Algunos transportistas han iniciado este lunes un paro indefinido, convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carreteras Nacional e Internacional, una asociación minoritaria que no tiene representación en el órgano de diálogo (el Comité Nacional del Transporte por Carretera), pero que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85% del sector. Julio Villaescusa, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, explica que su entidad ni convoca ni se une a esta iniciativa, pero entiende que, "por el incremento del coste del combustible", a muchas empresas les sea imposible continuar trabajando y tengan que parar.
Para tratar de paliar esta situación, considera imprescindible que el Gobierno vigile la aplicación de la nueva normativa, pactada hace unos meses y que entró en vigor el 1 de marzo. Según este decreto-ley, "los que contratan el transporte tienen que indexar el gravámen del coste del combustible, que ya es el 50% de lo que cuesta la exploitación de un vehículo". De este modo, el sobrecoste generado no debería correr a cargo del transportista. Asimismo, insta al Ejecutivo a "exigir a la Unión Europea la rebaja del impuesto al combustible" y a "intervenir los beneficios extraordinarios de las petroleras".