Junqueras es considerado por la Fiscalía como uno de los "promotores" de la presunta rebelión. Como vicepresidente del Govern asumió la planificación y ejecución del referéndum ilegal del 1-O y rechazó su suspensión cuando los Mossos advirtieron días antes de la alta probabilidad de que se produjera una "escalada de violencia". Por el contrario, hizo "reiterados" llamamientos a la participación a pesar de ser consciente de su "ilicitud" y del riesgo de "incidentes violentos", siempre según el Ministerio Público.

Su defensa pide su absolución defendiendo el llamado "Junquerismo", un término acuñado para argumentar que todo el proceso independentista ha sido pacífico. Reconoce que la convocatoria del referéndum sí fue unilateral pero niega que fuera delito.

Carme Forcadell es considera por la Fiscalía como "promotora" de rebelión por permitir, como presidenta del Parlament, la tramitación de resoluciones y normas legales declaradas inconstitucionales por el Constitucional para dar una "aparente cobertura jurídica” al proceso de independencia. Forcadell hizo también numerosos llamamientos a la participación del referéndum a pesar de saber de su "ilicitud" y del riesgo de "incidentes violentos", según el Ministerio Público.

Su defensa pide la libre absolución alegando que ella se limitaba a recepcionar las propuestas de los grupos y llama la atención sobre el hecho de que el resto de miembros de la Mesa solo estén encausados por desobediencia y no por rebelión.

El expresidente de la ANC Jordi Sánchez es considerado por la Fiscalía como uno de los "promotores" de la rebelión por su "papel crucial" para impulsar movilizaciones multitudinarias como "instrumento de presión" al Estado junto al presidente de Òmnium Cultura, Jordi Cuixart. Entre estas movilizaciones está el "asedio" a la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 y las concentraciones del propio 1-O en los centros electorales.

Su defensa argumenta que no cometió ningún delito porque lo único que hizo fue "obedecer la voluntad popular" y enmarca las protestas dentro del derecho de manifestación.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, es considerado por la Fiscalía como uno de los "promotores" de la rebelión por su "papel curcial" para impulsar movilizaciones multitudinarias como "instrumento de presión" al Estado junto al expresidente de la ANC Jordi Sánchez. Entre estas movilizaciones está el "asedio" a la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 y las concentraciones del propio 1-O en los centros electorales.

Su defensa pide su absolución argumentando que es un juicio contra la libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y contra el "derecho" de autodeterminación. Acusa de “torturas” a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1-O.

El exconseller de Presidencia y exportavoz del Govern Jordi Turull ejerció el control final de la logística de la consulta, incluido el recuento de votos, como responsable último del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Contrató también las campañas institucionales sobre la consulta e hizo varios llamamientos a la movilización el 1-O a pesar de conocer el riesgo de "incidentes violentos", según la Fiscalía.

Su defensa pide la absolución argumentando que el juicio es un procedimiento judicial contra las urnas y la democracia y que el proceso estuvo guiado por la "voluntad de la ciudadanía".

El exconseller de Interior Joaquim Forn se sienta en el banquillo como responsable de los Mossos d’Esquadra, a los que según la Fiscalía el Govern dio "directrices políticas" para que "facilitaran" el referéndum "a pesar de su manifiesta ilegalidad".

El Ministerio Público recuerda que fue nombrado para garantizar que Interior estuviera dirigido por alguien que "respaldara sin reservas" la consulta para "evitar que los Mossos pudieran frustrar" su celebración. Forn estuvo junto a Junqueras en la reunión en la que los Mossos alertaron del riesgo de violencia si se celebraba e hizo llamamientos a la participación.

Su defensa niega que diera "órdenes políticas" a los Mossos y asegura que el diseño del dispositivo del 1-O fue fijado por los mandos policiales. Recuerda que semanas antes dijo públicamente que la policía debía cumplir con la legalidad y las órdenes de fiscales y jueces.

El exconseller de Territorio Josep Rull, que ingresó en prisión por segunda vez el 23 de marzo de 2018, participó en las reuniones del Govern con líderes independentistas en las que se decidió celebrar un referéndum unilateralmente e hizo llamamientos a la participación el 1-O consciente de su “ilicitud” y a pesar del riesgo de "explosiones violentas", según la Fiscalía.

También “prohibió arbitrariamente” que un barco con efectivos policiales desplazados para evitar la celebración de la consulta ilegal atracara en Palamós.

Su defensa pide la absolución argumentando que el juicio es un procedimiento judicial contra las urnas y la democracia y que lo único que hicieron fue escuchar la voz del pueblo catalán.

El exconseller de Asuntos Exteriores Raül Romeva es juzgado como el "encargado de la estrategia exterior del Govern para legitimar internacionalmente el referéndum y el procés". La Fiscalía señala que las "embajadas" de la Generalitat y el Diplocat funcionaron en ese sentido como "lobby" a pesar de la prohibición del Constitucional de gastar dinero público en esta labor.

Romeva también es el responsable de la contratación de los "observadores internacionales" para el 1-O. Estuvo en las reuniones donde se decidió realizar un referéndum unilateralmente y llamó a la participación.

La defensa de Romeva pide la absolución defendiendo que siempre fue un movimiento pacífico y niega que hubiera malversación porque con la organización del referéndum estaban dando respuesta a una petición de la ciudadanía.

La exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa será juzgada por asumir la dirección y decisión sobre los centros cívicos días antes del referéndum para garantizar que estuviera disponibles para el 1-O, por crear una base de datos de voluntarios, asumir parte del coste de las papeletas y animar a la participación en la huelga general convocada dos días después, según el escrito de acusación de la Fiscalía.

Bassa, según el Ministerio Fiscal, también hizo reiterados llamamientos a la participación en el referéndum a pesar de ser consciente de su "ilicitud" y del riesgo de enfrentamientos entre los ciudadanos y las fuerzas de seguridad que tenían orden judicial de impedir la votación.