimiento e impulso del incentivo a la deducción para inversiones en producciones cinematográficas de alta potencialidad en Canarias, manteniendo el actual diferencial fiscal con la Península.

  • Promover políticas que velen por el estudio, defensa, promoción y difusión de la riqueza cultural canaria.

    Velar por del dialecto canario como patrimonio lingüístico.

    Exigir que el 40% de los programas curriculares educativos sean contenidos canarios.

    Impulsar la creación artística en todos los campos (audiovisual, literario, escénico, etc.) con la canariedad como elemento protagonista y apostar por el desarrollo del sector audiovisual de las Islas.

    Especial atención al patrimonio arqueológico indígena.

  • Defensa y rehabilitación del Patrimonio de Navarra.

    Restauración dependencias de la Catedral de Tudela, Monasterio de Irache y Colegiata de Roncesvalles.

    Rehabilitación del edificio "Sementales" de Tudela.

    Derogación del apartado de participación en competiciones internacionales de selecciones autonómicas recogida en la Ley del Deporte.

  • Garantizar la presencia normalizada de la lengua y de las producciones culturales gallegas en RTVE, así como un incremento de las horas de desconexión territorial en lengua gallega y la recuperación de Radio 4, emisora exclusivamente en gallego.

    Reformar la Ley Audiovisual para garantizar la plena igualdad de todas las lenguas oficiales del Estado.

    Impulsar convenios para la enseñanza del gallego como segundo idioma en la educación secundaria y en las Escuelas Oficiales de Idiomas en otros territorios del Estado y firmar convenios para la enseñanza del gallego en toda la etapa educativa en los territorios gallegoparlantes de comunidades limítrofes.

    Garantizar la participación de las selecciones gallegas con pleno derecho, en todas las disciplinas de las competiciones deportivas internacionales oficiales.

  • Impulsar las redes de patrimonio cultural y natural, así como de los valores de la cultura tradicional y rural.

    Potenciar las bibliotecas públicas, la creación literaria, artística, musical y científica y el fomento de la lectura.

    Fomentar los festivales que dinamizan el medio rural.

  • Fin de los zoológicos, acuarios y de toda cautividad con fines de entretenimiento.

    Abolición de los espectáculos, tradiciones y festejos con animales: corridas de toros, circos, espectáculos acuáticos y otros.

    Fomento de la enseñanza de disciplinas artísticas, promocionando su oferta en los centros de educación públicos.

    Incentivo de la creación artística, mediante subvenciones y programas de apoyo a las entidades culturales y a los artistas.

    Apoyo a la inversión y producción cinematográfica, así como promoción de la atracción de rodajes, producción y postproducción mediante incentivos fiscales.

  • Revertir los recortes en Cultura.

    Proteger y poner en valor el patrimonio.

    Crear una industria cultural potente.

  • Impulsar una Ley de Cultura para incentivar la participación ciudadana y el cuidado del patrimonio.

    Proveer canales de comunicación cultural entre Estado y comunidades autónomas.

    Impulsar políticas para "sanar heridas sociales y políticas del último siglo" como la guerra civil, la dictadura o el terrorismo de ETA, y crear una red de museos de la "reconciliación".

    Garantizar el acceso a la cultura a "colectivos frecuentemente olvidados".

Feminismo

  • Puesta en marcha de la Oficina Estatal de lucha contra discriminación en la Inspección de Trabajo.

    Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión: en listas electorales, consejos de administración, colegios profesionales, etc.

    Renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y extensión de las ayudas a hijos de mujeres asesinadas menores de 26 años.

    Impulso del Plan de Prevención de delitos de violencia de género online y un plan de intervención de Lucha contra la Violencia de Género en el medio rural.

    Abolición de la prostitución y actuación contra agencias que promocionen y hagan negocio de los vientres de alquiler.

    Garantizar el derecho al aborto así como que estén disponibles el método quirúrgico y farmacológico y el acceso de este derecho en zonas rurales.

  • Erradicación de la violencia de género y de toda la violencia contra la mujer.

    Cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de género; modificar la ley para tipificar la violencia digital y luchar contra la violencia de control, amenazas o violencia psicológica a través de los móviles; y aprobar una ley orgánica integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

    Perseguir a los proxenetas y el beneficio económico extraído de esta actividad por terceras personas.

