La proposición de ley abarca desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, e incluye los actos previos antes de la consulta del 9N y todas las consecuencias del 1-O. El artículo 1 detalla que incluye los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos.
En el proyecto también se detalla que los tribunales deberán aplicar la ley en un plazo máximo de dos meses, que deberán ordenar la puesta inmediata en libertad de aquellos beneficiarios que ahora mismo estén en prisión, y que se van a borrar todos los antecedentes penales y quedarán sin efecto las órdenes nacionales, europeas e internacionales de busca y captura. Esto último afecta a Puigdemont, que podrá regresar a España sin riesgo de entrar en prisión.
En resumen, quedan incluidos dentro de la proposición de ley de amnistía todos los líderes del procés condenados, así como los huidos, los investigados por la Audiencia Nacional, Tsunami Democràtic y los CDR, el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas por los gastos derivados del uno de octubre, así como todas las causas que se instruyen en juzgados catalanes contra la gente que colaboró con el procés.
