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El Supremo juzga a doce líderes y políticos independentistas catalanes por la organización del referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia. Nueve de ellos están acusados de rebelión.
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El juicio del 'procés' comienza en el Tribunal Supremo el 12 de febrero de 2017 con los doce líderes independentistas sentados en el banquillo de los acusados. En la exposición de las cuestiones previas, sus defensas sostienen que el juicio "atenta contra la disidencia política" y cuestionan la imparcialidad del tribunal presidido por Manuel Marchena. Uno de los letrados les pide que "hagan de jueces y no de salvadores de la patria".
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En la segunda jornada, la Fiscalía niega que sea un juicio "político" porque "nadie es perseguido por sus ideas, sino por sus acciones" y argumenta que hubo rebelión porque el plan soberanista contemplaba el uso de "métodos violentos" desde el principio. La Abogacía del Estado defiende también que es un juicio con "todas las garantías" y la acusación popular (Vox) pide sin éxito que no puedan llevar lazos amarillos.
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El exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras, que se enfrenta a 25 años de cárcel por presunta rebelión, abre las declaraciones de los acusados definiéndose como un "preso político". Defiende que nada de lo que hicieron puede tener reproche penal porque "votar no es un delito" y niega la acusación de rebelión porque "nunca" contemplaron el uso de la violencia. El exconseller de Interior Joaquim Forn admite que el referéndum no tuvo "validez".
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El exconseller de Presidencia Jordi Turull introduce en el juicio el argumento de la "ponderación" para justificar que siguieran adelante con el referéndum tras primarse el "compromiso con los ciudadanos de Cataluña" para votar frente a "lo que dicen las leyes". Por su parte, el exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva defiende el derecho de autodeterminación no es ilegal en España y que lo que hicieron es "lícito y legítimo".
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La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa declara que el objetivo del referéndum del 1-O no era declarar la independencia sino ayudarles a "negociar" con el Estado. "Nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia", sostiene Bassa, que también resta valor a la DUI: "No se declaró la independencia". Por su parte, el exconseller de Gobernación Josep Rull en la misma línea que Turull habla de la "falta de legitimidad moral" del Tribunal Constitucional para justificar que siguieran adelante con el referéndum.
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El expresidente de la ANC Jordi Sànchez acusa a la Fiscalía de elaborar un relato "falso" de lo que ocurrió el 20S frente a Economía para hablar de "alzamiento violento" porque unos "pocos" dañaran unos coches de la Guardia Civil. Declaran también los tres exconsellers acusados que no están en prisión preventiva: Meritxell Borràs y Carles Mundó, que restan valor a su firma en el decreto del 1-O, y Santi Vila, que asegura que el objetivo era "tensar la cuerda" sin romperla.
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La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, justifica que la Mesa desoyera a un Constitucional "politizado" y tramitara las leyes de desconexión para no "censurar" el debate. El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, niega que usaran la violencia y enmarca las protestas independentistas en el ejercicio de la desobediencia civil. Los doce acusados han negado la rebelión y la malversación y dicen desconocer el documento Enfocats.
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El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy atribuye al Govern de Puigdemont "voluntad" de que hubiera enfrentamientos el 1-O y niega que hubiera mediadores. La exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría habla de "acciones violentas" y "acoso" y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro abre la puerta a la malversación. Artur Mas declara también en la primera jornada dedicada a los testigos. El juez Marchena recuerda que no existe el "testigo opinante" y dos exdiputados de la CUP son multados por negarse a responder a Vox.
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El lehendakari Íñigo Urkullu revela que se reunió con Mariano Rajoy y que habló con él por teléfono como "intercesor" a petición de Carles Puigdemont. Asegura que el expresidente "no era muy dado" al 155 y que Puigdemont no deseaba "proceder a la DUI", pero que no soportó la presión de la calle y de su propio partido. El exministro de Interior Juan Ignacio Zoido sostiene que los Mossos "toleraron" el referéndum y Ada Colau cree que hubo "instrucción política" para cargar el 1-O.
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El secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el ex letrado mayor Antoni Bayona, que advirtieron a la Mesa en contra de la tramitación de las leyes de desconexión, contradicen a Forcadell en el Supremo mientras que el actual presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, asegura que él habría hecho "exactamente lo mismo" que su predecesora. El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto sostiene que los Mossos no tuvieron "el más mínimo interés" de coordinarse con Guardia Civil y Policía para evitar el 1-O.
