El Tribunal Supremo dice el mecanismo de financiación de la norma no se ajusta al derecho de la Unión Europea porque discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras. El Gobierno está obligado ahora a devolver lo que han pagado las eléctricas durante estos últimos 5 años. Sin embargo, las ayudas no corren peligro, más de 1.200.000 personas seguirán beneficiándose de un descuento en su factora de la luz.
Por otro lado, las cifras de pobreza energética se han disparado más de un 40% en 2020. 1 de cada 10 familias paga con retraso sus facturas energéticas y casi el 11% dice que no se puede permitir tener su vivienda a una temperatura adecuada. Desde mediados de 2021 el precio de la luz se ha disparado y el bono social sigue sin cubrir a buena parte de los lugares vulnerables.
Informa Minerva Oso y David Vidueiro.