El Gobierno ha acordado la nueva ley de vivienda. Entre otras medidas, el texto fija un tope a las subidas del alquiler del 3% en 2024, amplía la declaración de las zonas tensionadas y rebaja de 10 a 5 viviendas el límite para ser considerado gran tenedor.
Pablo Martínez, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, cree que el borrador presenta avances, pero también muchas lagunas: "Hay un conjunto de claroscuros que hacen que millones de inquilinos no vayan a beneficiarse". Asimismo, aboga por una legislación de los alquileres "efectiva", ante la voluntad manifiesta de algunas autonomías de no aplicarla: "De repente la vivienda se convierte en un arma arrojadiza entre partidos que gobiernan distintas administraciones". Con todo, defiende la necesaria intervención en el mercado: "La oferta no se reduce, sino todo lo contrario".
Por su parte, Lorenzo Viñas, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida, cree que la ley es nociva porque "las viviendas pueden salir del mercado de alquiler e irse al de venta, temporada o turismo". Y añade que "si la oferta se reduce, habrá una falta de vivienda para gente que lo necesita". Viñas señala al "poder público" como el responsable de la falta de oferta porque, según él, es el que tiene que generar la oferta asequible y no lo ha hecho.
