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Sustituir la indemnización por despido por la "mochila austríaca".
Profundizar la Reforma Laboral de 2012 en lo relativo a la negociación colectiva.
Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos sobre los beneficios durante dos años.
Reducción de las cotizaciones sociales.
Ampliar hasta los tres años la tarifa plana para autónomos y extenderla a mayores de 52 años, parados de larga duración y personas vulnerables.
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Eliminar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012" y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "para el siglo XXI".
Aumentar el salario mínimo.
Limitar los tipos de contratos a tres: indefinido, temporal y formativo, y reforzar la causalidad de los temporales.
Modificar el régimen de los autónomos para que coticen por sus ingresos reales.
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Eliminar los contratos temporales: todos los contratos serán indefinidos.
Equiparación de prestaciones y el derecho a paro de autónomos con asalariados.
Ampliar la tarifa plana de autónomos a dos años.
Creación de una empresa en 24 horas desde un teléfono móvil.
Complemento Salarial Garantizado para luchar contra la pobreza laboral que causa el abuso de la temporalidad.
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Garantizar por ley una prestación de suficiencia de ingresos de 600 euros al mes, que podrá llegar a 1200.
Elevar el salario mínimo hasta los 1200 euros.
Incrementar la prestación por desempleo al 70% de la base reguladora desde el primer día y hasta el final.
Plan de empleo para desempleados mayores de 45 años y Plan Estatal de retorno y creación de más de 100.000 puestos de trabajo en la administración pública.
Reducir a uno los tipos de contratos temporales, que no podrá durar menos de un mes ni más de seis meses.
Derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero y reducción de la jornada laboral a 34 horas semanales.
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Unificar las indemnizaciones por despido a 20 días por año trabajado hasta un máximo de 12 meses.
Cuota de cero euros para los autónomos si sus ingresos no llegan al Salario Mínimo.
Eliminar cotizaciones sociales de los contratos a menores de 24 años durante 2 años.
Que empresarios y trabajadores puedan pactar de forma individual los contratos.
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Incrementar los mecanismos de intermediación laboral para evitar el recurso a las ETT.
Transferir a las autonomías la gestión de las políticas pasivas de ocupación; en concreto, la de prestaciones y subsidios de paro.
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Modificar la reforma laboral para reforzar la negociación colectiva.
Ampliar la cobertura por desempleo hasta los 36 meses.
Simplificar los contratos.
Eliminar las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial.
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Aumentar el salario mínimo hasta el 60% del salario y situarlo en los 1.100 euros al mes aproximadamente.
Reformar los contratos en prácticas y de formación y aprendizaje para facilitar primeras experiencias laborales.
Incentivar el contrato del primer trabajador por parte de los autónomos bonificando un 50% sus cotizaciones durante dos años.
Tarifa plana reducida durante 2 años para autónomos que inicien o continúen una actividad.
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Salario mínimo de 1200? y un marco vasco de relaciones laborales.
Derogar las reformas laborales de PP y PSOE.
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Mantener los incentivos a la contratación indefinida a los jóvenes por microempresas y empresarios autónomos.
Bonificaciones en la cuota empresarial de la Seguridad Social para contratos indefinidos para jóvenes entre 16 y 30 años, mayores de 45 años, y mujeres en sectores poco representados.
Eliminar la obligatoriedad de cotización por las prácticas para el alumnado de FP y universitario.
El Estado debe cofinanciar un Plan específico de Formación en el sector turístico.
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Favorecer la contratación estable y de calidad.
Prohibir la externalización de los servicios básicos de las empresas.
Impulsar el emprendimiento y a las PYMES industriales mediante financiación e inversiones para la transformación digital y la adaptación a la Industria 4.0.
Apoyar globalmente al pequeño y mediano comercio como motor del empleo.
Intensificar la inspección para prevenir y sancionar la economía sumergida, mal remunerada y precarizada.
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Renta básica universal e individual.
Subida del salario mínimo para equipararlo a la media de la UE.
Derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013.
Recuperación de la obligación de la negociación colectiva.
Transferencia a Galicia de las competencias plenas de Inspección Laboral.
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Derogación de la reforma laboral.
Regular las prácticas en empresas y becas laborales para que no sean formas de trabajo gratuito.
Creación de un fondo de financiación para facilitar el acceso de autónomos y pymes a líneas de crédito a interés cero.
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Limitar los salarios: ninguno por debajo de 1.000 ni por encima de 10.000.
Crear un Fondo para el Fomento del Empleo con la devolución del rescate a la banca.
Derogar la reforma laboral.
Creación de una banca pública para financiar la economía productiva.
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Rebaja del tipo máximo del IRPF por debajo del 40%.
Rebaja del Impuesto de Sociedades por debajo del 20%.
Supresión de los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, y Actos Jurídicos Documentados en la constitución de hipotecas.
Los parados de larga duración que inicien un negocio no pagarán impuestos por los beneficios de los dos primeros años.
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Reforzar la progresividad fiscal aumentando los impuestos a las grandes empresas y los más ricos.
Impuesto sobre transacciones financieras.
Aumentar impuestos a quien más contamine.
Ley contra el fraude fiscal y aumento de los inspectores de Hacienda.
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Reducción de impuestos en el IRPF a seis millones de familias con hijos.
Bajar un 60% el IRPF a los habitantes de zonas rurales.
Reducción del tipo máximo del IRPF para impuestos no confiscatorios.
Bonificar al 100% el impuesto de sucesiones en las herencias y donaciones entre parientes directos.
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Derogar el artículo 135 de la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Impuesto a las transacciones financieras, las grandes fortunas, la banca y la economía digital y recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas.
Impuesto de sociedades: tipo efectivo mínimo del 15%.
Armonizar el impuesto de sucesiones y donaciones a escala estatal y hacer que sea más progresivo.
Bajada del IVA, excepto para artículos de lujo (subirlo al 25%) y subir el IVA de los alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares.
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Rebaja del IRPF: tipo único fijo del 20% hasta los 60.000 ?; 30% para rentas superiores.
Reducción del impuesto de sociedades al 20% (15% para pymes).
Reducción mínima del 50% del IBI.
Supresión de los impuestos sobre el Patrimonio y Sucesiones y Donaciones.
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Simplificar toda la estructura impositiva: fusionar el IBI y el impuesto de Patrimonio; el de Sociedades con el de actividades económicas.
Reducir los impuestos sobre la renta procedente del trabajo.
Armonizar a nivel europeo el impuesto de Sociedades.
Rebaja del IVA en servicios veterinarios, productos de higiene femenina.
Crear impuestos específicos sobre el turismo.
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Impuesto sobre transacciones financieras para desincentivar las transacciones especulativas a corto plazo.
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La Generalitat debe tener la titularidad de todos los impuestos que soporta Cataluña, y hasta entonces el Estado debe delegar las competencias normativas y de gestión.
La Agencia Tributaria de Cataluña debe poder recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar los tributos generados en Cataluña.
Bajar al 20% el impuesto sobre Sociedades para las pymes.
Tasa digital sobre la facturación en publicidad de grandes compañías tecnológicas en toda la UE.
Tasa a las Transacciones Financieras.
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Derogar la modificación del artículo 135 y la Ley de Estabilidad.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Equiparación del trato fiscal de las rentas del trabajo y del capital.
Supresión de las Sicav, y tributación de las Socimis que acaparan viviendas.
Tasa sobre las transacciones financieras internacionales.
Supresión de los beneficios fiscales a la Iglesia.
Fiscalidad verde.
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Penalizar la contaminación para fomentar los comportamientos ambientalmente responsables.
Formato único para los modelos de presentación de declaraciones tributarias ante las distintas comunidades autónomas.
