Hablamos con Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA
El pasado 10 de octubre se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados la 'Ley ELA'. Un hito y una excepción en la legislatura que suscitó el apoyo de Gobierno, socios parlamentarios y oposición, con el aplauso a los afectados que estaban en la tribuna siguiendo el pleno. El Ejecutivo ha recibido este viernes a ConELA para presentarles el plan de aplicación de la norma. Fernando Martín, presidente de la Confederación Nacional de Entidades de ELA, pide en el informativo 24 horas Fin de Semana más coordinación entre Gobierno y comunidades, principalmente en materia presupuestaria, para poder trabajar en "lo demás". Martín espera que se llegue a un acuerdo sobre el reparto del presupuesto en la reunión que van a mantener en febrero ambas partes.
Reclama también que se aceleren los trabajos para poder llegar lo más rápido posible a las familias. El presidente de la Confederación señala que es un "momento esperanzador" pero "también decepcionante" porque no ven que llegue a sus casas la ayuda prometida, lo que lleva a muchas personas enfermas a pedir la eutanasia para no ser una carga. Esta ley establece un plazo "para que llegue a ser útil" de 12 meses aunque "no tiene porqué cumplirse", dice Martín. Las familias deben afrontar un coste económico muy elevado, denuncia Martín, de entre 115.000€ y 190.000€ al año. Un coste que se agrava con la pérdida del trabajo que deben afrontar, en muchos casos, las personas dedicadas a su cuidado.