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El teniente coronel de la Guardia Civil que coordinó el dispositivo policial del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha calificado de "estafa" el despligue de los Mossos para el referéndum y ha sostenido que ese día se encontraron con grupos organizados violentos. El exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo declara que advirtió a Puigdemont de que el "clima de crispación" hacía prever que podía haber "riesgo" para la integridad física de las personas el 1-O.
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La letrada de la Administración de Justicia que realizó el registro de la Consellería de Economía y Hacienda el 20S ha declarado que tuvo "miedo" cuando vio que no podía salir del edificio por la concentración de gente que había en el exterior y ha relatado cómo saltó un "murete" de una azotea para alcanzar el Teatro Coliseum y desde allí salir a la calle. Pérez de los Cobos termina, por su parte, de declarar negando que hubiera cargas el 1-O provocando un tenso rifirrafe entre las defensas y Marchena.
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Los jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña durante el 1-O, Sebastián Trapote y Ángel Gozalo, aseguran que hubo una resistencia "violenta" por parte de grupos "organizados" el día del referéndum y coinciden en señalar la "inacción" y la "pasividad" de los Mossos esa jornada. Por su parte, el jefe de Información de los Mossos el 1-O, Manuel Castellví, afirma que advirtieron al Govern del riesgo de "escalada de violencia" pero sin éxito. Análisis de la cuarta semana: El relato del "miedo" frente al independentismo "pacífico".
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Un segundo ex alto mando de los Mossos, el jefe de Planificación el 1-O, Emili Quevedo, declara que intentaron disuadir al Govern de celebrar el referéndum por riesgos para el orden público y la seguridad ciudadana, pero que Puigdemont les respondió que tenía un mandato que cumplir. Declaran también este día varios exdirectivos de Unipost que aseguran que no repartieron ningún envío del 1-O porque no sabían a quién tenían que facturar.
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Un comercial de Artyplan, una de las empresas que imprimió parte de los carteles del anuncio de las vías, declara que el diseñador gráfico Enric Vidal le dijo que la factura la pagaría la Generalitat pero que nunca llegaron a cobrar por el trabajo porque el material no se entregó. Vidal, por su parte, niega que hablara de quién iba a pagar el trabajo y asegura que a él le llamó "un tal Toni" y que "supone" que podía ser el exresponsable de Difusión de la Generalitat Antoni Molons pero que no sabía.
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El ex secretario general de Diplocat Alberto Royo reconoce que pagaron el viaje y la estancia a un grupo de diputados y europarlamentarios que se desplazaron a Cataluña coincidiendo con el 1-O pero ha negado que fueran "observadores internacionales" y los ha calificado de "visitantes". Por su parte, la Fiscalía ha pedido que se investigue al director de Difusión Institucional de la Generalitat, Jaume Mestre, por si ha mentido sobre la campaña de las vías que difundió TV3.
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El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, procesado por presunta rebelión en la Audiencia Nacional, declara que advirtieron al Govern de "conflictos graves" de orden público y seguridad ciudadana si seguían adelante con el 1-O hasta en dos reuniones celebradas el 26 y el 28 de septiembre de 2017 y revela que la Policía autonómica preparó la detención de Puigdemont y el resto del Govern por si se la ordenaba la justicia. Trapero se convierte así en testigo de cargo contra el Govern junto a Castellví y Quevedo.
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Los primeros guardias civiles que declaran por su participación en los registros y detenciones que se realizaron en las semanas previas al 1-O inciden en el ambiente de "hostilidad", "crispación" y "rabia descontrolada" que se encontraron en algunas protestas independentistas. El exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico, por su parte, no descarta que hubiera malversación a pesar del control del Gobierno sobre las cuantas públicas de la Generalitat.
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El comandante de la Guardia Civil que analizó las conversaciones que mantuvieron los Mossos por su emisora el 1-O afirma que los agentes autonómicos tenían órdenes de vigilar los movimientos de los efectivos del Instituto Armado y la Policía Nacional. Un agente que participó el 20S en el registro de Economía aseguran que no salieron antes porque su "integridad" no estaba garantizada mientras que otro guardia sitúa a Torra en la nave donde se guardaban las papeletas en los días previos al registro.
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Los tres primeros guardias civiles en declarar en el juicio de los que acudieron a los colegios el 1-O describen, como sus mandos, una "violencia inusitada" pero van más allá y aseguran que les sorprendió el "odio" y el "desprecio" que percibieron: "A mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupido". También declaran los primeros agentes que reconocen que los Mossos les ayudaron en algunos registros y un guardia civil que sostiene que el Govern llegó a pedir financiación a China para la independencia.