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Elevar el impuesto de sociedades al 50% para bancos y grandes empresas.
IRPF del 75% para grandes fortunas.
IRPF del 0% para las rentas "modestas".
Eliminar los beneficios fiscales de las SICAV.
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Fomento de la natalidad con diversas políticas, fiscales y sociales.
Extender los beneficios de las familias numerosas.
Revisar la Ley de dependencia y su financiación.
Impulsar el testamento vital y los cuidados paliativos.
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No a los vientres de alquiler. Se actuará frente a las agencias que ofrecen a familias españolas esta práctica prohibida en este país.
Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Fomentar la teleasistencia para la atención a la dependencia.
Ley para regular la eutanasia y la muerte digna.
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Ley de Gestación Subrogada altruista y garantista para las mujeres que no pueden concebir y las familias LGTBI.
Derecho a la eutanasia con control y garantías para las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables.
Ley de Apoyo a las Familias que promueva la natalidad y garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familia.
Ley de Parejas de Hecho que promueva su equiparación a los matrimonios.
Ley de Custodia Compartida que dé preferencia a esta opción en caso de separación o divorcio.
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Ley de eutanasia "con todas las garantías necesarias" tanto para las personas que deciden poner fin a su vida, como para los profesionales que las asistan.
Facilitar la reproducción asistida y favorecer el acceso a los últimos medios anticonceptivos, también los de urgencia, y a la interrupción voluntaria del embarazo "de todas las mujeres, incluidas las jóvenes", dentro del Sistema Nacional de Salud.
Prestación de 1200 euros al año para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, llegando a 2.000 en casos de pobeza severa.
Equiparar a las familias monoparentales con las numerosas y crear permisos de paternidad y maternidad remunerados "iguales e intransferibles" de 16 semanas que aumenten hasta las 24 semanas en cuatro años.
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Creación de un Ministerio de la Familia.
Cheques de servicio para las familias.
Prestación universal por hijo de 100 euros al mes para las mujeres.
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Despenalización de la eutanasia.
Derecho a la maternidad y a decidir sobre el propio cuerpo, apoyo integral al derecho de decidir libremente.
Ampliar el permiso de maternidad a los seis meses.
Reforma horaria para incentivar la corresponsabilidad y la conciliación.
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Despenalización de la eutanasia y legislar con absoluta claridad las condiciones concretas y las salvaguardas antes de su puesta en práctica.
Revisar la ley de dependencia, que invade competencias, y garantizar su financiación.
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Impulsar la cuantía de la prestación económica de la Seguridad Social por hijos o menores a cargo.
Ampliar la deducción en el IRPF por cada hijo a la que tienen derecho las mujeres.
Equiparar entre el ámbito laboral público y el privado las medidas de conciliación.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Incluir en todas las etapas contenidos pedagógicos para entender la diversidad familiar, sexual y de género.
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Asegurar el acceso de todas las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo a través de la sanidad pública.
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Despenalización de la eutanasia y el suicidio médico asistido.
Ayudas económicas y servicios para niños menores de tres años, personas mayores, personas dependientes y animales.
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Eliminar las restricciones a los vehículos diésel.
Establecer un mix energético estable a 40 años.
Eliminar los impuestos de generación eléctrica.
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Transición energética (Green New Deal) el objetivo de que en 2030 el 74% de la electricidad será renovable.
Reforma del mercado eléctrico.
Pobreza energética: Mejorar el diseño del bono social de electricidad y crear un nuevo bono social térmico.
Calendario de cierre gradual de centrales térmicas y nucleares, con medidas de acompañamiento.
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Despolitizar el Consejo de Seguridad Nuclear.
Promover la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000 viviendas al año.
Bajar un tercio la factura de la luz eliminando impuestos e impulsando la competencia.
Reformar el sistema de tarifa eléctrica.
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Cerrar las centrales de carbón (2025) y las nucleares (2024), y alcanzar el 100% de renovables en 2040.
Creación de una empresa pública de energía.
Ordenar "el oligopolio energético" para lograr una factura de la luz "más barata y justa" en la que se limite el término fijo al 25% y se ofrezcan a un precio "muy bajo" los primeros kWh.
Rehabilitación de viviendas para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz.
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Reducir los impuestos al gasóleo agrícola.
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Sustitución de la producción de energía nuclear por fuentes limpias y sostenibles, con un plan de sustitución y reconversión laboral.
Pacto nacional económico e industrial que asuma los objetivos de lucha contra el cambio climático.
Prohibir el fracking.
Impuesto sobre el carbono.
Nueva normativa que permita el autoconsumo eléctrico.
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32% de energías renovables en 2030.
Fomentar el autoconsumo.
Cierre paulatino de centrales de carbón y nucleares.
Gas como combustible de transición para el transporte comercial y vehículos eléctricos para el transporte privado.
Fomentar el autoconsumo.
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Cierre de las centrales de carbón.
Modificar la política energética para impedir que el coste de los servicios se incremente muy por encima de los salarios.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Instar al Gobierno para que tramite la primera área eólica marina de España.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Control de los oligopolios eléctricos.
Plan estratégico de energías renovables.
Prohibir el fracking.
Recuperación inmediata para el público de las concesiones caducadas de las centrales hidroeléctricas.
Erradicación de la pobreza energética, con un bono social elétrico y la prohibición de interrumpir el suministro de luz o gas a consumidores vulnerables.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sistema energético 100% renovable para 2050.
Cierre de centrales nucleares.
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Mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, con mayor transparencia en sus cuentas, mayor control de los préstamos que reciben, regular el crowdfunding y agravar las consecuencias de no cumplir ante el Tribunal de Cuentas.
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Pacto de Estado contra la corrupción y una ley integral que incluya la protección a los denunciantes.
Reducir los aforamientos.
Obligar a la rendición de cuentas de todos los cargos públicos.
Regular los conflictos de intereses y las puertas giratorias.
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Supresión de indultos y aforamientos.
Los políticos imputados por corrupción no podrán ocupar ningún cargo público hasta que se resuelva su situación judicial.
Incluire en el Código Penal el delito de enriquecimiento injustificado de los cargos públicos.
Aprobare una Ley de Protección del Denunciante de Corrupción.
Prohibir los indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión y sedición para acabar con la impunidad.
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Introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito de cargos políticos y otro agravado de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos.
Prohibir que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios y que los bancos y los fondos sean propietarios de los medios de comunicación.
"Ampliar a cinco años la incompatibilidad para pasar al sector privado.
Eliminar los privilegios de los cargos electos durante y después de sus mandatos, y suprimir los aforamientos.
Eliminar la ausencia de responsabilidad del rey y crear una comision de investigación sobre los negocios de la monarquía.
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Reforzar las incompatibilidades de cargos públicos.
Eliminar las subvenciones públicas a partidos y sindicatos.
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Desarrollar un modelo de transparencia de gobierno abierto a las administraciones públicas.
Establecer modelos de cogestión y cooperación de los servicios públicos con la colaboración de la ciudadanía.
Crear un modelo catalán de trabajador público al servicio de las administraciones.
Sindicatura de Cuentas como último órgano fiscalizador de la gestión de las administraciones catalanas.
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No efectuar operaciones con paraísos fiscales.
Derogación de la llamada "Ley Berlusconi", que limita el tiempo de investigación de los casos de corrupción.
Supresión de los aforamientos y de la inviolabilidad del rey.
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Prohibir a los condenados por corrupción figurar en una lista electoral, ocupar un alto cargo en la Administración y trabajar en esta durante diez años.
Expulsar del mercado público de licitaciones y concesiones a las empresas que vulneren los pactos de integridad.
