Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional
El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación y cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Mientrastanto, El Tribunal Constitucional ha aplazado hasta el lunes el pleno para estudiar las medidas cautelarísimas que solicitó el PP ante esta reforma del Poder Judicial y los recursos presentador por Vox, PSOE y Unidas Podemos.
Para Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, "se ha hecho una carrera contrarreloj para aprobar una serie de cosas que afectaban a leyes muy imporantes". Insta a esperar la resolución del Tribunal Constitucional y considera que "lo que no se puede hacer es descalificar de antemano la resolución que salga". Asegura que los magistrados pendientes de renovación tienen total legitimidad para seguir tomando decisiones. "La función principal del Tribunal Constitucional es evitar con su intervención previa que se pueda producir el abuso o la desviación de la mayoría parlamentaria, porque la mayoria parlamentaria tiene que estar sometida a la Constitución", afirma. Asimismo, cree que en España debemos aprender a respetar más a las instituciones.