    Impulsar planes de igualdad con horizontes temporales y objetivos concretos y evaluables como fomentar el empleo y el emprendimiento de las mujeres; avanzar hacia una presencia equilibrada en puestos directivos; dar pasos firmes en materia de corresponsabilidad, y combatir las brechas que aún se mantienen en el ámbito laboral.

    Promover una mayor visibilización y apoyo del deporte femenino para su proyección competitiva, nacional e internacional.

  • Derogar la Ley de Violencia de Género y promover una ley que proteja a todas las posibles víctimas de violencia en el ámbito doméstico.

    Eliminar toda la legislación de género y que establezca diferencias laborales, como cuotas o preferencia a la contratación en caso de empate, atendiendo al sexo, raza u orientación sexual.

    Suprimir el Ministerio de Igualdad y crear en su lugar el Ministerio de Familias y dedicar su gasto a otros servicios públicos.

    Eliminar las ayudas públicas a organizaciones que promuevan "prácticas contrarias al fomento de la vida desde su concepción" o "induzcan a las mujeres a realizarlas".

    Derogar la ley del solo sí es sí sustituyéndola por una ley que "aumente las penas a todos los violadores" y bajar la edad penal y revisar la ley del menor para que se agraven las consecuencias.

  • Violencia machista: introducir otras formas de violencia de género en el sistema VioGén; sistema específico de indemnizaciones, mecanismos de reparación y atención para víctimas graves de delitos vinculados a las violencias machistas; blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

    Políticas de salud para las mujeres: acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres hasta los 45 años de edad, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja.

    Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados, fortalecer el Ministerio de Igualdad y recuperar la Comisión Delegada de Igualdad.

    "Agenda feminista frente a la extrema derecha". Lanzar campañas de sensibilización y otras medidas para frenar los discursos contrarios a los derechos de las mujeres, que se refieren a la igualdad y a la perspectiva de género como "ideología de género".

    Nuevo "servicio de atención telefónica para hombres en crisis", buscando alternativas no violentas, derivando a servicios que trabajen otras formas de masculinidades, fomenten el cuidado y la empatía.

  • Erradicación de las violencias machistas como cuestión de país, con recursos presupuestarios necesarios para hacer más y mejor prevención y para hacer más y mejor reparación en las mujeres y sus hijos e hijas.

    Creación del derecho de las personas víctimas de violencia machista, a fin de que puedan ser asistidas por una defensa técnica proporcionada por el turno de oficio desde el momento en que lo soliciten.

    Equiparación de género en el mundo laboral, con políticas efectivas contra la brecha salarial.

    Paridad radical en todos los ámbitos públicos de decisión.

    Incorporar en la legislación la violencia económica, como la que supone la privación de los recursos económicos de una mujer (o sus hijos o hijas).

  • Combatir las diferencias salariales por razón de género.

    Asegurar que se respete la categoría laboral, el salario y el puesto de trabajo de las mujeres que han sido madres cuando se reincorporen al trabajo.

    Establecer los parámetros e indicadores que han de contener los informes de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

  • Impulsar políticas de sensibilización y prevención sobre las violencias machistas, que incluyan el acompañamiento a la víctima en todo el proceso.

    Establecer como prueba preconstituida la declaración de mujeres y menores en los casos de violencia machista.

    Crear un consejo asesor de políticas feministas e igualdad de género del Gobierno de España.

    Trabajar para que el Gobierno impulse políticas de igualdad retributiva a través de una ley que fomente la igualdad salarial y la transparencia.

    Elaborar un código de actuación en materia de publicidad con el objetivo de erradicar contenidos sexistas.

  • Trabajar por la aplicación del tratado sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y su Protocolo facultativo.

    Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas y trabajar por la paridad e igualdad entre mujeres y hombres.

    Combatir la violencia machista, garantizando que se dota de suficientes recursos en prevención y atención a las víctimas (incluidas las personas menores concernidas).

    Garantizar el cumplimiento en su integridad de las medias suscritas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

    Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia sexual y modificar la legislación para la especialización de la fiscalía y jueces.

  • Defenderemos todos los avances feministas conseguidos y trabajaremos para conquistar nuevos derechos.

