El borrador del anteproyecto de lucha contra el empleo irregular y el fraude laboral del Gobierno, al que ha tenido acceso Radio Nacional ,y que ha sido enviado a los agentes sociales, tipifica como delito que las empresas comuniquen fuera de plazo los datos de cotización a la Seguridad Social, requeridos por la ley. De igual modo ocurre con las variaciones de datos que las empresas no comuniquen y que afecten a la Seguridad Social. El documento también amplía de uno a tres años el plazo para exigir a las empresas, contratas o subcontratas, responsabilidad empresarial por haber incumplido con la Seguridad Social. El borrador, de 21 páginas, implica a todos los eslabones de la cadena del mercado laboral y especifica que se actuará con más dureza en situaciones de economía irregular y fraude que afecten a un grupo de trabajadores y las sanciones dependerán del número de afectados. Este documento se centra en la Seguridad Social, pero habrá otro específico sobre el fraude en el cobro del paro.
