Recientemente hemos conocido tres casos diferentes de violencia sexual que se han visto resueltos de la misma forma: con una multa económica, la asistencia a cursos de educación sexual o de reeducación conductual y, en todo caso, servicios a la comunidad. Un acuerdo al que, como ha explicado la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Inés Herreros, acceden en muchas ocasiones las víctimas por no tener que sufrir la segunda victimización que supondría tener que someterse a un proceso judicial.
Herreros ha señalado que el problema se encuentra en que, en lugar de revisar cómo reaccionan las víctimas y por qué lo hacen, “deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad en materia de libertad sexual”. Analizando temas tan relevantes como la educación de las nuevas generaciones, la normalización de las vejaciones hacia las mujeres por sus conductas sexuales o la tolerancia hacia la violentación de las mujeres que se percibe en la pornografía, por ejemplo.
La presidenta de la UPF ha remarcado que debemos dejar de responsabilizar a las víctimas y de juzgarlas por sus decisiones y, sobre todo, “cambiar el foco, que deje de estar en las mujeres y ponerlo en qué está pasando para que haya hombres que cometan este tipo de delitos”.