    Lucha contra la violencia machista en todos sus ámbitos.

    Medidas específicas orientadas a mujeres y personas jóvenes que atajen la brecha salarial que hoy sufren esos sectores, así como la precariedad, temporalidad y parcialidad presentes en gran parte de los mismos.

  • Lucha contra la violencia machista y las complicidades del Estado.

    Lucha contra la feminización de la pobreza y la brecha salarial.

    Lucha contra la doble estigmatización de las mujeres migradas.

  • Oposición a cualquier intento de retroceso o de desmontar las políticas y leyes contra la violencia de género.

    Aplicación en todo el Estado del Convenio de Estambul.

    Cumplimiento efectivo de las leyes y mecanismos para superar las brechas de género.

    Atención y medidas concretas contra la feminización de la pobreza y contra las dobles y triples discriminaciones que afectan a los colectivos de mujeres con discapacidad, migrantes y racializadas, en colectivos laborales como las trabajadoras del hogar.

  • Reivindicación del movimiento feminismo y compromiso con el Convenio de Estambul, teniendo en cuenta a todas las formas de violencia de género, incluida, la trata de mujeres con fines de explotación sexual y la prostitución.

    Rechazo a los "vientres de alquiler".

    Mantener el Ministerio de Igualdad y las consejerías homólogas.

    Intervención transversal feminista en todos los ámbitos.

    Velar por el cumplimiento de leyes y mecanismos contra la brecha de género y la discriminación que afecta a las mujeres en la economía y el mundo laboral.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Incrementar la transferencia de los fondos económicos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista, exigiendo la revisión de los criterios para que tenga en cuenta la realidad específica gallega (dispersión poblacional, alto número de núcleos de población y envejecimiento, entre otros) así como los recursos existentes.

    Introducción del término feminicidio en la legislación española e impulso de un Estatuto de Víctima de Feminicidio.

    Ofrecer una red de cobertura que garantice la libertad para dejar la prostitución a todas las mujeres que así lo quieran cubriendo sus necesidades personales básicas.

    Persecución intensa y efectiva de la prostitución forzada, así como la Inclusión en el Pacto de Estado el impulso a una red pública de centros de media estancia para el desarrollo personal integral de las mujeres en situación de prostitución que decidan dejar de ejercerla.

    Impulsar medidas dirigidas a eliminar cualquier forma de discriminación por razón de género en los medios de comunicación promoviendo un tratamiento informativo adecuado de la violencia machista entre las que se incluirá un código ético que deberá ser cumplido para la obtención de fondos públicos.

  • Mejorar los servicios de la lucha contra la violencia machista.

    Cumplimiento íntegro, actualización y seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género.

    Impulsar la transversalidad del mundo rural, donde las mujeres sean reconocidas como un pilar fundamental del sector agrario y ganadero.

    Medidas específicas para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las mujeres con hijos/as, con mayores o con dependientes en su familia.

    Rechazo de la gestación subrogada.

  • Pacto contra la discriminación laboral y salarial y para promover la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.

    Ley de mayor representación de mujeres, que, en el caso de la reforma de la LOREG, exija que las mujeres representen, al menos, el 50% de las listas electorales de las candidaturas, no que se limite su presencia a ese porcentaje.

    Apoyo y asesoramiento para la elaboración de planes de igualdad en las empresas privadas.

    Programas educativos de prevención de violencia sobre la mujer en todas las etapas educativas.

    Unidades policiales especializadas y disponibles las 24 horas, los 365 días del año, para atender los casos de violencia machista.

  • Exigimos que ninguna mujer reciba un sueldo o pensión inferior a 1.200 euros al mes.

    Duplicar el presupuesto para la violencia de género (de los actuales 500 millones entre todas las CCAA a los 1.000 millones en una legislatura, procedentes de una reforma fiscal progresiva).

    Reforzar la educación sexual en igualdad en todos los tramos del sistema educativo.

  • Promover las mejoras políticas de prevención del embarazo no deseado y garantizar el apoyo integral a las mujeres embarazadas en situación vulnerables.

    Abolir la prostitución y combatir la trata de personas.

    Diseñar políticas de lucha contra la violencia de género y aprobar un instrumento legal que permita prestar un apoyo más sólido y prolongado para los huérfanos.

