Las prácticas de Google y sus herramientas de control de datos personales masivos, de posicionamiento, de publicidad o la forma en la que crean burbujas informativas levantan sospechas de malas prácticas en distintos países.
El Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha confirmado la multa impuesta a la tecnológica por la Comisión Europea, que puede obligar a la multinacional a desembolsar 2.420 millones de euros. Su buscador de productos prioriza a las empresas que generan beneficios para la propia compañía, algo que choca contra la competencia. Competencia, venta de datos y pago de impuestos son, a grandes rasgos, los asuntos que enfrentan a la Comisión con las grandes tecnológicas. La compañía, que tiene su sede en California, ha asegurado que ya cumple las condiciones que impone Bruselas. Google tiene frentes abiertos por la gestión de datos y el rastreo de usuarios. Uno de ellos, en el Reino Unido donde una demanda colectiva de usuarios de IPhone reclaman casi cuatro mil millones de euros por el supuesto rastreo ilegal de su información. De momento, esa demanda ha quedado bloqueada por la Corte Suprema británica. Los propios trabajadores de Google y los de Amazon han alertado de uno de los proyectos firmados por estas dos compañías, en este caso con Israel. Se conoce como Proyecto Nimbus: servicios en la nube para el ejército del país.
Con los corresponsales en Bruselas, María Carou; en Londres, Sara Alonso; en Washington; Fran Sevilla; y en Jerusalén, María Gámez.
