Hablamos con Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones. Denuncia ser víctima de amenazas desde hace siete años por parte de integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, al que pertenece el equipo de gobierno de Nicolás Maduro, por denunciar la situación en las cárceles.
Actualmente las prisiones de Venezuela soportan un 320 % de hacinamiento. Hay 53.000 presos y la capacidad de los penales es para un máximo de 20.000. El ejecutivo de Nicolás Maduro y algunos diputados del PSUV les criminalizan, cada vez que presentan su informe anual, afirmando que reciben dinero de fuera del país para desestabilizar las prisiones y derrocar al Gobierno. Les acusan de tener reuniones conspiratorias fuera del país cuando acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Unión Europea o a Ginebra para hablar de la situación de los reclusos en Venezuela. Han recibido amenazas por teléfono, han sido encarados por grupos que amenazan a sus familias si siguen difundiendo los datos que manejan.
Afirman que el Gobierno de Nicolás Maduro no dice la verdad cuando habla del nuevo Plan de Modelo Penitenciario porque no está funcionando, han abandonado la tutela de los reclusos que se enfrentan a mafias en la prisión que controlan todo lo que entra o sale e incluso quitan la vida de quienes les estorban. El preso en Venezuela está ocioso, encerrado, no hay patios ni recintos donde puedan desfogarse haciendo algo de ejercicio físico, los presos con sida no reciben tratamiento y las visitas de hijos se han reducido de dos semanales a dos mensuales. Se les hace formar al modo militar y cantar himnos como si les preparasen para milicias. El año pasado 506 presos murieron en las cárceles venezolanas (14/05/14).