    Mantener la prohibición de la gestión subrogada.

    Promover y defender la igualdad de género y regular las situaciones que conlleven una feminización de la pobreza, revirtiendo especialmente la brecha salarial.

LGTBIQ+

  • Promover un Pacto de Estado contra la LGTBIfobia.

    Agilizar los procesos de adopción nacional e intensificar la firma de tratados de adopción internacional.

    Promover el derecho a la libre circulación de las familias LGTBI dentro de la UE y aprobar una Estrategia de Turismo LGTBI especializado.

    El Centro Documental de la Memoria Histórica considerará la memoria y lucha del colectivo y se investigará sobre la memoria histórica y democrática LGTBI.

    Formación específica a profesionales sobre el chemsex, que se ha convertido en un problema de salud pública.

  • Derogar la ley 'trans' y promover una nueva que garantice los derechos del colectivo fruto del "consenso" y lucha contra la discriminación por orientación sexual.

    Promover nuevos protocolos educativos con el fin de que ningún menor sufra exclusión o humillación alguna.

    Garantizar en las competiciones femeninas que el sexo biológico ordene las categorías deportivas.

  • En el acceso a la función pública o en el deporte, vigilar que "no se discrimen a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres".

    Garantizar la imposibilidad de tratamientos hormonales y la cirugía de cambio de sexo en los menores de edad y derogar leyes LGTBIQ+ o la Ley Trans.

    Derogar la Ley Trans para que "ningún hombre, independientemente del género con el que se autoperciba" pueda entrar en espacios de intimidad reservados para mujeres como vestuarios y baños.

  • Pacto de Estado contra los discursos de odio; erradicación del odio y la discriminación LGTBI+fóbica.

    Apoyo a las víctimas y supervivientes de la discriminación y la violencia. Crear una red de recursos de acogida y alojamiento, medios jurídicos, asistenciales, psicológicos y de orientación al empleo para las víctimas de la violencia LGTBI+fóbica.

    Implantar los planes de igualdad LGTBI+ en el ámbito del empleo y crear políticas activas de inserción laboral, en especial para mujeres trans; reconocer la LGTBI+fobia como causa de riesgo psicosocial en el empleo.

    Implantación de protocolos sanitarios específicos dirigidos a cubrir las necesidades del colectivo LGTBI+ y garantizar su atención sociosanitaria, de forma que se evite cualquier forma de violencia y discriminación.

    Garantizar el pleno acceso a todas las técnicas de reproducción asistida en el sistema público, así como el acceso a tratamientos completos de atención a la identidad de género.

  • Articular un frente amplio democrático con partidos, entidades y sindicatos, con el fin de prevenir discursos de odio y un uso del lenguaje machista, lgtbi-fóbico, racista o totalitario.

    Garantizar el derecho de asilo a las personas LGTBI perseguidas en sus países de origen.

    Reparación para las personas trans perseguidas durante el franquismo y la Transición.

    Reforma del Código Penal para castigar las terapias de conversión.

    Reconocimiento legal de las personas no binarias y sus derechos.

  • Garantizar los derechos de las personas LGTBI en todos los ámbitos.

  • Reconocimiento y defensa de los derechos del colectivo LGTBI.

    Compromiso con la lucha contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia.

    Implementar "medidas de reconocimiento y de reparación", además de las acciones punitivas.

  • Defender los derechos del colectivo LGTBIQ+ y realizar un seguimiento del cumplimiento de la legislación aprobada para garantizar sus derechos, así como de la aplicación real de las políticas públicas.

    Erradicar la LGTBIfobia y remover los obstáculos para el pleno ejercicio de derechos y libertades de estas personas.

  • Defenderemos todos y cada uno de los avances y conquistas logradas para las personas LGTBIQ+, que amplían derechos y libertades.

  • Lucha contra la violencia LGTBIfóbica y las "complicidades del Estado".

  • Lucha contra la LGTBIfobia.

  • "Unidad sin fisuras de los demócratas, el rechazo a la agenda de retroceso en libertades y derechos de la ultraderecha".

