Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, sobre la interpretación de la ley del 'solo sí es sí'
Álvaro García Ortiz, fiscal general de Estado, ha estado hablando sobre los principales asuntos jurídicos del país en 24 horas de RNE. En relación a las reivindicaciones de los familiares de los muertos en las residencias durante la pandemia, con quienes se ha reunido recientemente, ha explicado que pondrán toda su "vocación de servicio público" a la disposición de los familiares. Preguntado por si estos salieron decepcionados del encuentro, García Ortíz ha dicho que el decreto dictado en octubre con él como fiscal general del Estado pidió a todos los fiscales de España "que reabrieran aquellos procedimientos que dieran margen para ello".
Sobre las lecturas acerca de la situación judicial de Puigdemont, el fiscal general ha dicho que si hay que volver a acudir a otras instancias o tribunales "se hará". Tras la sentencia del TSJUE, ha dicho que "la cuestión está en la justicia Belga que será quien dará respuesta". "También veremos cómo se resolverá la revisión de la sentencia tras la destipificación de la sedición y cómo influye eso en el cumplimiento de las euroórdenes, pero estamos en un escenario realmente incierto", ha argumentado.
Otro tema de la conversación entre Josep Cuní y Álvaro García Ortiz ha sido la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno para eliminar el delito de sedición y modificar el del malversación. "Lo que dice el decreto es que la regulación no generará impunidad, de hecho amplía algunos comportamientos que antes no estaban incluídos". Preguntado por si esta nueva legislación pudiera favorecer a los independentistas condenados, el fiscal general del Estado explica que "los fiscales del Supremo que llevan la causa del procés ya emitieron el dictamen entendiendo que el nuevo tipo de malversación también amparaba las conductas por las que fueron condenados"
La actual implementación de la ley conocida como del 'solo sí es sí' también ha sido un tema nuclear de la entrevista. Desde su puesta en marcha se han producido una serie de rebajas de penas que han propiciado, de hecho, que actualmente los miembros del Gobierno de coalición estén negociando una modificación. García Ortíz ha sentenciado: "Si nos dan a elegir entre una interpretación que perjudique a la víctima y otra que no, nosotros optamos por la que favorece el sentir de las víctimas".
Finalmente, y sobre la "politización de la justicia", el fiscal ha dicho que este asunto "da para mucho tiempo con muchos debates diferentes", pero ha opinado que "lo que existe en España, como en muchos países democráticos, sontensiones que siempre han existido entre el ejercicio de los poderes del Estado".