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Los tenientes de la Guardia Civil el 20S responsables de la comitiva judicial que registró Economía y Hacienda y de la seguridad coinciden en destacar que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez llevó la "voz cantante" en las negociaciones con ellos por encima de los Mossos, que "acataban" lo que él decía, y sostienen que salir por la puerta principal cuando todavía estaban los concentrados hubiera sido un "suicidio". "Nos habrían machacado".
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El teniente coronel de la Guardia Civil que estuvo al mando de la investigación sobre la organización del referéndum del 1-O, Daniel Baena, asegura que el referéndum buscaba "poner al Estado en una situación de conflicto". El jefe de la policía judicial en Cataluña ha calificado, además, de "periodo insurreccional" el que se vivió en Cataluña desde los registros y detenciones del 19 y 20 de septiembre de 2017 hasta la aplicación del artículo 155 el 28 de octubre de aquel año.
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La directora de uno de los grupos de expertos internacionales que estuvieron en Cataluña el 1-O, la neozelandesa Helena Catt, ha reconocido que fueron contratados por Diplocat, pero ha negado que su misión fuera la de ser observadores electorales. El exparlamentario regional alemán Bernhard Von Grünberg, por su parte, asegura que el viajó por "interés personal" y que sufragó todos sus gastos. Declaran también los primeros mossos que hablan de violencia también en los registros.
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Una decena de guardias civiles relatan los escraches que sufrieron en hoteles y casas cuartel en Cataluña entre el 20 de septiembre de 2017 y los días después del referéndum del 1-O, incluido el lanzamiento de un "artefacto incendiario" en las instalaciones del Instituto Armado en Igualdad. Dos de los testigos relatan, también, que recibieron amenazas de muerte por la calle tras la consulta cuando paseaban de paisano por Lleida.
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El comisario jefe de la Brigada de Información de la Policía Nacional en Cataluña revela que los Mossos informaron 271 veces de los movimientos de sus agentes el 1-O solo en Barcelona. Por la tarde, dos policías locales de Badalona declaran que Cuixart participó en la recuperación de unos carteles del 1-O que habían requisado mientras que el inspector que analizó los vídeos de los antidisturbios reconoce que no puede determinar si fueron editadas.
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El ex número dos de Trapero y jefe de los Mossos durante el 155, Ferrán López, desvela que el expresidente catalán Carles Puigdemont les dijo que declararía la independencia el mismo 1-O si se daban los incidentes violentos de los que estaban advirtiendo los mandos en una reunión dos días antes del referéndum. Los primeros antidisturbios del 1-O que declaran en el juicio relatan patadas y puñetazos en el suelo e intentos de quitarles el arma.
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El ex número tres de los Mossos el 1-O, el comisario Joan Carles Molinero, explica que Trapero se despedió de Puigdemont en la reunión del 28 de septiembre diciéndole que esperaba que no hubiera "ninguna desgracia importante que lamentar" y que el presidente respondió que si era así declararía la independencia. En esta misma sesión, en la que el juez Marchena pierde la paciencia con el abogado Jordi Pina por intentar interrogar a un testigo reproduciendo un vídeo en su móvil, un capitán de la Guardia Civil reconoce los golpes en la cabeza.
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El comisario principal de la Policía Nacional que coordinó a los agentes de Información el 1-O ha asegurado que "los CDR organizaron muy bien el referéndum" y ha atribuido a estos grupos, acostumbrados a la "clandestinidad", el mérito de que las urnas aparecieran en los colegios antes de que llegaran los agentes. También les atribuye el "diseño de las murallas" humanas. Los guardias civiles y policías citados vuelven a subrayar la "pasividad" de los Mossos y un guardia reconoce que salió "corriendo" porque temió por su "integridad física" después de que le agredieran.
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El testimonio de cinco policías nacionales pone de relieve que el 1-O hubo vigilancias mutuas entre los Mossos y la Policía Nacional. Un inspector de este último cuerpo ha relatado que encargó una contravigilancia al "sospechar" que la policía autonómica estaba espiándoles y alertando a los congregados en los colegios. Sus agentes, que también han declarado en el juicio, corroboran que detectaron a dos hombres de paisano que persiguieron a los furgones policiales en un coche camuflado de la Generalitat, pero a preguntas de las defensas reconocen que no pueden asegurar al cien por cien que fueran mossos.
