Los servicios jurídicos de la Cámara Baja han elaborado un informe con el que respaldan la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de dejar sin escaño a Alberto Rodríguez, tras la sentencia del Tribunal Supremo. Entienden que la multa que pagó el exdiputado cubría la pena de prisión por patear a un policía en 2014, pero la inhabilitación es obligatoria. Basan estas conclusiones en juridisprudencia del Constitucional. Sin embargo, esta postura de los letrados llega después de un informe previo el pasado martes, antes de la votación de la mesa, que se inclinaba por mantener el escaño a Rodríguez. Este paso serviría como respuesta al exdiputado canario que pedía por carta a Batet que aclarase si ella estaba detrás de su cese o que detallase la base legal en la que se basó para echarle del Congreso. Rodríguez opta por recurrir su inhabilitación al Constitucional y renuncia a querellarse por prevaricación contra Batet. Tampoco lo hará Podemos, que tras 72 horas considera que corresponde a su exdiputado.
Informa Adriana Jordán.