Modificar los criterios de prescripción de los delitos graves de corrupción y que los condenados respondan siempre con su patrimonio.
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Plantar cara a los intereses de las élites económicas y el IBEX35.
Denunciar y exigir responsabilidades venga esta de donde venga.
Retirar cualquier subvención pública a los partidos condenados por corrupción.
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Política de rechazo absoluto a la corrupción y a dar transparencia a las actividades públicas.
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Garantizar la transparencia en la gestión del dinero público a través de una Ley de Gobierno Abierto.
Desarrollar el sistema de alertas anticorrupción, políticas de buen gobierno y medidas para detectar y prevenir casos de malas prácticas y corrupción.
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Código ético del cargo público.
Erradicar las puertas giratorias.
Plan contra la corrupción y endurecimiento de las penas por motivos de corrupción.
Imprescriptibilidad del delito económico relacionado con la corrupción.
Dotación de medios y capacidad de actuación al Tribunal de Cuentas.
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Leyes de Transparencia efectivas.
Reforma de la ley del Indulto para que las decisiones del Gobierno sean públicas.
Reforma de la ley que regula la iniciativa legislativa popular para que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley en las Cortes.
Reforma del Reglamento de las Cortes Generales.
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Equiparar la corrupción con el crimen organizado en el Código Penal.
Anular la prescripción de los delitos económicos y fiscales.
Eliminar la financiación pública de partidos y sindicatos.
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Aplicación del artículo 155 en Cataluña "por el tiempo que resulte inexcusable".
Reintroducir el delito de organización de un referéndum ilegal y prohibir el indulto en casos de rebelión y sedición.
Devolver competencias a Policía y Guardia Civil para que puedan actuar en todo el territorio.
Congelar las transferencias a las CCAA y "evaluar" el Estado de las autonomías.
El castellano será la única lengua exigible para ser empleado público.
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Avanzar en el actual Estado de las autonomías: reconocimiento en la ley o la Constitución de la Conferencia de Presidentes y las Conferencias Sectoriales.
Participación de las CCAA en los nombramientos de instituciones del Estado, organismos económicos y/o reguladores.
Reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos de Autonomía.
Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica.
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Aplicar el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña.
Mejorar los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de Estado en el siglo XXI.
No indultar a políticos independentistas catalanes cuando haya sentencia por el juicio del 'procés'.
Ley electoral justa para que el Gobierno no dependa de nacionalistas.
Estudiar y trabajar en español en todo el país.
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Referéndum pactado sobre Cataluña.
Facilitar las iniciativas legislativas populares y normalizar las consultas eliminando la necesidad de autorización del Consejo de Ministros para la celebración de consultas populares locales.
Reformar la financiación autonómica pasando de un "techo de gasto" a un "suelo de ingresos".
Transformar el Senado con mayor representación de las comunidades autónomas y participación en las leyes y las partidas presupuestarias.
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Suspensión de la autonomía catalana.
Ilegalización de los partidos contrarios a la unidad de España.
Suprimir el requisito de conocer la lengua cooficial para acceder a la administración.
Supresión de las policías autonómicas.
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Defender el derecho de la ciudadanía de Cataluña a ejercer el derecho de la autodeterminación con un referéndum.
Diálogo para negociar una resolución pacífica al conflicto político entre Cataluña y España.
Denunciar y combatir "la estrategia represiva del Estado".
Trabajar por la República Catalana y la abolición de la monarquía.
Establecer una colaboración activa con las izquierdas independentistas de Euskadi y Galicia.
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Reconocimiento nacional de Euskadi y bilateralidad en las relaciones con el Estado.
Transferencias en materia penitenciaria.
Representación directa de Euskadi en ámbitos de la UE.
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Relación bilateral con el Estado para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña.
Proteger a los cargos políticos investigados en el proceso contra Cataluña, exigir un inmediato indulto y excarcelación si son condenados.
El Estado debe invertir en Cataluña un porcentaje de la inversión pública equivalente al del peso del PIB catalán (19%) durante un período mínimo de siete años o bien transferir los recursos correspondientes a la Generalitat.
Exigir al Estado el inmediato pago de la deuda que mantiene con la Generalitat de 759 millones de euros según la Disposición Adicional 3ª del Estatut (de 2008) y de 3.052 millones de euros correspondientes a la misma disposición correspondientes al período 2009-2013.
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Defender el derecho de la ciudadanía vasca a ejercer el derecho de autodeterminación a través de un referéndum.
Defender la República Vasca.
Defensa del autogobierno y transferencia inmediata de todas las competencias pendientes.
Derogación del artículo 155 de la Constitución.
Bildu se declara en rebeldía frente a su Rey y su casa real.
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Reforma de la Constitución con modificación de la Disposición Adicional Tercera de la Constitución sobre el REF canario.
Transformación del Senado en una cámara territorial.
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Ley de Gobierno Abierto, que abra las puertas de la administración a la ciudadanía y que fomente su participación en la toma de decisiones.
Exigir en los Presupuestos Generales del Estado una inversión territorial no solo acorde con la población, sino que además compense las décadas de déficit inversor.
Si Compromís es decisivo en Madrid, exigirá un cambio en la financiación autonómica para llegar a cualquier acuerdo de gobierno.
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Reconocimiento del carácter plurinacional del Estado.
Definición de mecanismos de codecisión que permitan armonizar las decisiones de Parlamentos y gobiernos que afectan a Galicia.
Regulación del derecho a decidir en el marco del reconocimiento de la autodeterminación.
Establecimiento de mecanismo bilaterales con el Estado sobre los temas de interés para Galicia.
Incorporar la pluralidad cultural y lingüística en las instituciones del Estado. Todas las televisiones autonómicas deberían poder verse en todo el Estado.
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Reforma del Senado y su reglamento.
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Defender la "libre unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España"
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Derogación de la Ley de Memoria Histórica y sustitución por una "ley de concordia".
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Reformar de manera integral la ley de Memoria Histórica de 2007.
Impulsar la búsqueda y exhumación de las personas desaparecidas. Plan global de exhumación de fosas de carácter cuatrienal.
Modificaciones legislativas para anular las sentencias de los tribunales de excepción franquistas.
Modificar el régimen legal del Valle de los Caídos.
Procedimiento para la retirada de simbología de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura, con régimen de sanciones.
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Sin propuestas en este ámbito
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Creación de una Comisión Nacional de la Memoria Histórica y la Reconciliación con el Pueblo Romaní de España.
Retirar medallas concedidas a "torturadores del franquismo".
Modificar la Ley de Amnistía para juzgar "los crímenes de lesa humanidad del fascismo".
Anular los juicios del franquismo y los de la guerra civil cuando hubieran tenido en cuenta "motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género".
Auditar los bienes "expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares".
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Derogación inmediata de la ley de memoria histórica.
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Exigir responsabilidades al Estado español por la represión franquista.
Anular las condenas de los juicios sumarísimos del franquismo.
Eliminar los nombres franquistas de las calles y crear espacios y centros de memoria.
Promover una política activa de exhumación de restos humanos, identificación de cuerpos y búsqueda de fosas.
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Garantizar la plena aplicación de la ley y reparar a las víctimas.
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Anular las sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
Ilegalizar la Fundación Francisco Franco y otras que compartan el objetivo de ensalzar su figura.
Ilegalizar la apología del franquismo, suprimir los símbolos franquistas y nombres de calles que lo honran.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Anulación de la Ley de Amnistía de 1977.
Nueva ley de justicia, verdad y reparación en materia de memoria histórica.
Financiación para un entierro digno de las víctimas de la guerra y del franquismo.
