A punto de cumplirse cinco años del accidente más grave que ha afectado a las Fuerzas Armadas españolas, el caso del Yak-42 sigue abierto judicialmente. El 26 de mayo de 2003, 62 militares españoles perdían la vida al estrellarse en Trabzon (Turquía) el aparato Yakolev-42 de la compañía ucrania UM Air en el que regresaban a casa desde Afganistán. 

Los militares eran 40 miembros del Ejército de Tierra, 21 del Aire y un guardia civil que volvían a España tras haber pasado cuatro meses en Kabul como parte de la Fuerza de Seguridad y Asistencia (ISAF) auspiciada por la OTAN.

Comenzaba entonces un largo proceso repleto de despropósitos y que aún no se ha cerrado. Los familiares de las víctimas siguen esperando que se haga justicia y que se aclaren los pormenores de un doloroso caso, en el que, incluso, se produjo un craso error en la identificación de 30 cadáveres.

El accidente, en el que murieron además los 13 tripulantes ucranios del aparato, se debió fundamentalmente a la "extrema fatiga" de los pilotos. Ésta es una de las principales conclusiones de la comisión internacional que investigó la catástrofe aérea, que también apuntaba en su informe a la falta de preparación de la tripulación como causa del siniestro.

Largo proceso judicial

Las familias de las víctimas presentaron una denuncia penal ante la Audiencia Nacional en octubre de 2003. Un mes después la juez Teresa Palacios rechazaba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el caso, aunque finalmente en julio de 2004 la Sala de lo Penal se declara competente y ordena la juez que investigue.

En ese intervalo se tuvo conocimiento de un estremecedor hecho: 30 cadáveres fueron erróneamente identificados. Muchas familias habían llorado y enterrado cuerpos que no eran los suyos.

21 cuerpos mal identificados fueron exhumados y enterrados por segunda vez en enero de 2005. Los otros nueve errores no se pueden subsanar porque los cadáveres habían sido incinerados.

La asociación de familiares de las víctimas denuncia a los generales que identificaron los cadáveres, el general de División Vicente Navarro Ruiz y el teniente general José Antonio Beltrán Doña. Paralelamente piden responsabilidades políticas, pero el ya ex ministro de Defensa, Federico Trillo, se limitó en último extremo a pedir disculpas a las familias y a negar cualquier responsabilidad en el caso. En junio de 2005, la Comisión de Defensa del Congreso reprobó al ex ministro Federico Trillo como responsable político del Yak-42.

La investigación penal del caso se dividió en octubre de 2004 en dos causas: por un lado las irregularidades en la contratación del vuelo y, por otro, los errores en la identificación de los cadáveres.

Causa civil

La causa civil iba más rápido, aunque tampoco se ha librado de errores. En enero de 2006 se celebró el juicio y el 10 de febrero el juzgado de Zaragoza que llevaba la demanda civil contra las compañías contratistas del avión dicta sentencia y las condena a indemnizar con diez millones de euros a las víctimas.

En octubre de 2007, la Audiencia de Zaragoza ordena repetir el juicio civil contra las empresas contratistas por un defecto formal. La broker Chapman Freeborn, que había sido condenada en primera instancia junto a la aseguradora rusa Bussin Join-Stock y la línea aérea ucrania UM Air, no fue correctamente notificada.

Archivo y anulación

En la causa penal, en junio de 2007, el juez Fernando Grande-Marlaska, que asumió el caso en sustitución de Palacios, decreta el archivo de la denuncia contra el Ministerio de Defensa por las supuestas irregularidades en la contratación del vuelo. El juez culpa del accidente al cansancio y a la falta de preparación de la tripulación y no cree que Defensa tuviera responsabilidad alguna ni obligación de verificar que la aeronave estaba en perfecto estado.

A punto de cumplirse cinco años de la tragedia, en enero de 2008 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional da un varapalo a Grande-Marlaska y anula su decisión de archivar la causa, que considera "nefasta". La Sala de lo Penal obliga a depurar las posibles responsabilidades de Defensa y si hubo "omisiones" por parte del ministerio al permitir que el vuelo ilegal del Yak-42 despegara.

Además, también ordena que se cite a declarar como testigos al ex ministro de Defensa, Federico Trillo, y a su sucesor en el cargo, José Bono, además de a otros cargos militares.

El juez Grande-Marlaska también archivó las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, al considerar que no se alteró la verdad en los "elementos esenciales", mientras que la Fiscalía sostenía que el equipo que hizo las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.

El 29 de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrige por segunda vez a Grande-Marlaska y le ordena reabrir esta causa de la identificación de los cadáveres al entender que se hizo "erróneamente". Horas después, el magistrado acataba la decisión y acordaba "por mandato de la superioridad" continuar las diligencias y da traslado a la Fiscalía y a las acusaciones para que formulen sus escritos de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del procedimiento.

El tribunal obliga a continuar la causa por el delito de falsedad documental contra el general de Sanidad Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Sáez. Se excluye de la acusación del delito de falsedad documental al general José Antonio Beltrán, coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres.

Mientras, las familias siguen esperando, cinco años después, que se haga justicia en un caso plagado de despropósitos.