UGT señala que no están en contra de que el salario mínimo interprofesional (SMI) tribute pero cuando su cuantía sea mayor y pide a Hacienda que negocie con ellos. Comisiones Obreras lamenta que quien cobre el SMI y tenga que tributar no llegará al 60% del salario medio. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que ha sido una decisión política sin ánimo recaudatorio. Por su parte, los empresarios, que rechazaron la subida, creen que el SMI no debe tributar.
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El Consejo de Ministro ha aprobado este miércoles la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. Alrededor de 2,5 millones de trabajadores cobrarán más con efectos desde el 1 de enero.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han firmado este lunes el acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros al mes en 14 pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, y del que se ha vuelto a descolgar la patronal.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto para reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. Todo ello, después del acuerdo alcanzado por los sindicatos y el Ministerio de Trabajo el pasado mes de diciembre. De este modo, se inicia su tramitación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno tendrá que conseguir los apoyos para convertir este anteproyecto en ley. Afectará a 12 millones de trabajadores y "las más favorecidas van a ser las mujeres", ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también ha defendido que "da esperanza a la gente trabajadora de nuestro país".
Reducir la jornada laboral ha sido una de las reivindicaciones de los sindicatos, que han salido a la calle este domingo en 50 ciudades bajo el lema "con los derechos no se juega". Unas protestas convocadas tras el primer rechazo por PP y Junts en el Congreso del decreto 'ómnibus', y que han mantenido pese al acuerdo del Gobierno con Junts.
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El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llamado a expresar en las calles el domingo 2 de febrero el "hartazgo" por la "antipolítica que secuestra derechos de los ciudadanos para mejor gloria de los dirigentes políticos".
Así se ha expresado en una entrevista este viernes en La hora de la 1, en referencia a la movilización convocada junto a CC.OO. para pedir un nuevo paquete de medidas sociales que reactive la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y la paralización de los desahucios a familias vulnerables, entre otras incluidas en el decreto que decayó el miércoles con los votos en contra de PP, Junts y Vox en el Congreso de los Diputados.
Álvarez ha acusado a los grupos parlamentarios de "frivolidad" por rechazar un decreto que, ha dicho, "afecta a muchísima gente": "Deberían pensárselo dos veces. Si el Gobierno hubiera hecho los deberes, el resultado hubiera sido otro, pero finalmente la responsabilidad es de aquellos que aprietan el botón a la hora de votar", ha protestado.
Asimismo, el líder de UGT confía en que el Consejo de Ministros publique el martes un decreto de salario mínimo interprofesional (SMI) —cuya prórroga decayó esta semana dentro del decreto ómnibus— y ha presionado para que lo haga con una subida hasta los 1.200 euros, como han propuesto en la mesa del diálogo social. “España tiene un SMI que incumple la carta social europea”, ha denunciado, y ha indicado más tarde que según ese criterio debería estar en torno a los 1.300 euros (es decir, el 60% del salario medio del país).
Finalmente, ha criticado que el Gobierno acostumbre a "apurar" los plazos en la negociación del SMI.
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Tanto CC.OO. como UGT han convocado movilizaciones el domingo 2 de febrero en toda España para pedir un nuevo paquete de medidas que reactiven las incluidas en el decaído decreto 'ómnibus' tras el 'no' de Junts, Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso de los Diputados. También quieren denunciar la anulación de todas las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social.
Ambos sindicatos han acusado a PP, Junts y Vox de "una agresión sin precedente" a la mayoría social al votar 'no' a la norma.
"Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verán revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del SMI y del IMV; usuarios del transporte público; personas vulnerables en riesgos de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos", se han lamentado ambos sindicatos.
Pepe Álvarez, secretario de UGT, ha declarado que "el Congreso de los Diputados no puede, por razones políticas, utilizar de rehenes a los jubilados y a los pensionistas de nuestro país".