Auditoría de las propiedades de la familia Franco y recuperación para uso público de los inmuebles y obras de arte expoliadas.
Incorporación del Pazo de Meiras al patrimonio público.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Tarjeta sanitaria válida para todo el territorio.
Libertad de elección de médico y centro sanitario.
Cambio de modelo de financiación de los centros sanitarios "que estimulen las actividades preventivas".
Programas de protección bucodental.
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?Renovación" del Sistema Nacional de Salud.
Reactivar el Fondo de Cohesión Sanitaria para garantizar el acceso a los mejores diagnósticos y tratamientos del sistema.
Incorporar la atención bucodental.
Estrategia sobre salud mental para prevenir el suicidio.
"Revisar" el copago farmacéutico, eximiendo a pensionistas y familias con menores y rentas bajas.
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Tarjeta sanitaria única.
Calendario único de vacunación en toda España.
Eliminar el copago para los dependientes severos y grandes dependientes.
Ley de Derechos y Garantías al Final de la Vida para garantizar el derecho a recibir cuidados paliativos y morir sin dolor.
Dentista gratis para menores de 16 años.
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Aumentar al 7,5% del PIB la inversión en atención primaria, acabar con "la precariedad del personal sanitario", reducir las listas de espera y "poner freno a su mercantilización".
Acceso universal a la sanidad, incluyendo atención sanitaria a domicilio y la atención temprana para niños con trastornos del desarrollo o riesgo de paecerlos.
Mantener la cobertura sanitaria universal para los españoles emigrantes.
Eliminar el copago con garantías para que no se produzcan otros nuevos.
Atención bucodental gratuita en empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas.
Incorporar el semáforo nutricional al etiquetado de los productos alimenticios y restringir la publicidad de "comida basura" en horario infantil; y promulgar una Ley Celiaca.
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Tarjeta sanitaria única y mismos servicios en toda España.
Excluir del sistema sanitario el aborto y el cambio de sexo.
Incluir la atención bucodental infantil.
Excluir del tratamiento sanitario a los inmigrantes irregulares y copago para quienes lleven menos de 10 años de residencia.
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Potenciar y dotar la atención primaria.
Establecer la agencia catalana del medicamento.
Fijar como inversión en sanidad la media de los 15 principales países de la UE.
Impulsar una legislación estatal en el ámbito de las terapias naturales, y reconocer la capacidad del Parlament para legislar en esta materia.
Prescripción enfermera de medicamentos.
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Transferencia de las competencias pendientes en Sanidad: formación sanitaria especializada, acreditación de plazas y centros, legislación en productos farmacéuticos, control de las bajas e incapacidades laborales y sanidad exterior.
Acceso universal al sistema sanitario.
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Transferir a la Generalitat la titularidad de hospitales, ambulatorios o servicios sociales, como Vall d'Hebron, Bellvitge en Barcelona o el Hospital Josep Trueta en Girona.
Planificación de las plazas de MIR y enfermería en un horizonte de medio-largo plazo.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Que Canarias pueda utilizar su superávit para financiar los servicios que presta el sistema sanitario.
Pacto Social y Político por la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y su carácter público.
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Contratar más personal sanitario y mejor remunerado para reducir las listas de espera y aumentar las plazas de MIR pediátrico.
Incluir los servicios psicológicos en la atención primaria para desmedicalizar la atención.
Desprivatización y recuperación de las concesiones administrativas sanitarias para asegurar un servicio público y de calidad.
Plan de salud mental y políticas públicas que dignifique a las personas afectadas.
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Revisar las diferentes formas de copago.
Incrementar al menos en un 1,5% el presupuesto anual para atención primaria.
Reducir las posibilidades legales de privatización de la Sanidad y recuperar los servicios privatizados.
Obligación de publicar las listas de espera y los pacientes en lista de espera pendientes de cita.
Acceso a la historia clínica y a la prestación farmacéutica electrónica en todo el Estado mediante la tarjeta sanitaria.
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Reintegrar al sistema sanitario público los servicios privatizados.
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Recuperar las plantillas sanitarias.
Recuperar la inversión pública.
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Pena de privación de libertad de uno a tres años por la ocupación de viviendas.
Deducciones fiscales a arrendadores.
Cesión de suelo público para la construcción de viviendas de alquiler para familias.
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Destinar suelo público para alquiler social.
"Derecho a la energía" para combatir la pobreza energética.
Restablecer la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda para jóvenes con ingresos bajos.
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Ley nacional de Vivienda e incrementar el parque de viviendas sociales de alquiler.
Revisar la normativa que afecta a los alquileres de vivienda para reforzar la seguridad jurídica y dinamizar el mercado del alquiler.
Mejorar los incentivos fiscales para los particulares y entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda en régimen protegido.
Facilitar la rehabilitación y puesta en alquiler de las viviendas vacías.
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Blindar en la Constitución el derecho fundamental a la vivienda.
Intervenir en el mercado del alquiler para impedir subidas abusivas.
Crear un parque de alquiler público de precio asequible, al que la juventud tenga un acceso prioritario, que se incremente en 50.000 viviendas al año con la cesión obligaroria de las viviendas vacías de grandes tenedores.
Contrato de arrendamiento indefinido, con prórroga automática entre grandes arrendadores y arrendatarios vulnerables.
Prohibir los desalojos sin alternativa habitacional y reconocer los derechos de reestructuración de deuda, quita y dación en pago.
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Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada.
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Aumentar a cinco años la duración mínima de los contratos de alquiler.
Limitar la subida del alquiler al IPC y hacer posible la intervención de la administración en los precios de los nuevos alquileres.
Crear medidas para que los ayuntamientos puedan limitar el precio máximo del alquiler en determinadas zonas.
Dación en pago como garantía de cancelación de la deuda hipotecaria.
Propuesta de ley para recuperar los pisos de la Sareb.
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Apoyar la vivienda pública de alquiler.
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Limitar las reducciones de los rendimientos del alquiler en el IRPF cuando se encuentren por debajo del Índice de Referencia de Precios del Alquiler.
Transferencia de recursos para una política social de vivienda para jóvenes.
Transferir una parte importante de las viviendas que gestiona la Sareb a la Generalitat y los ayuntamientos catalanes para vivienda social.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Incorporación del modelo de cohousing (compartir viviendas).
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Ampliar el parque público de viviendas para ponerlo a disposición del alquiler social y del alquiler asequible.
Objetivo de que ninguna unidad familiar destine más del 30% de los ingresos a su vivienda.
Obligación de destinar un 30% de la nueva construcción a vivienda protegida, con un 7% para alquiler joven.
Apoyar a los jóvenes en el pago del alquiler con línea de ayudas específicas con discriminación por renta y por precio de la vivienda alquilada.
Fomentar el cooperativismo de vivienda en derecho de uso para jóvenes, por medio de la cesión de terrenos públicos a precio asequible.
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Promover un parque de vivienda pública en alquiler con precios tasados.
Plan estatal de vivienda y regulación del mercado del alquiler.
Paralizar los desahucios y garantizar medidas de alojamiento y manutención sin exclusiones.
Regular los pisos turísticos.
Limitar la tenencia masiva de viviendas por parte de los fondos de inversión.
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Creación de una Oficina en Defensa de la Vivienda: planes de rescate de la vivienda para paralizar los desahucios y prevenir las situaciones de exclusión residencial.
Regulación de las viviendas de alquiler turístico en la ley de Arrendamientos Urbanos.
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Garantizar luz y agua a todos los hogares.
Paralización de los desahucios.
Creación de un parque público de viviendas de alquiler social.
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Incentivos para incorporar a la mujer al mercado de trabajo hasta "niveles semejantes a la media europea".
Plan contra la brecha salarial.
