Llego a las jornadas sobre violencia filio-parental a las que acuden asociaciones de todo el país para contar cómo trabajan con los adolescentes y los padres que necesitan ayuda para recuperar una relación sana y respetuosa entre ellos. Algunos intervienen en las familias antes de que los padres denuncien, otros durante o después de una medida judicial. Porque "cuando un niño con 8 años le da una patada a su abuelo y se le permite, cuando tenga 12 no habrá quien le pare", comentan en las jornadas.
La sala está llena. Es un tema que preocupa y mucho aunque no sea nuevo pero ahora hay mayor visibilidad de esta realidad todavía tabú en muchas familias. Se calcula que se producen unos 400.000 casos cada año en España de violencia filio-parental, según el psicólogo y presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio Parental (SEVIFIP), Javier Urra. Es decir que el 13% de los jóvenes entre 12 y 18 años maltrata física o verbalmente a sus padres. De hecho, se escucha demasiado a menudo a niños que hacen callar a sus padres faltándoles al respeto. Y los padres lo justifican alegando que "son pequeños todavía y no dan cuenta", como me aclaran desde la institución terapéutica Amalgama7. Su director clínico Jordi Royo i Isach, explica que en su centro hacen unos cuestionarios a los padres para detectar el grado de maltrato que sufren con preguntas muy básicas que delatan cómo los progenitores han interiorizado conductas abusivas por parte de sus hijos con tanta naturalidad que no se dan cuenta de lo que está pasando en casa ni del trato que reciben. Incluso, hay padres, que se defienden diciendo que "mi hijo algunas mañanas cuando se levanta me dice buenos días".
Cuando los padres se sienten impotentes para restablecer los vínculos con sus hijos, los profesionales aconsejan intervenir porque "de esto se sale siempre", afirman. Lo peor es no hacer nada y dejar que la situación degenere. También tienen claro que, en muchos casos, hay que denunciar para empezar de cero, que el adolescente salga del núcleo familiar y trabajar por separado con hijos y padres para recuperar la autoridad de los adultos. Pero también se abrió el debate planteando los efectos de la judicialización de la vida de los menores que ejercen violencia filio-parental (VFP) y la consecuente pérdida de margen de maniobra de los progenitores para educar a sus hijos en el contexto judicial. Ana Calvo, directora del programa Medidas Judiciales y cofundadora de la Fundación Pioneros en la Rioja, expuso algunos datos que reflejan cómo el elevado número de obligaciones judiciales asociadas a una misma medida desemboca en un empeoramiento de la situación judicial de los menores con un expediente por VFP. ¿Se ajusta el marco judicial a las necesidades educativas de estos menores? Ana recalcó que la "medida judicial marca a los adolescentes" y que "la medida judicial no va a estar siempre por eso hay que hace hincapié en aquello que sí ha funcionado en la familia cuando se ha evitado un conflicto y trabajar a partir de ahí para recomponer la situación".
Roberto Pereira, el vicepresidente de SEVIFIP, es psiquiatra y reivindica que" los padres tengan autoridad para así poder evitar la violencia". Porque históricamente la autoridad se asociaba a una forma de hacer, a una ideología que luego dio paso a la libertad. Pero hay que saber educar en la libertad también. Y no pasa nada si a un niño "tras dialogar hay que decirle que esto es así porque soy tu madre o porque soy tu padre", reitera Roberto.
Cossette Franco, desde la Asociación Ariadna, que aplica el método Mentoris con las familias reconoce la importancia de trabajar con los adolescentes y con las familias en la calle, en sus propios espacios. El colegio o instituto, la plaza, el parque, allí donde ellos hacen vida para colaborar con todos los agentes que están implicados de una forma u otra con estos chicos. Y en casa con sus padres. "Nos llaman los padres pero es importante tener en cuenta la voluntariedad de todas las partes para poder intervenir", matiza.
