Roberto García-Calvo y Montiel, magistrado del Tribunal Constitucional, ha fallecido a los 65 años este domingo en Madrid. El magistrado, nacido el 14 de junio de 1942 en la localidad leonesa de La Bañeza, había sido elegido el 30 de octubre de 2001 para el puesto que ocupaba actualmente a propuesta del PP, por un período de nueve años.

Su última aparición pública fue el pasado día 22, cuando asistió a la toma de posesión de dos nuevos magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La desaparición de García-Calvo viene a profundizar aún más en el ya frágil y quebradizo equilibrio de fuerzas de un Tribunal Constitucional dividido entre seis magistrados de tendencia 'progresista' y el denominado 'bloque conservador'.

Según establece la propia LOTC, la plaza de García-Calvo quedará vacante hasta que se nombre un nuevo magistrado, lo que corresponde al Congreso de los Diputados. Según declaraciones a Radio Nacional del portavoz del CGPJ, Enrique López, la costumbre es permitir que sea el partido que propuso al fallecido el que realice la nueva propuesta.

Doble recusación

El magistrado ahora fallecido ha adquirido reciente notoriedad al estar en el ojo del huracán de una serie de recusaciones cruzadas en torno al Estatuto de Cataluña y a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Había mostrado su oposición ha ambas medidas legislativas.

En concreto, el pasado 12 de marzo el TC aprobó la recusación planteada contra García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata por el Gobierno de cara a la votación sobre el recurso de constitucionalidad de la LOTC presentado por el PP. El Ejecutivo los había recusado por considerarlos "contaminados" para resolver el recurso contra la ley, después de que el pasado mes de junio manifestaran en un escrito su "más profunda discrepancia" con su reforma.

Ambos habían atacado el artículo que prorrogó automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas, cuya dimisión pidieron expresamente.

Antes, García-Calvo había sido también recusado, en octubre de 2006, por la Generalitat de Cataluña, por "falta de imparcialidad" en relación con el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña por el Partido Popular.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, ha mostrado su "sentido pésame" por la muerte de García-Calvo, a quien ha definido como un "peso pesado de la judicatura".

García ha destacado que el magistrado "lo ha sido todo en lo judicial" y ha remarcado que era un juez de "gran prestigio y reconocida solvencia".

Amplia carrera judicial

El magistrado fallecido fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fue elegido el 7 de marzo de 1989 y ocupó el cargo hasta 1990; García-Calvo, que concurría como único candidato a la vacante del CGPJ, fue elegido por el Senado a propuesta de Alianza Popular (AP). 

Entre 1995 y 2001 fue magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Licenciado en Derecho, fue número uno de la XVII promoción de la Escuela Judicial y en julio de 1968 ingresó en la carrera fiscal; tres años más tarde fue designado presidente del Tribunal Provincial de Amparo de Almería, donde hasta ese momento era teniente fiscal de la Audiencia Provincial.

El 10 de abril de 1976 fue nombrado gobernador civil de Almería, cargo en el que permaneció hasta que a mediados de 1977 presentó su dimisión para reincorporarse a la carrera judicial como magistrado de Trabajo en Guadalajara, desde donde, en 1979, se trasladó a Madrid. En 1986 fue nombrado magistrado del Tribunal Central de Trabajo.

Trabajo en el CGPJ

En el CGPJ formó parte de las comisiones de Estudios, Informes y Disciplinaria; en octubre de 1990, al finalizar el mandato de los vocales del CGPJ elegidos en su mayoría en 1985, García-Calvo, que había sido nombrado en 1989, recurrió en amparo al Tribunal Constitucional por considerar que debía permanecer en el cargo hasta cumplir sus cinco años de mandato.

El 30 de octubre del mismo año el Constitucional decidió, por unanimidad de los tres magistrados que formaron sala, no admitir a trámite el recurso interpuesto por Roberto García-Calvo.

A continuación ejerció como fiscal del Tribunal Supremo hasta el 25 de octubre de 1995, fecha en la que fue elegido magistrado de la Sala Segunda de dicho Tribunal, en sustitución de Marino Barbero. En esa votación García-Calvo obtuvo diez votos frente a siete del catedrático Santiago Mir Puig.

En mayo de 1998 abogó por conseguir "la máxima aproximación de la carrera judicial a la carrera fiscal", ya que este modelo otorgaría al Ministerio Fiscal "más independencia del poder político".

Roberto García-Calvo era miembro de la Asociación de Fiscales (AF) y poseía la Cruz de San Raimundo de Peñafort.