La erupción del volcán de La Palma ha dejado, por el momento, más de 3.000 casas afectadas, más de 2.800 destruidas y 1.200 hectáreas sepultadas. El Consejo General del Notariado ha querido ayudar a resolver parte de la incertidumbre que rodea a las propiedades y al nuevo terreno creado con notarios voluntarios, desde el pasado 3 de noviembre, en tres notarías provisionales en La Palma, en los ayuntamientos de El Paso, Los Llanos y Tazacorte.
Alfonso Cavallé Cruz, uno de esos voluntarios y decano del Colegio de Canarias, ha explicado que las propiedades sepultadas en tierra firme por la colada magmática seguirán siendo privadas. Sin embargo, el Estado está obligado a proteger este nuevo bien que forma parte del patrimonio geológico y, por tanto, está sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que éste podrá o no expropiar esas propiedades. En 24 horas de RNE, también ha señalado que los dueños de las propiedades sepultadas ya no podrán volver a construir sobre esos terrenos si no se modifica lo que es patrimonio geológico o histórico y ha vaticinado que las hectáreas engullidas por el volcán serán declaradas zona protegida.