    Defensa de sociedades plurales en lo ideológico, pero también en el origen étnico o nacional, en la diversidad sexual o en el religioso.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Envejecimiento digno y sin LGTBfobia, con planes formativos específicos destinados a los profesionales del sector sociosanitario de las residencias de tercera edad.

    Apoyo y acompañamiento a las personas LGTB migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo, así como protección de las personas trans migrantes permitiendo el reconocimiento legal de su identidad en la documentación.

    Promoción de medidas positivas para la inclusión laboral y social de las personas trans.

    Supresión de cualquier tipo de subvención o ayuda pública e imposición de sanciones para organizaciones que tengan como objetivo la negación y la vulneración de derechos de las personas LGTB o que se expresen en este sentido.

    Inclusión de contenidos transversales y específicos en la enseñanza obligatoria y universitaria, con el fin de garantizar la formación del profesorado y alumnado.

  • Luchar por la igualdad, con políticas para dar visibilidad al colectivo LGTBI de nuestras ciudades y pueblos.

  • Refuerzo de la inclusión de contenidos sobre la diversidad sexual, de género y familiar en los sistemas educativos.

    Campañas específicas para la prevención de la LGTBIfobia y del acoso por orientación sexual o identidad de género.

    Inclusión y reconocimiento de las familias LGTBI+ en las políticas sobre familias.

    Creación y/o desarrollo de servicios de apoyo y orientación a jóvenes LGTBI+. Fomento de programas de Información y Atención a personas LGTBI+.

    Asunción por parte de la sanidad pública del proceso de transición médica.

  • Potenciar la ampliación de derechos y libertades con amplios debates ciudadanos, especialmente en materia de defensa de los derechos LGTBI.

  • Proteger los derechos de las personas LGTBIQ+.

    Apoyar que en los centros educativos se acuerde incluir el respeto a la diversidad sexual y de género.

Vida y familia

  • Aumentar el mínimo por descendientes y personas dependientes en el IRPF con el fin de apoyar a las familias con hijos, impulsar la natalidad y acompañar en el cuidado de las personas mayores y dependiente.

    Garantizar que todas las familias son iguales en derechos mediante el impulso de la Ley de Familias.

    Extender la prestación de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, incorporando una mayor flexibilidad con el trabajo a tiempo parcial de los padres y madres a partir de la semana 16.

    Prestación por crianza para familias con personas menores a cargo.

  • Reformar la ley del aborto para que las menores de edad vuelvan a necesitar consentimiento paterno.

    Refuerzo de la cartera pública de servicios de reproducción asistida.

    Revisar la Ley de Eutanasia tomando en consideración la opinión del Comité de Bioética, y una normativa específica para los cuidados paliativos, priorizando "la mejora del bienestar y soporte de los pacientes en fase avanzada y terminal".

    Extensión del título de familia numerosa hasta que el último de los hijos cumpla 26 años.

    Garantizar el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

  • Fomentar condiciones para promover la natalidad y derogar la ley del aborto y defender el acceso a un protocolo de información permanente.

    Derogar la ley de eutanasia e incluir una ley de cuidados paliativos que asegure el cuidado en fases críticas y terminales de la vida y leyes de apoyo a la natalidad.

    Promover una ley de protección integral de la familia y paralizar la tramitación de la Ley de Familias "por la cual la institución familiar queda conscientemente desdibujada reconociendo hasta 16 tipos de familias".

    Rechazar prácticas como los vientres de alquiler y actividades que cosifiquen y utilicen como producto de compraventa a los seres humanos.

  • Prestación universal por hijo de 200 euros al mes hasta los 18 años.

    Permisos: hacer remunerado y ampliar a diez semanas hasta los 12 años el recientemente creado permiso parental; remunerar el permiso de cinco días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas.

    Garantizar el acceso efectivo al derecho al aborto desde los servicios públicos de salud en todo el territorio y en condiciones de igualdad.

    Garantizar que puedan suministrarse cuidados paliativos en los domicilios cuando así se desee y reconociendo la necesidad de tener una muerte digna, en coherencia con lo establecido en la Ley de Regulación de la Eutanasia.

  • Equiparar a las familias numerosas los derechos fiscales, sociales y laborales de las familias monoparentales.

    Crear una Ley de Bebés Robados.

  • Ampliar la deducción del IRPF para cada hijo a la que tienen derecho las mujeres.