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Ley de igualdad de trato en el trabajo, para acabar con la brecha salarial.
Equiparar los permisos de maternidad y paternidad.
Abolir la prostitución y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
Reformar la Ley de identidad de género: eliminar los requisitos médicos y facilitar el cambio legal de género de los menores de 16 años.
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Ley para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual.
Equiparación de permisos de paternidad y maternidad.
Ley de igualdad real para el colectivo LGTBI.
Ley para erradicar la violencia contra la Infancia que proteja la integridad física y moral de los niños.
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Ley de igualdad retributiva.
"Leyes contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual; y sobre la protección juridica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género.
Paridad en las Administraciones Públicas en un plazo de cuatro años y promulgar una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia para evitar el racismo y otras discriminaciones.
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Supresión de "organismos feministas radicales subvencionados".
Supresión de las cuotas en las listas electorales.
Excluir el aborto del sistema sanitario.
Ampliar el permiso por maternidad a 180 días.
Prohibición de los vientres de alquiler.
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Énfasis del papel de la mujer como víctima directa y colateral de la represión masculina.
Acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Garantizar la paridad en todas las estructuras administrativas e incentivarla en el sector privado.
Obligar a las empresas a elaborar planes de igualdad.
Reconocer en la Constitución los derechos de las personas LGTBI y aprobar una ley contra la homofobia y la transfobia.
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Obligar a las empresas que coticen a respetar porcentajes en sus consejos de administración.
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Ley de corresponsabilidad y conciliación, fomentar también la flexibilidad horaria.
Avanzar hacia la equiparación de los permisos por nacimiento, adopción y acogimiento para ambos progenitores hasta las 16 semanas.
Derecho instransferible para ambos progenitores para cuidar a familiares.
Bonificaciones del 50% a las cuotas de cotización a la Seguridad Social de las empresas con trabajadores que se acojan a la guarda legal.
Reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI en todos los ámbitos.
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Impulsar medidas para una igualdad real en los ámbitos laboral, social y económico.
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Ley que obligue a las empresas, públicas y privadas, a retribuir de igual manera a mujeres y a hombres.
Aplicación de la paridad entre mujeres y hombres en todas las reformas legislativas.
Reconocer el trabajo de las mujeres en el hogar, campo, comercio y en sectores de la economía sumergida.
Pacto de Estado por la Educación que contemple la igualdad desde las edades más tempranas y hasta los programas de posdoctorado.
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Nueva ley de igualdad entre mujeres y hombres desde una vertiente feminista, transversal e inclusiva.
Protocolo de actuación policial contra la LGTBfobia y unidades policiales especializadas en la lucha contra los delitos de odio en poblaciones de más de 50.000 habitantes.
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Ampliación inmedita del permiso de maternidad y equiparación de los permisos de paternidad y maternidad.
Impulsar una ley integral LGTBIQ+ y aprobar una ley Trans estatal.
Programación en TVE que visibilice la diversidad sexual y de género.
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Leyes integrales de transexualidad.
Leyes por la igualdad de las personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.
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Anular los recortes en políticas de igualdad.
Acabar con la brecha salarial.
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Facilitar visados y permisos de trabajo a profesionales altamente cualificados.
Impulsar el rechazo en la frontera y la deportación de inmigrantes sin papeles.
Potenciar la devolución de los MENA.
Facilitar la contratación en origen.
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Protección de los menores no acompañados (MENA) en colaboración con las CCAA .
Impulsar una "política migratoria europea" orientada a África subsahariana y al Mediterráneo.
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Sistema de 'visado por puntos' para atraer el mejor talento extranjero.
Perseguir a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes.
Proteger a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que vigilan las fronteras.
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Cerrar los CIE, prohibir las repatriaciones en contra de su voluntad de los MENA y garantizar el cumplimiento del Convenio sobre los Derechos del Niño.
Objetivo de "cero muertes en el Mediterráneo" en 2020: Reforzar el Servicio de Salvamento Marítimo y proteger el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central suprimiendo las prohibiciones de salida.
Ley de Asilo que incluya a quienes tienen que huir por cuestiones medioambientales y preste especial atención al colectivo LGTBI.
Ley Integral contra la Trata de Personas.
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Deportación de los inmigrantes sin papeles.
Revisión de los tipos penales y las penas para las mafias de la inmigración ilegal y quienes colaboren con ellas, ya sean ONG, empresas o particulares.
Suprimir cualquier posibilidad de arraigo o legalización de inmigrantes irregulares.
Levantar "un muro infranqueable" en Ceuta y Melilla.
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Derogar la ley de extranjería y promover la ley de movilidad humana.
Cierre de los CIE, acabar con las devoluciones en caliente y evitar la irregularidad sobrevenida.
Aprobar la ley del derecho de asilo con un sistema para la acogida de personas refugiadas.
Revertir las consecuencias de los actuales retos del Mediterráneo como los flujos migratorios o el refugio por solidaridad y responsabilidad.
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Distribución equitativa de los MENA en todo el Estado.
No a las "devoluciones en caliente".
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Obligación de auxilio para permitir llevar a tierra firme a las personas rescatadas, sin represalias penales o administrativas.
Recuperar para la Generalitat la gestión de los recursos del Fondo Estatal de Acogida e Integración.
Cerrar los CIE y sustituirlos por espacios de acogida y control, bajo la tutela de entidades sociales reconocidas.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Mayor cooperación con los países de origen y la lucha contra la inmigración ilegal.
Promover las modificaciones para que las comunidades autónoma se impliquen en la acogida de los MENA.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Impulsar un plan de acogida de personas refugiadas.
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Recuperar el proyecto de la Ley de igualdad de trato y no discriminación.
Adhesión a los protocolos de inmigración de la campaña ?Yo Acojo? de Amnistía Internacional.
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Reforma de la LOPJ, para que los 12 vocales judiciales los escojan los jueces.
Plan especial para atender la situación de jueces y fiscales en Cataluña.
Plan de inversiones en nuevas sedes judiciales y en seguimiento de los trámites judiciales.
Reforma del Código Penal para recoger ciberdelitos y tipificar el bullying y otras formas de acoso.
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Plan de modernización de la Justicia y de agilización de los expedientes judiciales.
Revisar la regulación de los delitos sexuales, con el consentimiento de la mujer como eje.
Ley sobre libertad de conciencia.
Carta de Derechos Digitales que reconozca los nuevos derechos de la sociedad digital.
Reformar el sistema español de Jurisdicción Universal.
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Cumplimiento íntegro de las penas y ampliar la prisión permanente revisable.
Equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley contra la Okupación.
Perseguir a quienes promuevan actos de enaltecimiento del terrorismo y humillen a las víctimas.
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Derogar la Ley Mordaza y eliminar los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona.
"Despolitización" del Tribunal Constitucional con un sistema de nombramientos "en el que prime el consenso y no las cuotas partidistas".
Reforma del CGPJ a través de un sistema de elección directa por la ciudadanía.
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Elegir por concurso de méritos a los miembros del Tribunal Supremo y el CGPJ entre la comunidad judicial.
Supresión del Tribunal Constitucional, su funciones las asumirá una sala del Tribunal Supremo.
Eliminación del jurado.
"Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales".
Publicación de datos sobre nacionalidad y origen en estadísticas de delitos.
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Recoger en la Constitución el precepto de justicia universal.
Gratuidad de los servicios de defensa para los ciudadanos más económicamente vulnerables.
Renovación del CGPJ, paritario y elegido por criterios no partidistas, sino de mérito.
Desvincular la dependencia de la Fiscalía del poder Ejecutivo.
Derogación de la Ley Mordaza.