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Un inspector de la Policía Nacional que intervino en Barcelona explica que varios mossos llevaron urnas a una comisaría de Nou Barris tras el recuento de votos y que en algunos centros electorales se llegaron a "sortear" las urnas. Ya por la tarde, declara el policía que atendió en un colegio de Lleida al hombre que sufrió el infarto el 1-O. Relata que cuando intentó auxiliarle le insultaron y amenazaron: "Asesino, lo habéis matado". El interrogatorio a este testigo ha provocado un tenso rifirrafe entre el magistrado Manuel Marchena y el abogado Jordi Pina.
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El comandante de la Guardia Civil que elaboró los informes sobre el 1-O bajo la dirección del teniente coronel Daniel Baena, jefe de la policía judicial en Cataluña, ha defendido este lunes que la figura del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero era una "imprescindible en la estrategia del independentismo" y ha relatado cómo este exmando de la Policía autonómica informó puntualmente al exconseller de Interior Joaquim Forn de las instrucciones de la Fiscalía para evitar la celebración del referéndum y del plan del cuerpo policial a pesar de que debía ser "secreto".
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La fiscal Consuelo Madrigal ha protestado ante el tribunal que juzga el procés por las preguntas que hacen las defensas a los policías que intervinieron el 1-O: "No se juzga a la Policía y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales". El coordinador de las unidades de antidisturbios en Girona ha explicado que ordenó el uso de las defensas porque "estaban machacando" a sus agentes. Otro de los policías relata cómo le golpearon con una urna en la cabeza.
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Policías nacionales que intervinieron el 1-O en colegios de Lleida subrayan que les sorprendió ver a niños en los centros y a "personas mayores en las primeras líneas" de resistencia en los centros de votación. Han sostenido que salir de ellos tras las intervenciones fue un "infierno" y han defendido su actuación: "No fue una masacre como algunos pretenden vender". La anécdota del día la han protagonizado el juez Marchena y el abogado Jordi Pina después de que este se diera cuenta de que entraba en la sala un testigo que ya había declarado otro día. "Qué haríamos sin usted, señor Pina", ha dicho Marchena ante las risas de todos los presentes.
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El exconseller de Interior Jordi Jané, que dimitió en julio de 2017, ha reconocido que la posibilidad de que hubiera un referéndum no pactado pesó en su decisión de abandonar el cargo aunque ha insistido en que mientras él estuvo en el Govern la vía unilateral no estuvo nunca sobre la mesa. Lo mismo han declarado la exconseller de Enseñanza Meritxell Ruiz y el exresponsable de Empresa Jordi Baiget. También han declarado dos mossos que mediaron el 20S en Economía y que aseguran que tanto Jordi Sànchez como Jordi Cuixart "colaboraron" con ellos.
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El exdirector de los Mossos d'Esquadra Albert Battle reconoce que dimitió en julio de 2014 porque no se sentía "cómodo" ante la proximidad del referéndum del 1-O y hace una defensa cerrada del mayor Trapero, al que él mismo nombró: "No hubiera aceptado de ninguna de las maneras ninguna intromisión por parte del poder político". En la trigésimo quinta jornada del juicio han comenzado a declarar también los testigos solo propuestos por la defensa, entre ellos, la que era jefa de Protocolo de Economía el 20S, que ha sorprendido revelando que Sànchez se ofreció él mismo a acompañar a la letrada a través del pasillo de voluntarios.
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Los testigos propuestos por la defensa del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva han descrito las protestas que se produjeron en Cataluña entre el 20-S y el 1-O de 2017 como "absolutamente pacíficas". Un panorama totalmente opuesto al "periodo insurreccional" que describieron en el juicio guardias civiles y policías nacionales en las semanas pasadas. El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha reconvenido a uno de los abogados de Cuixart por aprovechar el interrogatorio de un testigo para que este dé una "lección" sobre autodeterminación, lo que ha calificado de "insulto".