    Ampliar el apoyo a las familias y, en especial, a las familias numerosas y monoparentales, a las que tienen hijos menores de tres años las que tienen personas con dependencia o con discapacidad.

    Recuperar para la Generalitat las competencias para tramitar adopciones internacionales en Cataluña como se hizo hasta 2015, cuando se centralizó esta competencia.

    Estudiar con rigor la gestación subrogada desde las vertientes bioética, jurídica y administrativa.

  • Equiparar las familias monoparentales a las familias numerosas a nivel de bonificaciones, y mejorar las ayudas a quienes tienen hijos menores de 3 años o están a cargo de una persona con discapacidad.

    Incrementar las deducciones por maternidad en el IRPF, como deducción por hijo a cargo hasta los 18 años.

    Mejorar las prestaciones por desempleo a personas con hijos o personas dependientes a cargo.

    Ampliar la protección durante los periodos de maternidad/paternidad, adopción y acogida eliminando el requisito de periodo mínimo de cotización a la seguridad social.

    Ampliar los conceptos por los que se contemplan los permisos para la atención a hijos enfermos y la protección por embarazo de riesgo y durante la lactancia.

  • Garantizar la no discriminación y la igualdad de los niños y niñas independientemente del tipo de familia del que procedan.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Aborto libre, de acceso universal, gratuito, seguro y sin límite de edad.

  • Medidas complementarias para la ayuda a la crianza de los niños con el objetivo de que alcance automáticamente a todas las familias y apoye especialmente a aquellas con menos ingresos.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Adaptación de la normativa vigente para defender la vida con políticas en favor de la familia y los cuidados paliativos.

  • Reconocimiento legal de las familias monoparentales en origen, por decisión propia, e impulso de una legislación específica, para aquellas cuestiones de competencia estatal que permita garantizar sus derechos y superar la discriminación.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Planes de apoyo a las familias, que contemplen ayudas económicas y servicios como centros de atención socioeducativa y ludotecas para niños y niñas menores de 3 años, aulas matinales, comedores escolares, actividades extraescolares, centros residenciales de día y programas de estancia diurna para personas mayores y/o dependientes, centros de atención y cuidado para animales, y ayudas para la contratación de personal para el cuidado de familiares.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Aprobar una ley para universalizar la atención temprana de forma gratuita, intersectorial y especializada como un derecho para los niños de hasta seis años.

    Crear una Fiscalía y un Juzgado especializado para erradicar la violencia contra la infancia y asegurar una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo e implementación de la LOPIVI.

    Luchar contra la pobreza infantil, garantizando acceso al comedor escolar y al Ingreso Mínimo Vital a la infancial y adolescencia más vulnerable.

Conciliación

  • Plan Nacional de trabajo flexible mediante jornadas híbridas que combinen lo presencial con lo remoto y la posibilidad de concentrar en cuatro días la semana laboral.

    Ampliar el sistema público de escolaridad de 0 a 3 años y la nueva economía de los cuidados.

    Ayudas para comedor en los colegios, ampliación del horario de apertura de los centros y de actividades extraescolares.

    Aumentar el número de Centros de día y de cuidados de larga duración, uniéndolo a la Estrategia estatal de lucha contra la soledad no deseada.

  • Aumento de la cuantía y el alcance de la prestación por hijo a cargo, posibilitando su cobro desde el quinto mes de embarazo.

    Recuperar la bonificación de hasta el 45 % de las cuotas de la Seguridad Social para la contratación de trabajadores del hogar.

    Ampliación de los permisos de maternidad y paternidad de las familias monoparentales en la parte voluntaria. Abordar un permiso de cuatro meses para los padres con hijos de hasta ocho años.

    Potenciar la flexibilidad del horario laboral y un banco de horas; para que las empresas ofrezcan más flexibilidad a los trabajadores sin afectar ni a las horas trabajadas ni al salario.

  • Combatir la brecha maternal bonificando el coste para el empresario durante el embarazo y cualquier baja relacionada con la maternidad, implementar deducciones por la contratación de madres y rechazar cualquier política de cuotas.

    Avanzar hacia un marco jurídico y laboral adaptado a las cada vez más comunes circunstancias de teletrabajo para mejorar la conciliación.

