Este domingo, el Gobierno se reúne en Consejo de Ministros extraordinario para valorar la declaración del estado de alarma, que establecería un paragüas jurídico más amplio para no estar sujetos a que cada paso precise del visto bueno de un juez. Lo hace así tras la cascada de peticiones del estado de alarma de 9 Comunidades Autónomas y Melilla. Desde las solicitantes, ninguna gobernada por el PP, valoran el difícil encaje juridico de las nuevas restricciones a la movilidad y al derecho de reunión. El Ejecutivo decidirá si aplica el estado de alarma en todo el país o solo a quienes lo soliciten.
Queda por determinar también quién será la autoridad competente, si el Gobierno central o por delegación de este, los presidentes regionales. En caso de aprobarlo, estaría activo durante 15 días, antes de que el ejecutivo tenga que pedir autorización al Congreso para prorrogarlo, para lo que cuenta con apoyos suficientes. Desde el Partido Popular, apuestan por una reforma urgente de la Ley Sanitaria para dar cobertura jurídica a las comunidades y evitar esta figura constitucional.
Informa Borja Cacho.