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El exdiputado catalán y cantautor Lluís Llach ha declarado que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart le pidieron su colaboración para "calmar u ordenar las cosas" frente a la Consellería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 por "ser conocido" y ha asegurado que fue él el que les sugirió que subieran a los vehículos de la Guardia Civil para desconvocar la manifestación porque era "el único sitio donde" les iba a ver "todo el mundo". Un diputado alemán Andrej Hunko asegura que él fue a Cataluña como "visitante" no como "observador" pero reconoce que dos noches se las pagaron aunque no sabe quién. Una política independentista canadiense Manón Massé es la primera que se define como "observadora"
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Los primeros ciudadanos de los que acudieron a votar el 1-O y resultaron heridos que declararan en el juicio aseguran que los "únicos golpes" que vieron fueron los de la Guardia Civil y la Policía Nacional a la gente y han negado que ellos agredieran previamente a los agentes como estos sí sostuvieron en sesiones previas. Uno de los testigos ha dicho que recuerda "el ruido de las porras cuando abrían las cabezas". El responsable del Servicio Catalán de Salud ha asegurado que se recibieron atención médica 1.066 personas, la mayoría por contusiones.
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El responsable de los antidisturbios de los Mossos revela que el 20S el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, les dijo "largaos de aquí" cuando estaban frente a la Consellería de Economía. De hecho, y siempre según su relato, el líder soberanista llamó a alguien, supuestamente del Govern -ya que dijo que iba a llamar "al president o al conseller", y le dijo:"Trapero está loco. Ha perdido la chaveta. Saca la Brigada Móvil de aquí". El testigo no obstante ha insistido reiteradas veces que esta actitud inicial "altiva, prepotente y muy complicada" del Sànchez cambio después y se volvió colaborativa. Dos mandos de los Mossos, por su parte, niegan injerencias políticas.
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Ciudadanos que participaron en el referéndum del 1-O citados a declarar por la defensa de Jordi Sànchez y Jordi Turull reconocen que trataron de "dificultar" la entrada de los Mossos, la Guardia Civil y la Policía Nacional, que tenían la orden de cerrar los colegios electorales. Sin embargo, han insistido en que lo que sucedió ese día y los anteriores -con la organización de actividades y talleres en los locales de votación- fue un movimiento "espontáneo" y "autoorganizado" de la ciudadanía, en la sesión número 40 del juicio del 'procés'. Marchena, además, recrimina que la Fiscalía intente "reprochar" a una testigo que fuera a votar a pesar de saber que era ilegal.
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Los abogados del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el exconseller Jordi Turull interrogan por segundo día consecutivo a ciudadanos que votaron en centros a los que solo acudieron los Mossos d'Esquadra y donde no se produjo ningún incidente a pesar de que los agentes de la policía autonómica, aseguran todos estos votantes, intentaron en varias ocasiones cerrar los colegios, pero sin lograrlo porque había mucha gente concentrada en las puertas. Tratan de demostrar que la violencia solo se produjo por la propia actuación de la Guardia Civil y la Policía. El magistrado Marchena recuerda a los testigos que no solo están obligados a responder por "imperativo legal" a Vox, sino que todos están allí, incluido el tribunal, porque la ley les obliga.
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De los once testigos que declaran este jueves, uno de ellos es un policía nacional jubilado independentista que explica que se presentó como voluntario el 1-O para "permitir que se pudiera votar". Estuvo en el Instituto Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada, donde intervino la Guardia Civil. El resto son ciudadanos que estuvieron en centros a los que solo acudieron mossos. Constatan que los binomios fueron insuficientes para cerrar los centros, pero insisten en que los agentes autonómicos "venían con la intención de ejecutar" las órdenes juciales.
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La exdiputada de la CUP Mireia Boya asegura que el 20S a última hora discutió con el entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, porque este último estaba "convencidísimo" de que había que desconvocar la protesta frente a Economía y la CUP no compartía esta opinión. Finalmente el partido independentista apoyó la desconvocatoria pero con la "condición" de que se llamara a la gente a concentrarse al día siguiente ante el TSJ de Cataluña. Por su parte, el director del Gabinete Jurídico de la Generalitat y la directora general de Contratación Pública niegan malversación el 1-O: "No se aprecia ningún perjuicio para el erario público".
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El Supremo rechaza suspender el juicio como pidieron las defensas de los presos electos Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez y Raül Romeva, pero sí permitirá que el 21 de mayo salgán de prisión para tomar posesión como diputados los cuatro primeros y como senador el último. No obstante, rechaza su puesta en libertad y les mantiene en prisión provisional. El tribunal ha expresado también su "profundo malestar" con la defensa y los testigos propuestos por Jordi Cuixart por su comportamiento "intolerable"; un portavoz de Escoles Obertes ha reconocido el vínculo directo entre esta iniciativa y el 1-O; y Lluís Corominas y Anna Simó, exmiembros de la Mesa del Parlament, defienden la admisión a trámite de las leyes de desconexión por criterios "formales".