    Reducir el IVA de los productos destinados a la primera infancia como pañales, biberones o leche de fórmula.

    Establecer la deducibilidad fiscal de los gastos por la contratación de cuidadores depersonas dependientes.

  • Ley de usos del tiempo que aumente la autonomía de las personas trabajadoras en la gestión del tiempo de trabajo, lo que incluye el derecho a adaptar los horarios de trabajo y el derecho a formas híbridas de trabajo (presencial y a distancia).

    Ordenación del tiempo de trabajo corresponsable e igualitario que facilite la conciliación, evitando que muchas personas (mayoritariamente mujeres) se vean obligadas a reducir su jornada o a renunciar a su carrera profesional.

    Permitir una reducción de jornada con carácter discontinuo a lo largo de la semana, del mes o del año, así como la reducción de jornada para personas que convivan en el mismo domicilio, aunque no exista entre ellas relación de parentesco.

    Establecimiento de una sola interrupción en las jornadas partidas, con una duración máxima de una hora, que podrá ser ampliada por convenio colectivo.

  • Aprobar una Ley de Usos del Tiempo.

    Abandonar el "horario franquista" y dejar de cambiar la hora dos veces al año, para hacer así más racionales los horarios laborales.

    Crear un permiso laboral retribuido que reconozca el derecho al duelo gestacional entre la semana seis y el día 179 de gestación.

    Extender el permiso de maternidad a las familias monoparentales, de modo que puedan sumar los permisos de ambos progenitores.

  • Equiparar las medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral entre el ámbito laboral público y privado.

    Impulsar una ley de corresponsabilidad y conciliación entre hombres y mujeres con medidas para las empresas para fomentar también la flexibilidad horaria.

    Trabajar para que el progenitor de un hogar monoparental tenga 32 semanas de baja por maternidad o paternidad.

  • Equiparar las medidas de conciliación en el ámbito laboral público y privado.

    Propiciar horarios más racionales y beneficiosos.

    Impulsar una ley de corresponsabilidad y conciliación entre mujeres y hombres con medidas para que las empresas fomenten la flexibilidad horaria.

    Revisar el marco normativo de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes para mejorar su conciliación, así como su protección social.

    Incluir en el Estatuto de Trabajadores el derecho al permiso retribuido por enfermedad o muerte de un animal de la familia.

  • Promover la igualdad de género para seguir implentando modelos que fomenten la conciliación laboral de la vida y el empleo, así como medidas para la igualdad de género en la contratación pública.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Mejora de los permisos de paternidad y maternidad.

  • Generalización de la educación de 0 a 3 años.

    Abordar con rigor el debate sobre la reducción de la jornada laboral.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Impulso de políticas de apoyo a la conciliación personal y de cuidados incluyendo la compensación económica de las reducciones de jornada, la garantía de ingresos en períodos de excedencia y la ayuda económica de la Administración General del Estado en la financiación de la gratuidad de las escuelas infantiles gallegas.

  • Fomento del teletrabajo para que profesionales y empleados puedan mejorar su conciliación.

  • Actualización de la Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral.

    Medidas destinadas a favorecer el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo, la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Ampliar el permiso por nacimiento, acogimiento, adopción y guarda con fines de adopción a 24 semanas.

    Asegurar un mínimo de permiso parental remunerado de cuatro meses por progenitor.

    Universalizar la educación hasta los tres años.

Despoblación

  • Aprobar la cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia.

    Conexión digital para el 100% de la población en 2025.

    Línea de ayudas para impulsar proyectos innovadores y sostenibles de bioeconomía en el mundo rural y un Plan estratégico para el impulso de la vivienda rural en zonas de reto demográfico.

    Programas de arraigo para el asentamiento de nuevas familias en pequeños municipios, de retorno del talento de las mujeres, de integración de población migrante y refugiada y 210 millones para fomentar el relevo generacional de las explotaciones agrarias.

    Desconcentración de la Administración Pública y actualización de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

  • Aprobar una ley de desarrollo rural para todo el territorio nacional y destinar fondos europeos a la construcción y mejora de infraestructuras prioritarias en el rural.

