De alcalde de Girona a presidente de la Generalitat por un pacto de última hora para poner en marcha la hoja de ruta definitiva hacia la independencia de Cataluña. Impulsor y responsable político número uno del procès, pesa sobre él y todos sus consellers una querella por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último castigado con penas de prisión, por la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1-O. Nunca fue un peso pesado en CDC, pero, siendo un convencido independentista, afirma estar dispuesto a seguir hasta el final, culminar el referéndum y abandonar la presidencia seis meses después.

El líder de ERC es además el conseller de Economía y Hacienda, es decir, el responsable de los Presupuestos y la financiación del referéndum. Interlocutor también de la vicepresidenta del Gobierno en el último año para dar una salida al proceso soberanista en la llamada Operación Diálogo, cerró los contactos con el Gobierno e incluso se negó a enviar a Hacienda el informe que le pedía para controlar los gastos del Govern. Su número dos, Josep Maria Jové, fue detenido por orden judicial en una operación dirigida a evitar al referéndum ilegal. A Junqueras, que tiene una querella por el decreto del referéndum, la Fiscalía le exige una fianza de 6,2 millones de euros para garantizar los gastos que pueda causar al erario público.

Fiel escudero de última hora del procès, asumió ser el portavoz del Ejecutivo catalán reemplazando a Neus Munté, no lo bastante comprometida con la causa independentista a ojos de Puigdemont. Diputado desde 2006, ha alcanzado la cima de su carrera política en la recta final del desafío soberanista cuando era presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí para ser la voz del 'Votarem'.

No era política profesional, pero como una de las principales portavoces de la organización soberanista de la ANC (Asamblea Nacional Catalana), entró en las listas de Junts pel Sí representando a ERC como un referente civil del independentismo. Fue elegida presidenta del Parlament, responsabilidad desde la cual pilotó el polémico pleno de 48 horas, cargado de polémica e incumplimientos, que dio lugar a la ley del referéndum y después a la ley de transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional. Cuando la Cámara suspendió su actividad por el referéndum, ha aparcado su papel institucional y no ha dudado en instar a los manifestantes contra la acción judicial del Estado a que no dejen la calle hasta que salgan en libertad los detenidos. Está imputada por los delitos de prevaricación y desobediencia por incumplimiento de sentencia del Tribunal Constitucional. Y la Fiscalía la investiga por tramitar la citada ley en un procedimiento de urgencia que el TC declaró nulo, vulnerando los derechos de los diputados de la oposición y falseando la publicación del proyecto de ley.

Con el expresidente de la Generalitat, de CiU y de CDC empezó todo. Rechazó un pacto fiscal con el Gobierno de Rajoy, y cambió la reivindicación de una nueva financiación por una "transición nacional" por el derecho a decidir y la apuesta decidida por la autodeterminación. Adelantó por dos veces las elecciones autonómicas, organizó la consulta del 9N en 2014 y fue por ella inhabilitado por el Tribunal Constitucional en 2017. Antes de quedar vetado para ejercer cualquier cargo público en dos años, diluyó CiU para unir a CDC con su histórico rival de ERC en la lista única independentista de Junts pel Sí. Con ella ganó las elecciones en 2015 pero perdió la presidencia tres meses después, defenestrado por los socios parlamentarios de la CUP en aras de la segunda consulta ilegal que ha promovido en su carrera política. Actualmente es presidente del PDeCAT con Neus Munté como vicepresidenta tras unas primarias sin oponentes.

Entró en el Parlament en 2015, cuando la CUP multiplicó su presencia en la Cámara tras las elecciones autonómicas (plebiscitarias, según Junts pel Sí). Su formación brindó la mayoría necesaria a la lista única de Mas y Junqueras para iniciar la legislatura de la desconexión, pidió a cambio la cabeza de Artur Mas para mandarlo a la "papelera de la Historia" y se han convertido en el acelerante de la combustión institucional en Cataluña, de modo que incluso presionaron a Puigdemont y le llevaron a una cuestión de confianza para aprobar los Presupuestos y confirmar la convocatoria de un referéndum independentista. Gabriel encabeza la izquierda anticapitalista, antisistema e independentista y es la líder que ha impulsado junto a Benet Salellas los planteamientos del desafío independentista como un choque contra los poderes del Estado.

Su compromiso con independentismo aun cuando no era la tendencia en CDC le aupó en verano de concejal en la oposición en Barcelona a conseller de Interior en detrimento de Jordi Jané, renuente a asumir las responsabilidades de estar al frente de los Mossos d'Esquadra ante una eventual orden judicial de impedir la celebración del referéndum. Esa orden ha llegado y al frente del departamento está Forn, que ya fue jefe de la Guardia Urbana en Barcelona. Tuvo un indeseado protagonismo al frente de los Mossos a consecuencia del doble atentado en Barcelona y Cambrils del pasado 17 de agosto. Como firmante del decreto de convocatoria del referéndum del 1-O, también está acusado por la Fiscalía por presunta prevaricación, desobediencia al TC y malversación. Si la actuación de los Mossos antes y durante el 1-O está bajo sospecha, él es el responsable político.

Secretaria nacional de la ANC, es la nueva consejera de Enseñanza de la Generalitat, en lugar de Meritxell Ruiz, tras la remodelación del Govern que hizo Puigdemont para garantizar la unidad de todo su equipo en la recta final del desafío independentista. Doctora en Economía y conocida pro independencia, su papel es estratégico a la hora de disponer los colegios como locales para la votación. Así, en medio de la polémica sobre la cesión de locales en Barcelona, cesó al presidente del consejo de dirección del Consorcio de Educación de Barcelona y asumió sus funciones. En tanto que miembro del Govern, también pesa sobre ella una querella de la Fiscalía del TSJC por los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación.

Creada ad hoc para el referéndum del 1 de octubre, es el órgano que controlaría el proceso de votación del día 1 de octubre y velaría por su buen funcionamiento en lugar de la Junta Electoral Central. La forman cinco miembros, tres juristas y dos politólogos, nombrados por Junts pel Sí y la CUP y vinculados de una u otra forma al soberanismo. Son los primeros altos cargos independentistas que han sido sancionados por el Tribunal Constitucional -a cuyos magistrados querían recusar- por incumplir sus resoluciones, con una multa de 12.000 euros diarios hasta que se disuelva.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las principales entidades soberanistas, llevan años impulsando las movilizaciones en las calles de Cataluña, con especial dedicación en la Diada, y han sido la 'pata' civil del independentismo. Del mismo modo, tras las detenciones de altos cargos de la Generalitat, están llamando a mantener las protestas y concentraciones ante las sedes de las instituciones a las que se dirige la acción del Estado para impedir el referéndum o las judiciales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pidiendo a los manifestantes que pasen incluso las noches en esas manifestaciones.

La Asamblea de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (AMC) representan a alcaldes comprometidos con el referéndum y que han puesto a disposición locales de sus municipios para votar el 1-O. Son más de 700 de los casi 950 que hay en Cataluña, pero aunque suponen casi el 75% del total de localidades catalanas, en censo equivalen al 44% de los votantes. Pero todos estos alcaldes, incluidos Lloveras y Buch, son citados como investigados por su colaboración con el referéndum y ellos dos en particular serán investigados por el TSJC por desobediencia al considerarles responsables de la movilización del resto de alcaldes independentistas.