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Cuatro funcionarias del Ministerio de Hacienda y de la Intervención General del Estado avalan la acusación de malversación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado al señalar que el perjuicio para las cuentas públicas se produce en el momento en el que una administración reconoce la prestación de un servicio, independientemente de que luego se abone el gasto o la empresa rechace cobrarlo, como ocurrió con el 1-O. Estas peritas han cifrado, además, en más de 917.600 euros el gasto comprometido por el Govern para la celebración de la consulta. Este miércoles también han comparecido dos peritos expertos en procesos de paz que han destacado el papel del Jordi Cuixart como "ejemplo de liderazgo no violento".
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La fase testifical concluye con la declaración de los últimos testigos de los 422 que han pasado por el Supremo en las últimas doce semanas y que dejan dos versiones diametralmente opuestas de lo que ocurrió en Cataluña el 1-O. Uno de los que ha declarado este jueves niega la malversación al asegurar que Puigdemont dijo que el referéndum se pagaría con "aportaciones particulares". La jornada, en la que ha terminado también la fase pericial, deja también un 'careo' entre peritos sobre si se puede estimar o no el coste de la cesión de los locales del 1-O y una clase magistral de filología catalana.
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El juicio del 'procés' ha comenzado este lunes con la llamada fase documental -tras las declaraciones de los testigos y peritos- pero no se ha visto de momento ningún vídeo de lo que ocurrió en Cataluña entre el 20-S y el 1-O como se esperaba. El tribunal ha dado la sorpresa y ha pedido a las partes que citasen los documentos que proponían para su exhibición. Solo los documentos, "los vídeos, el próximo día", ha insistido el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena.
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El Tribunal Supremo ha visto este martes los vídeos propuestos por la Fiscalía, que previsiblemente mantendrá su acusación de rebelión contra nueve de los doce líderes independentistas que se sientan en el banquillo. El Ministerio Público intenta demostrar con estas grabaciones que hubo "violencia". Ha mostrado numerosos vídeos de los daños de los coches de la Guardia Civil el 20S y otros del 1-O. También se han reproducido los de la Abogacía del Estado.
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La Fiscalía mantiene la acusación por rebelión y las penas solicitadas inicialmente por este delito para los nueve líderes independentistas en prisión preventiva. El Ministerio Público incluye en su escrito que, en caso de ser condenados, no puedan obtener el tercer grado penitenciario hasta cumplida la mitad de la condena. La Fiscalía pide para Junqueras 25 años. La Abogacía, por su parte, mantiene la acusación de sedición y pide 12 para el exvicepresidente catalán. En esta jornada las defensas mostraron sus vídeos para intentar demostrar que la "violencia" del 1-O fue solo policial.
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La Fiscalía endurece el tono y califica por primera vez de "golpe de Estado" lo ocurrido en Cataluña en otoño de 2017. El Ministerio Pública atribuye a los acusados el uso de la "violencia necesaria" para intentar "liquidar" la Constitución y declarar la independencia. La Abogacía del Estado sostiene, en cambio, que la violencia no era parte "estructural" del plan soberanista aunque el 1-O sí hubiera resistencia activa y cree que los hechos encajan en el delito de sedición. La acusación popular, ejercida por Vox, sostiene el delito de organización criminal y pide una sentencia "disuasoria".
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Los abogados de los líderes independentistas juzgados en el Tribunal Supremo han reconocido este martes que sus defendidos pudieron cometer desobediencia por la celebración del referéndum del 1-O -un delito que no conlleva penas de prisión, solo inhabilitación y multa-, pero han negado categóricamente que sean autores de uno de rebelión al reducir la violencia que ve probada la Fiscalía a casos aislados y "leves". Unos actos que, han argumentado, no se pueden vincular a sus clientes como instigadores de los mismos y que, en todo caso, eran insuficientes para "doblegar al Estado" y lograr la secesión de Cataluña.
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El juicio del 'procés' queda visto para sentencia tras la última palabra de los acusados que, con Junqueras a la cabeza, piden al Supremo que devuelva al "terreno de la política" el conflicto catalán después de que los últimos abogados expusieran sus informes finales. La existencia o no de violencia será una de las claves de la sentencia para decidir, en caso de que haya condena, si lo que ocurrió en Cataluña en otoño de 2017 fue rebelión o sedición, o si fue simplemente desobediencia, como sostienen algunas defensas. Estas son las diez claves del juicio del 'procés', que ha tenido al magistrado Marchena como protagonista.
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