    Proyecto piloto para mejorar la fiscalidad a aquellas personas y empresas que articulen una industria, abran un negocio o que vendan, compren o permuten tierras en el medio rural.

    Bonificación del Impuesto de Transmisiones y de Actos Jurídicos Documentados o el IBI por compra de una vivienda en el rural e impulso de políticas de rehabilitación de viviendas en los pueblos.

    Reducir los costes laborales para la contratación en las provincias autorizadas por la Unión Europea por su escasa población (Soria, Cuenca y Teruel) y proponer su extensión a otros territorios.

    Fomento de la conciliación de las familias que vivan en el entorno rural, facilitanto el cuidado de niños con la apertura de "casas nido" o casas de mayores.

  • Dotar de incentivos fiscales a las empresas radicadas en zonas especialmente poco pobladas o con especial vulnerabilidad.

    Impulsar la creación y crecimiento de empresas en la economía rural para repoblar.

    Reforzar las infraestructuras de transporte en la España rural y frenar la imposición de peajes en las autopistas.

    Fortalecer el turismo rural y revisar el catastro para acabar con las diferencias que existen en la España rural que generan "una tributación desmesurada que lastra la compraventa de viviendas".

  • "Territorio 30 minutos": servicios esenciales a no más de media hora. Entre estos servicios estaría la conexión a internet de calidad en todo el territorio y escuelas o centros de atención primaria.

    Aplicar la gratuidad al transporte público de viajeros rurales de lunes a viernes para facilitar su acceso a centros hospitalarios, universitarios y administrativos.

    Favorecer la instalación de industrias en las regiones de la España vaciada que acogen importantes desarrollos de energías renovables.

    Iniciativa pública de construcción de vivienda nueva y de compra y reforma de vivienda en desuso para alquiler; mejorar el acceso y la calidad de la vivienda en zonas en proceso de despoblación.

    Refuerzo de la presencia de las Administraciones públicas, con beneficios fiscales o incentivos económicos a los empleados públicos que se comprometan a trabajar y residir en las zonas rurales un mínimo de cinco años.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Impulsar una fiscalidad específica para el mundo rural, con exenciones en el impuesto de sociedades, bienes inmuebles y renta para las actividades económicas y empresariales en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

    La fiscalidad “blanda†debe ser especialmente sensible en comarcas y pueblos con riesgo de despoblación, como determinadas zonas de los Pirineus.

    Pedir al Estado que financie el Food Valley catalán, un clúster alimentario en Cataluña que permita aumentar los ingresos del sector agrícola y revertir la despoblación.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Recuperación del mundo rural.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Implementar acciones concretas para hacer atractiva la vida en las zonas rurales y para combatir la despoblación.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Pacto de Estado por el Desarrollo Rural, la Repoblación y el Reequilibrio territorial, con un mecanismo estable de financiación.

    Fiscalidad diferenciada positiva, para fomentar la creación de empleo y para fijar población sobre la vivienda rural.

    Las políticas públicas se diseñarán y evaluarán desde el objetivo de impulsar el equilibrio territorial en Aragón.

    Se diseñará una política territorial que aplique los modelos de cohesión territorial de la política europea, incluyendo las ayudas al funcionamiento de las empresas en las comarcas con densidad inferior a los 12,5 hab./ km2.

    Complemento de territorialidad para empleados públicos en zonas despobladas. Incremento salarial para las plazas de difícil cobertura.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Sin propuestas específicas en este ámbito.

  • Cuidar del mundo rural, apoyando la inversión en servicios públicos e incentivos para el repoblamiento de zonas vaciadas y la inversión en una economía agraria justa.

Descubre y compara los programas electorales de los partidos que se presentan a las elecciones generales el 23 de julio de 2023. En esta aplicación puedes conocer las medidas más destacadas de los partidos que obtuvieron representacion en las últimas elecciones generales y concurren de nuevo a estos comicios. RTVE.es ofrece las principales medidas en torno a una selección de 27 temas, desde qué proponen para gestionar el empleo hasta la cultura, pasando por la despoblación, defensa, los impuestos, la sanidad, la vivienda o la educación. Puedes consultar también las propuestas íntegras en pdf de los partidos (PSOE, PP, Vox, Sumar y el resto de candidaturas que se presentan en diferentes comunidades autónomas).