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Reformar la LOPJ para instaurar la jurisdicción universal.
Que el TSJ del País Vasco sea donde culmina la organización judicial.
Legislación adecuada para enfrentarse al terrorismo internacional.
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Suprimir la Audiencia Nacional por ser "un tribunal centralizado, cercano al poder político y con un sistema de reparto de procesos nada transparente".
Reformar la elección de los miembros del CGPJ.
Catalán como requisito y no como mérito para acceder a la judicatura y la Administración.
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Acabar con la impunidad de las fuerzas policiales, con los juicios políticos y la venganza de jueces y tribunales
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Sin propuestas en este ámbito.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Nuevo sistema de nombramiento del Tribunal Constitucional con participación efectiva de las CCAA.
Reforma del CGPJ que incluya en su elección la pluralidad ciudadana.
Autonomía orgánica y funcional de la Fiscalía.
Derogación de los delitos de pensamiento del Código Penal (ofensas a la religión, injurias al rey...).
Introducir criterios de progresividad en las multas y sanciones.
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Derogación de la 'Ley Mordaza'.
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Equiparar la corrupción con el crimen organizado en el Código Penal.
Anular la prescripción de los delitos económicos y fiscales.
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Cumplir con los objetivos de reducción de emisiones para 2030.
Protección de la caza.
Eliminar las limitaciones a vehículos de combustión.
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Green New Deal: Transición a un modelo energético basado en las energías renovables.
Plan de apoyo al sector de la automoción para su transición hacia el coche eléctrico.
Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad.
Desarrollar plenamente una Estrategia de Economía Circular.
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Promover una Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
Plan Nacional de Reforestación con el objetivo de plantar 10 árboles por cada español.
Ley de Economía Circular.
Actualizar el Plan Hidrológico Nacional, adaptándolo al reto del cambio climático y escenarios 2030-2050.
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"Prohibir la mercantilización del agua" y recuperar su gestión pública.
Ayudas a la compra de vehículos eléctricos, híbridos o que funcionen con otras tecnologías alternativas de carácter plurianual que cubran, "como mínimo", entre el 15% y el 20% del precio y bajadas en el impuesto de matriculación y circulación.
Reconocer en el Código Civil a los animales como "seres que sienten".
Recuperar el patrimonio natural, potenciar un Segundo Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2020-2027), intensificar la lucha contra los incendios, atajar la contaminación del aire, frenar la desertización y acabar con el fracking en España.
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Protección de la caza.
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Pacto Nacional del Agua y estrategia catalana para la contaminación hídrica cero.
Plan específico de medidas contra la contaminación atmosférica.
Aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Sustituir al Seprona de la Guardia Civil por el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
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32% de energías renovables en 2030.
Fomentar el autoconsumo.
Cierre paulatino de centrales de carbón y nucleares.
Gas como combustible de transición para el transporte comercial y vehículos eléctricos para el transporte privado.
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Incremento mínimo anual del 0,7% de producción de energías renovables para llegar a un 27% en 2030.
Plan de reconversión de los vehículos de más de diez años por otros menos contaminantes o eléctricos.
Impulsar medidas que aseguren que el calentamiento global se mantiene por debajo de 2 grados a finales de este siglo.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Modelo energético de transición para tener el 45% de renovables en 2025.
Consolidar a Canarias como un laboratorio natural de ensayos mundial para la sostenibilidad.
Canarias debe ser un espacio puntero en el mundo en el desarrollo y la investigación vinculada a la economía circular.
Presencia permanente de un helicóptero Kamov del Estado como refuerzo a los medios contra incendios.
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Ley de protección de espacios naturales para proteger el patrimonio natural, conservar los ecosistemas y los espacios protegidos.
Ley de cambio climático, sostenibilidad y economía circular, sobre la base de la Estrategia de cambio climático, para impulsar las energías renovables y el residuo cero.
Ayudas al pastoreo y la agroecología, ferias locales, agroturismo y formación dirigidas a las zonas de interior para las personas jóvenes, profesionales y nuevos pobladores.
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Ley de transición ecológica y contra el cambio climático.
Impulsar un plan de emergencia para detener la pérdida de biodiversidad.
Reducir un 7% anual las emisiones de gases de efecto invernadero.
Trato fiscal favorable a las actividades de reparación y remanufacturación para evitar la producción de más residuos.
Medidas contra la obsolescencia programada.
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Crear una Ley estatal contra el cambio climático para limitar la subida de la temperatura global por debajo de 1,5ºC.
Ley estatal de residuos basada en la reducción y la economía circular: penalización del sobreembalaje.
Prohibir la obsolescencia programada.
Ley de movilidad sostenible y transporte.
Nueva ley del Bosque en sustitución de la Ley de Montes contra la recalificación de terrenos quemados.
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Ley de Medio Ambiente y cambio climático.
Potenciar la agricultura y ganadería ecológicas.
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Fiscalía especializada en propiedad intelectual.
Protección y difusión de la tauromaquia.
Ley de Mecenazgo.
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Pacto de Estado por la cultura para el desarrollo de las industrias culturales.
Aumentar de manera progresiva el presupuesto para la cultura.
Ley de Mecenazgo.
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Marco regulatorio nacional al alquiler de viviendas de uso turístico.
Ley de Mecenazgo.
Crear un organismo rector de las políticas de propiedad intelectual.
Crear un Centro Nacional de Danza y un Centro Nacional de Fotografía.
Crear clubes de lectura e incrementar las ayudas destinadas a la dotación bibliográfica de bibliotecas públicas y escolares.
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Reconocer y proteger las enfermedades profesionales en el Estatuto del Artista.
Potenciar la producción del cine en las lenguas oficiales del Estado y establecer cuotas de pantalla.
Actualizar la propiedad intelectual adecuándola a los nuevos hábitos culturales y devolver al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa.
Plan de Reforma de RTVE para "garantizar la transparencia, el prestigio y la consolidación del proceso de renovación vía concurso público".
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Ley de protección de la tauromaquia.
Ley de mecenazgo.
Plan integral para el "conocimiento, difusión y protección de la identidad nacional y de la aportación de España a la civilización".
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Incluir el derecho a la creación cultural y el acceso a la cultura como derecho constitucional básico.
Destinar un mínimo del 2% del presupuesto a las políticas culturales.
Aprobación del Estatuto del Artista.
Desaparición del Ministerio de Cultura y transferencia íntegra de sus competencias.
IVA reducido del 4% a todos los productos culturales con independencia de su soporte físico o digital.
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Sin propuestas en este ámbito.
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IVA superreducido del 4 % para los productos y servicios culturales.
Incrementar las deducciones en las donaciones para actividades culturales de interés general.
Eliminar el IVA de las subvenciones a actividades culturales.
Pedir la devolución completa de los documentos catalanes que aún se guardan en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Recuperación de los recursos que desde el año 2004 destinaba el Gobierno de España para facilitar la movilidad cultural de los artistas y proyectos culturales de los territorios extrapeninsulares.
Suficiencia financiera que permita la movilidad de deportistas y clubes en el interior de las Islas, así como los que participan en competiciones estatales e internacionales.
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Campaña "Elige un libro a los 6 años" para fomentar la lectura a través de un cheque que se podrá canjear en las librerías.
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IVA cultural reducido.
Eximir del canon por préstamo a bibliotecas y entidades culturales.
Estatuto del profesional de la cultura.
Ley de propiedad intelectual que incluya el software libre y open data.
Control de la publicidad institucional en los medios para no reforzar monopolios periodísticos, y eliminar las subvenciones a los medios de comunicación que hagan de barrera de entrada para nuevos medios independientes.
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Uso de las bibliotecas como espacios de difusión cultural.
