El ejecutivo apela a la comprensión y a la madurez de la población para respetar las medidas decretadas en el estado de alarma. Policías, guardia civil y el ejército se encargarán de hacerlas cumplir. Si se incumplieran, se prevén sanciones que pueden llegar a ser muy altas. Esto es porque la norma de 1981 que regula los estados de excepción, sitio y alarma prevé que el incumplimiento o resistencia a las órdenes de la autoridad competente serán sancionados con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
En vigor ahora mismo está la ley de seguridad ciudadana, conocida comunmente como ley mordaza, que establece multas de hasta 600.000 euros si la sanción es considerada muy grave. Si la infracción viene de un funcionario, la ley del 81 establece que la autoridad pueda suspenderlos de inmediato y si viene desde las autoridades, sus funciones serán asumidas por la autoridad competente. Las sanciones, eso sí, se extenderán en el tiempo y no solo se mantendrán hasta que finalice esta situación excepcional. Informa Leticia Arenas.