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Establecer un único IVA cultural reducido del 4%.
"Fiscalidad específica" para las Pymes y Autónomos del sector.
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Eliminar las zonas de escolarización.
Fomentar la educación concertada, también en el Bachillerato y la FP.
Cheque guardería de 1000 euros anuales para las familias con hijos de 0 a 3 años.
Acuerdo sobre la Ciencia para alcanzar una inversión del 2% del PIB en investigación y desarrollo.
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Pacto de Estado por la Educación, para que la inversión en educación y becas llegue al 5% del PIB en 2025.
Avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años.
Suprimir la LOMCE e impulsar una nueva Ley Básica de Educación.
Modernizar la FP.
Revertir los recortes en investigación y desarrollo para situarlos en la media europea.
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Pacto Nacional para una generación a largo plazo.
Selectividad única y asignatura de Constitución en toda España.
Cursos de inglés gratis en julio y agosto para todos los niños.
Asignatura sobre la Constitución, troncal y evaluable en toda España acabar con el adoctrinamiento nacionalista en las escuelas.
Libros de texto gratis en todas las escuelas públicas y concertadas.
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Aumentar la inversión en educación al 5,6% del PIB.
Gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, la universidad y la FP.
Nueva ley de educación que deje atrás la LOMCE y asegure un sistema de becas suficiente que dependa en exclusiva de la posición económica.
Crear una asignatura de feminismos en la educación pública.
Plan de choque contra el fracaso y el abandono escolar, contra la segregación escolar y para la prevención del 'bullying' e implantación de la educación inclusiva.
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Cheque escolar.
Español como lengua vehicular obligatoria en todo el Estado.
Autorización previa de los padres para recibir contenidos de valores sociales y éticos o educación sexual.
Exclusión de la enseñanza del Islam de la escuela publica.
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Educación laica y gratuita de los 0 a los 18 años.
Becas de transporte y comedor y ayudas en el primer ciclo de educación infantil (0-3 años).
Plan de choque contra el abandono escolar prematuro y la segregación.
Pacto nacional de Educación que siente las bases para una nueva ley educativa en Cataluña.
Reclamar el traspaso de las competencias y recursos de las becas universitarias.
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Derogación de la LOMCE. La nueva Ley educativa debería capacitar a Euskadi para la elaboración, aprobación y ejecución de leyes y modelo educativo propio.
Fortalecer el modelo de FP dual.
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Derogar la LOMCE.
Financiación estatal para la educación de los niños de 0 a 3 años.
Avanzar hacia la gratuidad de la enseñanza entre 16 y 18 años.
MIR docente para acceder al profesorado en centros públicos y concertados.
Aumentar la inversión en universidades hasta el 0,60% del PIB en cinco años.
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Derogar la LOMCE.
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Consensuar una nueva Ley de Educación apoyada por la mayoría de los partidos políticos.
Gratuidad del primer ciclo de la Educación Infantil (0-3 años).
Programa específico de becas de estudio para los estudiantes canarios que no encuentren en su isla la oferta educativa que demanden.
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Ampliar la gratuidad de la educación pública de 0 a 3 años y el comedor escolar.
Diseñar tasas universitarias progresivas según las capacidades económicas de los alumnos y asegurar que se fundamente en los méritos y las capacidades personales.
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Financiación garantizada para Educación del 7% del PIB.
Fondos para la universalización de la enseñanza entre 0 y 3 años.
Nueva ley de educación que sustituya a la LOMCE.
Gratuidad de las tasas universitarias.
Restituir las asignaturas de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Inversión hasta el 5,4% del PIB.
Anular la subida de tasas.
Anular los recortes en becas, comedores, libros, etc.
Recuperar el presupuesto en investigación.
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Regulación de la publicad del juego y prevención de la ludopatía.
Ampliar los delitos penados con prisión permanente revisable.
Ampliación de los plazos de prescripción de la pederastia.
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Ingreso Mínimo Vital estatal, de carácter no contributivo.
Liderar un pacto nacional contra la pobreza infantil.
Ampliar la cobertura de los servicios sociales, incluidos los residenciales.
Ley de bienestar animal.
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Tarjeta Social para disponer de información sobre los beneficiarios de prestaciones sociales en toda España.
Armonizar las rentas mínimas de inserción social en toda España.
Incrementar recursos para la aplicación de la Ley de Dependencia y evaluación permanente de sus resultados.
Discapacidad: Plan Nacional de Accesibilidad y Diseño Universal.
Promover una Ley de Bienestar y Protección Animal.
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Establecer un centro de servicios sociales por cada 20.000 habitantes.
Reconocer en la Constitución las lenguas de signos españolas.
Crear un Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal con una dotación del 1% de la inversión anual de los PGE que se destine a obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
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Limitar la agenda social del sector público a aquellos "con mayor riesgo de infortunio".
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Implementar una renta garantizada de ciudadanía.
Reconocimiento y prestaciones adecuadas en las tareas de cuidado de menores, mayores y dependientes.
Reclamar el derecho a la verdad y a la reparación de los bebés robados.
Incremento de los plazos de prescripción en delitos de abuso o agresión sexual a menores.
Servicio de protección civil de base popular, complementario a los cuerpos policiales y de emergencias.
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Modificación de la ?Ley Mordaza?.
Ampliar plazos de prescripción de los delitos de pederastia.
No a la prisión permanente revisable.
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Transferencia de un mínimo del 50% de los recursos para atención a la dependencia.
Derogar la ley del Tercer Sector de Acción Social y la Ley del Voluntariado por vulnerar competencias de Cataluña.
Transferencia del 0,7% del IRPF para fines sociales y medioambientles a entidades del tercer sector de Cataluña, y ampliar el porcentaje al 1%.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Aplicar efectivamente la Ley de Dependencia, incrementando la dotación económica que apoye a las personas cuidadoras.
Sistema Canario de Servicios Sociales universal, personalizado, garantista, moderno y accesible en la nueva Ley de Servicios Sociales.
Integrar la financiación de dependencia en el sistema de financiación autonómica, con la contribución del Estado en un 50% de financiación.
Medidas legales contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
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Nuevo modelo de centros sociales para personas mayores para fomentar el envejecimiento activo y la solidaridad intergeneracional.
Hacer que las personas cuidadoras coticen por su trabajo con todos los derechos mediante un plan de formación especializado.
Coordinar los servicios sociales y sanitarios mejorar la atención sociosanitaria del Estado.
Pacto ?Empresa y Género? que incluya la perspectiva de género en la óptica empresarial y laboral: corresponsabilidad, igualdad salarial y participación de las mujeres en los órganos de decisión.
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Acceso garantizado a suministros básicos: energía, agua, gas y transporte.
Plan de choque específico contra la pobreza infantil.
Ley del derecho a la educación social.
Reestructurar la deuda hipotecaria de los hogares.
Pleno funcionamiento, con partidas presupuestarias, de la ley de dependencia.
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Plan de atención sociosanitaria dirigido a las personas con discapacidad y a sus familias.
Reforma de la Constitución: inclusión de la Carta Europa de los Derechos Sociales y los derechos de los animales.
Aumento de las plazas en las residencias públicas para la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.
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Renta básica para todas las familias
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Revalorizar las pensiones teniendo en cuenta el IPC y otros indicadores que garanticen su "sostenibilidad".
Incentivos fiscales para retrasar la jubilación y contratar planes de pensiones.
Aproximar el periodo de cálculo a toda la vida laboral.
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Actualizar las pensiones con el IPC real.
Eliminar el déficit de la Seguridad Social en cinco años.
Incrementar la aportación del Estado.
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Recuperación del Pacto de Toledo.
Compatibilizar trabajar con el cobro del 100% de la pensión.
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Derogar el factor de sostenibilidad y blindar en la Constitución la actualización de las pensiones al IPC, revisar las del sector público e incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas.
Las personas que hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin penalización, y aquellas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral.
Revisar el sistema de reducciones de cuotas a la Seguridad Social y de bonificaciones y eliminar los topes de contización y los beneficios fiscales de los planes de pensiones privados.
Extender la compensación de las lagunas de cotización a empleadas del hogar, autónomos y trabajadores agrarios; y reconocer la posibilidad de jubilarse de manera anticipada en sectores "especialmente duros y precarios".
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Nuevo modelo mixto: 50% con planes de pensiones y 50% del Estado.
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Blindar el sistema de revalorización de las pensiones ligado al IPC.
Crear un fondo de reserva de pensiones.
Reformar los requisitos de acceso a la jubilación: ajustar el número de años de cotización y añadir como años de referencia para el cálculo los más favorables para la persona.
Rediseñar el sistema de pensiones no contributivas
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Actualización con el IPC.
Transferencia a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social.
Limitar la libre disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones con un tope del 3%.
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Incorporar la variable "coste de la vida" al cálculo de las prestaciones e incluir las políticas de natalidad e inmigración como factores de sostenibilidad.
Separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social.
Alargar el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral, permitiendo a los trabajadores escoger sus mejores 35 años de cotización.
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Pensiones mínimas de 1080? y su actualización por ley al IPC.
Derogar las reformas de las pensiones de PP y PSOE.
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Plan de actualización de las pensiones no contributivas para igualar su cuantía al Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Jubilación a los 65 años y voluntaria a los 60.
Mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
Revalorización automática de las pensiones con el IPC real.
Establecer una pensión mínima de 1.080 euros, como fija la Carta Social Europea.
Jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados.
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Reforma de la Constitución para prohibir que el Gobierno recorte o privatice el sistema público de pensiones.
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Blindar las pensiones en la Constitución para que no puedan recortarse.
Ninguna pensión por debajo de los 1.000 euros.
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Prisión permanente revisable para los casos de asesinato cuando concurran supuestos de violencia de género.
Incrementar el número de policías especializados.
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Cumplir en su integridad el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Eliminar del Código Penal el delito de abuso sexual para que la falta de consentimiento sea considerada agresión.
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Desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia machista.
Ley para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual.
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Actualizar la definición de "violencia machista" para que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres.
Eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual con una ley para la protección de la libertad sexual y la erradicación de las violencias sexuales que ponga "el consentimiento en el centro del debate político".
Plan estatal de Lucha contra las Violencias Machistas con una dotación anual de 600 millones de euros
Prestación para las víctimas de 900 euros durante seis meses.
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Derogación de la Ley de Violencia de Género.
Persecución de las "denuncias falsas".
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Formar en perspectiva de género y violencia machista a los profesionales que ofrezcan servicios directos a las mujeres, especialmente al personal judicial y policial.
Crear un plan integral contra la violencia machista destinado a los jóvenes.
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Reformar el Código Penal para evitar sentencias como las de "La Manada".
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Incluir en la Ley de Violencia de Género la violencia machista más allá del ámbito de la pareja (agresiones sexual, acoso sexual, tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas).
Plan específico para los hijos de mujeres víctimas de violencia machista.
Hacer que la declaración de las mujeres y de los menores sea prueba preconstituida, no aplicando la atenuante de confesión del agresor.
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Luchar para acabar con la violencia machista estructural y hacer frente a la connivencia de la justicia española con los agresores.
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Rechazo a cualquier retroceso en la Ley de Violencia de Género.
Aplicación efectiva del Pacto de Estado contra la violencia de género.
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Programa de educación afectivosexual apartir de los 6 años como herramienta de prevención de la violencia machista, fomento de buenos tratos y derecho a la sexualidad.
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Planes de concienciación sobre el patriarcado como problema estructural.
Ley integral contra la trata de personas y la explotación sexual.
Formación sobre igualdad y violencia machista de todos los colectivos que trabajan con mujeres.
Formación obligatoria en materia de género a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a jueces y fiscales.
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Programas educativos de prevención de violencia sobre las mujeres en todas las etapas educativas, desde la educación primaria hasta la universidad.
Formación especializada en violencia machista de todos los estamentos de la Justicia.
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Equiparar las ayudas a las de las víctimas del terrorismo
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Apoyo a la oposición en Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Prioridad de la relación de la UE con Estados Unidos.
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Recuperar "el liderazgo y la influencia de España" en la UE.
Promover un ejército europeo.
0,5% para la cooperación al desarrollo.
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Apoyar los avances en integración europea en fiscalidad, defensa y política exterior.
Reformar la Euroorden para que la libre circulación de personas no pueda ser utilizada por quienes huyen de los tribunales.
Reformar la Ley de la Acción y del Servicio Exterior para frenar la proliferación de embajadas autonómicas.
Modificar el Código Civil para conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de españoles en el exterior.
Redoblar la colaboración con los países del Magreb, África y Oriente Medio.
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Fortalecer la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD).
Promover la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU con la creación de una Asamblea Parlamentaria para abordar la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático o las migraciones.
Establecer relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), ampliar el mandato de la MINURSO.
Proponer un suelo de gasto en la UE del 5% para igualdad y contra la violencia de género.
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Alineamiento con el Grupo de Visegrado en la UE.
Abandonar organismos supranacionales ?contrarios a los intereses de España".
Suspensión del espacio Schengen hasta que exista la garantía europea de que no lo utilizarán los criminales para huir de la justicia.
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Alcanzar el objetivo del 0,7% del PIB para ayuda a la cooperación al desarrollo.
Suspender la venta de armas a Arabia Saudí.
Convertir la Comisión Europea en un gobierno ejecutivo de la UE paritario.
Promover la lucha contra la pena de muerte.
Designar el catalán y el occitano como lenguas oficiales de la UE y de trabajo en el Parlamento Europeo.
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Unión bancaria y fiscal en la UE.
Emisión de eurobonos.
Reclamar la participación directa de Euskadi en los ámbitos de decisión comunitarios.
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Reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña por parte de la UE, sus aliados y las organizacione internacionales.
Modelo federal de Europa que favorezca una integración creciente.
Incluir al catalán como lengua de Tratado y de trabajo en la UE.
Recuperar el 0,7% del PIB para políticas de cooperación con el desarrollo.
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Sin propuestas en este ámbito.
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Canarias como plataforma atlántica, como factor de atracción de inversiones exteriores.
Puesta en funcionamiento de nuevos cables submarinos que enlacen Europa, África y América a través de Canarias.
Propiciaremos la condición de Canarias como Plataforma de Paz y fomentaremos esta circunstancia para la cooperación con África Occidental.
Transición en Venezuela.
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Reforzar la presencia valenciana en Bruselas para trasladar las necesidades del campo valenciano en las negociaciones de la PAC, los tratados comerciales y lograr condiciones competitivas en los mercados.
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Participación de Galicia en las decisiones que le afectan, sobre todo en la UE.
Cobertura del Estado a la acción exterior gallega: Región europea. Galicia, como nexo hispano y luso.
Oposición al TTIP y al TLC.
Promover el bloqueo efectivo de los paraísos fiscales.
Consultar a la ciudadanía las operaciones militares internacionales o la posición estratégica en la OTAN o en alianzas al margen de la ONU.
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Derogación de los Acuerdos de España con la Santa Sede.
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Oponerse e la UE a los recortes de servicios públicos.
Anulación de los acuerdos que limitan la producción nacional.
"Cumplimiento de las condiciones del referéndum de la OTAN".
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